Las columnas políticas hoy, sábado 22 de mayo de 2021

 El secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, criticó al Poder Judicial, tras considerar que “parece ser el enemigo” en el trabajo que llevan a cabo contra el narcotráfico en el país.

Al comentar en Palacio Nacional el decomiso de 691 kilogramos de metanfetamina en el puerto de Guaymas, Sonora, el almirante recriminó “las ayudas de jueces y ministerios públicos, en muchos casos”, a los detenidos, por lo que evitó dar detalles sobre el seguimiento que están dando a dicho cargamento para dar con la cadena de responsables.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada, y bien judicializada, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque, si no, (los detenidos) se nos van”, manifestó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, duro crítico de los jueces, Ojeda Durán aseguró que tienen varias detenciones en puerta y que las están preparando bien, porque, acusó, hay muchos casos en que los juzgadores los dejan ir, y hasta pena le dan que actúen así, dijo.

“Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que  hacer muy bien hechos.”

"Enfundado en su uniforme de campaña verde olivo, y ante el Presidente de la República, el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, lanzó un "misil" contra el Poder Judicial.”...

Reacciones...

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respaldó a los jueces con un Twitter..

"La función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia", escribió el Ministro .

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito también rechazó las manifestaciones del Secretario de la Marina.

"Ante las serias implicaciones que puedan tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas", expuso en un comunicado. 

EL director para América de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de “peligroso” que el alto mando de la Marina de México diga que sus “enemigos” están en el Poder Judicial.

Y muchas reacciones mas...

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La SCJN admitió a trámite la reclamación de la FGR  contra el fallo de un ministro que desecha la controversia constitucional relacionada con el fuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En su acuerdo de admisión, la Corte turnó el caso a una ministra -sin precisar su nombre.- para que elabore un proyecto y, al mismo tiempo, dio un plazo de 5 días hábiles al Congreso de Tamaulipas y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

¿Por qué a una Ministra? Y por qué dar parte a la Consejería Jurídica?

"En ese sentido, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, y se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer en representación de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan existir y que se analizarán al momento de dictar sentencia", dice el acuerdo publicado anoche.

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Las columnas políticas hoy, sábado 22 de mayo de 2021

TEMPLO MAYOR  Reforma

VAYA que Andrés Manuel López Obrador tiene una manera muy particular de aprovechar el tiempo.

EN SU MAÑANERA de ayer avaló que un militar de alto rango -el secretario de Marina, Rafael Ojeda, ni más ni menos ubicara al enemigo en el Poder Judicial, justificó la venta de menores de edad por “usos y costumbres” acusando de racismo y clasismo a quienes denuncian ese delito, puso en jaque la autonomía del Banco de México y reconoció que se reúne con ministros de la Suprema Corte para tirarles lín…perdón, para conversar sobre asuntos relevantes.

QUIENES siguieron detenidamente la conferencia de ayer consideran que, entre tanto desatino, sí hubo una buena noticia: que nada más duró 2 horas con 22 minutos porque ya se quería ir a desayunar. ¡Ufff!

POR CIERTO, quienes saben cómo se cuentan los billetes en el Banco de México consideran que la decisión de AMLO de no considerar al actual gobernador Alejandro Díaz de León para la reelección se debe principalmente a un enojo que trae atorado el mandatario desde hace días.

SEGÚN cuentan, en Palacio Nacional no cayó nada bien que el banco central reportara que no hubo remanentes del ejercicio 2020, dinero con el que el gobierno federal ya contaba para financiar sus megaobras y programas sociales.

ASÍ ES QUE el discurso presidencial pasó en cuestión de días del “yo respeto la autonomía del Banco de México”al anuncio de que quiere colocar al frente del organismo a un “economista moral” en vez de darle continuidad a quien fuera nombrado apenas en marzo pasado como Gobernador del Año por el medio especializado Central Banking.

QUIZÁS le faltó agregar que la nuevacabeza del Banxico será una persona que le entregue sin chistar todos los recursos a los que el Presidente piensa que tiene derecho, sin importar si hacerlo es posible, correcto o siquiera moral.

MUY ENOJADOS andan en Fuerza por México, la franquicia electoral de la que es dueño Pedro Haces, por la declinación de su candidato a la gubernatura de Chihuahua, Alejandro Díaz, en favor de la panista Maru Campos.

PRIMERO porque, si iba a declinar por alguien, hubieran preferido que fuera por Juan Carlos Loera, quien representa a la alianza Morena-PT-Panal, pues bien sabido es que ese partido pinta para ser un satélite más de la 4T.

Y, SEGUNDO, porque la encuesta más reciente indica que la elección está tan cerrada que el ganador podría definirse por un punto porcentual o incluso menos por lo que, a 15 días de la elección, cada voto cuenta.

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BAJO RESERVA /El Universal

López-Gatell culpa a otros de sus errores

Ayer, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que este periódico “nos atribuyó el haber dicho, como Secretaría de Salud, que no se iba a requerir la credencial de elector durante las elecciones.

Afortunadamente se dieron cuenta de su error”. Como en muchas otras ocasiones, el funcionario miente, pues fue la oficina a su cargo la que se equivocó al mandar un comunicado con dicha información. Al parecer López-Gatell tiene el ego tan inflado que es incapaz  reconocer un error.

Este tipo de pifias ocurren cuando la información se concentra en pocas manos: el subsecretario le tiene prohibido a los empleados de gobierno que mueven sus comunicados, hacer cualquier modificación; no le pueden mover ni una coma. Ahora, él mismo fue víctima de su soberbia.

¿Quién le da las tarjetas a AMLO?

Con el ojo cuadrado, nos cuentan, se quedaron los integrantes del gabinete de seguridad federal al ver los resultados del combate al secuestro contenidos en el informe que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó al Senado en abril.

Al revisarlo en la reunión diaria en Palacio Nacional, nos hacen ver, encontraron que en el último año (1 abril de 2020 al 31 de marzo de 2021) la Guardia Nacional atendió “2 mil 935 mandamientos ministeriales en materia de secuestro, nueve mandamientos judiciales, 265 casos y 58 denuncias”.

Estas cifras, nos aseguran, sorprendieron a los integrantes del gabinete de seguridad, que hicieron mutis ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “¿Casi 3 mil mandamientos ministeriales?”, se preguntaron. Una cifra, consideran, imposible de haber realizado.

Un candidato “encapsulado”

Con el cisma que ocasionó la tragedia de la Línea 12 entre los aspirantes presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, parecía que Ricardo Monreal llevaba un camino sin obstáculos y que se olvidaban las tribulaciones mediáticas previas contra su hermano, David Monreal, candidato a gobernador en el estado.

Sin embargo, nos comentan, incluso si la gubernatura de la entidad se quedara de nuevo en la familia Monreal, las cosas no pintan fácil para el senador, pues la mano derecha de su hermano en la campaña, Julieta del Río Venegas (también consejera del INAI), tiene “encapsulado” al candidato y es quien está tomando las decisiones, principalmente en beneficio propio.

El temor desde el centro, nos dicen, es que lo mismo ocurra si es que Monreal siquiera llega a gobernador, pues la elección está muy cerrada.

Los que ya votaron

Aunque faltan casi 15 días para el día de votación, en México, en realidad la emisión de los sufragios ya inició. Un sector de población en prisión preventiva ya participó en el plan piloto del INE y emitió voto; este fin de semana inicia el ejercicio para mexicanos en el exterior y la fase final llegará el 6 de junio próximo.

Es por eso que las redes afines a distintos grupos políticos albergadas en Estados Unidos llevan a cabo en este momento una gran campaña para que se emita el voto desde el exterior. ¿Ahora sí habrá interés de los connacionales?

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TRASCENDIÓ/Milenio Diario

Que llegaron refuerzos de peso completo para el candidato de Morena a la alcaldía de Huixquilucan, Enrique Garay, quien estará acompañado hoy por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien acudirá a la presentación de su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, y se reunirá con la militancia y candidatos de Ecatepec por la tarde junto con el mexiquense Higinio Martínez. La selección de esos municipios es táctica porque buscan hacerlos morenistas con miras al relevo de gobernador en 2023.

Que en los dos primeros años de la 64 Legislatura, que concluye el 30 de agosto próximo, senadores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, Verde y Encuentro Social hicieron 121 viajes internacionales de “turismo parlamentario”, por un monto de casi 9 millones de pesos, según el informe cameral correspondiente, a destinos como Estrasburgo, Nueva York, Doha, Ginebra, Buenos Aires, Santiago, Varsovia, Ottawa, Curazao, Rabat y otros destinos de clase mundial. Seis de cada 10 traslados fueron de integrantes de la 4T y uno de los más activos fue Salomón Jara, que vaya usted a saber qué fue a hacer a Qatar y a Marruecos. Que en la lista de entidades poco comprometidas con la lucha anticorrupción, elaborada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a cargo de Ricardo Salgado Perrilliat, destacan dos por tener calificación reprobatoria: Ciudad de México y Morelos, gobernadas por Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Blanco, las cuales no han iniciado siquiera la elaboración de su Política Estatal Anticorrupción, obligatoria por ley.

Que los buenos deseos de varios legisladores a su compañero René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, quien tuvo una recaída después de que resultó contagiado por covid en marzo pasado, terminaron en un desmentido porque ya se especulaba que había muerto. “Está hospitalizado”, aclaró Arturo Abarca, secretario particular del guerrerense.

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RAZONES/La Razón

La CanSino y los profes

Una noticia que ayer generó inquietudes es que la vacuna china CanSino pierde efectividad después de un periodo de seis meses, según reconoció ayer el propio laboratorio. En nuestro país, donde fue una de las primeras en ser aceptadas para su uso de emergencia, el hecho de que fuera un inmunizador de una sola dosis fue una variable considerada para definir la estrategia de vacunación. Tanto que han sido centralmente los maestros a quienes se les ha inoculado con ese biológico. CanSino indicó que luego de seis meses la protección que ofrece es del 50 por ciento o más y planteó la necesidad de que se ponga una segunda dosis para aumentar su eficiencia a más del 90 por ciento.

El anuncio de la firma china, nos comentan, pudiera implicar que se revise el plan de vacunación del profesorado, porque por lo pronto están empezando a surgir dudas sobre si para octubre, cuando la efectividad de la vacuna empiece a mermar se podría disponer de presupuesto y vacunas extras de CanSino para el refuerzo.

• DECLINACIONES, CAPÍTULO 7

En este espacio hemos ido documentando las declinaciones que, en cascada, se han venido dando desde el viernes de la semana pasada en peleas por gubernaturas. Y resulta que en siete días van siete. La más reciente fue de Fernanda Salomé Perera, quien anunció que se suma a la candidatura del morenista David Monreal en Zacatecas.

A 15 días de la elección, la primera candidata transgénero, que corría hasta ayer con los colores del partido Redes Sociales Progresistas, al que asocian con la maestra Elba Esther Gordillo, explicó que tomó esta decisión porque Monreal le ofreció encabezar la dirección de la Diversidad Sexual, con la que aspira a brindar atención jurídica, estudiantil, en materia de salud, etcétera, a la comunidad LGBT+ del estado. También enumeró entre sus razones el hecho de que RSP se apartara de la 4T. Uf.

• ÁNIMOS SUCESORIOS EN BANXICO

Con la novedad de que la mañanera calentó los ánimos sucesorios en el Banco de México, y dio pie hasta al humor, luego de confirmar el Presidente López Obrador que Alejandro Díaz de León no repetirá en el cargo de gobernador de esa institución y que en su lugar nominará a alguien que tenga un perfil con dimensión social y que sea partidario de la “economía moral” —concepto incluido en el nombre que lleva el título de su más reciente libro­—.

El caso es que de inmediato empezaron a aparecer en diferentes espacios nombres como el de los subgobernadores Gerardo Esquivel, Galia Borja y Jonathan Heath, incorporados al Banco ya en los tiempos de la Cuarta Transformación. Por cierto, el primero de ellos publicó un tuit al que algunos le ven jiribilla: “A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, tuiteó. Y algunos quisieron ver en el encarte un desencante o al revés, por lo que está ocurriendo en la Liguilla.

• OAXACA EN EL ENTORNO OBRADORISTA

Nos comentan que a quien ven muy cerca del entorno obradorista es al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien, por cierto, ayer puso a la encargada de la política interna, Olga Sánchez Cordero, todo el escenario para que tuviera buenos ecos su mensaje a favor de la perspectiva y la inclusión de género en el sector de los notarios.

“Deben tener presente que la transformación concluyente e igualitaria les convoca a apartarse de prácticas machistas”, les dijo la funcionaria en un acto celebrado en la capital oaxaqueña. Nos aseguran que a Murat lo han estado apuntando para eventualmente encabezar al PRI, y aunque al mandatario lo que le interesa es concluir su gestión en la entidad hasta 2022, hay quien insiste que esa ruta es una posibilidad real, sobre todo porque al propio Ejecutivo federal le podría convenir tener un aliado en el tricolor que le ampliara márgenes de apoyo en su proyecto de gobierno.

• EXCESOS EN LA FISCALÍA DE PUEBLA

De pena ajena, nos comentan, el comportamiento de agentes de la Fiscalía general de Puebla, a cargo de Gilberto Higuera, quienes se avalanzaron en contra de un reducido grupo de personas que exigía ser atendido para dar cuenta de sus inconformidades en la investigación del caso de Zyanya Figueroa, en el que la autoridad presume un suicidio, a pesar de que, según los afectados, nunca se realizaron diversas diligencias necesarias para descartar que fuera un feminicidio.

Lamentable ver en los videos difundidos en redes cómo un agente de plano rocía gas a los manifestantes a las puertas de la Fiscalía. Al final el fiscal debió recibir a los manifestantes y cargar con la responsabilidad en la brutalidad con la que actuaron sus agentes.

• CIFRAS DELICTIVAS EN LA CDMX

Como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregó su actualización de estadísticas delictivas en el país. Sin embargo, en la capital existe además un indicador que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, denominado DISÍ.

Este último reporta que en el primer cuatrimestre de 2021 la incidencia delictiva registró aquí un descenso de 28%, respecto al mismo periodo del promedio de los siete años previos. Por ejemplo, el secuestro bajó 70%, al pasar de 27 casos en 2020 a 8 en 2021; el robo de vehículo con violencia cayó 34%, pues pasó de mil 243 a 818.

Con reducciones de entre el 23% y el 28% están el robo a negocio con violencia, el robo de auto sin violencia, el homicidio doloso, el robo en transporte público colectivo y el robo a casa habitación sin violencia. El reporte, nos comentan, está elaborado con datos del SESNSP, de la Fiscalía General de Justicia y de las más de 23 mil llamadas que en promedio cada mes recibe el organismo, a cargo de Salvador Guerrero, en su Línea de Seguridad.

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SACAPUNTAS/El Heraldo de México

Refrenda autonomía

Sin rodeos, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, respondió a quienes cuestionan al máximo tribunal del país. En redes sociales, el ministro publicó que “La función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”.

Le ponen su nombre

Homenaje a la secretaria de Gobernación se realizó en Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat inauguró una jornada notarial a la que se dio el nombre de la funcionaria federal: CXXII Jornada Nacional del Notariado Mexicano, Primera con Perspectiva de Género “Olga Sánchez Cordero Dávila”. Ella estuvo presente y, conmovida, agradeció tal distinción. 

Avanza proyecto deportivo

Va que vuela el proyecto de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva que impulsa el presidente López Obrador. La Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, acompaña el proyecto, que dependerá de la SEP, para que cuente con estructura y recursos humanos necesarios que faciliten su operación en el ciclo escolar 2021-2022.

Insisten con Larrazabal 

Inició la temporada de declinaciones: la candidata de RSP al gobierno de Zacatecas, Fernanda Salomé Perera, abdicó a favor del morenista David Monreal, y Alejandro Díaz, de Fuerza por México, se sumó a la panista Maru Campos, en Chihuahua. Ahora buscan que el panista Fernando Larrazabal haga lo propio ante el priista Adrián de la Garza, en Nuevo León.

Quien cayó fue él

Karma instantáneo le llegó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en un mitin en San Pedro, Nuevo León. En su discurso de apoyo al candidato a la alcaldía de ese municipio, Mauricio Fernández, el líder panista aprovechó para decir que la abanderada de Morena al gobierno estatal, Clara Luz Flores, estaba cayendo en las encuestas. Luego, tropezó y se cayó de la tarima.

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FRENTES POLÍTICOS/Excélsior

1. Malas formas. ¿A dónde pretenden llegar esos políticos que no conocen el significado de violencia de género, pero aun así la ejercen? La candidata a diputada local del distrito 06 por Movimiento Ciudadano, Bianca Velasco, presentó una denuncia en contra del candidato de su propio partido a gobernador del estado, Leoncio Alfonso Morán, “por violencia política en razón de género, por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y, en consecuencia, resultar inelegible a la candidatura para gobernar Colima”, dijo.

La acompañaron en una rueda de prensa representantes de diferentes partidos, como Citlalli Hernández, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Así es como se enfilan a un México que queremos sea ejemplar?

2. Coraza. El candidato que ha tenido que sobreponerse a todo tipo de ataques es Adrián de la Garza, quien hace campaña para la gubernatura de Nuevo León. Le ha llovido de todo y desde cualquier trinchera, pero lo mantiene sólido la calidad de su oferta política.

Tan sólo en las últimas horas se reunió con los integrantes del Club Harvard, con quienes platicó acerca de la visión y las propuestas que tiene para que Nuevo León avance, se desarrolle y se fortalezca. Imagínense, va tan bien que el expresidente Felipe Calderón pide al PAN declinar a favor de Adrián de la Garza. Así podrían aplastar en los comicios a Morena y a MC. Nuevo León es emblemático. Y nadie lo quiere perder.

3. Desaseado. Genio y figura, el gobernador Jaime Bonilla disfruta hasta el último minuto las mieles del poder. Acusan que utiliza como taxi privado el único helicóptero del estado. Definitivamente, no ha sido el mejor emisario de Morena. De hecho, se reveló en estos días que entregó 121 mdp a una empresa fantasma y envió a sus fuerzas estatales a apoderarse de tierras sin ser el dueño legítimo, con intimidaciones y trámites engañosos.

Además, marcha la impopular expropiación del Country Club. Desde cifras rojas en torno a la seguridad, hasta una economía tambaleante, es lo que deja como legado. Ah, y una estela de pendientes… pues no lo dejaron gobernar los cinco años que quería. Por fortuna.

4. Embrollo legal. El senador Ricardo Monreal manifestó la conveniencia de que en el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vacase llegue a un “arreglo institucional” para no continuar con el conflicto en Tamaulipas. Aseguró que nunca se usarán a las instituciones de la República con fines político-electorales e insistió en que el mandatario no tiene fuero ni inmunidad porque se lo retiró el Legislativo y luego el Poder Judicial le giró una orden de aprehensión.

“Ahora lo que conviene es un arreglo institucional, hay que buscar una solución para que no haya una crisis en Tamaulipas”, dijo. La solución a la que se llegue no sólo debe ser salomónica, sino urgente. ¿Hay o no hay gobernador?

5. Mal clon. Hay políticos que, cuando eran niños, en la escuela le copiaban al de al lado, como Héctor Leonel Paniagua, candidato del PRI a presidente municipal en Motozintla, Chiapas, quien “se fusiló” un spot de EnriquePeña Nieto. Sin embargo, un usuario de redes sociales descubrió el plagio. Las mismas palabras que utilizó el expresidente fueron empleadas por el candidato, sólo cambió México por Motozintla.

¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro Motozintla merece estar mejor. “Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada una de las localidades del municipio…”. ¿Este tropezón fue responsabilidad del equipo de campaña? Mínimo le hubiera copiado a alguien con buena calificación.

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ARSENAL/Francisco Garfias / 

Excélsior

Se perfila un gobernador de Banxico “partidario de la economía moral”

Alejandro Díaz de León no será ratificado como gobernador del Banco de México. El Presidente anunció que mandará otra propuesta al Senado de la República. Será alguien de prestigio que cumple con los requisitos de experiencia en materia económica y financiera y haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas, dijo.

Agregó: “Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”, describió.

Esto último no fue bien recibido en círculos financieros.  Ven señales de que se quiere echar mano de las reservas internacionales. Alguna vez Carlos Slim sugirió usarlas. Sería una tragedia, advierten. “El Banco de México no necesita de ese perfil. Necesita rigor y seriedad” subrayan.

Ya se soltó la especulación sobre el sucesor. Se habla del mismísimo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, del subsecretario Gabriel Yorio, del economista Rogelio Ramírez de la O y de Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico.

Esquivel ya se autodescartó con una mala broma sobre futbol: “A mí que ni me apunten. Yo estoy bien de sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, escribió en Twitter.

*Muy grave el reproche que hizo el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la mañanera: “el enemigo podría estar en el Poder Judicial”. Ya le brincaron la organización internacional Human Rights Watch (HRW); la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial, y hasta el ministro Arturo Zaldívar, incondicional del Presidente.

HRW asoció el comentario con la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. “Es muy peligroso”, alertó. La Jufed le respondió que no son ni amigos ni enemigos de nadie.

 Hasta el ministro Zaldívar se vio obligado a pronunciarse:

“La función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial Independiente es esencial en la democracia”, escribió en Twitter.

*La declaración de Ojeda es insólita, ofensiva y fuera de lugar.  Nunca habíamos visto a un militar de tan alto rango señalar así al Poder Judicial en presencia de un complaciente titular del Ejecutivo. A Ojeda le molestó no poder dar detalles de los operativos contra el narco, a causa del debido proceso.

Advirtió que si ese tipo de procesos van acompañados de una mala judicialización y fiscalización,  puede derivar en que los delincuentes burlen la justicia. “En muchos casos pena nos da que actúen de esa manera (los jueces), parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, dijo Ojeda.

*El Presidente, que “no se mete” en temas de otros poderes,  urgió ayer a la SCJN a dejar claro si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene o no fuero. “Me gustaría que la Corte lo resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad”, dijo en la mañanera. El Congreso de Tamaulipas le reviró con una controversia constitucional ante la SCJN que va en contra de la Fiscalía General de la República y el juez federal que giró orden de aprehensión a García Cabeza de Vaca, a pesar de la postura de la SCJN.

*López Obrador, por cierto, confirmó que se reunió en Palacio con los ministros Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel.

Zaldívar es un aliado sólido de la 4T. Tanto, que el Presidente quiere ampliar su mandato al frente de la Corte, aunque la Constitución limite su periodo a cuatro años.

Los otros dos llegaron al máximo tribunal con el apoyo de los senadores de Morena y sus rémoras. Les honra que han dado muestras de autonomía frente al poder de Palacio Nacional. Dice el Presidente que hablaron de las leyes de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos, bloqueadas por valientes jueces. AMLO quiere llevar ese tema a la SCJN. 

Jura que ni la ampliación del mandato de Zaldívar ni el desafuero del tamaulipeco fueron temas en ese cónclave.

¿Usted cree que no se tocaron los temas, sobre todo con González Alcántara allí?  Yo tampoco.

Ya que estamos: el gobernador García Cabeza de Vaca  retuiteó ayer una entrevista del senador morenista Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, con Carlos Loret. En esa entrevista el senador de Morena admite que el gobernador panista de Tamaulipas mantiene el fuero, según el tuit. Cuatro horas antes, García Cabeza de Vaca puso otro mensaje en Twitter que nada tiene que ver con el cerco que le tendió el gobierno federal: “Sigue la jornada de vacunación contra covid 19 para personas de 50-59 años en Tamaulipas. ¡Vacúnate!”.

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El Poder Judicial en Palacio Nacional, mientras más lo denigran, más se arriman

Salvador García Soto

Se olvidan que representan a otro poder del Estado, autónomo e independiente

El Universal, 22/05/2021;

Como si se tratara de una relación de codependencia, donde una parte es victimario y la otra víctima, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en tiempos de la 4T, empieza a volverse cada vez más extraña y enfermiza. Primero porque al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, le ha dado por acudir sumisamente a los llamados del Presidente y este miércoles —por segunda ocasión en menos de dos semanas— se le vio en Palacio Nacional justo cuando están por discutirse temas de mayor trascendencia como las cuestionadas leyes eléctrica, de telecomunicaciones y de hidrocarburos; y segundo porque, sin importar la prestancia y sumisión con la que el titular de la Corte acude a las invitaciones a la casa del Presidente, ahí mismo un colaborador directo del Ejecutivo, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, se lanza con todo contra los juzgadores, magistrados y ministros y declara que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

¿De qué sirve entonces que, un día sí y otro también el ministro presidente de la Suprema Corte, le reafirme al Presidente una cortesía que muchos interpretan como “lealtad”, si de cualquier modo desde la Presidencia y el gabinete van a seguir cuestionando, descalificando y poniendo en duda el trabajo y la honorabilidad de todos los jueces, magistrados y ministros con afirmaciones que generalizan y ofenden a los profesionales de la impartición de justicia? Porque además, el miércoles que el ministro Zaldívar acudió supuestamente a “un desayuno” con el Presidente no fue solo y lo acompañaron otros dos ministros de la Corte, Jazmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, que también estuvieron dialogando en privado con López Obrador “sobre la reforma energética” que muy pronto tendrán que votar esos mismos ministros.

Esa reunión privada y secreta entre el Presidente y tres ministros de la Corte, de la que no se informó oficialmente hasta que ayer le preguntaron a López Obrador y confirmó el encuentro, no fue ni siquiera una “reunión institucional” entre los dos Poderes de la Unión, porque si lo hubiera sido hubieran invitado a los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte y no sólo a tres de sus integrantes que nadie sabe por qué exactamente los convocaron solo a ellos a desayunar en el despacho presidencial. “Si era en Palacio, entonces era una reunión institucional. Si era institucional, nosotros somos 11 ministros. Hasta hoy nos enteramos que había otros ministros invitados además del presidente Zaldívar, pero aun así no éramos los 11”, dijo a esta columna uno de los integrantes del pleno de la SCJN sin ocultar su sorpresa por el encuentro de “petit comité” entre el presidente López Obrador y los tres ministros mencionados.

Luego entonces la pregunta vuelve a ser la misma: ¿de qué les sirve a ciertos ministros apoyar denodadamente al Presidente y acudir sin pudor a su encuentro a Palacio cada vez que los llaman, si de cualquier modo desde la sede del Ejecutivo siempre están acusando de corrupción y deshonestidad a los jueces y a todo el Poder Judicial, sin hacer precisiones ni distinguir entre los juzgadores corruptos, que sin duda los hay, y los integrantes del sistema de impartición de justicia que están ahí por verdadera vocación y que realizan su trabajo con honestidad, profesionalismo y compromiso con la impartición de justicia?

Tal vez es que algunos ministros, seducidos por el carisma del Presidente y por querer creer que le deben el cargo al titular del Ejecutivo que los propuso, se olvidan de que ellos representan a otro poder del Estado mexicano que es autónomo e independiente, y que lejos de tener que actuar como súbditos o empleados del presidente López Obrador, tendrían que actuar como sus pares que son, porque según la Constitución ellos tienen exactamente el mismo nivel que tiene el Ejecutivo. El día que los miembros de la Corte dejen de supeditarse a los designios de la Presidencia de la República, como alguna vez lo hizo un ministro de nombre Arturo Zaldívar, que se le rebeló al presidente que lo propuso para el cargo, Felipe Calderón Hinojosa, tal vez empecemos a vivir la separación y el equilibrio de poderes en la que se basa nuestro sistema político. Lástima que al Zaldívar presidente, que hoy se amilana y se allana ante la silla presidencial, se le olvidó cómo actuaba el Zaldívar ministro que rechazaba que le dijeran cómo emitir sus fallos y resoluciones desde la Presidencia.

¿Acaso eres tú, Gerardo Esquivel?

La declaración ayer del presidente López Obrador, que públicamente emitió un veto en contra del actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, al adelantar, casi seis meses antes, que no piensa proponerlo para que se reelija en el cargo, no sólo sacudió a la Junta de Gobierno del banco central mexicano, sino que impactó también a los mercados internacionales, donde leyeron el comentario del mandatario mexicano como una señal de posible inestabilidad y movimientos abruptos en el organismo financiero que controla la política cambiaria, monetaria e inflacionaria de la economía nacional.

Si la renovación del gobernador del Banxico se tiene que definir hasta el mes de noviembre próximo, para sustituir al reconocido economista Díaz de León que termina su encargo a finales de este año, no había ninguna necesidad de que el Presidente adelantara vísperas ni que descartara, desde ahora y en vísperas de unas elecciones tan complicadas como violentas, la posibilidad de que don Alejandro se reelija en el cargo. Está claro que Andrés Manuel nunca confió del todo en el actual gobernador del banco central, a quien identifica no sólo como una herencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto, sino también como un “economista de corte neoliberal” que no coincide ni comulga con los preceptos de política económica que enarbola y aplica la llamada 4T.

Y es que para López Obrador y para muchos de los grupos más duros y radicales de la 4T, el Banco de México es el “templo mayor” de los economistas neoliberales y la tentación de someter y controlar a ese organismo autónomo que define y controla la estabilidad financiera y económica del país es real y ha quedado confirmada en algunas iniciativas como la que le pidió el Presidente presentar a Ricardo Monreal, cuando un empresario dueño de un banco, le fue a vender la idea de que “los del Banxico no quieren comprar los dólares de los más pobres y desprecian el dinero de las remesas que traen en efectivo trabajadores migrantes y del sector turístico”. En aquel momento, cuando desde el Senado, Monreal intentó doblegar al Banco de México y a su Junta de Gobierno, para obligarlos a comprar los dólares en efectivo y excedentes del mercado cambiario, al Presidente lo convencieron de que “los integrantes de la Junta de Gobierno creen que se mandan solos y le hacen más caso a la Reserva Federal de los Estados Unidos que al gobierno mexicano”.

Por eso Andrés Manuel no quita el dedo del renglón en su idea de controlar el Banco de México y de tener a un gobernador afín a su proyecto político y económico, y no piensa desaprovechar la próxima renovación de ese cargo para tratar de promover a un economista más ideológico e identificado con su proyecto. La descripción que hizo ayer, desde Palacio Nacional, de a quién va a proponer para encabezar el Banxico, después de vetar públicamente a Díaz de León y su derecho a reelegirse, se interpretó como un dibujo del perfil de Gerardo Esquivel, actual integrante de la Junta de Gobierno, a quién el Presidente ve como “el economista, congruente y ligado a la economía moral”, y aunque no lo dijo, pero sí lo ha mencionado en otras ocasiones en reuniones de gabinete, quien ocupe la gubernatura del Banco de México tras la salida de Díaz de León, debe cumplir con un gran requisito, además de su congruencia ideológica con la 4T: que no sea un “itamita” en grado Videgaray.

Ayer mismo Gerardo Esquivel declaraba a los medios “a mí ni me vean”, para tratar de autodescartarse y decir que no es él de quién estaba hablando el Presidente. Pero dentro del gabinete económico anoche todos volteaban las miradas hacia el reconocido economista que ya fue investigador del FMI, consultor del Banco Mundial, de la OCDE y de la CEPAL, además de haber colaborado con el Programa de la ONU para el Desarrollo. Pero que sobre todo cumple con el principal requisito que parece importarle a López Obrador, es cercano a su proyecto y, sobre todo, como egresado de la UNAM con doctorado en Harvard, no es itamita.

NOTAS INDISCRETAS…

Luego de que se difundieran imágenes en video de la Casa de Gobierno de Tamaulipas, custodiada por tanquetas de tipo militar de los GOPE o grupos de Fuerzas Especiales de la policía tamaulipeca, que estarían vigilando el lugar donde, se presume, está apertrechado el gobernador Cabeza de Vaca, en la Secretaría de la Defensa Nacional no sólo tomaron esas imágenes como una especie de “desafío” desde Ciudad Victoria, sino que además, en la oficina del general secretario, Luis Crescencio Sandoval, alguien se acordó de que esos vehículos tipo “Rinoceronte” que tiene la policía de Tamaulipas solo pueden funcionar porque tienen un “permiso militar” de la Sedena para ser utilizados en labores de seguridad pública, porque se trata de camiones y equipos “de uso exclusivo del Ejército”. Es decir, que si a nivel federal, la Defensa cancela el permiso, los GOPE tamaulipecos —que además han sido señalados y acusados de varios casos de abusos policíacos, violación de derechos humanos y hasta asesinatos de migrantes como el ocurrido hace unos meses en Camargo— ya no podrían ser utilizados en el estado ni disparar una sola bala en defensa de nadie, menos del gobernador Cabeza de Vaca. Y anoche, fuentes militares aseguraban que ya hubo una solicitud en la Sedena para cancelar esos permisos otorgados al gobierno de Tamaulipas, con lo que, cualquier uso de esos vehículos militares apostados afuera de la Casa de Gobierno en Ciudad Victoria, sería ilegal y violatorio de la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Parece que van a empezar a desarmar al gobernador rebelde de Tamaulipas… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana negra.

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TRES EN RAYA/Verónica Malo Guzmán / 

El Heraldo de México

El mejor negocio de mi vida

Andrés Manuel dice que el mejor negocio de su vida ha sido la cancelación del NAIM

Andrés Manuel dice que el mejor negocio de su vida ha sido la cancelación del NAIM. Señal de que no sabe hacer cuentas y/o de que, como el dinero no es suyo, no le importa perderlo a velocidad de propulsión a chorro. Me pregunto: ¿cómo habrán estado el resto de los negocios que ha hecho?

Y aunque la frase solo la ha mencionado con respecto al cancelado aeropuerto en Texcoco, aplica para la paupérrima realidad en la que la Cuarta Transformación invierte —o más bien dicho pierde y desinvierte— el dinero de las arcas nacionales que nosotros, los contribuyentes cumplidores (entre los cuales durante décadas no figuró el propio López Obrador), hemos generado.

La suma del dinero invertido en el Tren Maya, AIFA (Sta Lucía), Dos Bocas, estadios de baseball y en las sucursales del Banco del Bienestar ha dejado a otros programas sin recursos para funcionar. Y eso que no menciono el barril sin fondo que representan conjuntamente Pemex y ahora también la CFE. Estas dos últimas empresas improductivas y con pésimas administraciones, que en lugar de ser exitosas (en términos económicos y sociales), solo han demostrado ser una bandera ideológica que tienen empeñado el futuro nacional.

El tema del aeropuerto de Santa Lucía tiene dos aristas:

1) Texcoco.- Pagaremos más de 300 mil millones de pesos por 26 años por algo que NO tendremos; por el mantenimiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez que no hubiera sido necesario con el NAICM; eso además de los más de 113 mil millones de pesos que ya se erogaron por su cancelación (un 200% más de lo que se había programado).

2) Santa Lucía.- Estamos pagando por algo que no sirve y no se podrá utilizar, muy independientemente de que AMLO anunció ayer que ya hay un avance del 60 por ciento en la construcción...

Su costo, incluyendo la conexión terrestre al actual AICMX, asciende a 82 mil millones de pesos (el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados señala que en el 2020 se incrementó 128% el gasto contemplado para la obra). Total, que al final no tendremos ni uno ni otro aeropuerto y, eso sí, asumiremos un hoyo financiero que tardaremos en pagar más de un cuarto de siglo.

En los estadios de baseball, deporte adorado por López Obrador, a la fecha la erogación sobrepasa los 1,300 millones de pesos. Para las 13,000 sucursales del Banco del Bienestar se calculan 10 mil millones de pesos, más los costos de mantenimiento que superarán los 3,000 millones anuales.

Para Dos Bocas inicialmente se calculó un costo de 8 mil millones de DÓLARES; en este momento dicha cifra ya aumentó otros 900, esto es más del 11%, y según diversas proyecciones, subirá al menos otro 10%.

El Tren Maya no se queda atrás. Pasó de un presupuesto de 150 mil millones de pesos a uno de 180 mil millones; aunque, dicho por el director de Fonatur, “se debe a cambios realizados”, pero no por falta de planeación...

Mientras Pemex, tan solo el costo financiero, traducido en pago de intereses, comisiones y amortizaciones por su deuda, alcanzó el nivel más alto que se haya registrado en los últimos 30 años.

Se pagaron 101 mil millones de pesos (enero-agosto 2020, según SHCP). La reestructuración de la deuda por parte de la 4T ha sido a tasas muy altas y esto se debe al deterioro de la calificación de Pemex, dado que su estrategia de negocios no es rentable.

Por su parte, la CFE —tan solo de costo financiero— pagó el año pasado 17 mil millones de pesos. Además de un sobre costo (no hay cifras oficiales) por negarse a usar energías alternativas.

Los costos se acumulan, traducidos en dinero tirado a la basura, cuando que es urgente comprar vacunas, medicinas oncológicas, invertir en infraestructura o en reducir la erosión de la tierra. Además, falta preguntarnos: ¿dónde están los ahorros que tanto pregona AMLO por quitar la "corrupción"? ¿Existen? No se sabe.

Las propuestas de la 4T solo permiten vislumbrar que al final de este sexenio no tendremos NADA. A eso se resume la presente administración.

Una cosa es cierta: la transformación lopezobradorista no es un fracaso económico; se trata de un saqueo exitoso favorable para muchos de sus miembros y seguidores. Los costos los seguiremos pagando la sociedad en su conjunto. De allí que, sin duda alguna, todo resulta para AMLO ser ‘el mejor negocio de su vida’.

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“CAJA CHINA” CON AROMA TABASQUEÑO /Amador Narcia / 

El Universal

¿Bastará con esto para “tapar” la tragedia del Metro?

A 18 días de las elecciones del 6 de junio, el Presidente jaló la marca hacia el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

De manera insólita, en efecto, el poderoso senador morenista, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, reveló en Twitter: “Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”.

Monreal dio a conocer que ya había una orden de aprehensión, que el gobernador tamaulipeco se fugó y que se buscaría la desaparición de poderes en ese estado. Y fue más allá, aseguró que el gobernador podría estar ya fuera de México, declararse perseguido político y mantener el control del gobierno estatal, a través de sus allegados.

46 minutos después, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Dr. Santiago Nieto, remató, también en Twitter: “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”.

Dijo que investigaría si se financiaron ilegalmente campañas electorales, para denunciarlo.

Volaron en escuadrón.

El gobernador respondió que “los motivos políticos son evidentes. Que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive.

No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”.

Dijo que se defenderá aunque el piso no sea parejo y que México no es la Nación de un solo hombre pues nos pertenece a todos.

Fue arropado por legisladores y dirigentes de su propio partido, el PAN, y también del PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano.

En la mañanera del jueves, el presidente López Obrador dejó muy claro: “Yo no estoy dando instrucciones (…) yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, encubrir a nadie no soy tapadera”.

Y añadió que, aunque no fuera política ni jurídicamente correcto, daría a conocer la carta que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al titular de la UIF, donde solicita información sobre García Cabeza de Vaca y otras personas y empresas “que se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos”.

Advirtió que haría lo mismo que con el general Cienfuegos (dar a conocer todos los pormenores) para que no hubiera suspicacias hacia su gobierno.

El Congreso de Tamaulipas aprobó presentar una denuncia contra los responsables de solicitar y ejecutar la orden de aprehensión contra el gobernador. Ricardo Monreal insistió en un acuerdo político que incluiría que pidiera licencia.

El viernes, el Presidente pidió que la Corte resolviera lo más pronto posible si tiene fuero o no y que como Poder Judicial asuma su responsabilidad.

¿Bastará con esto para “tapar” la tragedia de la Línea 12 del Metro, el raspón a Sheinbaum y Ebrard, la caída en su popularidad y que los resultados electorales no serán los que imaginaba?

Monitor republicano

Desaparecer poderes en los estados no es inédito. Ha sucedido 49 veces, 5 de ellas en Tamaulipas.

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LINOTIPIA/Peniley Ramírez / 

Reforma

'Seis años perdidos'

Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña para la Presidencia en 2018, solía decir que en su gobierno la economía mexicana crecería al 4% cada año.

Luego, se atrevió a anunciar que crecería a un 6% al término de su mandato. Con las elecciones del próximo 6 de junio, se acerca la mitad del sexenio obradorista y los números, más allá de la pandemia, auguran un resultado económico preocupante, lejano a sus promesas electorales.

México es uno de los países en la región que tiene un índice más alto de crecimiento de su población. Al tiempo que crece la población, debería crecer también el Producto Interno Bruto (PIB), que mide la actividad económica; la cantidad de dinero en las manos de cada persona.

Este PIB había caído con la crisis económica de 2009, se recuperó poco a poco durante una década, cayó de nuevo en 2019 y se estrelló en 2020, el año de la pandemia.

"Fue la pandemia", dicen quienes defienden al gobierno. Sin embargo, otros expertos aseguran que hay que fijarse en cómo la falta actual de inversión privada y desde el gobierno ha estancado el crecimiento.

Quienes defienden al gobierno afirman que se invierte en proyectos "estratégicos" -el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas-, y el dinero llega a los más necesitados, vía los programas sociales.

El problema con esta lógica es que, por una parte, se invierte en proyectos cuestionados, cuyo resultado demorará mucho tiempo en reflejarse en la economía.

Por otra parte, los programas sociales se están entregando sin certeza de quiénes son los beneficiarios, porque no queda claro cómo se realizó el Censo de Bienestar.

En 2020, la economía mexicana cayó en un 8.5% del PIB, mientras su vecino más importante, Estados Unidos, logró que esa contracción fuera del 3.5%.

Muchos economistas consideran que esta disparidad se debe a que México siguió una política de recorte de gasto mientras Estados Unidos ayudó a la población vulnerable, pero también a que rescató negocios, especialmente pequeños y medianos.

La fórmula obradorista de 2018 incluía la tan anunciada austeridad, pero también que la iniciativa privada invirtiera cada año un 20% del PIB y el gobierno, al menos un 5%.

Las cifras oficiales muestran, en cambio, que la inversión privada en México no está alcanzando más del 17% y la pública ronda el 3%.

López Obrador no acepta públicamente que su gobierno invierte mucho menos de lo que prometió, pero documentos públicos lo confirman.

Uno de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo, me dijo para esta columna Carlos Urzúa, quien era el secretario de Hacienda obradorista cuando ese Plan se publicó. Urzúa cree que el obradorismo, en términos económicos, serán "seis años perdidos" y que se parece a lo que vivió México con Miguel de la Madrid -llamado "el sexenio de crecimiento cero".

Urzúa cree que al final de 2024 el PIB por persona en México será igual -o aún menor- al que tenía el país en 2018. "Eso significa un estancamiento de seis años. Es una cifra que a López Obrador le va a herir mucho. Es el derrumbe de las expectativas, de este castillo de aire. Es un asunto de la pandemia, a la par de una mala política económica", me dijo Urzúa.

Para él, que acompañó a López Obrador en su proyecto económico durante años, primero en la Ciudad de México y luego en el gobierno federal, su exjefe cometió "muchos errores, no solo la cancelación del aeropuerto". Este año, el gobierno federal ha tenido algo de dinero extra con la extinción de los fideicomisos, pero en 2022 "ese dinero ya no estará más", dijo Urzúa. "Es un sexenio perdido en términos de bienestar social, de la felicidad que pueden tener los habitantes de un país".

Algunas cifras públicas refuerzan su hipótesis: la deuda pública está aumentando, el gasto corriente se incrementa, la inversión pública baja; la privada se desploma.

Así llega el obradorismo a las urnas. Muchos no entienden estas cifras de economistas, pero lo ven en sus propias economías familiares, diariamente.

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EL DESAFUERO DEL GOBERNADOR/Sergio García Ramírez / 

El Universal

Hemos visto graves vulneraciones a la Constitución. Pero ésta no ha perdido vigencia y esperamos que conserve eficacia. Actualmente, la principal línea de defensa de la Constitución reside en los juzgadores, grupo asediado y amenazado. Ahora se halla en juego un asunto que merece atención porque atañe a la vigencia del orden constitucional. Aludo al desafuero del gobernador de Tamaulipas.

No asumo posición alguna sobre la responsabilidad penal de ese funcionario. Ignoro si es responsable de los delitos que se le atribuyen.

Tampoco me animan las filias y las fobias de quienes se han colocado en los extremos de un áspero debate. La responsabilidad penal es asunto de las autoridades de este ramo y los desencuentros políticos son expresión del clima que prevalece y de la vocación incendiaria de quien conduce la nave de la República. Guardo distancia de unos y otros, pero no de la Constitución y el Estado de Derecho.

La norma aplicable en este caso es el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución, relativo a la declaratoria de procedencia que emite la Cámara de Diputados cuando considera que un gobernador debe someterse a la justicia penal como presunto responsable de un delito federal. La declaratoria se turna a la Legislatura del Estado al que pertenece el funcionario “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda”.

En consecuencia, la privación de inmunidad y el avance del proceso penal dependen de dos decisiones coincidentes, no de una sola: la primera es la declaratoria de la Cámara de Diputados; la segunda es la decisión de la Legislatura local. Eso dispone la Constitución. En el caso del gobernador de Tamaulipas no existe esa coincidencia; por el contrario, hay discrepancia. El Congreso del Estado no ha resuelto que se prive de inmunidad al gobernador.

El texto actual del artículo 111 proviene de una reforma promovida por el presidente de la República el 3 de diciembre de 1982. En la iniciativa presidencial no figuraba el párrafo que establece la intervención decisiva de la Legislatura local. Ésta fue agregada en el Senado.

La adición obedeció, explícitamente, a la necesidad de preservar la soberanía de los Estados en lo relativo al ejercicio de sus mandatarios, que no pueden ser removidos por la Cámara de Diputados. Tampoco se favoreció la impunidad: cuando concluya el mandato del imputado continuará el procedimiento penal hasta culminar en sentencia, que puede ser condenatoria.

Así se dijo en el Senado de la República, y así se votó en la Cámara de Diputados. No hubo cuestionamiento de los representantes de la oposición (PSUM y PAN, entonces). Están a la mano las constancias de este proceso de reforma constitucional.

En consecuencia, si la Legislatura local no aprueba el desafuero subsiste la inmunidad y el funcionario cuestionado conserva su cargo hasta que concluya el periodo para el que fue electo. Esta es la norma constitucional. Puede parecernos acertada o errónea, pero conserva vigencia mientras no sea reformada. No lo ha sido hasta hoy.

En consecuencia, el sujeto involucrado en este procedimiento sigue siendo gobernador y contando con fuero (inmunidad). No está a merced de las decisiones de otras autoridades.

No lo está si todavía rige la Constitución General de la República. Si ésta ha perdido eficacia —como ha ocurrido en otros casos— no sólo corre peligro el gobernador de una entidad federativa. Privados de la protección constitucional, todos corremos peligro. Es nuestra realidad. Conviene reflexionar: ni en favor ni en contra del gobernador; sólo en acatamiento de la Constitución.

 Profesor emérito de la UNAM.

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POLÍTICA ZOOM /Ricardo Raphael / 

Milenio Diario

¿Quién terminará en la cárcel, el juez o el gobernador?

¿Tiene o no fuero el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca? Esta es hoy la principal pregunta de un escándalo político que, como pocos, ha puesto en jaque al país.

Antes de acusar al mandatario tamaulipeco es necesario investigarlo y antes de investigarlo es necesario quitarle el fuero. La Constitución no prevé atajos ni pasadizos: la primera puerta se abre con la llave del desafuero, la segunda con la investigación y la tercera con la acusación.

Sin embargo, el pasado miércoles 19 de mayo, el juez federal de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, saltándose la secuencia, dictó orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por el delito de delincuencia organizada.

El asunto prueba la falta de destreza jurídica de acusadores y la prisa electorera con que se parió

Este funcionario del Poder Judicial federal, cuyo nombramiento es apenas de enero de 2021, pudo haber delinquido contra la administración de justicia y cabe imaginar un escenario en dónde sea él, y no el gobernador, quien termine tras las rejas.

El artículo 225 del Código Penal Federal (fracción XIX) dice que comete un delito quien abra “procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin haberlo retirado previamente.”

En otras palabras, en la hipótesis de que García Cabeza de Vaca conserve aún el fuero, el juez Zeferín Hernández tendría que ser encausado criminalmente.

Si bien es cierto que la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez que dictó la orden de aprehensión consideraron que el pasado mes de abril, el mandatario perdió el fuero gracias al juicio de procedencia celebrado por la Cámara de Diputados, también lo es que, tanto el Congreso local de Tamaulipas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen una opinión contraria.

El Legislativo tamaulipeco se negó a retirar el fuero al gobernador argumentando que, conforme a la Constitución local, no es San Lázaro quien puede desaforar, en última instancia, al mandatario estatal.

Confirmó la interpretación local la decisión del ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, quien refrendó la libertad del Congreso local para no asumir como propio el juicio de procedencia de la Cámara de Diputados.

Así las cosas, el caso García Cabeza de Vaca es una moneda que no toca aún el suelo: o tienen razón San Lázaro y la Fiscalía o bien la tienen el Congreso local y la SCJN.

Quien suponga que este arroz ya se coció – el desafuero – peca de arrogante pitonisa.

Se requiere de la frialdad del cirujano para descifrar lo que va a ocurrir. El día de ayer, el Congreso de Tamaulipas presentó una segunda controversia constitucional razonando que tanto la FGR como el juez Zeferín Hernández invadieron facultades.

En los hechos el legislativo tamaulipeco dobló su apuesta: si consigue que la Corte le conceda otra vez razón, tanto el juez como los funcionarios de la fiscalía serán acusados por la comisión de un delito muy delicado. En cambio, si la Corte interpreta de una manera distinta a como lo hizo la primera vez, será García Cabeza de Vaca quien termine pisando una prisión federal. Mientras este enredo sigue tejiendo complicaciones, fuera del pleito constitucional unos acusan con enjundia al gobernador García Cabeza de Vaca por narcotraficante y otros lo defienden, también con enjundia, porque lo consideran víctima del uso faccioso de la justicia.

Ciertamente lo que digan ambos bandos es irrelevante. Esta batalla se está llevando a cabo sobre un tablero de ajedrez cuyas piezas son sutiles y quienes las mueven son jugadores expertos.

Debe por otra parte tomarse en cuenta que esta partida no solo involucra la suerte del gobernador acusado, o del juez que lo acusa; al final afectará también las reglas que definen al federalismo mexicano.

Si, posterior a este episodio, la Cámara de Diputados puede desaforar y los congresos locales están obligados secundar automáticamente, el poder nacional – el centralismo– se habrá impuesto sobre el resto de la Federación.

En cambio, si la última palabra respecto al desafuero de un mandatario recae en los Congresos locales, el federalismo constitucional renacerá fortalecido de esta controversia constitucional.

Por tanto, a estas alturas del juego ya no son tema estelar los posibles vínculos de García Cabeza de Vaca con el crimen organizado, o las acusaciones que pudieran hacerse en su contra por tráfico de influencias.

El debate legal ha escalado a tal punto que quien está sometida a juicio es la Carta Magna: la conclusión de este episodio definirá cuán federalista o centralista es el pacto constitucional mexicano.

Desde el primer momento era previsible que esta controversia alcanzaría tal complicación.

Una lectura simultánea y sistemática de las constituciones federal y local era suficiente para prever lo que está sucediendo.

Sin embargo, lo que no era predecible era la debilidad de las acusaciones que la FGR presentó en contra de García Cabeza de Vaca ante la comisión instructora de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, entre las pruebas presentadas en abril, solamente prosperó un supuesto fraude fiscal por poco más de seis millones de pesos, presuntamente cometido por García Cabeza de Vaca en su declaración del año 2020.

Este supuesto fraude tiene como solución que el gobernador rectifique y pague el adeudo reclamado. De hacerlo así, el juicio de procedencia celebrado por la Cámara de Diputados se quedaría sin materia.

Este argumento igualmente habrá de pesar en el ánimo de la Corte. En caso de concederle razón a la FGR y a San Lázaro, el máximo órgano judicial estaría otorgando valor a futuros juicios de desafuero fundados en pruebas de cargo en exceso endebles.

Una cosa es tirar a un gobernante por causas probables y probadas y otra muy distinta desbarrancarlo con una espada de madera.

El caso García Cabeza de Vaca nació débil. Ello no prueba su inocencia sino la falta de destreza jurídica de sus acusadores y la prisa electorera con que se parió el asunto.@#

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EL SANTO OFICIO (José Luis Martínez S. / Milenio Diario)

Doña Olga y sus lagunas

E n la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2019, al referirse a la decisión del Congreso de Baja California de prolongar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, Olga Sánchez Cordero dijo: “La reforma o la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo”.

Pero el 1 de noviembre, luego de asistir como representante del gobierno federal a la toma de posesión de Bonilla, una laguna mental la hizo olvidarse de sus palabras.

En una reunión con el gobernador y su equipo en Tijuana, difundida por Facebook, comentó: “Ahorita acabo de hacer una declaración importante”. “¿Ah, sí?, cuénteme”, pidió el mandatario.

“Me dijeron: ¿es legal los cinco años? Les digo: es legal porque la norma está vigente y es una norma que está así”, respondió. Bonilla saltó de gusto: “¡Eso es todo lo que necesitamos! Aunque no nos den los cinco años, con eso tengo”. La funcionaria sentenció: “Para mí, la norma va a pervivir”.

Una ráfaga de viento ardiente en los medios y las redes sociales le devolvió la memoria casi de inmediato. En una entrevista con Alisa Alanís en MILENIO reiteró su oposición a la ampliación pretendida por Bonilla y para contextualizar sus dichos, recordó: “Yo siempre voté en contra, por inconstitucionalidad, de la prórroga a los magistrados electorales y ese es mi criterio”.

Una nueva laguna le ha impedido manifestarse con claridad sobre la reforma legislativa con la cual se agregan dos años al periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. El caso es similar al de los magistrados electorales, pero la secretaria de Gobernación está enlagunada.

Sánchez Cordero ha expresado su respeto a la división de poderes y a la independencia de los poderes locales, pero en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, soslaya la decisión del Congreso local y el resolutivo del ministro de la SCJN, José Luis González Alcántara Carrancá, y dice: “Para mí (el gobernador) no tiene fuero” y para justificar sus palabras alude a “una laguna legal”.

En fin, así están las cosas en la 4T…

Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.

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PARALAJE (Liébano Sáenz / Milenio Diario)

Mínimos electorales

Normalmente, las elecciones se valoran en función de ganadores y no favorecidos. Es explicable, de eso se trata la contienda. Sin embargo, es preciso remitirse al juego en sí mismo, independientemente del resultado. Considero que esto es lo fundamental, aunque también el haber interiorizado la normalidad democrática lo vuelve quizá ocioso o irrelevante.

Lo fundamental es que las elecciones se desarrollen con orden y sean concurridas. Como se decía hace décadas, que los votos cuenten y se cuenten. A lo anterior hay que incorporar la legalidad del proceso y la imparcialidad de las autoridades electorales, subrayo, electorales. Mi postura de siempre ha sido y así lo escribí hace dos décadas en la Presidencia Moderna, que es natural que en la elección intermedia los ejecutivos busquen ser ratificados en su mandato con mayoría en el Congreso. Lo que sí debe haber son límites para evitar el abuso del poder y alterar las premisas básicas de equidad.

La ley electoral es restrictiva en extremo de las libertades políticas derivado de la experiencia, para algunos traumática, del proceso electoral de 2006. Sí soy de la idea de que hay que repensar una reforma electoral en función del ciudadano, no de los partidos ni de las autoridades. Al INE debe fortalecerse en su condición de organizador de las elecciones y las tareas de sanción deben trasladarse a otro órgano. No se pueden realizar las dos funciones sin tensiones y desgaste para lo fundamental que es organizar los comicios.

Estimo que los actores políticos y los sociales, desde ahora, deben emprender una labor no solo orientada al interés del resultado, sino revalorar y acreditar en la ciudadanía que después de mucho tiempo y esfuerzo, logramos un sistema electoral ejemplar al mejor estándar de cualquier país, lo que no es poca cosa a partir de los antecedentes.

Desde luego que hay problemas que no se pueden soslayar. En mi apreciación, el mayor es la amenaza del crimen y su presencia en el financiamiento de campañas. Todos debemos hacer un frente común para contener este problema, particularmente porque se centra en la autoridad municipal, las más frágil y, en muchos sentidos, la más importante.