Abogará Kerry por energía limpia ante el C. Presidente López Obrador...
El enviado especial para el cambio climático de EU, John Kerry, estará el próximo miércoles en México en un viaje relámpago, en el que abogará por mayor producción de energía renovable así como condiciones de inversión sólidas en el País.
No se confundan, el posicionamiento de Washington no ha variado a pesar de las declaraciones de la semana pasada del embajador Ken Salazar, al que ya consideran un ex abrupto..
"El Enviado Presidencial Especial para el Clima, John Kerry, viajará a la Ciudad de México el 9 de febrero de 2022 para interactuar con sus homólogos en el Gobierno (mexicano) y acelerar la cooperación sobre la crisis climática", dijo el Departamento de Estado, hoy.
"Esto incluye las oportunidades para expandir la generación de energías renovables, para crear un clima de inversión sólido, para combatir la contaminación por metano, para hacer la transición del transporte a cero emisiones y para acabar con la deforestación. El Secretario Kerry se reunirá con el Presidente Andrés Manuel López Obrador".
La visita de Kerry ocurrirá tres semanas después de que la Secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, estuviera en México, donde abordó las preocupaciones de EU en torno a la reforma eléctrica.
Hace unos días, cuatro Senadores del Partido Demócrata aseguraron en una carta que la reforma al sector eléctrico destruiría las inversiones privadas en energías renovables al cancelar permisos, contratos y los certificados de energía limpia; empero, la semana pasada, el Embajador de EU en México, Ken Salazar, aseguró que el Presidente López Obrador estaba en lo correcto al buscar una reforma eléctrica lo que generó críticas en medios estadounidenses al contradecir el mensaje de la Administración Biden de preocupación en torno a la propuesta mexicana.
Pero la semana pasada, Ken exageró al supuestamente dar el espaldarazo al gobierno de López Obrado, al grado de que un día después, en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador agradeció el espaldarazo que Salazar dio a la intención de su gobierno de modificar el marco jurídico energético del país..
“Agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar, el gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos en mayor coordinación y sí me enteré, me informé de sus declaraciones. él fue legislador en Estados Unidos, él sabe, como lo expresó, revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante”, dijo López Obrador desde Tlaxcala.
La reacción fue inmediata:
Ayer, Mary Anastasia O'Grady en un artículo publicado en redes denominado: Ken Salazar contradicts Team Biden on AMLO’s energy reform, dijo que el embajador Salazar emitió un mal juicio..."
“Muy bien, Ken,” Mexican President Andrés Manuel López Obrador crowed at a Friday press conference in Mexico City. He was congratulating U.S. Ambassador Ken Salazar for contradicting the Biden administration as the American diplomat finished a visit to Mexico’s Chamber of Deputies the day before.
En el artículo que hoy se publica en la versión impresa en de The Wall Strett Journal: O’Grady retoma la postura de la Secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, luego de su encuentro con López Obrador el 20 de enero.
“No hay forma de exagerar el mal juicio del Sr. Salazar. En juego están las reformas constitucionales a las leyes energéticas de México, propuestas en septiembre por AMLO —como se conoce al presidente— y pendientes de aprobación en el Congreso mexicano”.
La articulista crítica que la reforma propuesta por López Obrador limite el porcentaje de electricidad que pueden generar empresas privadas y que la CFE fije los precios como único comprador y controle el despacho a todos los consumidores, “otorgándole el 100% del poder de mercado”.
En ese sentido sostiene que dada la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyas funciones serán trasladadas a la Secretaría de Energía, la CFE “se convertiría tanto en una entidad gubernamental autónoma sin supervisión como en el regulador de electricidad a cargo de planificar y controlar la industria”.
Asegura que esto crearía un conflicto de intereses gigante, ya que el secretario de Energía también es presidente de la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex”.
Señala que la falta de garantías para los inversores no le importa a AMLO, pues “su objetivo es consolidar el poder para que el gobierno pueda planificar y controlar de manera centralizada la industria energética de México y la economía que depende de ella”.
Y advierte que México utiliza como argumento las excepciones del T-MEC en materia de “seguridad nacional” para inclinar la balanza contra los inversionistas privados.
La articulista que ha publicado varios artículos criticando a López Obrador, sostiene ahora que “México ya está violando los derechos de las empresas energéticas estadounidenses”.
Explica: “Se ha apoderado de terminales de almacenamiento y se ha dirigido a empresas privadas de generación de energía para la cancelación de permisos, incluidas las energías renovables de bajo costo. La semana pasada, Bloomberg en Línea informó que la Secretaría de Energía ‘no renovó 11 permisos de importación de combustibles’ a partir de este mes. Las empresas afectadas son BP, Glencore y Ford”.
O’Grady recuerda que los legisladores estadounidenses han pedido al presidente Biden ayuda sobre este tema y que tanto la secretaria de Energía estadounidense como la titular de Comercio, Gina Raimondo y la representante Katherine Tai respondieron que entendían y compartían sus preocupaciones sobre la reforma eléctrica en México.
“Pero la simpatía no sustituye a la acción. México está involucrado en un asalto al mercado energético de América del Norte, un componente clave del T-MEC y del desarrollo en ambos lados de la frontera”, señaló.
Y al dirigirse al gobierno de Estados Unidos indicó: “El socio comercial más importante de México necesita entender hacia dónde se dirige AMLO con sus reformas energéticas y la discriminación relacionada que ya está ocurriendo. Debería advertir al presidente mexicano que las violaciones del acuerdo comercial tendrán consecuencias, incluidas dolorosas represalias”.
Es claro, Kerry vendrá a donde orden ante eles exabruto del Embajador..
Embajador Ken Salazar
@USAmbMex
Una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. #EEUU respeta soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el #TMEC al considerar cambios al sector energético.
3:29 p. m. · 4 feb. 2022·
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Este lunes se publicó en el DOF el ACUERDO del Consejo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato
Dice el INE que desde hoy, y hasta la conclusión de la jornada de votación -es decir el 10 de abril, , deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, federal estatal y municipal..
El C. Presidente y su gobierno quedó acotado; acudirá al TEPJF para aclarar las cosas.
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Infiltra delincuencia a normalistas, dice AMLO
El C. presidente López Obrador no descartó que haya infiltrados entre los normalistas que aventaron un tráiler contra agentes de la GN el viernes pasado; cuestionado en la mañanera sobre si pudo haber infiltrados, el Mandatario dijo que en la región de Guerrero en la que se dio el ataque hay delincuencia.
"Sí, no lo descarto, por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes porque es una zona, una región donde hay delincuencia organizada", respondió.
Luego que la Alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, insistió en que los normalistas de Ayotzinapa no pueden ser indagados por lanzar un tráiler a la GN, López Obrador dijo que ella no quiere actuar como el Gobierno de Felipe Calderón, con garrote.
"Sobre lo que declaró la Alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, los más famosos burlándose, porque yo lo que imagino es que ella no quiere actuar como los de antes, o como actuaba el Gobierno de Felipe Calderón, que todo era garrote, y era el mátalos en caliente, y los derechos humanos, nombre, eso no debe existir, ese era el pensamiento, ya pasaron esos tiempos, ya no está (Genaro) García Luna, ya no somos lo mismo, ese es su coraje", afirmó.
"Si no se quiere a una autoridad ya existe la revocación de mandato, todos ahí agarraditos de la mano, a decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos y hay que hacer valer la democracia".
AMLO llamó a los normalistas a deponer su actitud, les pidió que no le hagan el juego a la derecha e incluso urgió la ayuda de los padres de los jóvenes para calmarlos.
"Quiero hacer un llamado a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa".
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Las columnas políticas hoy, lunes 7 de febrero de 2022
Templo Mayor/ REFORMA
GRAVES, muy graves resultan los señalamientos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum: que actuó con falta de ética al dar tratamiento con ivermectina a pacientes de Covid-19, sin contar con evidencia científica para hacerlo y, peor aun, sin informarles que se trataba de un experimento.
EL ESCÁNDALO estalló luego de que la plataforma SocArXiv, del Center for Open Science, decidió eliminar el estudio sobre el uso de dicho fármaco, realizado o al menos firmado por tres de los principales funcionarios capitalinos: José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública; Oliva López, secretaria de Salud, y Eduardo Clark, director de Gobierno Digital. La decisión fue tomada para evitar que el reporte ¡siguiera causando daño!
EN SU ARGUMENTACIÓN, el Comité Directivo de SocArXiv señaló que el informe difundía "información errónea", al promover un tratamiento médico no probado. La entrega de la ivermectina por parte del gobierno de Sheinbaum fue poco ética, al hacerse sin el debido consentimiento de los pacientes y sin proteger sus derechos. Y para colmo, los autores no clarificaron que tenían conflicto de interés al ser juez y parte del propio estudio.
IMPACIENTE e irascible como suele ser en redes sociales, "Pepe" Merino ha estado pataleando contra la desacreditación de su trabajo, al grado de llamar ¡colonialista! a la plataforma científica. A ver ahora cómo lo protege su jefa, la científica.
¡AH, CARAY! ¿Qué no se supone que grabar conversaciones telefónicas es ilegal? La pregunta viene al caso porque el (ex) panista Roberto Gil Zuarth presumió hace poco una grabación de su plática con Virgilio Rincón Salas, abogado de la Fundación Mary Street Jenkins.
GIL lo hizo como una manera de defenderse de los señalamientos en su contra por ser la mano que mece la cuba, perdón, la cuna, en el ataque de Miguel Barbosa` contra la UDLAP. Sin embargo, al querer lavarse las manos, Roberto Gil se ensució más pues sus clientes y otros abogados deben estarse preguntando si también los grabó sin avisarles.
¡OH, el amor! No se lo digan a nadie, pero el próximo día de San Valentín, justo en una semana, dicen que habrá una gran boda en Oaxaca. La novia es, ni más ni menos, que la maestra Elba Esther Gordillo, quien por lo visto sigue rehaciendo su vida después de salir de la cárcel al inicio de este sexenio. Quienes saben del asunto dicen que la ceremonia religiosa será oficiada por el conocido Padre "Uvi". Habrá que preguntar si hay mesa de regalos en Neiman Marcus.
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Bajo Reserva/El Universal
Ayer en EL UNIVERSAL se publicó una historia brutal sobre los crímenes sexuales cometidos contra niños del kinder Marcelino de Champagnat en la Ciudad de México. Nos comentan que aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) removió la plantilla total del plantel, funcionarios con evidencia de complicidad con el agresor principal de los infantes fueron reubicados en áreas administrativas de la dependencia. La Fiscalía General de la República está impedida, por ahora, para iniciar investigaciones contra ellos, como lo ordenó el juez, pero la SEP no lo está para iniciar investigaciones administrativas. Sin embargo, hasta el momento, ni las familias ni la Oficina de Derechos de la Infancia han sido notificadas sobre diligencia alguna al respecto.
El panista que apoya la consulta de revocación de AMLO
A nueve semanas de que se realice la consulta de revocación de mandato del Presidente, los militantes Morena y los simpatizantes del mandatario tienen la consigna de seguir promoviendo ese ejercicio. Entre ellos destacan los senadores morenistas, quienes ya anunciaron que recorrerán el país con ese propósito. Pero también hay un senador de oposición que está en plena campaña a favor de la consulta del 10 de abril. Se trata de Damián Zepeda, del PAN, quien va contra la corriente de sus compañeros de bancada y de partido, pues a diferencia del resto de los panistas, está convencido de que es una oportunidad de decir sí a la revocación de mandato y echar de la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. El resto de la oposición está en la idea de no incentivar a la ciudadanía para que se exprese en las urnas, lo que a decir del senador Zepeda, es un error garrafal, ya que piensa que lo que se debería hacer es alentar a quienes están inconformes con el actual gobierno, para hacer efectiva la revocación de mandato. Sin embargo, todo indica que don Damián se quedó solo en el PAN y remando a favor de Morena.
El nuevo aeropuerto, la cuenta regresiva
A 42 días de la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno federal tiene dos pendientes que resolver. Primero, no se ha publicado el decreto por el cual la nueva terminal aérea cuenta con el permiso de aeródromo internacional para la llegada y salida de vuelos comerciales. Pero el más apremiante es, sin duda, que las vías de comunicación para conectar el aeropuerto no están concluidas. El mandatario ha señalado que se concluirán dichas obras, porque de lo contrario, reconoció que su megaproyecto sería como “una isla”.
AMLO y los “petardos” de fin de semana
Todo estuvo en calma en Palacio Nacional el sábado y domingo, luego de que el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que respondería “rapidito” a los ataques de sus adversarios que, asegura, le lanzan petardos los fines de semana. “Estaba leyendo que tienen una estrategia que hoy por ejemplo, que es el último día de la conferencia, el medio día en la tarde, fin de semana, ahí va el petardo, el manejo tendencioso, la calumnia grande articulada”, dijo el mandatario en Tlaxcala. La preocupación del Ejecutivo, nos dicen, es que los fines de semana se difundan noticias sobre las que no puede responder hasta el lunes en la mañanera. Aseguran que aunque este fin de semana no hubo “petardo”, la estrategia gubernamental de que el Presidente responda de inmediato, sin esperar a las mañeras del lunes sigue en pie
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Coordenadas/Enrique Quintana
El Financiero
Este fin de semana, el presidente López Obrador ratificó su determinación de buscar una reforma constitucional político electoral, aunque no detalló cuál sería su contenido.
El propósito, señaló, es que de una vez y para siempre se acaben los fraudes a la voluntad popular, y se tengan jueces y autoridades imparciales.
Con esa afirmación, lo que implica es que él no cree que los jueces y autoridades actuales sean imparciales o que lo hayan sido en el pasado.
Su visión es que si ganó las elecciones del 2018, no fue gracias al sistema electoral que tenemos, que le aseguró elecciones imparciales, sino más bien, a pesar de él.
Con esa visión, no resultó extraño que más haya tardado el INE en resolver el número de casillas que se instalarían para la consulta (57 mil 377 ) que Morena en descalificar la convocatoria, señalando que el INE ha hecho un boicot sistemático a la consulta.
El viernes pasado, finalmente, se definieron las bases para la realización de este ejercicio. Como era previsible, al no existir un incremento en el presupuesto para el Instituto, se tuvo que reducir a una tercera parte el número de casillas respecto a las que se instalan en una elección federal.
Los consejeros pudieron tomar esta decisión a partir de la resolución del ministro González Alcántara que estableció que no tienen responsabilidad legal por no instalar el número de casillas que establece la ley en virtud de que no contaron con los recursos financieros necesarios.
Previamente, otra resolución de la Corte había establecido que la promoción de la consulta no puede ser realizada por los partidos políticos. El derecho constitucional que se estableció tiene el espíritu de que sean los ciudadanos los que demanden que se someta a consulta que el presidente de la República deje su cargo anticipadamente.
Morena protestó de inmediato esta resolución ya que sabe perfectamente que no hay grupos de ciudadanos demandando la salida del presidente López Obrador de su cargo, sino un partido político operando la intención presidencial de conseguir respaldo.
De acuerdo con la experiencia del 2021, cuando se efectuó la consulta sobre el juicio a los expresidentes, no es de esperarse que la participación ciudadana sea abundante.
El año pasado acudió a las urnas poco menos del 7 por ciento del padrón electoral. Aún suponiendo que esta consulta genere más interés de la ciudadanía será muy difícil que acuda una cifra superior al 16 por ciento de del total de la lista nominal.
La encuesta de El Financiero estima por ahora una participación que podría fluctuar entre el 16 y el 24 por ciento.
Obviamente, es de esperarse que el porcentaje de electores que pida la continuidad del presidente hasta el fin de su periodo sea superior al 90 por ciento de los que participen.
López Obrador y Morena señalarán que ese resultado y el mero hecho de que se haya efectuado la consulta serán una muestra del respaldo de la gente al presidente.
La oposición, en cambio, lo que señalará es que el apoyo al presidente va menguando pues de los 30 millones de 2018, se habrá pasado a un respaldo de la tercera parte.
Tal vez como secuela de este proceso, en el periodo ordinario de sesiones que comienza en el mes de abril se pretenda enviar la iniciativa de reforma de la que habló el presidente.
Aunque será muy difícil que una iniciativa de ese tipo prospere ya que requiere mayoría calificada que por lo pronto no tiene el presidente en ninguna de las dos cámaras, será expresión de que ha comenzado la temporada electoral y de que Morena empezará a buscar las condiciones para ganar nuevamente la elección presidencial del 2024.
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Estrictamente Personal
El peligro de un pleito/Raymundo Riva Palacio
El Financiero
Que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas, no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos, crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y, a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca, y señala como brazo ejecutor de quienes -dice-, han oprimido y perjudicado a la gente, fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía.
Anteriormente se ha señalado aquí que la palabra de los poderosos no matan, pero los climas sociopolíticos que construyen, sí. Por la cabeza de López Obrador, queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder.
La violencia contra periodistas en México muestra los síntomas de una putrefacción sistémica. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, sostiene que las autoridades locales se han valido del discurso presidencial, “que se ha convertido en una invitación para que la violencia se perpetúe”, al utilizar gobernadores, alcaldes, funcionarios o políticos locales, la misma retórica, acoso judicial, amenazas y agresiones físicas. En México, apuntaron los reporteros María Idalia Gómez y Jonathan Nácar en una investigación sobre crímenes de periodistas, las autoridades y los gobiernos, principales responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad, son quienes prolongan, motivan o toleran los ataques contra la prensa.
Durante una buena parte del primer medio de su sexenio, López Obrador atacó con insultos, mentiras y difamaciones a un grupo de periodistas e intelectuales que criticaban sus políticas. Ese pequeño grupo había sido consistente en su abordaje con otros presidentes, pero convenientemente López Obrador lo olvidó. Gradualmente, con más ataques a la prensa, más periodistas fueron perdiendo el miedo de ser linchados en la mañanera y empezaron a defenderse. El presidente escaló, y los periodistas hicieron lo mismo. La civilidad ha sido rebasada por la violencia retórica en los dos sentidos, donde lo que en un principio era para algunos periodistas una lucha de sobrevivencia, se ha convertido en un tour de force donde los insultos del presidente se están respondiendo con desafíos y retos—y de manera creciente, también con insultos.
Apenas el viernes pasado, de la nada, López Obrador embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos. No toleró que hiciera su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino la calificó en el contexto de su maniqueísmo de si no están incondicionalmente con él, son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera, porque “engañó durante mucho tiempo”. Aristegui se defendió: “me acusa de cosas absolutamente absurdas y ya que cada quien analice quién engaña a quien, y cada quién que se haga cargo de su biografía. Ya veremos en qué termina esta historia”.
Antes le dedicó varias mañaneras a Carlos Loret, colaborador de Latinus, que junto con Mexicanos Contra la Corrupción difundió una investigación sobre la casa que rentaron su hijo y su nuera a un petrolero cuya empresa recibió contratos de Pemex. López Obrador lo acusó de “corrupto, golpeador, mercenario y sin principios”, y Loret le respondió que “el presidente sólo responde con calumnias, (porque) es lo único que sabe hacer”. Igualmente de la nada, el presidente atacó a Brozo, el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado, le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un presidente.
La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio presidente con sus abusos retóricos contra la prensa y los periodistas. El respeto viene de manera natural a la investidura, pero cuando quien la porta rompe las reglas de tolerancia y contención, llega un momento en que quien ha sido atacado, responderá proporcionalmente y se elevarán los costes políticos del enfrentamiento.
López Obrador comenzó a hablar sobre medios y comunicadores argumentando su derecho de réplica. Estos derechos siempre han existido, máxime cuando se trata de un presidente. Esa dialéctica de confrontación de presidentes con medios y gremio no es nueva, pero la violencia que anima y desata López Obrador sí. El presidente no habla con la élite, sino a su militancia y la gente, incitando a ese “tigre” que mencionó como amenaza durante la campaña presidencial ante empresarios, diciéndoles que podría salir a la calle si no ganaba la elección.
Ese “tigre” no es virtual, y así como hay un sector tutelado y utilizado escalonada y proporcionalmente para los objetivos de corto plazo -el daño reputacional a comunicadores e intelectuales, por ejemplo-, hay otros que corren sin control en la ruta de su fanatismo. Es tan sistemático el presidente en sus ataques, pero con calificativos cada vez más brutales, que está sembrando las condiciones para que alguien aproveche la coyuntura.
Puede ser, en lo más rupestre, que quien tenga un diferendo personal con alguien de su galería de tiro en la mañanera, puedan llegar a pensar que si actúa y cobra venganza, puede salir impune. Pero puede haber otros, enemigos reales, que podrían considerar que en las condiciones actuales, asesinar a un periodista podría no sólo desestabilizar al presidente por la reacción nacional e internacional que habría, sino quizás, darle un buen empujón al despeñadero. El encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su gobierno, pero debe predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos perdemos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa
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El pleito entre el fiscal y el exconsejero de AMLO/ Mario Maldonado
El Universal
En el último trimestre del año pasado, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, visitó un par de veces al fiscal general en su despacho. Alejandro Gertz Manero le reclamó sobre dos publicaciones que la revista Proceso había hecho sobre él. Una tenía que ver con una “casa secreta” en las Lomas de Chapultepec, y otra con el conflicto por el control de la Universidad de Las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins. Scherer le dijo que no tenía injerencia en la línea editorial, pero el fiscal enfureció y le soltó que tenía bajo investigación a dos despachos de abogados ligados al exconsejero por extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Las dos reuniones acabaron mal, por lo que el exconsejero no pudo frenar la acusación formal que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los abogados, quienes, según se asienta en la demanda, ‘operaban’ a nombre de él. Se trata de Juan Araujo y César González, quienes llevaron los casos más polémicos del sexenio, entre ellos el del abogado Juan Collado, quien fue el primero en denunciar ante la Fiscalía a los litigantes; el de Alonso Ancira y Agronitrogenados; el de los empresarios del outsourcing y las facturas falsas, Raúl Beyruti, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont; y también representaron a Emilio Zebadúa en el asunto de la Estafa Maestra. Con prácticamente todos salieron mal y el pago de sus honorarios (algunos con casas, arte y otros artículos de lujo) ha comenzado a ser devuelto por los litigantes.
Junto con otros dos abogados pertenecientes al despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, la FGR los acusa de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Las denuncias de Collado y su hermano Antonio fueron clave para el expediente que integró la Fiscalía. El próximo 28 de febrero, los cuatro abogados acusados deberán comparecer ante un juez, donde se buscará pedir su prisión preventiva, aunque la audiencia será virtual.
Otro de los despachos investigados por la FGR, presuntamente ligado al exconsejero Jurídico de AMLO, es el de García González y Barradas, de igual forma por denuncias de supuesta extorsión en los casos de la Cooperativa Cruz Azul y la Universidad de Las Américas. En el primer caso el abogado Ángel Junquera y su hijo serían los denunciantes.
La intención inicial del fiscal Gertz era incluir en las demandas al exconsejero Jurídico, según información a la que tuvo acceso esta columna, pero fue disuadido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el daño colateral que se generaría para el Presidente.
En las investigaciones y denuncias también están los nombres de Julio Javier Scherer Pareyón y el de Miguel Barba Ampudia, quien se hace llamar a sí mismo únicamente Miguel Ampudia, y en su círculo de amigos es mejor conocido como Mika. El joven de unos 35 años se presentaba como enviado del “Señor Consejero”.
Barba Ampudia o Mika es hijo de María Guadalupe Ampudia González, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2014 a 2019, y quien renunciara con la llegada de Rosario Piedra Ibarra.
Miguel Ampudia también es cercano a la familia Murat, especialmente a los hijos menores, Eduardo y Lorena. La empresa que preside oficialmente, que lleva el nombre de Credifom, fue adjudicada por el gobierno de Oaxaca con un contrato con la Oficina de Pensiones del Estado para brindar créditos a los jubilados, pensionados y pensionistas cuyo pago se encontraba garantizado con el propio monto de las pensiones.
El pleito entre el fiscal Gertz y el exconsejero Jurídico es de pronóstico reservado por los alcances de las investigaciones. Atrás quedaron las relaciones que permitieron a los abogados cercanos a Scherer decir la temida frase a sus clientes o potenciales clientes: “te vamos a llevar con el Doctor”, refiriéndose al fiscal.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
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Ayotzinapa y Los Rojos: una vieja sociedad/Jorge Fernández Menéndez
Razones
Exceslior
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, la misma que justificó la ola de violencia que vive el puerto atribuyéndolo al calor y a que la gente consumía muchos carbohidratos, rechazó que se realizara alguna acción judicial contra los vándalos que arrojaron un tráiler de la empresa Soriana contra los elementos de la Guardia Nacional que intentaban desalojarlos de la caseta de Palo Alto, porque el tráiler, dice la alcaldesa, no era conducido por nadie, por lo tanto, dijo, no hay delito que perseguir. Pocas veces hemos escuchado una mayor estupidez en nuestra ya de por sí prolífica clase política.
El viernes, los jóvenes que se identificaron como de la normal de Ayotzinapa, volvieron a mostrar en lo que se han convertido: una mezcla de grupo de choque, que ejercita una violencia sin límites, pero que en los hechos vive de una suma de acciones delictivas: tomar las casetas de cobro de las carreteras, robar camiones y tráileres, y quedarse con la carga y, en muchas ocasiones, hasta con los equipajes de los pasajeros.
El viernes, estos jóvenes, para tomar las casetas, secuestraron 11 camiones de pasajeros, además de tráileres como el de Soriana que lanzaron contra los elementos de la Guardia Nacional. En esos camiones llevaban, está documentado, desde explosivos hasta equipo para enfrentarse con las fuerzas de seguridad. El ataque lanzado con el tráiler dejó decenas de heridos entre los elementos de la Guardia Nacional y todo parece indicar que no pasará nada, porque existen autoridades miedosas, corruptas o cómplices, como en el caso de la alcaldesa Abelina López que, además criticó a la Guardia Nacional porque estaba protegiendo las casetas de cobro de las autopistas, en lugar de perseguir delincuentes, sin asumir que quienes cometen esos actos son, por definición, delincuentes: no se trata sólo de ocupar las casetas y cobrar para poder pasar, sino también del robo de mercancías, de tráileres, de camiones que se utilizan, en muchas ocasiones no sólo para trasladar a los jóvenes a sus cotidianos mítines siempre aderezados de violencia, sino también para transportar otras cosas, dada la relación que mantienen dirigentes de la escuela con grupos criminales como Los Rojos, la razón original por la que los miembros de Guerreros Unidos secuestraron y se deshicieron de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala. Tomar casi diariamente las casetas no sólo les reditúa dinero, les da control sobre la carretera Cuernavaca-Acapulco, uno de los principales objetivos de los grupos criminales de Morelos y Guerrero.
La relación de Ayotzinapa con Los Rojos viene de tiempo atrás y se establecía sobre todo con El Carrete, Santiago Mazari, entonces líder de ese grupo criminal. Ya desde 2015, cuando comenzaron a tomar casi cada fin de semana las casetas de la autopista de Cuernavaca a Acapulco, los dizque representantes de los familiares, y alumnos de Ayotzinapa, y maestros de la CETEG, bloquearon la carretera federal para públicamente pedir “ayuda” al líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El Carrete, uno de los criminales más violentos del país. En las cartulinas de aquella toma escribieron: “Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”.
Los Rojos son un grupo criminal brutal, tan responsable de la muerte de los jóvenes como sus enemigos de Guerreros Unidos: han sembrado de cadáveres Guerrero y Morelos y parte del Estado de México. El “señor” al que le pedían ayuda y que se supone que era el que mantenía la relación con los líderes estudiantiles y directivos de la normal Isidro Burgos, es Santiago Mazari, que comenzó su carrera como sicario de los Beltrán Leyva en Morelos, pero a la muerte de Arturo, aniquiló a sus rivales para quedarse con el control de ese estado.
Quizás para comprender la relación de la normal de Ayotzinapa y de la CETEG con El Carrete hay que recordar que éste era sobrino del ex alcalde de Amacuzac y luego diputado local petista, Alfonso Miranda Gallegos, a quien en innumerables ocasiones se ha acusado de ser el operador político y abogado de Los Rojos. Alfonso Miranda Gallegos, como lo hacía Abarca para los de Guerreros Unidos, brindó protección a Los Rojos desde su cargo de alcalde de Amacuzac utilizando a la policía municipal como halcones y brazo operativo del grupo criminal. Actualmente está detenido, luego de haber logrado reelegirse como alcalde.
En Morelos, Guerreros Unidos y Los Rojos se disputan Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, y ambos cárteles pelean por el control del corredor de drogas Acapulco-Cuernavaca. Además del tráfico de drogas, Los Rojos extorsionan, secuestran, roban y cobran derecho de piso en Morelos y Guerrero. Lo mismo que los grupos que atacan a la Guardia Nacional, a los transeúntes que se niegan a pagar cuota, que cometen delitos y que muchos funcionarios, que terminan temiendo, tolerando o siendo cómplices de los grupos criminales que pululan en el estado, justifican siempre políticamente, y así les otorga impunidad, tanto a los llamados grupos sociales como a los criminales que están asociados con ellos.
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