¿Qué dijo Alejandro Encinas en la mañanera de este viernes 26 de agosto?

 Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, acusó que la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa se diseñó -asi contundente- en los más altos niveles del Gobierno federal e involucra a personas que participaron en reuniones en la presidencia de la República durante sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la mañanera, junto al Presidente López Obrador, el subsecretario dijo que se debe indagar el diseño y la operación de la "verdad histórica" que difundió el ex procurador Jesús Murillo Karam, hoy vinculado a proceso penal.

"Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas", indicó Encinas.

"Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura".

 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de agosto de 2022

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a finalizar la semana con una explicación, lo más breve, pero con la sustancia, con lo fundamental del caso de Ayotzinapa. Por eso Alejandro Encinas nos va a dar una explicación de la comisión, para que ustedes y toda la gente tenga conocimiento del caso. Entonces, Alejandro, adelante.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB): Con su autorización, señor presidente.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Como lo ha señalado el señor presidente de la República, vamos a hacer una breve síntesis del informe que presentamos el jueves de la semana pasada a los papás, a las mamás de los estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, haciendo una recomendación a todo el público, a la opinión pública en general para que se lea el informe. El informe y sus anexos son públicos, se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotizinapa, en las páginas del gobierno federal.

Y creo que valdría mucho la pena que este ejercicio se hiciera porque muchos de los comentarios, opiniones, observaciones que se han hecho al respecto pues dan cuenta de que afirmaciones o críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído.

Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el informe presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos:

El primero es el análisis de los antecedentes, el contexto y los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores.

Y una segunda parte de este informe es el análisis de la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos en esta trágica noche.

Una de las informaciones que se han hecho frecuentemente al informe es que está es una posición política del gobierno. Y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico, que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la verdad.

Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos.

Hay quien sostiene que el informe de basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se apega a la realidad. Hay 13 fuentes de información básicas que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GEI, el Centro GEO de Conacyt, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también de manera destacada los testimonios y la colaboración de 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos.

Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en que ya había concluido este evento e incluso el festejo organizado en la plaza central de Iguala había concluido.

Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales —enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes— la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan.

Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala.

Y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes.

Y ahí hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie

El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 84 mil registros telefónicos claves, 17 números telefónicos que han sido analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años, que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las intervenciones de las llamadas telefónicas que la DEA realizó en ese país a las actividades de Guerreros Unidos en el tráfico de drogas desde Chicago, las intervenciones telefónicas que obran en manos de la Seido, de la Fiscalía General de la República, el análisis de las llamadas de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., que es la empresa que la administración anterior prestaba servicios del programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias; en el análisis de 90 horas de videos de sobrevuelos entregados por Semar de la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula, en 50 videos que el Centro Nacional de Inteligencia entregó a la Fiscalía General de la República sobre las torturas de que fueron objeto por funcionarios públicos las personas detenidas.

Una muy importante, la obtención de 467 capturas de pantalla cinco números telefónicos, que nos permitió ubicar 37 conversaciones entre distintos actores y 36 actores más que están relacionados con las mismas, y por supuesto en el trabajo de campo, en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de los muchachos que fueron desaparecidos.

Este tipo de ejercicios nos permitió hacer, en primer lugar, la evaluación de las llamadas entre los grupos de sicarios. Este es el ejemplo del diagrama de las llamadas realizadas entre las 22:00 horas del día 26 de septiembre y las 6:00 horas del día 27, donde se ve con toda claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidades y de operación del grupo delictivo con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención, desaparición de los muchachos.

A partir de este tipo de trabajos, pudimos establecer la red de vínculos que se presentó en el caso de Ayotzinapa. En este diagrama en particular, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala y de otros municipios, particularmente Tepecoacuilco y Huitzuco. Un dato diferenciado es el grupo de los bélicos que formaba parte de la policía de Iguala.

Este también es el análisis que corresponde a las 22:00 horas del 26 de septiembre, a las 6:00 horas del día 27, lo que también nos llevó a ubicar con mayor precisión en función de la ubicación de las tres redes telefónicas la existencia de seis núcleos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y otras autoridades en distintos puntos.

Aquí vemos cómo se articularon en las regiones; por ejemplo, en el centro de Iguala, el camino hacia la salida de Taxco y de Cocula, y a Santa Teresa, el camino en el puente del palacio de justicia y en otros lugares, con lo que se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías municipales y donde, evidentemente, se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron todos trasladados al basurero de Cocula.

Y un dato adicional que es muy importante: de manera muy puntual es el análisis de vínculos que hicimos a partir de los mensajes de texto obtenidos de las capturas de pantalla, las más de 426, en donde con toda claridad se pueden observar los vínculos y las relaciones, ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también con autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero.

A este trabajo de reconstrucción de los hechos, que se fue además a hacer los recorridos con los sobrevivientes, con testigos, a todos los sitios, desde la salida de la Escuela Normal de Ayotizinapa, en el municipio de Tixtla, hasta el momento de desaparición, se suma todo el trabajo de campo y búsqueda que hemos venido realizando.

Al día de hoy, 26 de agosto —hace un rato veía, es un dato distinto al que viene al informe— hemos realizado 105 acciones de búsqueda de campo, que implica 711 días de búsqueda de jornadas de trabajo en siete municipios de Guerrero, donde también esto no es un asunto de orden político, se hace también con el avance tecnológico más importante al que hemos tenido acceso, donde además más de 50 personas del gobierno federal y la Fiscalía General de la República realizan estas actividades con apoyo de la tecnología líder para la exploración del territorio: georradares, drones, cámaras térmicas espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos para la ubicación de concentraciones de hidrogeno, que es algo que no se hace prácticamente en ningún lado del mundo, maquinaria y equipo diverso.

Todo ello nos ha permitido avanzar, no solamente en el análisis de contexto, que es muy importante señalar en qué términos se da esta situación de la desaparición, sino también el cómo se presentó el desenlace de los hechos y quién participó,

En el caso del análisis de contexto, para nosotros es muy importante destacar cuatro elementos:

El primero, cómo la desaparición y el homicidio del dirigente social en Iguala, Arturo Hernández Cardona el 3 de junio de 2013 motivó la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado.

Y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona.

Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias.

Esta situación se da también en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos, y donde hay un antecedente importante que uno debe de tomar en cuenta: es cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilógramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilógramos.

Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la procuraduría.

Y el hecho de la presencia de los estudiantes en Iguala se acredita a partir de la resolución que se adoptó en la asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se celebró en el estado de Morelos en agosto del 2014, donde se resolvió que la normal de Ayotzinapa fuera sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México.

Con toda esta información avanzamos en todo el proceso de reconstrucción de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la normal a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron posteriormente al municipio de Iguala para tomar los camiones que no pudieron tomar en estos municipios.

El análisis del traslado y llegada de los estudiantes a Iguala, a Rancho del Cura, a la caseta de cobro en la salida a Cuernavaca y posteriormente a la central de autobuses, todo el trabajo del seguimiento de la salida a la central de autobuses el inicio de la violencia y el momento del incremento de la violencia y la orden de desaparecer a los estudiantes.

Con todos estos elementos de la reconstrucción, que vienen desarrollados de manera muy puntual en el informe minuto a minuto, se ha llevado la reconstrucción desde la salida hasta la desaparición, hemos hecho un análisis de modo, tiempo, lugar y circunstancia de la intervención de diferentes actores e instituciones, y hemos podido determinar la forma en que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno en la desaparición de los estudiantes.

Hemos acreditado cómo en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, quienes monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición, lo que evidentemente acredita, no solamente responsabilidades por la acción u omisión o negligencia, sino el involucramiento de autoridades, de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas.

La desaparición debió de haberse evitado. Las omisiones de la autoridad, sin lugar a dudas, permitieron esta desaparición.

Y hemos puesto en el informe un dato muy importante: la existencia de un estudiante normalista miembro del Ejército, informante de las Fuerzas Armadas, que desapareció junto con los estudiantes y en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Patolzin, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos.

El segundo elemento del que hemos hecho el análisis tiene que ver con la verdad histórica, en qué pasó después de la desaparición y cómo hubo una actuación de las autoridades, en una acción concertada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno en el país, que ocultó los hechos, alteró las escenas del crimen, escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del Estado, generando no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho y a la verdad y la justicia.

Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjuga fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente lo que es la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos.

En un breve cuadro comparativo entre la verdad histórica del 2014 y el informe de los avances que ha presentado la presidencia de la Comisión de la Verdad vemos con toda claridad las diferencias sustantivas, que son muchas más, entre ambos análisis y conclusiones:

Uno, la verdad histórica dice que los estudiantes iban a boicotear el informe de la presidenta del DIF. Eso es absolutamente falso. Ya lo decía yo, iban a la toma de camiones para la marcha del 2 de octubre, pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Karla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos.

La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito. Es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde día antes de la salida de la normal hasta su desaparición.

La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala. Eso es falso. Nunca estuvieron juntos, solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús 1564.

Se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quien los entregaron en Lomas de Coyotes a Guerreros Unidos. Esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos, otros sitios a los que nos vamos a referir.

Se señala que la desaparición la ordenó ‘el Gil’. Tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes.

La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto, porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos, donde están los testimonios: es el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco.

Y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos.

Al mismo tiempo, como se ha demostrado, que fueron… no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck, en el laboratorio de identificación genética, y no fueron encontrados en el río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula, y que nos permitió tener ya la identificación y la certeza de tres de ellos.

Ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya señalamos la presencia de Julio Cesar López Patolzin, normalista informante de la Sedena; pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa, en el hospital ‘Cristina’, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones.

Dicen que la desaparición de los estudiantes fue un asunto local. Eso es totalmente absurdo. En estos participaron diversas instituciones, no fue un hecho fortuito. Hubo intervención de autoridades del estado en la desaparición.

Y una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura, y tan es así que el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores, porque fueron torturados.

Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente ninguna persona.

Y hemos favorecido la cooperación internacional. Con la verdad histórica, después del segundo informe del GEI, el jefe prácticamente expulsado del país, nosotros hemos invitado y estamos convencidos de la importancia y cooperación del trabajo del GEI ahora, no solamente el apoyo a los padres, sino como coadyuvante de la Fiscalía General de la República.

Y también la gran diferencia es que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y, como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta, ahí continuamos con la búsqueda el día de hoy en dos puntos del estado de Guerrero, y seguirá en manos de la fiscalía y de la comisión la continuidad de la investigación.

Cierro rápido con las conclusiones, que ya las habíamos hecho públicas, señor presidente:

El hecho de que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y que su omisión no solamente llevó a la desaparición de los mismos, sino a la muerte de por lo menos otras seis personas esos días.

Que son tanto el ataque sobre el equipo de fútbol Los Avispones, los taxistas y los muchachos que perecieron en la zona de periférico en Iguala.

Que en ningún momento la presencia de los estudiantes obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en Iguala.

Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos, como lo vimos, son tres células, pero en ocho grupos que estuvieron operando de manera conjunta con apoyos de policías municipales y estatales.

Quiero destacar que hemos acreditado en ningún momento existió comunicación o vínculo alguno entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos, entre la salida de la terminal en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos.

Confirmamos la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento del autobús 1531.

Confirmamos la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.

Y se confirma que ese es un hecho importante, porque se va a aclarar con los mensajes que se han acreditado, que el traslado del autobús EcoTer, sin pasaje, salió hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos por policías y por el grupo delictivo, donde se presume que había droga en el traslado de este autobús.

Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

Se confirma que al filo de las 22:45 horas, como vieron ustedes en todos los diagramas que les presentamos el día de hoy, del día 26 de septiembre se dio prácticamente la orden de desaparecer a los muchachos, están los mensajes ahí registrados.

Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez.

Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Que no hay indicio alguno, también lamentablemente, de que los estudiantes se encuentren con vida y que, por el contrario, todos los testimonios y evidencias dan cuenta de que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

Y que es necesario continuar en la búsqueda en puntos que todavía tenemos con información para realizar acciones de búsqueda de los muchachos: en la ribera del río Balsas y en la laguna de Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula; en la barranca de Tonalapa, en el municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano, en Iguala; y en las inmediaciones de Tepeguaje.

Como lo hemos señalado, la instrucción del presidente, es convicción de este gobierno, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos mi injusticia alguna. Y el informe, como se nos ha instruido, es público y pedimos que se lea con cuidado.

La finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos, esa es nuestra misión fundamental, saber qué pasó y dónde están los muchachos.

Hemos informado ya desde la semana pasada de los nuevos hallazgos y hemos dado cuenta de estos a la Fiscalía General de la República, a quien corresponde analizar los indicios aquí presentados y hacer acusaciones con base en evidencias para su judicialización.

Durante los procesos penales que se establezcan, los imputados pueden defenderse y las víctimas pueden participar a través de sus representantes, eso ya está sucediendo desde la semana pasada.

Pero también queremos hacer un llamado más a todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficio del esclarecimiento de los hechos de estos deleznables hechos, y estamos en la Comisión por la Verdad y en la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República atentos a que cualquier información que les puedan ayudar a este esclarecimiento se nos pueda entregar dando plenas garantías y certeza a estas personas para su protección y que puedan ellos hacer un gran aporte en beneficio de la verdad.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los que no han intervenido. A ver, tú, tú y tú, los tres.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Mara Rivera, de Enfoque Noticias.

Sobre el tema, yo quisiera señalar que una de las críticas o las observaciones que se están haciendo tienen que ver con que no se da con claridad quién dio la orden, y que queda pendiente también dónde están los estudiantes y es ahí donde ya se suscitan más críticas, observaciones, etcétera.

¿Sobre estas dos cuestiones qué pueden responder?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Lo acabo de decir, estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación.

¿Dónde están?

Pues por supuesto fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se están tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición, son los temas que estamos nosotros analizando.

INTERLOCUTORA: Cuando presentó, subsecretario, el informe, también dijo que esperaría respuesta de los padres, incluso de los mismos especialistas.

¿Qué tiene respecto a esto? ¿Cuál es la postura, digamos, oficial de todos los involucrados en la solicitud del esclarecimiento?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En el caso de los padres, como hemos convenido con ellos, nuestro compromiso, aparte de siempre decirles la verdad, por dolorosa que esta sea, es darles a conocer a ellos antes que a nadie la información que nosotros vamos encontrando, por eso se convocó a los padres el jueves de la semana pasada a presentar este informe, fueron los primeros en conocerlo.

Y lo que planteamos con ellos es que lo analizaran con detenimiento, se les dio toda la información con los anexos, que lo analizaran junto con las organizaciones, los abogados que los han venido acompañado y una vez que esto concluya, reunirnos, ya que terminen ahora sí en una nueva reunión con el señor presidente de la República y con la comisión para conocer sus preocupaciones, pero también para dar mayor información, ahora con los avances que ha implicado la detención que se presentó la semana pasada y otras que esperemos que se ejecuten en las próximas horas.

INTERLOCUTORA: Gracias.

(...)

PREGUNTA: Gracias, Arturo Sánchez, de La Jornada. Buenos días, presidente; buenos días, subsecretario.

Subsecretario, en sobre lo que informó y sobre lo que plantea el informe, se señala que hubo responsabilidad de las autoridades federales y estatales a los más altos niveles. En ese sentido, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad del exsecretario Cienfuegos, titular de la Sedena, y también del secretario hoy de la Marina, Ojeda, que era comandante en la 8ª Región militar en Guerrero?

Se ha señalado que había un estudiante que era informante de las Fuerzas Armadas y que no se actuó para rescatarlo y que esto hubiera impedido la desaparición, quizá la muerte de los estudiantes. En ese sentido, ¿hasta dónde llega su responsabilidad?

ALEJANDRO ENCINAS: Nosotros hemos aportado todos los hallazgos y los indicios, evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la unidad especialidad para la litigación del caso, ellos tendrán que ir deslindando las responsabilidades, esto es muy importante.

Nosotros somos una Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia, no somos policías, no somos ministerio público, nosotros estamos aportando toda la información que nos permita esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades.

Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas reuniones que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personad detenidas.

Dejemos que la, por supuesto, que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo.

Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad, en este caso militar, quien tome las decisiones.

INTERLOCUTOR: En ese mismo tema, el GIEI ha pedido acceso recientemente, no sólo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis. ¿Se le otorgará todo este acceso?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, el GIEI es coadyuvante de la fiscalía. Tiene acceso, por supuesto, toda la información.

No venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibo de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República por supuesto. Y está entregada desde el día viernes a las 9:00 de la noche. Lo digo porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia.

No quisimos entregarla en la Oficialía de Partes, eso sería un absurdo. Pero tan tienen acceso el GIEI a esta información que el propio jueves, después de la reunión con los padres y madres de familia, había solicitado una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos y esta declaración se llevó el jueves entre las 7:00 de la noche y las 2:00 de la mañana del día siguiente, y hubo representantes del GEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen información, son coadyuvantes en la fiscalía y por supuesto no se les pondrá ninguna militante ni restricción.

INTERLOCUTOR: Gracias.

Para el presidente también y para el subsecretario, también en este tema, todos los acusados y detenidos que fueron torturados por la PGR de Murillo Karam están liberados.

¿Cuál es la gravedad de que se haya liberado a todos estos individuos? Se habla de que el GEI, los reportes dicen que sigue operando en la región.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Hay dos hechos sumamente graves:

El primero, el hecho mismo de la tortura, que fue lo que propició la libertad de 77 personas involucradas en los hechos. Evidentemente es un acto indebido, ilegal, violatorio de la ley y los derechos humanos.

Y el juez, si bien los liberó, no señaló a los responsables de la tortura.

En ambos casos aquí lo que se vulneró fue el derecho de las víctimas, se privilegió el derecho de los victimarios por encima del derecho a las víctimas y es lamentable este tipo de actuación de los jueces.

INTERLOCUTOR: Gracias, subsecretario.