El pleito interno por Ayotzinapa/Raymundo Riva Palacio

 El Financiero, 26 de septiembre de 2022

Estrictamente Personal

El pleito interno por Ayotzinapa/Raymundo Riva Palacio

Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en medio de un fuerte ruido provocado por el alza de expectativas que generó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que experimenta crecimientos decrecientes en su gestión, acercándose al fiasco, y provocó un nuevo conflicto muy serio al interior del gobierno que explotó públicamente este fin de semana al chocar con la Fiscalía General, y poner en la puerta de salida al fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

El pleito comenzó de manera soterrada a finales de agosto, luego que Encinas le solicitó a la Fiscalía General que pidiera órdenes de aprehensión en contra de 83 personas presuntamente vinculadas al caso, entre las que se encontraban los altos mandos militares y exfuncionarios federales y del gobierno de Guerrero. La fiscalía obtuvo las órdenes el 16 de agosto, y Encinas aprovechó la coyuntura políticamente para incendiar la pradera y acusar, sin pruebas, al entonces jefe del 27º Batallón de Infantería en Iguala de ordenar la muerte de seis normalistas que sobrevivieron la noche del 26 de septiembre.

La declaración de Encinas descompuso el frágil equilibrio que se había logrado dentro del gobierno federal, en particular con la Secretaría de la Defensa Nacional, al aceptar que se iniciaran procesos contra militares. También problematizó no solo la incapacidad del colaborador estratégico de Encinas, Gómez –la Fiscalía General tuvo que entrar a ayudarle a armar el expediente que dio lugar al informe de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario, difundido el 18 de agosto–, sino la idea en el gobierno de que sus intereses están alineados con grupos defensores de derechos humanos extranjeros y nacionales, en particular el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Internacionales (GIEI), del que fue empleado.

A finales de agosto, Gómez Trejo viajó a Israel para darle seguimiento a los trámites de extradición de Tomás Zerón, quien, como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la vieja PGR, encabezó las pesquisas sobre la desaparición de los normalistas, y que Encinas cree puede llevar a encontrar toda la verdad sobre el crimen. El viaje de Gómez Trejo, revelaron personas que conocen de primera mano los entretelones, se debió a que Encinas y él piensan que el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los “están traicionando” por no acelerar la petición de extradición.

Mientras estaba en el Medio Oriente, fiscales de Gertz Manero pidieron la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, lo que provocó una queja de Gómez Trejo al juez federal Enrique Beltrán Santes, que lleva el proceso en contra de cuatro militares, por concederla. Sin embargo, de acuerdo con personas que conocen la ruta de las cosas, la cancelación no fue una sorpresa para la comisión que encabeza Encinas. Desde hace más de 15 días ya se había llegado a un acuerdo interno en el gobierno de que se suspenderían las órdenes que, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, no las había solicitado Encinas, sino las había añadido Gertz Manero.

Este acuerdo iba caminando aparentemente sin turbulencia hasta este fin de semana, cuando Reforma publicó un extracto del informe de Encinas sin testar, donde los criminales revelan nuevos datos de cómo asesinaron a los normalistas y aportan nombres de altos funcionarios federales y locales que supuestamente fueron copartícipes. La publicación provocó la indignación de Encinas, que le pidió a la Fiscalía General que investigara quién filtró esa parte secreta del informe, sugiriendo que había salido de sus oficinas. El domingo, a través de fuentes anónimas, la Fiscalía General respondió en Excélsior que ya estaban investigando, pero a miembros de la Comisión de la Verdad por haber dado a conocer documentos confidenciales.

El pleito a periodicazos entre Encinas y Gertz Manero es una continuación de anteriores conflictos que detonó el subsecretario con múltiples imputaciones sin pruebas. La propia filtración que hizo públicos los choques carece también de sustento documental, porque quien la hizo no aportó las evidencias en las que sostiene las acusaciones. La entrega a la prensa de documentos secretos parece ser más una estrategia del ala dura en el caso Ayotzinapa, representada por Gómez Trejo, y como copiloto Encinas, que de la propia fiscalía por las suspicacias sobre el fiscal especial. Pero, al mismo tiempo, Encinas es quien resultó arrastrado por todos.

Dentro del gobierno hay miradas de sospecha que convergen en Gómez Trejo. Funcionarios federales sugirieron que las filtraciones tuvieron como detonante el nombramiento de Manelich Castilla como próximo secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, y a quien Encinas había señalado como “enlace operativo” en el caso Ayotzinapa, y había buscado una orden de aprehensión en su contra, lo cual llevaría, en su lógica, a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quien en 2014 era subalterno de Castilla, comisionado en Guerrero.

La vinculación de García Harfuch provocó una llamada de reclamo a Encinas de una enfurecida Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por seguirlo imputando cuando había demostrado que en el momento que se dio la desaparición estaba comisionado en Michoacán. Que Castilla tampoco cayera, sino renaciera como servidor público, confió un experto, pudo haber motivado que el ala dura de Ayotzinapa, donde están prominentemente las organizaciones defensoras de derechos humanos, sintieran que sus principales objetivos, funcionarios federales y militares, se les estaban escapando. La probable salida de Gómez Trejo en unos días, como se espera, reforzaría esa percepción.

Precisamente en este contexto apareció la filtración en Reforma, el sábado, y copia de la resolución de la cancelación de las detenciones, en Proceso, ese mismo día. Ambos materiales provocan una implosión en la investigación del caso Ayotzinapa y colocan a todos en el gobierno contra la pared. Solo saber quién entregó varios documentos secretos a la prensa en un momento de crisis interna, le permitirá al gobierno saber donde está parado. Por lo pronto, se encuentra en un pantano.