Las columnas políticas hoy, viernes 23 de julio de 2021

EL CARTÓN DE HOY..

Cartón de Paco Calderón: "Regreso a clases". En el salón la muerte, con todo y guadaña, ofrece un virus Covid a una nenita que con su tapabocas ofrece una manzana y pregunta: "... y la maistra?” REFORMA

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Listos para el diálogo

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer estar listo para sostener negociaciones en México con la Oposición, que encabeza Juan Guaidó, a quien EU y decenas de países más reconocen como el Presidente encargado.

"Estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela", expresó el Mandatario en una alocución televisada.

En entrevista con el canal colombiano RCN, Guaidó también dijo estar listo.

De momento, no hay una fecha prevista para iniciar el diálogo, del cual Noruega fungiría como mediador y cuya sede sería México.

Maduro ha puesto sobre la mesa el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre su Gobierno, mientras que Guaidó exige elecciones libres. (REFORMA)

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De 'El Señor de los Cielos', al señor del sindicato

José Luis Patiño (Izquierda); Amado Carillo (centro); Pedro Haces (izquierda). Foto: Especial

José Luis Patiño Esquivel, ex agente de la Policía Judicial Federal en los 90 y señalado de proteger a "El Señor de los Cielos", Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez, reapareció el fin de semana en el cumpleaños 56 del senador de Morena, Pedro Haces, líder de la CATEM, el nuevo sindicato afín a la 4T.

Ayer, AMLO fue cuestionado sobre su relación con la CATEM y presuntos abusos en la construcción del Tren Maya. 

"Dicen que el sindicato es de usted", le preguntaron al Presidente. 

"No tengo sindicatos ya ves que me echan la culpa de todo, hasta si se hacen algunas cosas me echan la culpa a mí y no sólo es CATEM, es la CTM, es la CROC, todas las organizaciones sindicales se portan bien", explicó el Presidente. (Reforma)

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 Un bar, domicilio fiscal de una empresa que vendió Pegasus

La empresa Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., que entre 2015 y 2016 se adjudicó tres contratos por 94 mdp con la Comisión Nacional del Agua, con domicilio fiscal en Pennsylvania 15, en la colonia Nápoles. Fotos: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Esta empresa definida como fachada por la UIF, ofrecía servicios de construcción, reconstrucción y mantenimiento, no tiene página oficial en internet y no se promociona en redes sociales, en internet, no existe, aunque los contratos que obtuvo con Conagua, de acuerdo con documentos localizados en CompraNet dicen lo contrario.

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Suspenden audiencia contra Zaga Tawil

Un juez federal suspendió una audiencia programada para este viernes a las 10:00 horas en la que Teófilo Zaga Tawil, preso por el caso Telra-Infonavit, iba a ser imputado de una presunta defraudación fiscal de 98 millones 182 mil 717 pesos.

Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al empresario, que entre otras cosas deja sin efecto la celebración de la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte.

"Se concede a Teófilo Zaga Tawil la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se lleve a cabo -por el momento- la audiencia inicial de la causa penal 98/2020, fijada para el 23 de julio del presente año, a efecto de evitar perjuicios a los interesados y mantener viva la materia del juicio de amparo", acordó el juzgador.

Zaga presentó su demanda contra la audiencia porque ésta ya había sido iniciada en el pasado reciente y el juez decretó la suspensión del proceso.

Adicionalmente, reclamó que el administrador del CJPF, Pedro Serret Hernández, aceptó una solicitud de la FGR para cambiar el juez de la causa y fijar una nueva fecha para formular la imputación.

El juez que desde hace más de un año ha estado a cargo de este procedimiento es Juan Carlos Ramírez Benítez y, con la solicitud de la FGR, el caso fue returnado a Marco Antonio Fuerte Tapia.

Por este caso de defraudación fiscal, un delito que permite llevar el proceso en libertad, Zaga fue citado por primera vez a una audiencia inicial el 12 de mayo de 2020.

Sin embargo, un día antes, el Juez Ramírez conoció el asunto y, conforme a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, para valorar los casos que deben tramitarse durante la contingencia del COVID-19, determinó que el asunto no tenía el carácter de urgente al no estar implicada la libertad del imputado ni tratarse de un delito con prisión preventiva oficiosa.

Desde entonces, por diversas razones, para la Fiscalía ha resultado imposible que el empresario sea vinculado a proceso.

La Fiscalía hizo otros intentos para que Teófilo fuera procesado, pero al no conseguirlo el 18 de mayo pidió una nueva fecha para la audiencia inicial y returnar el caso a un juez distinto a Ramírez Benítez. El administrador del CJPF fijó para el 9 de julio la audiencia y concedió el cambio de juez.

La defensa de Zaga promovió un recurso para reclamar ambos acuerdos, sin embargo, el administrador sólo cambió la fecha de la diligencia para este viernes 23. En cuanto al reclamo por el cambio de juez, no le transmitió la solicitud a Ramírez. Por eso el imputado presentó el amparo en el que ahora consiguió la suspensión de la audiencia en la que sería imputado.

Teófilo Zaga fue detenido el 30 de abril pasado en Xochitepec, Morelos, y actualmente se encuentra preso en el Penal del Altiplano por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En ese asunto le imputan que su empresa Telra Realty cobró una indemnización ilegal de 5 mil 88 millones de pesos al Infonavit, luego de que éste diera por terminados los contratos para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.

La Fiscalía sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y "sorpresivamente" los funcionarios del Infonavit supuestamente simularon un proceso de mediación. (Nota de Abel Barajas de Reforma).

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OCHO COLUMNAS 23 DE JULIO:

1. Reforma. ADVIERTEN ABUSOS EN REFORMA JUDICIAL. Alerta amparo de súper poderes y discrecionalidad contra juzgadores

2. El Universal. UN BAR, DOMICILIO FISCAL DE UNA EMPRESA QUE VENDIÓ PEGASUS. Otras compañías presentaron un departamento en la colonia Nápoles y una oficina en Polanco como sus direcciones oficiales

3. La Jornada. RIESGO BRUTAL EN EL SISTEMA ELÉCTRICO POR CORTES DE IP A LA RED: BARTLETT. Informe final sobre apagón de 2020

4. Milenio. QUINCE ENTIDADES, LISTAS PARA REGRESAR A LAS AULAS. López Obrador insiste en la reapertura porque sostiene, como Unicef, que los niños no son focos graves de contagio; doce estados esperarán el semáforo verde

5. Excélsior. PARTIDOS RECIBEN MULTA HISTÓRICA DE MIL 330 MDP. Anoche, consejeros aprobaron en lo general sanciones por irregularidades en reportes de gastos y fiscalización

6. El Financiero. CONSENSO PARA DAR PRÓRROGA EN LEY DE OUTSOURCING. Ni el Gobierno ni la IP están listos para la entrada en vigor

7. El Economista. SECTOR MAQUILADOR DE EXPORTACIÓN APRIETA EL PASO EN INVERSIONES. En el I Trimestre invirtió 60% del total de todo el 2019

8. La Razón. POR COSTAR 300 MDP RECHAZAN REGALAR A CORRAL ESCOLTA Y GASOLINA POR 4 AÑOS. Prepara blindaje antes de irse

9. 24 Horas. SIN FÁRMACOS, TAMBIÉN ENFERMOS TERMINALES. “No hay opioides para atender el dolor”, reportan médicos

10. Reporte Indigo. LA HISTORIA COMO HERRAMIENTA POLÍTICA. El actual Gobierno federal y las autoridades de la CDMX han decidido cambiar fechas, renombrar calles, sitios emblemáticos y retirar esculturas de la capital con el objetivo de reescribir la historia desde un sentido más nacionalista que cumpla con su agenda política

11. La Crónica. AL VERDE, UN AÑO SIN ACCESO A RADIO Y TV. Se suma a la multa de $40.9 millones por la compra ilegal de publicidad

12. El Sol de México. SUBE A 90 LA CIFRA DE HOSPITALES SATURADOS. Ya no hay camas Covid

13. El Heraldo de México. MULTA DE 83 MDP A MC POR FAMILIA DE SAMUEL. El INE aprobó las sanciones al partido y al gobernador electo de NL por los posts en redes y recursos recibidos

14. Ovaciones. FOSFO, FOSFO: MULTA INE A MC CON 83 MDP. Esposa de Samuel no le cobró spots; hallan dinero ilegal

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Las columnas políticas hoy, viernes 23 de julio de 2021

Templo Mayor de REFORMA

¡AH, CARAY! Cuando el priista Adrián Rubalcava denunció que su celular había sido hackeado, parecía tratarse de un hecho aislado. Pero ayer que dieron a conocer lo mismo el morenista Víctor Romo y el mandamás del Senado, Ricardo Monreal, la cosa ya se puso bastante extraña.

Y MÁS extraño resulta en estos días en que tanto se habla del espionaje desde las esferas gubernamentales. En medio de la polémica por Pegasus, el gobierno federal ha sido incapaz de demostrar que ya no cuenta con ese tipo de herramientas. Y es que no, ni modo, no basta con que el Presidente diga: "ya no se espía".

EXISTEN VERSIONES de que los políticos hackeados son víctimas de una banda que opera ¡desde el Reclusorio Norte! Esta idea se refuerza con el hecho de que desde las cuentas de WhatsApp se está tratando de estafar a los contactos de los afectados.

SIN EMBARGO, aunque realmente se tratara de un simple atraco, ¿cómo consiguieron los teléfonos particulares de esos políticos? ¿A cuántos más les ha pasado lo mismo en estos días? Resulta muy difícil de creer que se trate de una simple casualidad; casi tan difícil... como hackear un celular.

"QUÍTESE el bozal", le dijo Manuel Bartlett a un reportero en referencia al cubrebocas que llevaba puesto, durante la conferencia de la CFE. No saben cuidarse de la pandemia y dicen que van a salvar la soberanía nacional. No, pos' sí. (Bozal "5. m. Dispositivo que se pone a ciertos animales, preferentemente a los perros, en el hocico para que no muerdan.)

ALGO no cuadra en las cuentas del INE en la fiscalización de Samuel García y del Partido Verde. Y es que al gobernador electo de Nuevo León le están contabilizando los posteos de su esposa en redes sociales en 40 mil pesos la foto y en 20 mil pesos las stories en Instagram.

PARA los verdes se está aplicando la misma tarifa, nomás que hay una pequeña diferencia. Mariana Rodríguez, la esposa de García, en efecto es sumamente popular, pero su número de seguidores es de 1.8 millones. En cambio, el PVEM contrató a una treintena de influencers, youtubers y celebridades cuyo alcance es muuucho más alto.

SÓLO para darse una idea, Bárbara de Regil tiene 8 millones de seguidores en Instagram; Laura G tiene 2.8 millones, Raúl Araiza 1.5 millones y, agárrense, Belinda (sí, la que apoya a AMLO) tiene 13.8 millones. Por pura lógica, la multa a los verdes tendría que ser conforme al alcance de su estafa y no nada más por la cantidad de trampas.

POR CIERTO que en la sesión del INE, se volvió a poner en duda el triunfo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Fue devuelto el expediente a la Unidad de Fiscalización para que revise e incluya otras tres quejas sobre el evidente, perdón, supuesto rebase en el tope de gastos de campaña. Y dado que ganó por menos de 5 por ciento, en una de esas se podría anular la elección. El pollito verde debe estar temblando y no de frío, pío, pío, pío.

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Bajo Reserva/EL UNIVERSAL

Un acto más de contradicción afecta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.  Pese a que por meses, el tabasqueño no se ha cansado de señalar a la embajada de Estados Unidos en México y de incluso, enviar una nota diplomática, por el financiamiento que reciben “grupos opositores” (organizaciones civiles), ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de Gobernación (Segob) presentó el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas” en donde destaca que éste contó con el apoyo de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), la misma que entrega dinero de manera directa a los grupos cuyo objetivo es, también, la consolidación democrática del país. ¿Ese apoyo no es parte de una intervención extranjera en el país? Nuevamente hay un doble rasero.

Palos de ciego en Palacio

Muchas muestras de apoyo ha recibido en redes sociales el periodista Julio Hernández López luego de que fue mencionado en la sección “Quién es Quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia de prensa mañanera.  Sorprendió que incluyeran a un comunicador que se ha distinguido por ir  contra corriente de otros periodistas vilipendiados con mayor frecuencia por la 4T, como Carlos Loret de Mola. Ana García Vilchis, encargada de esa sección, acusó a Hernández López de publicar información falsa sobre el intento de expropiación de más de mil 800 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para desarrollar un proyecto urbano, pese a que Hernández López había proporcionado datos al respecto.  Con este acto, el gobierno federal actual demuestra que no está dispuesto a aceptar ninguna crítica, ningún disenso, ni siquiera de quienes a veces coinciden con sus posiciones.

El hackeo está de moda

Algo extraño pasó ayer que varios personajes de la política sacaron tuits con un espacio de horas entre ellos para denunciar exactamente lo mismo: que alguien había tomado control de sus números de celular, por lo que pedían ignorar cualquier mensaje o llamada que proviniera de sus números en esos momentos. Los afectados fueron el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. ¿Será que, con Pegasus en boca de todos, alguien ya está probando un nuevo sistema de espionaje más efectivo? ¿Quién está detrás ahora?

Otro punto para García Cabeza de Vaca

En donde la libró el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue en la sesión del Consejo General del INE. Por más que la consejera Carla Humphrey expuso una serie de argumentos y documentos sobre el presunto apoyo financiero del mandatario y de empresas radicadas en territorio tamaulipeco al candidato a gobernador de la alianza “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza, no prosperó ninguna sanción hacia el tamaulipeco. Con esta racha de descargos, el mandatario logra tener un frente abierto menos, mientras que en el ámbito federal, parece que sus acusadores están más ocupados en sus pleitos internos que en proceder en su contra.

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Confidencial/ EL FINANCIERO

De hackeos…

De acuerdo con el legislador zacatecano, Ricardo Monreal, desde la noche del miércoles su número de celular fue intervenido, impidiéndole acceder a cualquier aplicación, señala Confidencial.

Con la novedad que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue víctima del hackeo. De acuerdo con el legislador zacatecano, desde la noche del miércoles su número de celular fue intervenido, impidiéndole acceder a cualquier aplicación, por lo que pidió ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. En el contexto de la investigación Pegasus Project, cabría preguntarse si el espionaje realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no continúa durante la administración actual. Es pregunta.

…Y no hackeos

Y hablando de hackeos, no sólo Monreal fue víctima. También Víctor Hugo Romo, alcalde morenista saliente de Miguel Hidalgo, y Adrián Rubalcava, alcalde priista reelecto de Cuajimalpa, padecieron la intervención de sus teléfonos. Y ya que ayer fue día de “cibermalandros”, cualquiera pensaría que Beatriz Gutiérrez Müller también fue blanco de los hackers. Pero no, el mensaje que posteó en su Instagram es auténtico. En la fotografía que subió se ven ella y su esposo, el presidente López Obrador, caminando de la mano, y la acompaña del mensaje: “Somos ‘Los maléficos’, para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México (…)”.

¿'Yo no fui, fue Teté'?

A la representación de Movimiento Ciudadano en el INE le hizo ruido que, si la queja contra Samuel García la presentó el PVEM, Morena la nombrara como suya. Por ello cuestionó si fue el partido guinda el que se la dio al ecologista o en su caso los del PRI –partido que también tundió a Samuel– los que se las dieron al Verde. Incluso deslizó la posibilidad de que cualquiera de esos dos partidos, morenistas o tricolores, hubieran pagado los influencers del Verde. Ay ajá…Ya no hallan cómo zafarse de sus tropelías.

Marca “Mariana Rodríguez”

Y a propósito de la campaña de Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, consideró “ofensivo” que el INE quiera ponerle precio al apoyo que le dio como influencer a su marido. “Yo no soy ninguna cosa a la que le pueden poner un precio”, se quejó la pareja del emecista, hoy gobernador electo de Nuevo León. Pero resulta que “Mariana Rodríguez” es ¡una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial! Y, además, se aplica, entre otras cosas, a publicidad. ¿Entonces? En todo caso, el presidente del INE ya le mandó decir al político regio que quien no esté conforme, que impugne, así de sencillo.

Atizan debate por los pluris

La reforma electoral que el presidente López Obrador ha anticipado genera cada vez más debate. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha cuestionado la intención de desaparecer los legisladores plurinominales, y ha señalado que esa promesa es muy cómoda cuando se está en el poder. A contrapelo, este miércoles, el presidente de la Jucopo de la Cámara alta, Ricardo Monreal sentenció que los plurinominales nunca debieron existir en el Senado. “Nunca debió haberse alterado la fórmula paritaria del Senado (porque esa cámara) representa a las entidades federativas (…) es la paridad por entidad federativa, sin importar el número de habitantes o el tamaño del territorio”, señaló. Se va a poner interesante la discusión de la reforma.

“Desgobierno” en Morena

En el partido del Presidente nomás no se ve para cuándo habrá “orden, organización y coordinación”, admiten sus propios militantes. Luego de que ayer su dirigente nacional, Mario Delgado, dijo en Guerrero que en Morena “no hay división”, que lo que hay son “conflictos internos” que resolver, pero que se comenzarán a revisar “después de la consulta del 1 de agosto”, legisladores federales morenistas revelaron que “lo que pasa es que no le quieren ni le pueden entrar a organizar y hacer de Morena eso, un partido”. También señalan que “patean el bote, porque es un partido ingobernable y hay un permanente desgobierno interno”; que “cada quien hace lo que quiere porque no hay un jefe, sólo el presidente AMLO”, admiten.

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Estrictamente Personal

Juegos peligrosos/Raymundo Riva Palacio

EL FINANCIERO, julio 23, 2021 ;

La información sobre el espionaje en México ha sido abundante esta semana, aunque ni así se ha actuado con la seriedad que se requiere. Este miércoles Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó diferentes programas de seguridad que, bajo el paraguas del mal uso de Pegasus, diseñado para combatir a criminales y terroristas, aunque también sirvió para espionaje político –dejó entrever la posibilidad de que durante los dos últimos gobiernos–, hubieran servido para lavar dinero. O sea, lo mismo de siempre. Sólo importa la narrativa del combate a la corrupción, no investigar la violación de derechos humanos y el abuso de poder.

Los detalles que dio Nieto alimentan la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero no son novedosos, pues la prensa lleva años revelando mucho del contenido que presentó. Lo más importante de lo que dijo, sin embargo, fue lo que no dijo, de acuerdo con funcionarios federales con conocimiento de los programas a los que se refirió, y a los que ni siquiera mencionó.

Nieto reiteró que durante el gobierno de Peña Nieto la Procuraduría General de la República adquirió el programa Pegasus en 32 millones de dólares. Sin embargo, funcionarios en las áreas de seguridad recuerdan que el primer programa Pegasus vendido por la empresa israelí NSO Group lo adquirió en 2011 la Secretaría de la Defensa. Uno más, también dentro del gobierno de Peña Nieto, fue comprado por el Cisen. Es decir, no fue uno, sino tres programas Pegasus los adquiridos, por 32 millones de dólares cada uno. Entre lo que soslayó Nieto está que cada teléfono intervenido tenía un costo de 10 mil dólares mensuales.

El gobierno asegura que ya no hay programas para espiar. En realidad, ninguna empresa vende programas para ‘espiar’. Son programas diseñados para la seguridad, interna y externa, integrados al sistema de contrainteligencia –que realizan todos los gobiernos–, aunque en algunas ocasiones se ha abusado de ellos para dañar políticamente a adversarios, al filtrar audios y videos de figuras públicas en situaciones incómodas, ilegítimas, ilegales o difícil o imposible de explicar públicamente.

El presidente López Obrador no quiere abrir una investigación sobre el espionaje –el Congreso, que estaría obligado a hacerlo porque sus representados fueron afectados, menos–, lo que lo hace omiso en su responsabilidad y pudiera ser, si se aplicara la ley, responsable por omisión. Lo que quiere el Presidente, y para eso puso a Nieto a hablar, es dar vuelo a las acusaciones de corrupción e inyectar combustible a su campaña electoral permanente. Es decir, no se acota el abuso, se persigue a adversarios.

Iniciar una investigación no parece convenirle al gobierno. Cuando menos, según fuentes gubernamentales, Pegasus sigue funcionando en el Centro Nacional de Inteligencia, sustituto del Cisen. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como se ha denunciado, existe otro sistema de intervención telefónica que ayuda a establecer las redes de vínculos del usuario. Desde ahí, se reveló recientemente en la prensa, se intervinieron teléfonos celulares de periodistas. También investigaron a quienes protestaban por el tema del agua en la presa de La Boquilla en Chihuahua –de donde salieron acusaciones públicas e infundadas contra políticos–, y voltearon de cabeza a los líderes del movimiento anti-López Obrador, FRENAA, para encontrar cómo neutralizarlos.

López Obrador ha dicho que su gobierno no espía. Esta semana, sin embargo, el periódico madrileño El País reveló que la Fiscalía General compró en 2019 y 2020 cuatro programas para la geolocalización de celulares y análisis de metadata a la compañía mexicana Neolinx, intermediaria de la empresa italiana Hacking Team. No detalló qué programa adquirió, pero hace cinco años se publicó en este espacio que el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y 11 gobiernos estatales espiaron masivamente a mexicanos a través de Galileo, un programa de Hacking Team que intervenía dispositivos móviles, copiaba mensajes de texto, conversaciones en internet y Skype, y extraía los datos y el historial de las computadoras, audios e imágenes.

Para un gobierno que sólo ataca a sus antecesores con acusaciones de corrupción, iniciar una investigación para saber qué sucedió, como lo están haciendo en otras partes del mundo en el caso Pegasus, podría ser contraproducente, porque tendría que revisarse a sí mismo, y podría llevarse el Presidente alguna sorpresa. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa, que tanto apoya, aunque no está claro si sigue operando ese programa, tiene otro sistema que llaman ‘El Pulpo’, que infecta los teléfonos celulares y permite encender sus cámaras y dar su geolocalización.

Sin embargo, uno pensaría que el gobierno está obligado a hacerlo. Difícilmente sucederá porque López Obrador tendría que admitir que su gobierno emplea programas para la seguridad como instrumento de contrainteligencia –otra vez, vulgarmente conocido como espionaje político–, que como en todo el mundo, permite a los gobiernos prevenir amenazas e ingobernabilidad. Él ha dado pruebas de que no entiende estos matices, pero en el caso de Pegasus enfrenta un problema que debe atender.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo recientemente que estaba considerando una investigación del NSO Group para determinar si sabía que Pegasus estaba siendo utilizado para fines ajenos al contrato, que al necesitar el aval del ministerio para venderlo, el escándalo del espionaje global lo involucra. Gantz anticipó que revisarían si los gobiernos a quienes se les vendió respetaron los términos del contrato, que es lo que tendría que atajar López Obrador, antes de que le acarree problemas.

La relación entre los dos gobiernos pasa por un muy mal momento. Con 15 mil teléfonos celulares como objetivo de Pegasus, casi una tercera parte del total en el mundo, México estará en lo alto de la lista para revisar. Hará bien el gobierno en investigar presuntos actos de corrupción en otros contratos, pero hará mal al ignorar el espionaje de Pegasus porque Israel, eventualmente, podría colocarlo en una situación incómoda.

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AMLO y EPN: les preocupa más la prensa que sus raterías/Carlos Loret de Mola

El Universal. 23/07/2021 

En junio de 2017, en un reportaje de portada, el periódico The New York Times denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto había usado Pegasus para espiar a un grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas (entre ellos, yo). Es decir, esta primera denuncia se hizo en pleno sexenio peñista.

Los intentos de infectar mi teléfono celular con el software espía coincidían con la revelación, hecha en estas Historias de Reportero, sobre la matanza extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, que el gobierno de Peña Nieto estaba tratando de maquillar como un enfrentamiento entre policías federales y narcos.

En ese entonces, la PGR peñista abrió una investigación y me pidió entregar mi teléfono celular como elemento probatorio. Leyó usted bien: el gobierno que intentaba espiarme a través de mi celular me pedía entregarles el celular. Me negué.

Hace unos días, un consorcio de medios de comunicación (The Washington Post, The Guardian, El País…) reveló que Pegasus tenía en varios países 50 mil teléfonos objetivo para hacer espionaje con fines políticos y no de seguridad nacional (para lo que se supone que fue diseñado el mentado software). Los periodistas que realizaron la investigación dieron a conocer que, en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se espió al entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador, su familia y sus más cercanos colaboradores, además de una nutrida lista de activistas, periodistas, intelectuales, críticos, etc. Ayer, EL UNIVERSAL publicó en primera plana que, según la Unidad de Inteligencia Financiera del presidente AMLO, estoy entre los espiados en el sexenio anterior, aparentemente en la ya popular lista de “los maléficos”.

(Una nota personal y divertida: hoy da risa, pero en los tiempos de Peña Nieto las presiones más fuertes que recibí desde Los Pinos por mis críticas y denuncias venían acompañadas de un “es que Loret le va a López Obrador”).

El presidente López Obrador, desde hace años, ha acusado a muchos periodistas de haber “callado como momias” frente a los excesos de los gobiernos anteriores. Es una hipocresía: para hacer campaña opositora, él retomó muchas investigaciones de esos mismos periodistas a los que hoy ataca. Los escándalos de espionaje en el sexenio de Peña, revelados y apuntalados por su propia administración, sepultan su argumento del “callaron como momias”. Muerta su frase favorita para descalificar a la prensa. Cae por su propio peso: es una más de sus mentiras.

Hoy, López Obrador tiene que lidiar con la sospecha, ventilada en espacios periodísticos, de que él mismo tiene una red de espionaje contra periodistas que somos críticos de su administración. Él lo ha negado repetidamente. Lo que el caso Pegasus nos revela es que más pronto que tarde se sabe la verdad.

Lo que es cierto es que Peña y López Obrador son parecidos en algo: siempre muy preocupados y muy pendientes de lo que digan y hagan los periodistas, pero totalmente ciegos a la corrupción en su propia casa.

historiasreportero@gmail.com

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Pemex vs. FGR en caso Lozoya/Mario Maldonado

Lozoya cumplió, pero para el fiscal cada día es más difícil garantizar que no pisará la cárcel, porque la información aportada no configura el criterio de oportunidad

El Universal, 23/07/2021;

El acuerdo que se hizo entre la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya Austin para ser extraditado de España a México con un criterio de oportunidad está sacando chispas en la definición del caso del exdirector general de Pemex.

Resulta que desde el área jurídica de Pemex se ha dado la indicación de no aceptar el acuerdo reparatorio que el Ministerio Público impulsa con el exdirector general de la petrolera mexicana, toda vez que no existen las condiciones legales para concretarlo, además de que el daño que Lozoya ocasionó a las finanzas, estructura, operación e imagen de la empresa es prácticamente imposible de reparar.

El lunes dimos a conocer que la representación legal de Petróleos Mexicanos, encabezada por Octavio Romero Oropeza, fue citada la semana pasada a la Fiscalía para sostener una reunión con el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cuyo objetivo es diseñar acuerdos que procuren la reparación de los daños ocasionados a víctimas u ofendidos de delitos penales, sin necesidad de llevar los temas al ámbito judicial.

Este hecho no era otra cosa más que llevar a la práctica aquella promesa que, según los abogados de Lozoya Austin, le hiciera en julio de 2020 Alejandro Gertz Manero al padre de Lozoya Austin, Emilio Lozoya Thalmann, en el sentido de que obtendría “beneficios” si facilitaba el proceso de extradición, y si cooperaba para construir una denuncia en la que se señalaran actos de corrupción de políticos y exfuncionarios de las administraciones pasadas. Estos personajes, 70 en total, fueron incluidos en la querella de 63 páginas que se hizo pública tan sólo un mes después del retorno del exdirector de Pemex a México.

Lozoya cumplió con su parte, pero para el Fiscal cada día es más difícil garantizar que no pisará la cárcel, debido a que la información aportada contra exfuncionarios de mayor jerarquía –incluidos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– no es suficiente para configurar la figura del criterio de oportunidad, y en el que un eventual acuerdo de reparación de daños no cuenta siquiera con el consenso de todas las partes involucradas.

Los argumentos de Pemex para rechazar una posible conciliación se basan también en que los delitos cometidos contra la petrolera no cumplen con los requisitos que establece el Artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece las soluciones alternas a un proceso ordinario que podría derivar en la extinción de la acción penal.

Dicho artículo indica que el delito susceptible de acuerdo reparatorio debe perseguirse por querella o requisito equivalente; no obstante, la mayoría de los delitos que se le imputan a Lozoya Austin, relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se persiguen de oficio. También resulta una complicación que la conciliación y reparación de daños solamente procede cuando existe un patrimonio y una víctima tangible a la que se le deba reparar, una situación que difícilmente podría definirse ante el inconmensurable saqueo que se hizo de Pemex durante la administración pasada.

El requisito al que jamás se le podrá dar cumplimiento es el referente a que los delitos en los que se acepta un acuerdo reparatorio son aquellos que están tipificados como culposos, es decir, cuando estos se cometieron sin intención. De ahí que por más que Emilio Lozoya insista en sus escritos que no tenía conocimiento de los manejos financieros de sus jefes, Luis Videgaray y Peña Nieto, sería una verdadera catástrofe para el sistema de justicia del país el que la FGR asuma los actos delictivos de Lozoya como carentes de dolo.

¿Y la vacuna mexicana ‘Patria’?

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que México trabajaba en el desarrollo de una vacuna propia contra el Covid-19; se trata del antígeno denominado ‘Patria’ que, según el Conacyt, estaría disponible a partir de enero de 2022.

Platiqué ayer con el doctor Adolfo García-Sastre, director del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de New York, uno de los participantes en la investigación y desarrollo de la vacuna, quien me confirmó que es posible que esté lista para aplicarse el próximo año.

Actualmente los estudios se encuentran en la fase dos, por lo que los voluntarios ya estarían a punto de recibir la segunda dosis de la vacuna.

 Quintana Roo contra crimen organizado

En medio de la tercera ola de contagios por Covid-19, en Quintana Roo se están reforzando las tareas de seguridad a través del combate al crimen organizado y al tráfico de sustancias ilícitas, de ahí que en lo que va de 2021 se han asegurado 172 armas de fuego, se han interceptado 171 mil 924 recipientes con estupefacientes y se han asegurado 104 vehículos utilizados para delinquir. 

Según reportes gubernamentales, en los últimos tres años la policía de la entidad que encabeza Carlos Joaquín González ha detenido a mil 923 presuntos delincuentes, en su mayoría vinculados a ocho grupos criminales involucrados principalmente en el tráfico de drogas, y ha realizado operativos para trasladar a unos 143 presos de alta peligrosidad a centros federales de máxima seguridad.

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¡Alto al crimen de Estado contra niños!/Ricardo Alemán

#ItinerarioPolítico

RicardoAlemanMx

En el México de López Obrador, los niños y las mujeres son algunos de los sectores sociales más vulnerables y peor atendidos por las instituciones del Estado.

En especial las niñas y los niños mexicanos viven uno de los peores momentos en la historia; enfrentan abandono y desinterés oficial; son víctimas  de los efectos perniciosos de la pandemia –como la orfandad y la carencia educativa–, pero sobre todo son blanco de las bandas criminales.

Y es que hoy en México, ser niño es sinónimo de marginación en todos los rubros; seguridad, salud, bienestar, educación y futuro.

Pero acaso la peor noticia es que en la mayoría de los casos las niñas y los niños mexicanos son víctimas de intolerables crímenes de Estado.

Es decir, que el desdén oficial y el "valemadrismo" del gobierno federal empujan las tragedias cotidianas contra las niñas y niños de todo el país.

Y el ejemplo más visible, como todos saben, son los miles de niños víctimas de cáncer, muchos de los cuales han muerto a causa de un criminal desinterés oficial.

Pero vamos por partes.

Un crimen de Estado es toda acción ilegal lanzada contra los ciudadanos y cometida por uno o más agentes del Estado.

El crimen de Estado lo cometen no sólo quienes desde el poder ordenan una acción ilegal que lesiona los derechos ciudadanos, sino que son corresponsables de un crimen de Estado aquellas autoridades omisas, indolentes o ineficaces.

Y en el gobierno de López Obrador, como ya se dijo, uno de los mayores crímenes de Estado se comete contra los niños en general –niñas y niños–, de manera particular en las regiones más pobres y de mayor violencia.

Peor aún, a causa de la pandemia y de violencia creciente, los niños mexicanos han visto reducir sus derechos y libertades y cada día son más las víctimas de las bandas criminales.

Han perdido el derecho a una familia, a educación, salud, vivienda y derecho al juego, además de que son empujados de manera creciente a la criminalidad, ante la mirada indolente de un gobierno federal al que nada le importa.

¿A quién, en México, le importan los niños?

No le importan a López Obrador y menos a su gobierno.

Y si lo dudan, vamos a un repaso de los peligros que enfrentan las niñas y niños en México y que nada hace el gobierno para impedirlo.

1.- Carencia de salud. En este rubro aparecen el cáncer infantil, que es la segunda causa de muerte en México, sólo después de los accidentes.

Estimaciones de la SSA señalan que el universo de niños con cáncer en México alcanza los 20 mil casos. 

Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) del 11 de diciembre de 2019 al 11 diciembre de 2020 se registraron 2 mil 190 decesos de menores de edad, causados por la detección tardía de la enfermedad, por la falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos médicos y las complicaciones propias de la enfermedad.

Otras estimaciones señalan que el número de niños enfermos de cáncer que perdieron la vida en los primeros 30 meses del gobierno de López Obrador supera los 5 mil.

Pero la tragedia es mayor si vemos el impacto que tendrá la cancelación del Seguro Siglo XXI, que atendía a cuatro millones de niños de escasos recursos, en todo el país.

Pero hay más. La cancelación de las 9 mil 200 Estancias Infantiles para ayuda a madres trabajadoras, decretada por López Obrador a principios de 2019, dejó sin educación elemental a casi 500 mil niños y sin posibilidad de trabajo a igual número de madres.

A esa tragedia se debe agregar la cancelación de Escuelas de Tiempo Completo que daban igualdad a miles de niñas también en todo el territorio nacional.

Y la pandemia también arroja una cifra escalofriante de niños muertos.

Entre el 12 de abril de 2020 y el 18 de julio de 2021, al menos 588 menores murieron en México por covid, según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

2.- Orfandad. Un reciente estudio de la revista científica The Lancet, México es el país en el que más niños han perdido a alguno de sus padres o tutores debido a la pandemia de covid-19.

Del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021, en México un total de 131 mil 325 menores de 18 años quedaron en la orfandad al morir por el virus sus cuidadores principales, que pueden ser padre o madre.

Sin embargo, los datos también revelaron que, en el mismo periodo, un total de 203 mil 549 menores perdieron por el coronavirus a sus padres, abuelos, cuidadores primarios o secundarios, es decir, las personas que vivían con ellos. 

3.- Reclutamiento por el crimen organizado. Según el más reciente informe de Reinserta AC, entre 2019 y 2021 el crimen organizado habría reclutado a por lo menos 100 mil niños en todo el país.

Según dicha organización los niños corren mayor riesgo de violencia criminal en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas.

La mayoría de esas entidades hoy gobernadas por el partido Morena

4.- Desplazamiento forzado. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno –que monitorea las familias de todo el país que son desplazadas por algún tipo de violencia–, sólo en 2021 se detectaron 9 mil 200 desplazamientos, con la movilización de 357 mil personas.

De ese total, por lo menos el 10 por ciento son niños; es decir 35 mil niños a los que les arrebataron su derecho a la vivienda.

5.- Violencia y crimen. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) de enero a octubre de 2020, unas 10 mil 200 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de lesiones; mil 971 de homicidio; mil 426 de corrupción de menores; 221 de trata de personas; 163 de extorsión; 93 de feminicidio; 92 de rapto y 68 de secuestro.

La misma fuente señala que 63% de las niñas y niños han experimentado disciplina violenta en México, que se agudizó en el último año con la pandemia.

Tan sólo del 1 de enero al 10 de diciembre de 2020, hay por lo menos 3 mil 225 niñas, niños y adolescentes desaparecidas.

Y volvemos a preguntar: ¿A quién, en México, le importan los niños?

Está claro que no le importan a López Obrador, tampoco a su partido, menos al Congreso y no se diga a la Corte.

Sí, los niños son el sector social más relegado en el gobierno de Morena.

Al tiempo.

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Democracia ¿sin partidos?/René Delgado

Sobreaviso

EL FINANCIERO, julio 23, 2021 :

Concentrada la atención en la figura presidencial, inadvertida pasa la crisis de los partidos y, por lo mismo, la consecuencia que a la postre habrá de acarrear: la pérdida de la institucionalidad y la civilidad para canalizar y resolver las diferencias, acompañada del recrudecimiento de los peores vicios de la subcultura política.

El régimen de partidos se descompone a pasos agigantados. Ahí se explica por qué la extorsión, el chantaje y la amenaza, así como la violencia, el crimen y la corrupción tienden a convertirse en instrumento de los actores políticos para posicionarse en la escena, buscar arreglos bajo cuerda, alcanzar objetivos e intentar doblegar al contrario... para entenderse a partir de la bajeza.

Más tarde, cuando luz y sonido de la escenografía montada en Palacio Nacional se apaguen y el eje del universo deje de ser aquella figura, el telón de fondo de la política será un hoyo negro.

La revisión del estado de los partidos es pavoroso. Plantea un absurdo: ¿puede sobrevivir una democracia sin partidos? Esa pregunta escuece, la que ya arroja una certeza es que sí puede haber partidos sin democracia.

Ninguna formación política –incluido el movimiento en el poder– escapa a esa circunstancia. Una descompostura que, por donde corre, augura una lucha encarnizada por conservar o arrebatar el poder sin claridad del sentido de éste, y cuyo prolegómeno serán los pleitos internos para alzarse, primero, con el control y dominio de la respectiva organización y, luego, con los restos, intentar establecer su hegemonía.

Si hace ya tiempo los partidos dejaron de ser instrumento de la ciudadanía, la crisis tiende a convertirlos en herramienta de camarillas facciosas. Grupos no siempre con ansia de poder, sino tan sólo de las prerrogativas, prebendas y posiciones que deja estar al frente de ellos, gracias a un sistema electoral que, sin querer, degrada al régimen de partidos y privilegia el acceso al poder, pero no el ejercicio de él.

El mismo movimiento que encumbró a Andrés Manuel López Obrador, vive la circunstancia del resto de los partidos.

El mismo liderazgo que Morena venera con respeto y con miedo, impulsa y frena al movimiento, resumiendo la doble actitud en una confusa relación. Lo lidera, pero no lo encabeza y sí lo utiliza para sus fines, al modo de quien requiere de un vehículo para llegar a un sitio y, después, desentenderse de él. Tal uso y desuso le niega a Morena consolidarse, institucionalizarse y organizarse a la luz del porvenir mediato sin estar, valga el recurso, a la sombra del caudillo.

Los cuadros formados de Morena –y los hay– no se atreven a tomar sana distancia del líder y, ante el temor de contrariarlo, aunque después los dejé, agachan la cerviz. Quizá rechinando los dientes, pero contemporizan con él a sabiendas del costo supuesto de esa relación temporal. Y los socios elevados a rango de dirigentes, operadores o coordinadores de Morena –también los hay– sólo cuidan su posición, a la espera de crecerla en la primer oportunidad.

Cuanto más tarde Morena en definir y fijar los términos de su relación, más profunda será la crisis en la cual se adentra. El pasaje que el líder adquirió con el movimiento es sencillo, no redondo.

Las camarillas al frente del panismo y el priismo no están claras si sus padrinos que –así cómo los custodian, los abandonan– les impusieron un matrimonio de interés o si su confraternidad responde a la necesidad y la orfandad política.

Ambas direcciones, sin embargo, comienzan a resentir cómo, dentro de su estructura, surgen grupos resueltos a desplazarlos. Ante ese asedio y la zigzagueante postura de los gobernadores, las dirigencias albiazul y tricolor se aferran al puesto de mando, intentando asegurar la dirección del partido y las coordinaciones parlamentarias.

Complicada la situación de esas dirigencias, tiene además otro problema. Los cuadros formados en que apoyan su dominio partidista operan con miedo, nerviosos por los manchones que pudieran descubrirse en su hoja de servicios y, obviamente, los cuadros en formación carecen de peso y experiencia.

El rol de contención que enarbolan como el resultado mayor de las elecciones no pasa de ahí. Saben qué no quieren, pero no qué quieren, como tampoco hasta dónde y hasta cuándo puede durar ese matrimonio sin luna de miel o esa confraternidad sin lazos sanguíneos.

La gran aspiración de esas camarillas es seguir al frente de sus partidos, dejando al azar el resto.

De los otros partidos –si así se les puede llamar– destacan dos, por razones distintas: Movimiento Ciudadano que ensaya una vía distinta a la del resto y el Verde que, tal como los delincuentes de oficio, reincide en prácticas y estrategias propias de la canalla, en la frontera que hermana a la política y el delito.

El Verde ha hecho de las prerrogativas un fondo con reparto periódico de beneficios. Entiende multas y sanciones no como un gasto, sino como una inversión; la postulación de algunas candidaturas como la renta o venta de una posición con tasa de rendimiento sujeto al resultado; las posturas como una cartera de bonos… Siempre seguro de contar con la tolerancia de quien lo solapa como partido o lo contrata como cómplice con título de aliado, tal cual lo hace ahora Morena. Ejemplo, la defensa de Andrés Manuel López Obrador de Ricardo Gallardo, destinado a competir por el distrito de Almoloya de Juárez.

D4 los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo su situación es como la de este espacio, no da más.

Con tal elenco de partidos, es más fácil hablar de espionaje, extorsión, moche, chantaje, amenaza, transa, asociación delictuosa, violencia y crimen político que de democracia.

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López Obrador y la desmovilización activa del Ejército/Marcela Gómez Zalce

No hay dedo presidencial ni distractor mañanero que pueda tapar la estela de muerte, de impunidad y el nulo estado de Derecho en regiones enteras

EL UNIVERSAL, 23/07/2021;

La memoria es un suceso y un proceso colectivo. Hay memorias sueltas y las emblemáticas. Estas últimas no son sólo una memoria, una “cosa” concreta y sustantiva de un solo contenido, más bien es una especie de marco que con el tiempo va incorporando hechos.

Andrés Manuel López Obrador es un hombre obstinado, de ideas fijas y difícil de convencer aún por parte de su círculo cercano. Rencoroso, guarda en ese pecho que arguye “no es bodega” duros acontecimientos que han marcado su vida política y su experiencia con nuestras fuerzas armadas no ha sido la excepción.

Quizá por eso, y envalentonado por el margen que le dio el voto de castigo que en el 2018 lo llevó a la Presidencia, decidió que sería él quien modificaría su rol en la cacareada transformación.

Y el 19 de julio de 2019 en una entrevista con (obvio) La Jornada espetó muy osado: “Si por mí fuera desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita al Ejército y que la defensa de la Nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos.” Su audaz y temeraria declaración fue rematada por las palabras de que no era factible su deseo por “las resistencias” sin abundar, por supuesto, cuáles eran o quienes las encabezaban.

El círculo verde olivo acusó recibo de la intención presidencial y el agravio está latente en esa memoria.

Dos años después López Obrador está en su ruta de “desaparecer” al Ejército. Atomizado en múltiples labores civiles la institución es víctima de una especie de desmovilización activa. No desaparece sino sólo se transforma en administradores, albañiles, jardineros y un larguísimo etcétera y en la Guardia Nacional prometida aquel 19 de julio. La misma que en un “país pacifista” es vejada, humillada y sometida por las organizaciones criminales a quien el Estado mexicano abraza (fracasa) y tolera.

Aprovechando la institucionalidad castrense el Ejecutivo y sus pedestres cortesanos estiran una cuerda cuya tensión en un lado no se está midiendo porque ellos tienen “otros datos”. La escalada de violencia y la fallida estrategia en materia de seguridad costará a México en el rubro económico, geopolítico y social. No hay dedo presidencial ni distractor mañanero que pueda tapar la estela de muerte, de impunidad y el nulo estado de Derecho en regiones enteras donde el surgimiento de autodefensas, grupos paramilitares y comandos armados desafía diariamente sin pudor ni temor alguno.

A este contexto se suma la abierta narcopolítica y la cruenta disputa morena entre facciones y facciosos golpeando un tejido institucional endeble. La apuesta presidencial de someter al alto mando a su cosmovisión es una carrera contra el tiempo, en pleno tercer año, con una sucesión abierta y peligrosos flancos abiertos. Sin saber quizá que cada vez más fuerte se escucha un murmullo de fastidio desdibujando el verde olivo en verde… opaco.

POR LA MIRILLA

1. El vaso de la Ciudad de México está medio lleno y aplazar la transición en las Alcaldías ganadas por la oposición es sin duda un pésimo cálculo político.

2. No hay ninguna curva de contagios sino una ascendente línea vertical. Este tercer repunte enfrentado sin personal suficiente para hacer pruebas y suministrar vacunas está llevando a la capital y al país a una catástrofe sanitaria.

3. Entre algunos de los “influencers” que promovieron el voto por el PVEM manejan que a una de ellas —la de personalidad arrebatada— se le pagaron 10 mdp. La queja fue que a muchos “sólo” les dieron 4 mdp…Quizá habría que indagar con la persona de la agencia que les envió vía WhatsApp el guión y las instrucciones de dónde y con quién recibir el pago. Cínicos.

@GomezZalce

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Intensa e impune Operación Pegasus/ Raúl Trejo Delarbre  

La Crónica, 2021-07-19 

El software de espionaje Pegasus fue utilizado para vigilar 50 mil números de teléfonos celulares en diez países. De esos teléfonos, 15 mil eran mexicanos. 

   Esa cifra permite reconocer la insistencia y la intensidad del espionaje telefónico en nuestro país. Los datos que se conocieron ayer, gracias a una investigación periodística internacional, corresponden a registros de 2016 y 2017, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

   El espionaje telefónico es posible gracias a la infiltración de los celulares con programas que los usuarios no detectan. Pero es, sobre todo, un recurso de estados policiacos y totalitarios. Los jueces, en situaciones de excepción, pueden autorizar la intercepción de teléfonos para acechar y combatir a delincuentes. Sin embargo en México y otros sitios se ha realizado espionaje con propósitos políticos. 

   México coincide, en esa práctica, con países de dudosa o nula democracia. En Azerbaijan fueron espiados al menos 48 periodistas, en India 38 y otros tantos en Marruecos, en Emiratos Árabes Unidos 12. En México hay registro de por lo menos 25 periodistas cuyos celulares fueron interceptados.

   Desde hace al menos cuatro años se sabía que el programa Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, fue empleado en México para espiar a periodistas y activistas sociales. Ese software reenvía conversaciones, mensajes y la ubicación del teléfono así interceptado e incluso puede activar la cámara y el micrófono del celular. En sus primeras versiones Pegasus se instalaba cuando el usuario del teléfono abría una liga recibida por correo o mensajería, pero ahora puede ser infiltrado gracias a fallas de seguridad en celulares Android o iPhones. La empresa israelí dice que sólo vende el software a agencias de inteligencia y organismos policiacos gubernamentales.

   Las nuevas revelaciones sobre el espionaje apuntalado en ese software se deben a la filtración de una lista con 50 mil números de teléfonos celulares vigilados por clientes de NSO Group. A partir de ella la organización Forbidden Stories, que promueve el periodismo de investigación, coordinó a 17 medios internacionales para localizar y revisar algunos de esos aparatos telefónicos con apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional. Más de la mitad de los teléfonos examinados tenían huellas de haber sido infiltrados con el programa Pegasus.

   En la investigación participan, entre otros, The Guardian, The Washington Post, Le Monde y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias. De acuerdo con The Guardian, en la relación de números vigilados se encuentran los teléfonos de “centenares de ejecutivos de empresas, figuras religiosas, académicos, empleados de organismos no gubernamentales, funcionarios de sindicatos y gobiernos, incluyendo miembros de gabinetes, presidentes y primeros ministros”.

   En México, de acuerdo con Proceso, entre los celulares intervenidos están los de al menos 25 periodistas, entre ellos Ricardo Alemán, Pascal Beltrán del Río, Alejandro Caballero, Jorge Carrasco, Salvador García Soto, Luis Hernández Navarro, Pablo Hiriart, Lourdes Mendoza, Ricardo Raphael, Raymundo Riva Palacio, Rafael Rodríguez Castañeda, Ignacio Rodríguez Reyna, Yuriria Sierra, Marcela Turati y Jenaro Villamil. También estaba el número telefónico del reportero Cecilio Pineda, que fue asesinado el 2 de marzo de 2017 en Ciudad Altamirano y que había denunciado vínculos políticos de grupos de narcotraficantes en Guerrero.

   En junio de 1919 la Red de Defensa de Derechos Digitales  y The New York Times informaron que el gobierno de Peña Nieto empleaba Pegasus para espiar a periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga y a directivos de organizaciones no gubernamentales. Se supo entonces que, en México, Pegasus era utilizado por la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

   La confirmación del espionaje a periodistas, así como a otros ciudadanos, constituye un motivo más para que la justicia mexicana se ocupe de las numerosas ilegalidades del gobierno de Peña Nieto. Por otra parte el presidente López Obrador podrá confirmar, con esa lista, que muchos de los periodistas a quienes hoy acusa porque difunden informaciones que no le gustan eran espiados por gobiernos con los que, según él, contemporizaban. Lo mismo ocurre con organizaciones sociales a las que AMLO desacredita y que eran víctimas de vigilancia telefónica.

   El actual gobierno dirá que el espionaje ya no existe, pero se requieren garantías y mecanismos de fiscalización eficaces para asegurar que esas prácticas desaparezcan. La periodista Marcela Turati, entrevistada en Proceso, advierte: “No podemos decir que esto ya se terminó, porque no sabemos qué ha hecho este gobierno por la denuncia que se puso en el tema de Pegasus y tampoco vemos una depuración de las estructuras en algunas áreas de la PGR, donde se han albergado las cabecillas de estos grupos dedicados al espionaje”.

   Más allá de la intercepción telefónica, la protección a los periodistas en riesgo resulta cada vez más débil e ineficaz. En una nota sobre el asesinato hace cuatro años de Cecilio Pineda, The Guardian dice en su edición de este domingo: “México es el país más peligroso del mundo para los periodistas, fuera de las zonas de guerra. El mes pasado dos periodistas fueron asesinados en una semana, con lo cual la cifra de muertos ascendió al menos hasta 86 desde 2010, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas”.

   En México tenemos que asegurarnos de que el espionaje, a cargo del gobierno o de cualquier institución o grupo, sea indagado y sancionado. Por desgracia con demasiada frecuencia medios y gobierno propalan, e incluso celebran, conversaciones telefónicas que han sido registradas de manera ilegal.

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Villa, el asesino

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA. 23 Jul. 2021

"Un asesino hizo un villano,

millones un héroe”. Beilby Porteus

 El 20 de julio, 98º aniversario luctuoso de Pancho Villa, Claudia Sheinbaum le rindió homenaje en el Monumento a la Revolución. Paco Ignacio Taibo II, autor de una "biografía narrativa" de Villa y director del Fondo de Cultura Económica, dijo en la ceremonia: "Villa es fundamental. Es la rabia y la fuerza de un movimiento social que tiró una dictadura. Y recordarlo es eso... ¿De dónde venimos? Para poder decir quiénes somos, de dónde venimos, venimos de un cúmulo de luchas en las que Villa es una figura ejemplar...".

A algunos les sorprenderá que Taibo, nacido en Gijón, España, pontifique sobre quiénes somos y de dónde venimos los mexicanos. Yo pienso que como mexicano naturalizado tiene derecho a asumir como propia la historia nacional. Lo que asombra es su referencia a Villa como "figura ejemplar". Sería más certero llamarlo asesino y violador.

La biografía de Taibo exuda admiración. Al final, retoma una leyenda según la cual los restos del general no son los que reposan en el Monumento a la Revolución: "Francisco Villa, manteniendo sus mejores tradiciones y su mejor estilo, se volvió a fugar, logró escapar, tuvo éxito en huir, una vez más, del sistema". Su rastro de violencia no le preocupa.

El 2 de diciembre de 1915 Villa ordenó el asesinato de todos los hombres adultos de San Pedro de la Cueva, Sonora. Cuando el párroco trató de detenerlo, "sacó la pistola y lo mató allí mismo", según Friedrich Katz. "Setenta y nueve habitantes del pueblo fueron fusilados". El 8 de abril de 1917 entró a Namiquipa, Chihuahua, buscando a un grupo armado, Defensa Social, para reclutarlo por la fuerza. Los hombres se retiraron del pueblo, pero Villa ordenó el secuestro de las mujeres, 110 en total, de 16 años para arriba. Roberto Merino describió: "¡Y entonces se agarró con la que pudo y las demás se las entregó a los soldados!". Todas fueron violadas.

José María Jaurrieta, secretario de Villa, narró cómo en 1916 una mujer le reclamó en Camargo el asesinato de su marido, un pagador. El general le voló los sesos. "Pero eso no fue suficiente para aplacar su furia", escribió Héctor Aguilar Camín; ordenó el asesinato de decenas de soldaderas carrancistas apresadas. "Hasta su leal secretario resintió la escena terrible que vino a continuación. Con una profunda revulsión moral vio los cuerpos de las 90 mujeres, apilados uno sobre otro, privadas de la vida por balas villistas. Terminó de sacudirlo la visión absurda de un niño de dos años riendo y jugando alegremente, sentado sobre el cuerpo de su madre muerta con las manos llenas de su sangre".

La historia oficial ha tratado de soslayar estos y otros crímenes. Martín Luis Guzmán transformó el secuestro y violación de Concepción del Hierro, "quien sufrió una semana de terror encerrada en un vagón de Villa, llorando a gritos y pidiendo compasión y auxilio", según Raúl Herrera Márquez, en una visita de amor de una joven que lloró durante días porque extrañaba su casa. Guzmán también menospreció el secuestro y violación de una francesa en la Ciudad de México, "magno escándalo a ojos de unos cuantos timoratos y para gente sencilla que sabe poco del corazón femenino en general y menos todavía del femenino y francés en particular". Taibo II reduce el número de asesinadas en Camargo de 90 a 14, como si eso disminuyera la crueldad.

No, Villa no tiene nada de ejemplar. Fue un asesino y violador. Reidezel Mendoza lo ha documentado en su libro Crímenes de Francisco Villa. Pero la historia la escriben los vencedores. Los viejos priistas decidieron incorporar a Villa a su santoral, los nuevos también.

· OUTSOURCING

Muchas empresas están enfrentando enormes problemas para ajustarse a la ley de subcontratación que entrará en vigor el 1o. de agosto. Si no se extiende el plazo, millones perderán su empleo o trabajarán en la ilegalidad.

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Qué les preocupaba?/Marcela Turati

en REFORMA, 23 Jul. 2021

Leo en un reportaje publicado el fin de semana que mi número telefónico, el de otros 24 colegas, y el de miles de personas más, están en la lista de objetivos de espionaje del gobierno mexicano. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millones a cambio de licencias del malware Pegasus. Mi mente no para de hacerse preguntas que sólo la Fiscalía General de la República podrá contestar. Las preguntas me llevan también a un diálogo interno con el que trato de dar sentido a las implicaciones de esta noticia.

¿Qué estaba haciendo yo entre 2016 y 2017 que tanto les interesaba? ¿Me metieron en la lista de espiados por las investigaciones de los asesinados en las carreteras de Tamaulipas o por mis trabajos sobre el montaje de la "verdad histórica" por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿O fue por aliarme con colegas para crear una organización dedicada a hacer investigaciones periodísticas? Entre quienes la fundamos estaba Daniel Lizárraga, que participó en el reportaje de La Casa Blanca, ¿él era el objetivo? ¿O fue mi trabajo creando redes para protegernos entre periodistas y atender a colegas que enfrentan amenazas? ¿Querían estar al tanto de cómo organizamos las protestas por asesinatos como el de Javier Valdez? De los 25 periodistas infectados con Pegasus, seis trabajábamos en Proceso en esos años, ¿fue ese el criterio para infectar nuestros números? ¿O por las investigaciones que hacía en Iguala, o por el contacto con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, o por las reuniones con el Equipo Argentino de Antropología Forense antes de sus conferencias sobre los hallazgos en el caso Ayotzinapa? ¿El espionaje se limitó al celular? ¿Me estaban mandando una señal cuando hackearon nuestro sitio web sobre las masacres de migrantes antes de que fuera publicado? ¿Esto explica los correos sospechosos que recibieron varios de mis cercanos? ¿Habrán llegado a amenazar a alguna de mis fuentes para que se retractara de haberme contactado? ¿Se adelantaron a mis coberturas para "acalambrar" informantes o "peinar" hechos? ¿Identificaron a mis informantes dentro del gobierno? ¿Infectaron los teléfonos de otras personas tras leer sus conversaciones conmigo? Los falsos informantes que me plantaron en el caso Ayotzinapa, y las llamadas histéricas pidiéndome que fuera aquella noche al Semefo de Chilpancingo, ¿eran parte de lo mismo? ¿Realmente fui espiada? ¿O mi celular enloquecía porque necesitaba mantenimiento? ¿Me salvé cuando perdí el aparato o el tiempo que estuve en Estados Unidos?

Imagino las áreas que desde el CISEN, la PGR y el Ejército analizaban los mensajes de los miles de personas que estamos en las listas de infectados por Pegasus, el malware que toma el control de los teléfonos y accede a chats, fotos, audios, contactos, ubicación y hasta puede encender la cámara y grabar. Me vienen más dudas. ¿Eran uno o varios agentes asignados? ¿Sonaba una alerta cuando escribía una palabra prohibida? ¿Qué información reportaban? ¿Se habrán desesperado por mis pérdidas constantes de celular? ¿Me habrán oído reír o llorar? ¿Estos funcionarios siguen trabajando en el gobierno o renunciaron? ¿Cuántos secretos míos tienen? ¿Usarán mis fotos en el futuro? ¿En unas décadas aparecerán en un archivo polvoriento? ¿Se habrán dado cuenta de que por mi eterno despiste no me enteraba de lo que no me quería enterar? ¿Pensarán que voy a dejar de reportear? ¿Tendré que abandonar los smartphones y volver a los aparatos antiguos? ¿Las palomas mensajeras serán una opción para quienes hacemos investigaciones? ¿Estarán leyendo esto mientras lo escribo? ¿Cómo voy a creer que ya no lo hacen? No existen garantías de que el espionaje no volverá a repetirse porque la FGR no ha investigado la denuncia que en 2017 pusieron los primeros colegas que detectaron Pegasus en sus teléfonos, porque no hay gente en la cárcel por estos hechos, porque los perpetradores de este delito siguen en las estructuras de gobierno, porque este gobierno siguió comprando programas espías, porque no se ha regulado su uso, porque el presidente lo minimiza como si fuera una anécdota, porque todos en México nos consideramos bajo vigilancia y normalizamos el espionaje. Hasta que nos opongamos.

La autora es periodista Co-fundadora de Quinto Elemento Lab. @marcelaturati