El caso del caso de Rafael, hijo de Judith Valenzuela Ortiz, reportera de @Riodoce_mx en la mañanera de hoy..; lo expone @M_OlgaSCordero .
La jueza que llevó el caso es María del Socorro Castillo Sánchez; un asunto de justicia...¿Y la reparación del daño?
¿Qué dice el CJF?
Por cierto, esa juzgadora, jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca dejó en libertad el 1 de julio de 2020, al presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Sin embargo, cuando salía del penal de Almoloya, el supuesto líder criminal fue detenido por policías de investigación, debido a una orden ministerial de presentación que obtuvo la FGR.
Encara madre al presidente...
"Estuve hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años.
"También, sé que desde hace tres años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido dice usted que por cuestiones legales del Poder Judicial. El juzgado esta cerrado...
Judith Valenzuela finalizaría su participación en la mañanera lanzando una última pregunta a López Obrador y a Sánchez Cordero.
"Quiero que me respondan por qué mi hijo que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace tres años debía estar ya conmigo libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso. Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes. Yo quisiera saber si esto es un Estado de Derecho, señor Presidente".
El Mandatario federal se dirigió entonces a la Secretaria de Gobernación pidiéndole que le explicara si él, en su figura como Ejecutivo, podría indultar a Rafael.
Sánchez Cordero se levantó de su lugar y tomó el micrófono para responder la pregunta: "La respuesta, Presidente, es la siguiente: El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema, estamos tratando de ver porque estamos muy de la mano con la defensoría pública.
"La Segob y la defensoría pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos, pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, señor Presidente. No hay sentencia y si me permite vamos a ver cuáles alternativas tenemos".
Tras la respuesta de la titular de la Segob, López Obrador nuevamente dirigió la mirada a Judith Valenzuela, quien aún se encontraba de pie esperando una respuesta, y le dijo que hoy hablará con Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte.
"Te parece que el lunes te demos una respuesta aquí. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta", aseveró.
Minutos después, Olga Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que sí podría indultar al hijo de Judith Valenzuela, por lo que prometió que lo hará.
"No sólo es desgraciadamente el único caso, hay muchos otros. Y ahora me está diciendo (Olga Sánchez Cordero) que puedo indultar, lo voy a hacer", sentenció el Presidente...
Ver vídeo..., gracias a Reforma
https://www.youtube.com/watch?v=asb1MVSSdT4&feature=emb_logo
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Las columnas políticas hoy, a 10 de diciembre de 2020
Templo mayor de Reforma/
IRRESPONSABLES. Esa es la palabra con la que analistas nacionales e internacionales definen a los senadores que aprobaron la reforma a la Ley del Banco de México, pues convierte al banco central en una enorme lavandería de dinero.
LA INICIATIVA impulsada por Ricardo Monreal no sólo atenta contra la autonomía del Banxico, sino que pone en riesgo hasta las reservas internacionales. Y es que la reforma obligaría al banco a "sanitizar" todos los dólares que se permitiría depositar en efectivo, lo cual, evidentemente, a quien más beneficia no es a los paisanos que mandan remesas, sino al crimen organizado. Y eso, en consecuencia, pondría en riesgo la relación de México con la comunidad financiera internacional.
SEGÚN lo que se comenta en el Senado, pese a las advertencias de la propia Junta de Gobierno del Banxico y de expertos, Monreal empujó la peligrosa iniciativa por petición de un banco muuuy cercano a la 4T y que tiene nombre prehispánico. Y no, no es el Banco Maya.
SE TRATA de un grave atentado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de la autonomía del Banco de México... y el mundo está tomando nota con preocupación.
ALLÁ en Nuevo León hay gran expectativa por saber qué rumbo tomará Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que, mientras Dante Delgado lo ignora, varios partidos lo han estado cortejando.
ORIGINALMENTE, Colosio estaba amarrado para ir por la alcaldía de Monterrey como candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, quienes lo conocen bien dicen que su relación con el partido naranja no está en su mejor momento, pues considera que lo trataron con rudeza innecesaria.
SE SABE que el PAN se ha acercado al joven diputado local para tratar de convencerlo de vestirse de azul y blanco, pero quienes más le están insistiendo que cambie de equipo son los dirigentes de... ¡Morena! Quienes saben del tema dicen que Colosio haciendo dupla con Clara Luz Flores a la gubernatura serían prácticamente imbatibles.
CUENTAN que en diversas reuniones que han tenido con funcionarios de primer nivel en materia de salud y política del gobierno federal, a los empresarios del sector les han dicho que en el esquema de vacunación se necesitará de todos. Es decir, que los privados tendrían que participar en aplicación de vacunas porque la tarea sobrepasa la capacidad de las autoridades.
DE AHÍ QUE les resulta desconcertante escuchar a Hugo López-Gatell decir en la radio que de ninguna manera participará la iniciativa privada, porque el tema vacunas es de seguridad nacional y un asunto de Estado. El subsecretario confunde las cosas, pues del lado del sector privado ya dejaron claro que, en este tema, no se busca hacer negocio con la vacuna, sino ayudar al gobierno y a la sociedad a salir de la crisis.
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Regular el outsourcing/Editorial EL UNIVERSAL
Ante las presiones del sector privado y de organizaciones sindicales, el gobierno accedió a aplazar la discusión sobre una posible erradicación del outsourcing, que es la subcontratación o tercerización de trabajadores por parte de las empresas y que ha derivado en el deslinde de muchas compañías con respecto a sus obligaciones patronales.
Fue un llamado a analizar a profundidad esta polémica práctica del ámbito laboral para dar los pasos hacia una regularización que impida que se cometan los abusos que la han caracterizado y en los que el propio gobierno ha incurrido, pues la administración pública federal destina, por concepto de servicios de limpieza, 185 millones de pesos a empresas de outsourcing, algunas de las cuales operan de forma irregular.
Si desde el gobierno también se fomenta el outsourcing, no puede jactarse entonces de tener calidad moral para condenar a las empresas del sector privado que lo hacen. Es una ironía que eso que tanto condena, lo tenga en su propia casa.
La autoridad que debería velar por los derechos de los trabajadores contribuye con su permisividad a alimentar esta práctica que tantas veces ha calificado como nociva y contraria a las conquistas laborales.
Y es que el outsourcing por sí mismo no es malo, pero muchas empresas han encontrado en este recurso la manera de eludir sus responsabilidades en perjuicio de sus trabajadores.
Representantes de la iniciativa privada como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, lamentan lo que llaman visión de corto plazo de los políticos encargados de regular los temas laborales, así como su negligencia a no analizar las consecuencias de las acciones que toman, asegurando que prácticas de subcontratación laboral como el outsourcing y el insourcing pueden ser positivas, si se les da el manejo adecuado.
Salazar advirtió que erradicar el outsourcing podría tener consecuencias desastrosas para la economía —“en vez de quitar las manzanas podridas, talan el árbol y nos quedamos sin nada”, dijo hace poco—, lo que coincide con lo expresado por Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, quien alertó del riesgo de perder inversión extranjera y que, por el contrario, ve en esta práctica una importante herramienta para generar empleos. Precisó que insistir en su eliminación podría poner a nuestro país en un “tercer mundo laboral” y cancelaría las oportunidades de crecimiento.
Se trata de un tema delicado que requiere de un análisis más a fondo y evitar su satanización per se, pues de él, con todo y sus desventajas, dependen miles de trabajadores mexicanos.
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La invención de Isabela Coppel/Élmer Mendoza
Se sorprenderá de la calidad de los elementos que juegan para que una grabación, no parezca cine ni tele, sino teatro
El Universal, 10/12/2020;
Ser dramaturgo es una maldición, me comentó, hace muchos años, uno de mis maestros de teatro y no sé si tuvo razón. Al menos al ver en streaming, La invención del paraíso, ópera prima de Isabela Coppel, percibí que los caminos que conducen al buen teatro son transitables y que estaba ante una concepción precisa de la manera en que se debe contar una historia humana llena de sorpresas a través de voces múltiples y momentos claves, en que la estética de la violencia está presente. Quiero decir que allí se plantea algo perturbador que conducirá a un final de esos que contraen los asientos. Guardo silencio, sí, pero no hago mutis.
La puesta en escena dirigida por Lorena Maza es impecable. Los espacios, la iluminación, las voces, los movimientos, el vestuario y la música proyectan una atmósfera para que Marina de Tavira muestre su carácter de actriz de investidura, Alfonso Herrera se acople perfectamente a la variedad de momentos y ambos sigan el canto de una sirena llamada Catalina Zavala. Sólo las grandes mentes encuentran placer en la alucinación, y es una de las propuestas de esta obra, que cuenta cómo la mayoría de los declives terminan en horrorosas avalanchas. Usted sabrá qué propone la autora cuando huela el humo de los cigarrillos que fuma Marina y el sonido emblemático de dos hielos que giran en un vaso old fashioned. Cada momento es una pieza de una palpitante esfera emocional que impacta el corazón. Tiene que ver usted las magníficas actuaciones, mismas que le permitirán sumergirse en un tejido similar a la noche más oscura que usted quiere ocultar en un sótano y clausurarlo, porque no hay alfombras suficientemente gruesas.
El paraíso de la invención propone la vida de una pareja deshecha donde la madre no soporta a su hija y el padre nunca está. Lo asombroso es que la niña, con nueve años de edad, tiene ideas muy firmes sobre sus padres y sobre la situación que vive con ellos. La obra transcurre sin perder intensidad y en cada minuto la personalidad de la niña crece. De pronto deja de ser un personaje bisagra para convertirse en centro del misterio. Es cuando aparecen los gemelos de los que nada revelaré. No me atrevo a usurpar ese privilegio de ustedes, que están interesados en la propuesta de esta joven dramaturga mexicana que empezó con el pie derecho y no habrá quien la pare. No solamente en la construcción del conjunto de esa caja emocional que es su obra, sino en la intensidad de los personajes, se nota una madurez en el sentido dramático y en la manera de retratar la sociedad de su tiempo, tan llena de neurosis que nos empeñamos en disimular. Todos son tontos menos mi cigarrillo.
No puedo dejar de mencionar que esta producción de Talipot, con Regina Solórzano al frente, abrió el telón de Teatrix, una plataforma digital especializada
en teatro con un potente programa para hacer frente a la pandemia de Covid. Se sorprenderá
de la calidad de los elementos que juegan para que una grabación, no parezca cine ni tele, sino teatro. Teatro en casa. La elección de El paraíso de la invención para iniciar es muy acertada porque la obra es muy buena y, sin duda, las actuaciones son una muestra de que el teatro como espectáculo no se detiene y que si usted no puede ir a una sala, la sala viene a usted. Claro, porque las funciones deben continuar. Disfruten desde su sillón favorito y luego me cuentan porque esta obra de Isabela es de esas de las que uno se muere por platicarla a los amigos.
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La polémica resolución sobre los dólares
columnista/Confidencial
ElFinanciero_Mx
El senador Ricardo Monreal se anotó un triunfo, que sin embargo podría ser costoso para la relación entre el gobierno y el Banxico. El Senado aprobó la reforma propuesta para dar a Banxico la responsabilidad última de concentrar los dólares excedentes en efectivo. Esto va a favorecer a los migrantes, sin duda, así como al gremio turístico. Pero, apenas poco tiempo después de ser aprobada la resolución, el subgobernador Gerardo Esquivel, a quien no se le puede acusar de ser enemigo de la 4T, reaccionó en Twitter y señaló que la reforma aprobada ponía en riesgo las reservas del Banxico y era un atentado a la autonomía del Banxico. Y le lanzó la pelotita a la Cámara de Diputados para que proceda a corregir lo aprobado por el Senado.
Expresa el PRI respaldo a AMLO
Sí, desde el corazón de la fracción priista en San Lázaro se aseguró que el Presidente “está en su derecho de opinar” sobre temas electorales. Fue el propio líder tricolor, René Juárez Cisneros, quien sostuvo que “estamos en un país de libertades, democrático, y lo que expresa el Presidente lo respeto, puedo no compartirlo, pero lo respeto”. Por lo demás –dijo– “¡en junio es el proceso electoral, ya veremos!”. Hoy “a mí no me gustaría que alguien me dijera si estoy mal o estoy bien, y yo soy el menos indicado para hacer una valoración subjetiva y hasta imprudente de eso”. “¡Lo dicho, está en su derecho…!”, recalcó.
‘Santa’ se adelanta para la CNTE
Quienes salieron ‘rayados’ en esta época decembrina fueron los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Previo a la Navidad, los maestros de la CNTE recibirán el pago de los adeudos pendientes, tras mantener bloqueadas las vías férreas en Michoacán; además, tendrán más basificaciones para el próximo año y, por si fuera poco, el Ejecutivo les hará un reconocimiento público en el patio central de Palacio Nacional por el 41 aniversario del movimiento disidente, el próximo 21 de diciembre. Eso, según lo dicho ayer por Pedro Gómez Bámaca, dirigente de la sección 7 de Chiapas.
‘Diccionamlo’ en puerta
En donde seguramente se frotaron las manos al escuchar la noticia fue en editorial Planeta, firma con la que el presidente López Obrador ha publicado cinco de sus seis libros. Y es que ayer el mandatario anunció una nueva publicación, “un diccionario de palabras del periodo neoliberal y posneoliberal”, en el que seguramente se podrán encontrar palabras que como “Estado de chueco”, “machuchones”, u… “holístico”, palabra que –dijo– está de moda. Esto, para fomentar el lenguaje del pueblo y no el de intelectuales orgánicos que usan términos como “resiliencia”, “empatía” y que, a juicio del Presidente, no los entiende la mayoría de la gente.
Política exterior, sin sorpresas
Ya no causan sorpresa las decisiones de política exterior en la 4T. Tras la negativa de reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, la nueva de la diplomacia mexicana es el voto en sentido contrario al de 21 países de la OEA sobre la resolución que rechaza las elecciones parlamentarias en Venezuela. El organismo multinacional consideró que esos comicios no fueron democráticos y advirtió que el presidente Nicolás Maduro intenta consolidar una “dictadura”. Pero la representación mexicana denunció que la OEA está actuando de manera intervencionista.
Encinas se va contra ley de la FGR
Fuertes lucieron las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dejó por escrito su inconformidad con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por considerar que representa un “retroceso” en la administración de justicia y “favorece la impunidad”. No conforme, señaló que la propuesta parte de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones.
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¡“Casa Blanca”: un juego ante corruptos de AMLO!
ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN
El Debate, 10 DE DICIEMBRE DE 2020;
Uno de los mayores escándalos que fracturó la gestión presidencial de Enrique Peña fue el de la llamada “Casa Blanca”, una construcción de 7 millones de dólares, edificada en Las Lomas, en la capital del país.
El manejo maniqueo del tema –una casa propiedad de la esposa del presidente, vendida en “preventa” por un proveedor de Gobierno–, se convirtió en epítome de la corrupción de Peña, imagen que utilizó López Obrador para catapultar la campaña que lo llevó al poder en julio de 2018.
Sin embargo, cuando apenas transcurren dos años de la gestión de Obrador, no paran los escándalos de corrupción en su familia y su Gobierno, al extremo de que la “Casa Blanca” quedó convertida en “juego de niños”, frente a las raterías de la nueva casa presidencial.
Y es que los 140 millones de pesos que hoy costaría la “Casa Blanca”, es apenas el 35 por ciento de los casi 400 millones de pesos que de manera ilegal le pagó Pemex a Felipa López Obrador, prima del presidente.
Pero hay más, con los 80 millones de pesos que defraudó al Gobierno de Veracruz, Jessica Moreno, cuñada de AMLO –esposa de Arturo López Obrador–, se habría construido más de la mitad de la “Casa Blanca”.
Y con los 225 millones de pesos que defraudó Concepción Falcón –otra cuñada de AMLO–, del Gobierno municipal de Macuspana, se habrían edificado casi dos casas blancas.
Todo ello sin contar con los millones de pesos “recaudados” por otro pillo de Palacio, Pío López, el “hermano recaudador” del presidente, a quien un video exhibe recibiendo bolsas de dinero.
Lo simpático del caso es que, a pesar de la evidencia y de la ratería –que le dio la vuelta al mundo–, ni el INE ni el Tribunal Electoral y menos la Ficalía General se atrevieron a sancionar “al Pollo” López Obrador, como motejan a Pío López.
Peor aún, en el colmo de la sumisión institucional, el Tribunal Electoral determinó que, al exhibir el video, antes que probar un delito electoral del hermano del presidente, se violaban los derechos humanos de Pío López.
Pero son mayores las evidencias de las pillerías de la familia Obrador. Entre proveedores del Gobierno federal existe una queja recurrente de que Andy López, el primogénito de AMLO, es quien cabildea “los moches” a los empresarios que buscan participar en el Gobierno federal.
Y ay de aquel dueño de empresa que no se someta con el respectivo “moche” que exige Andy, porque es perseguido y señalado por el propio presidente, en las “mañaneras”.
Pero tampoco ahí termina la historia. Apenas el pasado 3 de diciembre, la agencia de noticias Infobae reveló sobornos de la empresa petrolera Vitol Grupo, a funcionarios mexicanos de la paraestatal Pemex, en los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador.
La empresa suiza Vitol Grupo fue denunciada por actos de corrupción en una corte de Estados Unidos y sus funcionarios reconocieron haber sobornado a servidores públicos de los gobiernos mexicanos de Peña y Obrador.
Ni las agencias de noticias Infobae ni la revista Forbes –que difundieron la información el 3 y 4 de diciembre, respectivamente–, revelaron la identidad de los servidores públicos sobornados, y menos el diario Reforma, que ayer difundió la noticia.
Lo curioso del tema es que según la denuncia contra la empresa suiza Vitol Grupo, son igual de corruptos los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador. Y conste que el mandatario mexicano pregona todos los días que él y sus antecesores “no somos iguales”.
Pero tampoco ahí para la corrupción de la gestión de López. Aún están en el ánimo social las raterías de Manuel Bartlett, de la “pareja infernal” que integran Irma Eréndida Sandoval y John Ackerman; de Yeidckol Polenvski y de la exvelocista Ana Gabriela Guevara.
Claro, sin contar que, en Pemex, el director general, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, metió a la nómina a toda su parentela, sobre todo a Ángeles Correa Romero, sobrina, con un salario de 40 mil pesos; Patricia Oropeza, sobrina, con 43 mil pesos de salario; Pamela Oropeza, sobrina, con 95 mil pesos; Marta Lucía Oropeza, prima, con 125 mil pesos de salario, y Ana Luz Flota Oropeza, sobrina, con un salario de 140 mil pesos.
Sí, la terca realidad lo confirma. Frente a la corrupción de escándalo de la familia y la claque de López Obrador, la “Casa Blanca” es un juego de niños.
Al tiempo.
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De ocurrencias y quedabienes
ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO
El Financiero, 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que serán llevadas al pleno para su aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de “agentes extranjeros” en México. Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las presiones del Ejército tras la detención del general Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. El presidente quiere blindar al Ejército, y por tanto a su gobierno, de espionaje e interferencia extranjera en los asuntos internos que afecten al Estado Mexicano.
No lleva destinatarios explícitos, pero a decir de sus declaraciones tras la captura de Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre confunde con la de antidrogas, responsable de la Operación Rápido y Furioso. Los demonios de López Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para desestabilizar al presidente Salvador Allende, y promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto de referencia de su terror al presidente Donald Trump, en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es el gobierno de Estados Unidos.
Además de esas agencias policiales y de inteligencia que habitan en su mente, incluye conceptualmente a muchas más, aunque no se haya percatado de ello, como las estadounidenses el FBI, el servicio de inteligencia del Pentágono, los U.S. Marshals o la Agencia Nacional de Seguridad. Y también otras agencias de inteligencia y policiales extranjeras que operan en México, como el Mi5 y Mi6 del Reino Unido, el Mossad y Aman, los servicios de inteligencia civil y militar de Israel, el G2 cubano, el FBS o el GRU, las agencias de inteligencia civil y militar rusas, el BDN alemán, o el DRM francés.
Como se aprecia, la iniciativa del presidente, es de gran calado. Lo que buscan las reformas, bajo el argumento de tener una mejor colaboración para enfrentar amenazas como el narcotráfico trasnacional y el terrorismo, es que para que puedan seguir operando en México, tienen que registrarse como lo que son y serán obligados a “informar los hechos de que tengan conocimiento” en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral cada mes en efecto, cada mes. Dicho de otra forma, tienen que compartir regularmente la información que recopilen a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.
La iniciativa muestra el reduccionismo presidencial y de sus asesores. Define como “agentes extranjeros” sólo a aquellos que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de las leyes, pero al enmarcarla dentro de la Ley de Seguridad Nacional y hablar de amenazas externas, recae de manera natural en los servicios de inteligencia. Más allá del argumento sobre la definición de quiénes son los “agentes extranjeros”, la propia definición del ámbito en el que se encuadra la iniciativa la hace extensiva, a menos de que estén avalando el espionaje y la interferencia extranjera de todos los servicios de inteligencia que operan en México, lo que se puede alegar que no es la intención.
Esta iniciativa está llena de perlas. No sólo pasarían los “agentes extranjeros” a pasar lista mensualmente y entregar sus reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que además, si alguno de ellos incurre en el cohecho –eufemismo que pretender inhibir que paguen informantes–, puedan anular todos los convenios internacionales, quitarles la inmunidad diplomática, y juzgarlos en tribunales mexicanos. Si se pregunta porqué les tendrían que quitar la inmunidad diplomática, es porque todos los miembros de los servicios policiales y de inteligencia extranjeros, están en México con la cobertura diplomática.
En la actualidad, los únicos “agentes extranjeros” que tienen que mostrar su filiación en el registro diplomático que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores son la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, los U.S. Marshals, el FBI y el Servicio Secreto. Nadie más, ni de Estados Unidos –todos sus servicios de inteligencia aparecen sólo como diplomáticos o en las agregadurías militares, aunque sus contrapartes los conozcan y sepan cuál es su función– ni de otros países, son identificados por razones de seguridad.
Ningún servicio de inteligencia o policial compartirá con el gobierno mexicano la identificación de todos sus agentes. Tampoco información de calidad. Y ninguno tendrá una relación más allá de la formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La razón es sencilla: no creen en el gobierno mexicano. No es algo contra López Obrador, sino que la desconfianza la arrastran hace lustros. Han documentado cómo el Ejército y las policías federales fueron penetradas por el narcotráfico, provocado asesinatos como el de Camarena Salazar, y saboteando los esfuerzos contra el crimen trasnacional, como la protección transexenal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero además, no los harán partícipes de su información porque no están doblemente certificados –vetting–. Es decir, si no pasan por sus controles de confianza en dos niveles, lo único que les darán abiertamente será el saludo.
La iniciativa es inconsistente, llena de lagunas y limitaciones, hecha para quedar bien con los militares, sustento de la gobernabilidad en el gobierno de López Obrador.
También es ingenua, si en verdad creen que las cosas cambiarán con la ley. Al contrario, empeorarán. Por un lado se reirán del presidente y su gobierno, pues al esgrimir la defensa de la soberanía, en realidad la están socavando, ya que dejarán de recibir la limitada información que les dan ahora, sin que dejen de hacer lo que han hecho por décadas, comprar informantes, espiar criminales y detectar amenazas, aunque ahora sí, a espalda total del gobierno. Para esas naciones, la seguridad nacional es algo serio, no una ocurrencia más del presidente en turno.
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Lanza ultimátum la Auditoría Superior de la Federación
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS...
Excelsior, 10 de Diciembre de 2020
Se vienen “cosas fuertes” en la Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar los recursos de la hacienda pública federal. El 20 de febrero del año próximo deberá quedar lista la Cuenta Pública del 2019 (primer año de gobierno de López Obrador).
Sabemos que la pandemia ha servido como pretexto a varias secretarías federales, gobiernos estatales, municipales, tribunales, universidades, organismos autónomos, para no entregar información sobre el uso de recursos públicos.
A los morosos ya se les puso un ultimátum. Tienen hasta el 31 de diciembre para entregar la información o, de lo contrario, los van a “observar” al 100 por ciento, aseguran fuentes de ese órgano de la Cámara de Diputados.
Sólo en casos debidamente justificados se recibirá información en el mes de enero. La mayoría no ha entregado la información por “irresponsabilidad”, nos aseguran en la ASF. “Se tienen que poner las pilas no sólo los de la 4T, sino los estados, los poderes…”, advierten.
* Ya que estamos. Hay dos casos sui generis que que va a fiscalizar la ASF. Uno tiene que ver con la Concanaco y los recursos públicos que recibió del desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo de Emprendedor.
El otro con cuentas del Infonavit 2017-2018 que no han podido ser auditadas porque el instituto se amparó, so pretexto de que no recibe recursos públicos, sino privados. El asunto escaló hasta la Corte. Pero la Segunda Sala determinó que el Infonavit sí puede ser auditado y que las facultades de la ASF no están limitadas a los recursos que integran la hacienda pública federal, sino que comprenden el patrimonio de entes públicos, entre ellos los organismos descentralizados.
Hay que recordar que en febrero de este año, la FGR recuperó 2 mil millones de pesos de un supuesto desvío desde el Infonavit a una empresa privada, ocurrido en la pasada administración.
Hasta circo hubo. El fiscal Alejandro Gertz Manero entregó un cheque por esa cantidad al presidente López Obrador, en una de las mañaneras.
El dinero se llevó a la caja del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su destino final sería el pago de premios de la famosa “rifa del avión” que no se rifó y que tampoco pueden vender, según confesó ayer el propio López Obrador.
Una pregunta antes de cambiar de historia: ¿Qué hacían el martes los consejeros de Pemex en la ASF? ¿Qué le habrán dicho a su anfitrión David Colmenares?
* Morena y sus aliados en el Congreso son como Gabino Barrera. No entienden razones ni dimensionan los riesgos de lo que aprueban. Es el caso de la reforma que obliga al Banco de México a comprar dólares en efectivo —u otras divisas extranjeras— que no hayan sido captados por la banca comercial.
El argumento es eliminar elementos que limitan el sano flujo de divisas (léase remesas o divisas por turismo principalmente), pero también generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado.
Para ponerlo en palabras más coloquiales de Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta, esta reforma pretende repatriar los dólares a Estados Unidos.
Pero también que el Banco de México pueda, potestativamente, incorporar los dólares captados a las reservas del país.
* El dictamen aprobado, sin embargo, llevó a los responsables del banco central a arquear las cejas. Ven riesgos de que Banxico, garante de la estabilidad financiera, se convierta en caja de dinero de procedencia ilícita.
Eso podría acarrear sanciones de la GAFI (agencia antilavado), la Fed (banco central de Estados Unidos), o el Tesoro, si observaran en la “panza” del banco central dólares de origen sospechoso. El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, lo puso en blanco y negro: “pueden convertir al Banco de México en una gran lavadora. Es peligrosísimo…”.
La iniciativa, además, es violatoria de la autonomía del Banxico, consagrada en el artículo 28 de la Constitución, según funcionarios del propio banco central.
* Datos interesantes los que dio Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su primer informe de gestión.
A diferencia de lo ocurrido con otros entes del Estado, la pandemia no frenó las actividades del Tribunal. Los “justiciables” —como los llama— ingresaron demandas cuya cuantía alcanzó en el 2020 un valor de 835 millones de pesos.
La nueva versión de juicios en línea —ya opera en 14 salas— del país hizo posible que no se frenara la impartición de justicia, según Anzures.
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Domingo negro en Venezuela/Pablo Hiriart
Uso de Razón
PabloHiriart
MIAMI, Fl.- Si alguna enseñanza dejó la elección en Venezuela el pasado fin de semana, fue que las victorias morales sobre los gobiernos autoritarios no sirven para nada.
Los partidos de (auténtica) oposición al régimen de Nicolás Maduro están divididos y no se presentaron a las elecciones.
Con una abstención del 70 por ciento, el gobierno recuperó el control de la Asamblea Nacional.
Unos cuantos partidos “opositores”, pequeños floreros del régimen, participaron en los comicios, alcanzaron el 18 por ciento de los votos y legitimaron la pantomima.
Juan Guaidó, líder de la Asamblea saliente y reconocido en buena parte del mundo –gracias a ese cargo– como presidente de Venezuela, salió a decir que la abstención fue una muestra de repudio al régimen.
Seguramente así fue, pero él se quedó sin cargo. A Guaidó se le acabó su periodo constitucional. Y la oposición venezolana quedó derrotada y dividida.
Venezuela se equivocó desde el inicio. Enfrentó a un gobierno populista y autoritario con la oposición fragmentada.
Los partidos pusieron por delante sus diferencias y relegaron el grito de la realidad que demandaba unión para evitar la destrucción de su democracia, una de las más antiguas de América Latina.
Los empresarios tampoco la vieron venir, y hacían fila para quedar bien con el nuevo régimen que iba a barrer la corrupción de los partidos tradicionales.
Con el tiempo y la ayuda involuntaria de partidos opositores que no lograron unirse para detener al chavismo, el gobierno destruyó los pilares de la democracia y se transformó en tiranía.
¿Cómo? Absorbió los poderes judicial y legislativo. Y antes que ellos, al Ejército. Le abrió la puerta de los contratos y ahora son incondicionales del presidente, no de la nación.
El domingo seis de diciembre pasado, uno de los países más ricos de América Latina e histórico lugar de refugio para los perseguidos por dictaduras, recibió el último palazo de tierra sobre los restos de su democracia.
Al perder el Congreso, que tenían de manera simbólica –pero lo tenían–, los opositores venezolanos se quedaron sin absolutamente nada, y Maduro con absolutamente todo.
El gobierno hizo lo suyo para dividir a la oposición por medio de sobornos, intimidación, cárcel. Le echó encima el poder judicial y al Ejército.
Y los líderes opositores no tuvieron la altura y la generosidad que un momento así ameritaba para posponer pleitos, legítimos, pero secundarios.
El poder judicial, controlado por Maduro, suspendió los derechos políticos de los dirigentes de las principales agrupaciones opositoras con el argumento de que violaron los estatutos de sus partidos, pues “nombraron dirigentes a su voluntad” en municipios y regiones.
La Corte de Justicia nombró a los nuevos dirigentes de los partidos (7 de julio de este año), y los cargos recayeron en militantes que habían sido expulsados de esas organizaciones.
El problema es que “la oposición no tiene un plan”, dijo Henrique Capriles, el ex candidato presidencial, opositor a Maduro y también a Guaidó.
Las élites económicas venezolanas, igual de desorientadas que muchos de los políticos de ese país, se instalaron aquí en Miami a tejer sueños imposibles.
Apostaron por Trump, como si él les fuera a solucionar el problema en Venezuela. En cuatro años no hizo nada, y los venezolanos en Miami querían otros cuatro años más.
Ni Trump quitó a Maduro ni lo hará Biden. Nadie va a hacer por los venezolanos lo que ellos debieron haber hecho por sí mismos.
En medio de la presión del oficialismo, de falsas expectativas de entenderse a solas con el gobierno, y una oposición dividida, el autoritarismo dio el paso a la tiranía de un solo hombre.
Algunos aquí sueñan con un golpe a Maduro, y gastan dinero en quimeras que les venden charlatanes.
El año pasado un tal Jordan Goudreau, exboina verde del Ejército de Estados Unidos, les hizo creer que tenía 800 hombres entrenados que podían desembarcar en Venezuela, capturar a Maduro y sacarlo del país.
Goudreau pidió un millón 500 mil dólares por adelantado, en una negociación que se realizó en Key Biscayne, un bonito suburbio de esta ciudad. Fracaso total.
Desconozco cuánto más le pagaron al boina verde. Los empresarios venezolanos tampoco supieron si existían esos “800 hombres entrenados y dispuestos a todo” que iban a apresar a Maduro.
En las noticias salió que una excursión de agentes armados en Venezuela fue desbaratada, con un saldo de ocho de ellos muertos y doce detenidos.
Obvio, estaban infiltrados. Los cubanos, que manejan la inteligencia militar y política de Maduro, tienen amplia experiencia en estos menesteres y conocen Miami mejor que cualquiera.
Cuando el populismo autoritario logra dar el paso a tiranía, no hay manera de quitárselos de encima. Eso ocurrió el reciente domingo en Venezuela. Todo será más difícil para los venezolanos, al menos por un buen tiempo.
Biden seguramente continuará con el reconocimiento a Guaidó, y no a Maduro. Pero eso no cambiará la situación en el país sudamericano.
Domingo negro para Venezuela, para la democracia, la legalidad y la racionalidad económica.
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La batalla del outsourcing… en la IP/nrique Quintana
Coordenadas
enriquequintana.com
El Financiero,
Siempre se ha sabido que en las organizaciones que agrupan al sector privado hay discrepancias.
En diversas ocasiones se olvidan de ellas para actuar como un bloque. Pero a veces no pueden hacerlo.
Fue el caso el día de ayer, cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, suscribió con el gobierno un acuerdo para posponer el dictamen de la reforma al outsourcing, propuesta por el presidente López Obrador.
Se hizo público que tres importantes organizaciones empresariales no estuvieron de acuerdo con esa firma: Canacintra, Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
En dicho acuerdo, la IP se comprometió a regularizar de manera inmediata, las plantillas que operan mediante outsourcing, tanto por parte de las empresas como de las empresas proveedoras del servicio.
Las tres organizaciones del sector privado señaladas no aceptaron los términos del acuerdo y se deslindaron de él.
Lo novedoso en este caso no es que existan desacuerdos en el sector privado. Los hay con frecuencia, sino que se hayan hecho públicos.
A mi parecer, en el fondo, hay dos visiones respecto a la forma de aproximarse al gobierno de López Obrador, que se van a ir haciendo más claras al paso de los meses.
Algunos integrantes del CCE, incluyendo su presidente, Carlos Salazar, consideran que lo más adecuado es mantener los canales de comunicación y negociación con el presidente López Obrador y su gobierno.
Perciben que una actitud de enfrentamiento sería contraproducente para el sector privado, al que representan. Consideran que aun cuando existan diferencias con el gobierno, es mejor tener interlocución y tratar de encontrar salidas a esas diferencias.
Otras organizaciones, señaladamente Coparmex desde hace tiempo, pero sumándose ahora la Canacintra y el CNA, consideran que el sector privado debe asumir posiciones más firmes, porque en diversas ocasiones el gobierno los ha oído y simplemente los ha ignorado, tomando decisiones que van en contra de los intereses del empresariado.
Este debate no es nuevo. Ha estado presente prácticamente a lo largo de todo el sexenio.
Algunos empresarios han señalado desde hace tiempo que el CCE y otros organismos han adoptado una actitud demasiado blanda con el gobierno y particularmente con el presidente López Obrador.
En respuesta, el CCE ha señalado que se ha logrado que algunas posiciones empresariales sean escuchadas, lo que permitió lanzar el plan de infraestructura y el año pasado se detuvo el conflicto derivado de los ductos de CFE.
Sin embargo, creo que ningún conflicto había tenido la dimensión de la reforma del outsourcing, por la cantidad de empresas y trabajadores involucrados en todos los sectores de la economía. Por eso ahora las diferencias ya no pudieron reservarse a una esfera privada y trascendieron públicamente.
La visión de algunos es que el acuerdo suscrito ayer por la mañana lo único que hizo fue posponer por algunas semanas una circunstancia en la que va a existir una grave afectación al empleo en toda la economía.
Hay quien ve un proceso de radicalización del gobierno y del Congreso, que va a generar más y más conflictos con el sector privado.
Si me pregunta mi opinión, creo que hay que conservar la posibilidad de interlocución, pero con posiciones más firmes, en las que el sector privado no solo esgrima argumentos sino su arma más importante, que son las decisiones de inversión.
Ojalá que pronto exista un nuevo entendimiento entre las organizaciones empresariales, pues hoy más que nunca van a ser contraproducentes las divisiones.
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No, México no es un modelo
EN PRIVADO/JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA;
Milenio, 10 DE DICIEMBRE DE 2020
No se puede ejercer lo que se desconoce. Y por eso la falta de empatía. Florestán.
Ya hemos pasado los días en que México, a decir del presidente López Obrador, era un modelo mundial en el combate a la pandemia, ésta estaba controlada, la curva se había aplanado e iba para abajo, cuando hoy está fuera de control, la curva va para arriba y aumentan los contagios y muertes hasta 111 mil 655 defunciones y un millón 205 mil 229 casos, al corte de anoche.
Ayer, tuvimos otra jornada de casi doce mil casos, once mil 794, alcanzando cien mil en los últimos doce días, y casi 800 muertes, 781.
Pero me quiero centrar en la relación entre contagios y defunciones que es la más alta del mundo. De acuerdo a Hugo López-Gatell, el promedio internacional es de 2.8, es decir, casi tres muertos por cada cien contagios, y el de México es del triple, 9.8 por ciento, fallecimientos diez por cada cien: Un millón 205 mil casos, con 111 mil defunciones.
A nivel mundial, nuestro país es cuarto lugar en muertes, noveno en fallecimientos por millón de habitantes y décimo primero en casos. En el Continente Americano, México es cuarto en muertes por millón de habitantes y vigésimo en pruebas por cada cien mil habitantes.
Con datos de la Secretaría de Salud, del uno de enero al 24 de octubre se registraron 794 mil 944 muertes, frente a las 576 mil 955 esperadas con base en el promedio de los cinco años anteriores, lo que arroja un exceso de mortalidad de 217 mil 989 personas, 38 por ciento más que en 2019, de las cuales 155 mil 990, 72 por ciento, podrían haber fallecido por COVID que ya ocupa la segunda causa de mortalidad, solo superada por las enfermedades del corazón.
Así, pues, de la pandemia ni somos ejemplo mundial, ni está bajo control, ni va a la baja.
Todo lo contrario. Y en enero vendrá peor, aunque lleguen las primeras vacunas, porque la gente fue de fiesta otra vez.
RETALES
1. ALERTA.- Ayer reconocía las prendas personales y académicas de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, cuando las reconfirma al lamentar, en línea con las advertencias del gobernador Alejandro Díaz de León, que el Senado haya aprobado reformas a la Ley de ese banco central que ponen en riesgo las reservas internacionales y su autonomía, confiando que los diputados lo corrijan. Lo dudo;
2. IMPUNIDAD.- De los quince estados donde hay elecciones para gobernador, en siete, los superdelegados van de candidatos sin entregar reporte de gestión ni hacer la entrega-recepción. Después de dos años de hacer campaña dejan el cargo en la impunidad; y
3. IMPOSIBLE.- El Inegi reporta, aunque el presidente tenga otros datos, que de enero a septiembre de este año comparado con el mismo período de 2019, la Inversión Fija Bruta se desplomó 20.1 por ciento, la de compra de maquinaria y equipo 21.5 y la de construcción 19 por ciento. Así no se puede crecer.
Nos vemos mañana, pero en privado.
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Una fiscalía especialmente negligente
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior,
Una fiscalía especialmente negligente
• El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, avanzó en la búsqueda de su liberación porque la fiscalía especial no defendió en un tribunal colegiado las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Mientras el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se dedica a ejecutar algunas venganzas políticas, los principales implicados, autores intelectuales y materiales de la desaparición de los jóvenes de la normal, están quedando en libertad o acercándose a la misma. Ya quedaron en libertad la mayoría de los sicarios, confesos, que participaron en el crimen, incluyendo algunos de los líderes de Guerreros Unidos. Ahora, nada menos que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, avanzó en la búsqueda de su liberación porque la fiscalía especial no defendió en un tribunal colegiado las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Abarca es un personaje ligado al narcotráfico, casado con María de los Ángeles Pineda, hermana de tres de los líderes de Guerreros Unidos y con largos antecedentes de violencia en el propio municipio. La historia de Abarca la contamos con detalle en este espacio y en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Hoy queremos insistir en una parte que ha sido ignorada, incluso por la fiscalía especial: su participación en el asesinato de otros dirigentes de izquierda, opositores suyos en el municipio y a su vez ligados con la normal de Ayotzinapa. Así lo contamos en el libro citado.
Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de los estudiantes en el municipio no era nueva: el 3 de junio de 2013, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio Municipal para exigir la presentación con vida del entonces desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Guerrero.
Ese día, prendieron fuego al Palacio, derribaron puertas y pintarrajearon paredes. Abarca era el principal sospechoso de la desaparición del líder social Hernández Cardona, quien había sido levantado cuatro días atrás, el 30 de mayo de 2013, junto con Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, quienes formaban parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (de la que René Bejarano es fundador, ahora esa corriente es parte de Morena).
Sus cuerpos fueron encontrados, habían sido asesinados a balazos y con huellas de tortura, en el municipio de Tepecoacuilco. Otras cuatro personas que estaban con ellos, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, lograron escapar de sus captores.
El punto de quiebre entre Arturo Hernández Cardona y José Luis Abarca tuvo lugar el 1 de abril de 2013, en una reunión con el cabildo. Ese día, la Unidad Popular, que aglutinaba a 15 asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala, exigió la renuncia de los familiares de Abarca (había más de 30 trabajando en el municipio). La reunión terminó mal. Ambos protagonizaron otra acalorada discusión la noche del miércoles 29 de mayo de 2013, también en el salón de cabildo, justo un día antes de la desaparición de los miembros de la UP. La agrupación reclamaba la entrega de 100 toneladas de fertilizante a las organizaciones campesinas. Hernández Cardona y sus acompañantes acusaron a Abarca de corrupto y mercenario.
Furioso, Abarca abandonó la reunión mentando madres y amenazando a Hernández Cardona, quien volvió a responsabilizar al alcalde de Iguala por lo que pudiera ocurrirle en el futuro.
Terminada la reunión, Hernández Cardona organizó una manifestación en la Autopista del Sol para que se atendieran sus demandas. La caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla fue el último lugar donde familiares y amigos vieron con vida a Hernández Cardona, el jueves 30 de mayo de 2013. Ese día fue secuestrado junto con sus colaboradores.
Según una reconstrucción realizada a partir de la declaración ministerial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, Abarca, auxiliado por su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, asesinó a Hernández Cardona. Al borde de una fosa, Abarca le disparó en el lado izquierdo del rostro. Ya en la fosa, volvió a dispararle. Félix Rafael Balderas Román trató de escapar, pero se atoró en una alambrada y los sicarios de Abarca lo asesinaron a golpes y pedradas.
El resto de los sobrevivientes fue sometido a torturas e interrogatorios. Tras una llamada que recibió Flores Velázquez, sacaron los cuerpos y los subieron a una camioneta junto con los otros secuestrados. “A nosotros nos pusieron encima de los cuerpos y nos colocaron una cobija de cuadros... nos llevaron a Mezcala (a 55 kilómetros de Iguala), ahí tiraron los cuerpos... cuando nos bajaban de la camioneta, Ángel Román Ramírez trató de escapar, pero uno de los sujetos le dio un balazo y cayó muerto”, declaró Mendoza Villa .
El 12 de junio de 2013 la PGR inició una averiguación previa contra Abarca y remitió tres tomos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que se hiciera cargo de la indagatoria. Desde entonces se indagó el hecho de que supuestos integrantes de Los Rojos, la banda rival de Guerreros Unidos, estuviera infiltrada en la Unidad Popular, al tiempo que el municipio, se dice en esa investigación, estaba controlado por Guerreros Unidos. No pasó nada. Un año después fue la Noche de Iguala.
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El futuro de la DEA en México/Enrique Berruga Filloy
O se asume a los agentes de la DEA como compañeros de viaje en la lucha contra el crimen o se les considera un adversario
El Universal, 10/12/2020;
Cuando llegue Joe Biden a la Casa Blanca, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, va a ser la misma que operaba bajo Trump y de hecho desde hace más años. La misión de los agentes que tienen presencia en México no va a cambiar: los 54 elementos que tienen acreditados oficialmente el encargo de enterarse de las acciones y estrategias que desarrollan los narcotraficantes y buscar la manera de que el gobierno mexicano actúe en contra de ellos. Es, ante todo, una red de inteligencia criminal. Con base en lo pactado desde hace casi treinta años, no están facultados para realizar arrestos, portar armas o llevar a cabo operativos contra el crimen organizado. Los agentes gozan de inmunidad diplomática y tienen obligación, al menos en el papel, de informar de sus hallazgos a las autoridades mexicanas.
El gobierno de Trump fue particularmente polémico en las acciones que emprendió. Prestó oídos sordos a los llamados de México para detener el tráfico de armas, mientras aplicaba una estrategia netamente unilateral. Durante su mandato se registraron acciones de alto costo para el Estado mexicano: la solicitud de arresto con fines de extradición de Ovidio Guzmán, que desembocó en el tiroteo de Culiacán. El amago de calificar como terroristas a los narcotraficantes, después de la masacre de la familia Le Barón. Y lo más trascendente: el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional en Los Ángeles. Estos tres temas quedarán con expediente abierto al inicio de la administración Biden y los veteranos de la DEA se encargarán de que no queden en el olvido.
Con la llegada de un nuevo gobierno a Washington, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de replantear el esquema de cooperación antinarcóticos. Irónicamente, el menú de temas es amplio pero las opciones son muy reducidas. Se puede someter a revisión la Iniciativa Mérida, incluso eliminarla y sustituirla por otro modelo. Yo estaría a favor de esta opción. Pero el punto de fondo, el más complejo, es el de la relación entre los agentes de la DEA y los elementos mexicanos de seguridad y justicia. Las alternativas que están a la vista son únicamente dos: asumir a los agentes de la DEA como compañeros de viaje en la lucha contra el crimen organizado o, por el contrario, considerarlos como un adversario, una imposición indeseable de Estados Unidos hacia México.
Hay que partir del principio de que, encubiertos o descubiertos, registrados o no, los agentes de la DEA permanecerán en México. En la visión de Washington este es un asunto prioritario de seguridad nacional. Ante esta realidad, quizá la mejor opción sea asumirlos como aliados y aprovechar la información que recaban, reconociendo que nuestro aparato de inteligencia no pasa por su mejor momento. El problema central, sin embargo, es la desconfianza que existe para compartir la información más delicada. Los de la DEA temen que sus averiguaciones sean compartidas con los narcos, sea por temor o por cooptación de las autoridades mexicanas. Nuestro presidente ha dicho abiertamente que desea revisar este esquema de cooperación. Esta es una buena hora para hacerlo. Pero antes, hay que tener claridad en lo que vaya a plantearse y cómo negociarlo. Es preciso encontrar una fórmula que ayude a ambos países a lidiar con un fenómeno que nos tiene rebasados, donde una cooperación bien afinada haría mucho bien a la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones.
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Avanza la 4T en las instituciones autónomas/Salvador García Soto
El Universal,
El Ejecutivo busca en algunos casos intervenir y controlar, y en otros desaparecer a los organismos autónomos
Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo que durante las últimas tres décadas fue un avance para la sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades propias para volverse contrapeso del gobierno y, en particular del presidencialismo autoritario que nos gobernó por más de 7 décadas, hoy en los tiempos de la 4T son vistas como un “inconveniente” para el estilo de gobernar del presidente que quiere controlarlo todo y que ve con recelo y desconfianza la autonomía de esas instituciones a las que no sólo se ha dedicado a descalificar y cuestionar desde la Presidencia, sino que poco a poco intenta controlar colocando en ellas a personajes cercanos e incondicionales de su proyecto político.
Así, instituciones cuya construcción, consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros de plano desaparecer a los organismos autónomos encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, limpias y equitativas, como el INE; de manejar los datos, cifras y estadísticas de la información económica y social del país de manera profesional y sin sesgos políticos, como el Inegi; o para defender los derechos humanos de los abusos de la autoridad, como la CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como el Inai o incluso para manejar la política monetaria y financiera sin las tentaciones del capricho y la discrecionalidad presidencial, como el Banco de México, entre otras más.
Los escarceos presidenciales contra el INE, por ejemplo, son constantes. Justo hoy que el instituto electoral en México cumple 30 años de existencia, tres décadas transcurridas desde que nació el Instituto Federal Electoral, aún bajo la tutela del gobierno federal, luego el primer IFE ciudadano en 1996 y después transformado en el Instituto Nacional Electoral, López Obrador no se cansa de repetir en su narrativa que la democracia en el país comenzó con su triunfo electoral de 2018, cuando en realidad llevamos ya más de dos décadas de alternancia democrática y elecciones libres organizadas, ejecutadas y vigiladas por los ciudadanos.
Otros organismos autónomos también han sufrido el embate de la 4T. En el Inai, por ejemplo, tienen muy clara la animadversión del presidente no sólo por el instituto y los presupuestos que recibe, que se han recortado en más del 30% en lo que va de este gobierno, sino también por el tema de la transparencia que, a pesar de aparecer en el reciente mensaje de López Obrador, con motivo de sus dos años de gobierno, no es un valor al que este gobierno lo considere prioritario, tanto que sobre la mesa del despacho presidencial hay desde hace tiempo una propuesta para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para reducirlo a una subsecretaría o dirección de Transparencia a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
En el caso del Banco de México, una institución autónoma fundamental que ha sido artífice de la estabilidad económica, monetaria y de la solidez del sistema bancario y financiero del país en las últimas décadas, López Obrador ha sido respetuoso, a pesar de los desencuentros y arranques en los que no ha estado de acuerdo y ha cuestionado públicamente las decisiones de su Junta de Gobierno. Los dos nombramientos de integrantes del banco central que le han correspondido al presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, han demostrado ser dos profesionales serios sin sesgos políticos o ideológicos por lo que su actuación ha sido bien vista y han aportado a la solidez del organismo financiero. El último que propuso el presidente, con el nombramiento de la subgobernadora de Banxico, Galia Borja, aprobado ayer por el Senado, debería ser lo mismo, por tratarse de una funcionaria con una trayectoria importante en la Tesorería de la Federación que comenzó incluso antes de este gobierno.
Caso muy distinto es lo que hizo la 4T y el presidente con la CNDH, en donde la controvertida designación de Rosario Piedra Ibarra ha resultado un grave retroceso para la autonomía y, sobre todo para la eficiencia y la relevancia del organismo autónomo que debe velar por el respeto a los derechos humanos. Con todo y su origen y su trayectoria previa, Rosario no ha logrado quitarse la etiqueta de ser una seguidora fiel y leal de López Obrador, y ha perdido toda la independencia y autonomía que su cargo requería para convertirse en un contrapeso del Poder Ejecutivo y poder ser la responsable de vigilar la actuación del gobierno federal y de sus dependencias en materia de derechos humanos. La CNDH fue cooptada por un proyecto político e ideológico que hoy habla hasta de cambiarle el nombre y que la ha vuelto en los hechos un organismo más del gobierno y no de los ciudadanos.
Por todo, es muy relevante estar atentos a lo que ocurrirá con la propuesta de Graciela Márquez como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. Es un hecho que Márquez será aprobada por la mayoría de Morena en el Senado y que se integrará al organismo autónomo que es fundamental para el manejo de la información, los datos y las estadísticas oficiales que sirven para la toma de decisiones y para conocer la realidad del país en materia económica, social y poblacional, sin ningún tipo de sesgo o control político del gobierno. Así lo han demostrado los expertos y profesionales que integran el Inegi a través de los años y con gobiernos de distinto signo político, lo mismo del PRI que del PAN.
Ahora López Obrador ha sido claro en que su interés es que su exsecretaria de Economía se integre al Inegi para que el próximo año esté en posibilidades de competir por la presidencia del organismo. “Ya es tiempo de que tengamos a alguien de nosotros en el Inegi”, dijo públicamente el presidente en su conferencia mañanera cuando presentó a la doctora Márquez, quien por cierto es esposa del integrante del Banxico, Gerardo Esquivel. Si Graciela Márquez va a actuar como lo ha hecho su esposo, con independencia, profesionalismo y sin apasionamientos ideológicos en el Inegi, bienvenida una mujer con experiencia y conocimientos académicos suficientes para fortalecer las labores del organismo autónomo, pero si la aún secretaria del gabinete lopezobradorista va con el encargo de ser presidenta del instituto para someterlo y alinearlo a los objetivos de la 4T, entonces el tema resulta más que preocupante, motivo de alerta.
La fotografía que se publicó en los diarios el pasado 1 de diciembre, al terminar el mensaje de López Obrador con motivo de su segundo año de gobierno, donde el mandatario va atravesando el patio central del Palacio Nacional mientras pasa por donde están tres integrantes de su gabinete entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Márquez agachando la cabeza como muestra de sumisión ante el paso presidencial, no parece un buen augurio, pero confiemos en el profesionalismo y la objetividad de la doctora que pronto llegará al Inegi.
NOTAS INDISCRETAS…
Una encuesta recién publicada por GEA-ISA confirma por qué la alianza opositora entre el PAN, el PRI y el PRD preocupa tanto en Morena y en Palacio Nacional. Según los resultados de este sondeo, Morena lidera las intenciones de voto para los comicios federales del próximo año, en donde se renovará la Cámara de Diputados, con un 30%, muy por encima del resto de los partidos. Sin embargo, cuando se pregunta por quién votarían los encuestados con la alianza PAN-PRI-PRD ya como opción, el panorama cambia y Morena aparece con 24% de intención del voto contra 22% de la coalición opositora. Ese casi empate es lo que tiene a los morenistas y a López Obrador tan preocupados y ocupados diseñando estrategias, campañas negras y discursos para descalificar la unión de los opositores que amenaza la mayoría morenista en San Lázaro… Por cierto, la misma encuesta de GEA-ISA confirma que, aún en medio de la pandemia de Covid y con todo y la crisis económica que golpea fuertemente a los mexicanos, el presidente López Obrador subió en sus niveles de aprobación y llegó a 57%, 12 puntos más del 45% que tenía en septiembre pasado. También bajó su nivel desaprobación que pasó de 47% en septiembre a 39% en esta última encuesta, es decir 8 puntos menos de desaprobación. Sin duda los números son muy buenos para el presidente y confirman que, con todo y pandemia y problemas, la aprobación popular de López Obrador sigue alta, eso sí no tan alta como el 70% ficticio que presumió en su reciente informe de dos años… El empresario tamaulipeco Bernardo Pasquel abre un ciclo en la 4T. El martes, junto con Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Pasquel le presentó al presidente López Obrador el regreso del equipo de béisbol El Águila de Veracruz, proyecto que es acompañado y socio por el beisbolista de Ligas Mayores Adrián González, además de los empresarios veracruzanos Alfredo Chedraui, la familia Fernández Chedraui y la familia Ruiz. “Bernardo Pasquel, este joven trae en la sangre el beisbol, desde sus familiares”, dijo el presidente, quien también recibió a los dueños del nuevo equipo Los Mariachis, de Guadalajara, Rafael Tajada y Carlos Valenzuela. En fin, que en este sexenio el beisbol es prioridad y los empresarios que invierten en el deporte favorito del presidente no sólo son bien vistos sino recibidos en el despacho presidencial… Los dados mandan Capicúa. Se repite el tiro.
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Tope para Afores
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
en REFORMA, 10 Dic. 2020
"La declinación en la cantidad
y la calidad de los productos es el
efecto usual de los controles de precios”.nThomas Sowell
Uno de los peores males de nuestro país es que los políticos que hacen las leyes no tienen ningún conocimiento sobre lo que legislan. Lo hemos visto ahora en la propuesta para poner un tope a las comisiones de las Afores. Tras un apresurado paso por comisiones, la iniciativa se subió ayer al pleno en Diputados donde fue aprobada ya en lo general. Será ahora sometida al Senado.
La reforma a las pensiones era indispensable. El sector empresarial ha hecho el sacrificio de asumir el costo de elevar gradualmente la aportación para el ahorro del trabajador del 6 al 15 por ciento del salario. El tope a las comisiones que se ha añadido a la iniciativa, sin embargo, puede tener consecuencias muy negativas.
Quizá el simple hecho de que el gobierno no está confiscando las pensiones, como hizo Cristina Fernández en Argentina, es un avance. Había voces en la Cuarta Transformación que pedían que el gobierno tomara precisamente estos ahorros de los trabajadores para financiar el gasto público. Hay que reconocer al Presidente que se resistió a esta medida que habría destruido un ahorro acumulado equivalente al 16 por ciento del Producto Interno Bruto.
ero el que no se haya avanzado al precipicio no significa que haya que aplaudir los errores de la iniciativa. El más importante es imponer un control de precios. Esta medida no estaba en la propuesta original sobre pensiones que surgió de un acuerdo entre el sector privado y el Presidente, y en el que solo se hacía un exhorto a las Afores para reducir comisiones.
Todo control de precios es dañino porque lleva, en el mejor de los casos, a una reducción de la oferta o la calidad de los productos o servicios; en el peor, genera mercados negros. Esta es una realidad de la economía que ninguna legislación puede evitar.
En la actualidad operan en México nueve Afores, de las cuales dos tienen participación del Estado mexicano. Si bien las comisiones de nuestro sistema de pensiones han sido relativamente altas en comparación con las de otros países con modelos más maduros, han venido bajando de manera gradual por la competencia y la ampliación del mercado. Las comisiones no han sido el problema de nuestro sistema, sino el bajo nivel de aportación para los fondos de ahorro, que la nueva ley ya resuelve, y la baja en las tasas de interés, que ha afectado a todos los ahorradores del mundo.
Si todo control de precios es dañino, el que los diputados escogieron para aplicar a las Afores no tiene ni pies ni cabeza. Plantea que los topes de las comisiones se definirán por los promedios que se registren en Estados Unidos, Chile y Colombia, países cuyas condiciones de mercados son muy diferentes a las nuestras. Definir un control de precios sobre la base de un promedio de los niveles de otros tres países, elegidos discrecionalmente, es irracional.
El tope de las comisiones puede volver insolventes a tres de las nueve Afores que hoy tenemos. Las que sobrevivan, probablemente absorberán a las que quiebren o dejen de ser rentables, lo cual generaría una mayor concentración de mercado y peores condiciones para los usuarios. Para compensar las menores comisiones, las operadoras tendrían, por otra parte, que reducir la calidad de los servicios.
l papel del gobierno debe ser el de asegurar una saludable competencia en el mercado, supervisar la prudente operación de los fondos y asegurar que haya suficiente información para que los ahorradores tomen decisiones. De ninguna manera la autoridad debe controlar precios.
· POSPONEN
Ayer se firmó un acuerdo para posponer la aprobación de la nueva ley sobre la subcontratación laboral. Es un alivio. La prohibición destruiría cientos de miles o millones de empleos. Además, volvería menos competitivas a las empresas mexicanas.
@SergioSarmiento
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@García Luna, ¿rumbo a la extradición?/ Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
La Silla Rota, a 10 de diciembre de 2020
México inició un proceso de extradición, sin que en Nueva York inicie el juicio que ha generado muchas expectativas a la cuarta transformación. | Fred Álvarez
El Gobierno de EU acusó y detuvo en Dallas, Texas a Genaro García Luna (GGL), ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, por presuntamente servir al Cártel del Pacifico y recibir sobornos millonarios; tenía años viviendo en EU, y había tramitado su residencia en aquel país.
El caso ha sido largo, han sido varias comparecencias previas a juicio que empezaron el martes 10 de diciembre en una corte de Dallas, Texas a donde llegó esposado de pies y manos, resguardado por alguaciles federales; iba vestido con jeans y un suéter Hugo Boss. La última presencia ante el juez fue virtual y duró menos de 20 minutos y sin ninguna novedad, nada aun.
En ese momento, su defensa se quejó ante el juez de que no había podido reunirse con su cliente desde el pasado 20 de octubre, por el aislamiento al que se había sometido, y que por tanto no había podido ver las pruebas en su contra: "Aún lo tienen aislado y no estoy seguro si le van a permitir salir de ahí, dado que está en aumento el covid. Quería que constatara en actas, para ver si le pueden hacer llegar sus pruebas estando en ese lugar aislado", dijo el defensor.
El fiscal del caso, Michael Robotti aseguró en ese momento que no tenía conocimiento de ello; el juez pidió que los fiscales hagan todo lo posible para mostrárselas, así es el debido proceso.
Previamente, el juez confirmó haber recibido la solicitud del fiscal de retrasar por 60 días la revelación de pruebas; la próxima audiencia quedó agendada para el 17 de febrero de 2021.
Días antes, trascendió que la fiscalía pidió retener por lo menos 3 meses documentos sensibles del caso para no perjudicar a testigos protegidos; el argumento es que con su desclasificación pondría en riesgo la integridad de potenciales testigos y sus familiares.
Lo curioso es que en México se inició un proceso de extradición, sin que en Nueva York inicie el juicio que ha generado muchas expectativas a la cuarta transformación...
¿Por qué motivo?
Enriquecimiento ilícito. Un delito menor si se compara con las acusaciones en Nueva York.
En la mañanera del lunes 30 de noviembre, le preguntaron al C. presidente López Obrador su opinión al respecto, respondió que no tenía información en ese momento...
Semanas antes, un juez de control había negado la orden de aprehensión en contra de Genaro, entonces el impartidor de justicia estimó que los datos de prueba ofrecidos eran suficientes para presumir la probable responsabilidad. Sin embargo, hubo una apelación y se ordenó su detención y de inmediato, la FGR inició el proceso de extradición y solicitó el apoyo de la Cancillería, la que inició el procedimiento que sabemos será largo, no es fácil.
El tema regresó a la mañanera, el día de anteayer, martes 8 de diciembre; el presidente aprovechó la pregunta para que Marcelo Ebrard explicará el porqué de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde se pretende regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en México, sobre todo a la DEA. El tema ha generado ruido.
Hace poco nos dijeron el número de agentes de la DEA en México; ¿sabemos cuántos hay de la CIA, el Mossad o del M16?
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para que sea sometido a discusión y deliberación por el Pleno del Senado, (daremos seguimiento).
Y sobre la extradición, el canciller explicó que, en efecto están en ello. Sabe muy bien que el camino es largo, y dependerá de lo que diga el juez Cogan.
En tanto GGL se va a defender, y no lo veremos tan pronto en México, incluso si se inicia el juicio en febrero, será de por lo menos tres meses, y de ser declarado culpable podría recibir cadena perpetua como castigo máximo, o 20 años de cárcel como mínimo, pero se va a defender con todo. No es tan fácil.
Las autoridades de EU han presentado hasta el momento 950 mil páginas de documentos, además de por lo menos 17 grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas que fueron presentadas como pruebas, pero algo les falta: pruebas.
Creemos que a partir del 20 de enero se acabará el show tipo Neflix. La justicia de EU será distinta con Joe Biden, ya no estará el fiscal William Barr; el nuevo inquilino de la Casa Blanca no es Trump, quien algunas veces ha usado estos casos de manera electorera. (ver el caso Cienfuegos)
Curiosamente la detención de GGL se dio a conocer justo en la mañana del martes 10, minutos antes de la reunión en Palacio Nacional con autoridades de EU y Canadá donde se firmó el nuevo T-MEC. ¿casualidad?
García Luna quizá sea un gran criminal y debe caer todo el peso de la ley, pero hoy goza de la presunción de inocencia.
Ahora bien, si revisamos las conferencias mañaneras es evidente que el inculpado ha sido criminalizado varias veces, incluso por algunos medios.
La próxima audiencia será -si no hay cambios- el 17 de febrero..., veremos qué pasa.
Recomiendo leer la Línea del tiempo:
1.- Fue detenido la tarde del lunes 9 de diciembre en Grapevine, Texas; el Departamento de Justicia presentó días antes cuatro ante la Corte de Nueva York, en Brooklyn, a cargo del juez Brian M. Cogan, famoso por haber llevado el caso de Joaquín Guzmán Loera.
2- La tarde del 10 de diciembre GGL hizo una primera comparecencia en una corte de Dallas,
3.- 17 de diciembre, el Juez David Horande niega derecho a fianza; la audiencia duró 15 minutos. El inculpado renunció a su derecho a audiencia, y fue enviado a la corte de Brooklyn;
4.- Tres de enero de 2020, compareció ante la jueza Peggy Kuo y ahí se declaró no culpable;
5.- Martes 21 de enero se lleva a cabo la cuarta audiencia, había pasado por dos cortes, tres jueces y dos abogados, uno de ellos de oficio. En el inter se generaron comentarios en medios, la mayoría lo han criminalizado, sin respetar la presunción de inocencia.
En México la FGR abrió carpeta de investigación en su contra y UIF le congeló once cuentas bancarias se determinó programar una audiencia para el 2 de abril;
6.- 25 de febrero la defensa pidió que autorice la libertad bajo fianza pidió que se le coloque un dispositivo de localización mientras aguarda el inicio de su juicio, sin éxito:
7.- Se canceló la audiencia del 2 de abril por cuestiones de la pandemia, se postergó para el 4 de junio;
8.- En julio supimos que la Corte puso bajo sello los casos criminales contra GGL y contra Iván Reyes Arzate, acusados de proteger a varios cárteles del narcotráfico; el Juez cerró por completo el acceso público a ambos procesos, hasta el 26 de junio, todavía era posible consultar los expedientes por el sistema electrónico:
9.- La próxima audiencia estaba agendada para el jueves 30 de julio, empero, el juez ordenó días antes posponerla tres meses, y se reprogramó para octubre:
10.- Jueves 7 de octubre. En una audiencia por video, el juez leyó a GGL los nuevos cargos;
11.- La nueva audiencia se programó para el lunes 7 de diciembre, sin ninguna novedad.;
12.- La próxima será, de no haber cambios el 17 de febrero...
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