Las columnas políticas hoy, martes 27 de septiembre de 2022

 Renuncia Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa

Omar Gómez Trejo presentó ayer su renuncia como Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, después de tres años y tres meses en el cargo.

Su dimisión se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, confirmaron funcionarios de la FGR (Nota de Abel Barajas de Reforma..

Su salida ocurre al cumplir el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de que la FGR se desistiera de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el mes pasado contra presuntos implicados en este crimen, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.

Posicionamiento del Presidente ante la renuncia...

Por diferencias en los procedimientos para aprobar órdenes de aprehensión.

"Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar a otro Fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista", indicó en la mañanera.

"El Fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es resultado de la investigación".

AMLO dijo que su Administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.

"Que nos tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir, y como decía el General Torrijos: el que se aflige, se afloja", indicó.

El Jefe del Ejecutivo dijo que sus adversarios no deben estar pensando que van a poder descarrilar la investigación.

"Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones", acusó.

"Sin presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras preguntas, van a querer enrarecer, y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como nos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo, vamos a ser nosotros respetando la libertad de expresión, informando al pueblo de todo, y estoy atento a todo lo que está sucediendo". (Reforma)

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#Exhibe EU nexo de militares y narco previo a Noche de Iguala

EU tiene indicios que miembros de Guerreros Unidos se reunieron y EU tiene indicios que miembros de Guerreros Unidos se reunieron y sostuvieron conversaciones con Ejército, Marina y Policía de Cocula, medio año antes de desaparición de los 43 normalistas. Foto: Especial.

Nota de Abel Barajas

Reforma, Cd. de México (27 septiembre 2022).- Estados Unidos tiene indicios de que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sostenían reuniones con elementos del Ejército, la Marina y de las Policías de Iguala y de Cocula, desde medio año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa...

Los indicios se desprenden de conversaciones de mensajería instantánea por Blackberry intervenidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a por lo menos ocho miembros de ese grupo delictivo, entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014.

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'La verdad sigue encuartelada'

Crónica: Del Ángel al Zócalo. A 8 años de la desaparición de los 43 normalistas, en la marcha en la Ciudad de México el reclamo fue sobre la participación del Ejército en los hechos . Crónica de Jorge Ricardo/ Reforma, 27 de septiembre de 2022

Pero en el tumulto de 7 mil personas, de acuerdo con el cálculo oficial, los carteles apuntaban a los militares que, según el informe de la Comisión Especial para el Caso Iguala, están relacionados. El General José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón, con sede en Iguala, está detenido pero no por mandar asesinar a los estudiantes como acusó la investigación oficial sino por nexos con el crimen organizado.

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Las columnas políticas hoy, martes 27 de septiembre de 2022

Templo Mayor/ REFORMA

¡QUIÉN lo iba a decir! El alto mando militar, principal aliado -y soporte- de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió de la noche a la mañana en su mayor incomodidad. A 8 años de la masacre de los normalistas de Ayotzinapa, la participación de elementos del Ejército resulta inocultable.

EL PROBLEMA para AMLO es que su gobierno, el que no es igual a los anteriores, quedó exhibido al intentar encubrir a los de verde olivo. Es decir, la 4T desmontó la "verdad histórica" para construir una verdad a medias, en la que no salieran salpicados los soldados y mandos involucrados.

SIN EMBARGO, la difusión en estas páginas del informe sin censura de la Comisión Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas; y las revelaciones de información hasta ahora secreta de la DEA, no dejan lugar a dudas de que aquella noche en Iguala la sangre también manchó los uniformes militares.

EN UN PAÍS democrático, el Presidente tendría que escoger entre respaldar a las Fuerzas Armadas o ponerse del lado de las víctimas. En México, muy probablemente, lo que se verá será un gran acto de malabarismo.

HOY HABRÁ piñata en San Lázaro y no porque se hayan adelantado las posadas, sino porque está citado a comparecer Rogelio Ramírez de la O. Y vaya que los diputados de oposición quieren hacerle preguntas al titular de Hacienda, empezando por saber cómo le hace para ver con tanto optimismo la negra realidad económica del país.

DENTRO y fuera del gobierno federal se comenta que al proyecto de Presupuesto 2023 nomás le faltó ser presentado en hojas rosas, pues sus supuestos financieros no parecen tener mucho asidero en la realidad.

Y EN EL Senado la cosa se va a poner intensa con la presencia de Adán Augusto López Hernández, justo en momentos en que se ha acusado al titular de Gobernación de estar presionando -inclusive de malos modos- a varios legisladores de oposición para que aprueben la militarización de la seguridad pública.

EN AMBOS CASOS, la mayoría de Morena y sus achichincles les garantiza a ambos funcionarios un buen nivel de blindaje. Pero ni Ramírez de la O ni López Hernández tendrán un día de campo legislativo.

¿SE ACUERDAN cuando Vicente Fox se ofreció para reunificar a las dos Coreas? Pues AMLO ya lo superó en sus ocurrencias mediadoras. Primero ofreció sus talentos para tender puentes y procurar la armonía social con el noble propósito de acabar con la guerra en Ucrania, derivada de la invasión de Rusia.

Y ya encarrerado con la pacificación en Europa, el mandatario ahora quiere la reunificación de... ¡Belinda y Christian Nodal! La frivolidad y verborrea de Fox palidece en estos días.

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Confidencial/El Financiero

Vuelve ‘la hora de Dios’

Felices y contentos quedaron ayer los diputados de casi todos los partidos, al avalar la desaparición del “nuevo horario de verano”. Ahora ya “los gallos podrán despertar sin ningún problema y aceptados todos en la hora que debe de ser”, celebró el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el tabasqueño Manuel Rodríguez, de Morena. Compartió, con ello, el festejo también del diputado morenista chiapaneco Joaquín Zebadúa, quien expresó que volverá así “el ‘horario de Dios’ y desaparece el ‘horario del gobierno’”, como afirman las comunidades de su estado.

Fin a la “caballerosidad” de Creel

Nos anticiparon en San Lázaro que Santiago Creel “se soltó el pelo muy pronto”. En Morena y el PT consideran que “muy poco nos duró la caballerosidad, el buen trato y la finura del panista ‘totalmente Palacio’”. El jefe de la bancada morenista, Ignacio Mier, comentó que el presidente de la Cámara de Diputados “se destapó” para 2024, y por eso le anticipó que, otra vez, en la Jucopo “agendaremos esta semana un debate para analizar a fondo las atribuciones constitucionales que, con rigor y con apego a la Constitución, tiene el presidente de la Mesa Directiva”.

Los conciertos y los cupidos

Aunque la corcholata Claudia Sheinbaum se llevó un reconocimiento de parte del presidente López Obrador por un concierto gratuito que congregó a 280 mil personas, finalmente la jefa de Gobierno, sin quererlo, dejó mal parado al Presidente, que ni pagando por Los Tigres del Norte logró ese aforo. Por cierto, nos comentan que no es broma lo del concierto de Christian Nodal en el Zócalo. La 4T apenas está en planes y afinando detalles, solo que, como “su pecho no es bodega”, López Obrador adelantó la noticia. “A ver si logramos” la reconciliación con Belinda, como uno de los compromisos extra a los 100 hechos, dicen entre risas por los pasillos de Palacio Nacional.

El ‘catecismo jurídico’

“Desde una perspectiva religiosa, podríamos decir que todas, todos y todes somos hijos de Dios, y que ninguna criatura de Dios se puede dar el lujo de despreciar algo que Dios creó”, aseguró el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, al reafirmar que no se puede juzgar a nadie por ningún motivo. Con esta declaración, el ministro presidente da por terminadas sus cátedras de ética para dar inicio al catecismo de la moralidad.

Los tacos del alcalde

Resulta que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, salió más vivo que muchos. Ya puso en la colonia Escandón una sucursal de la cadena de las taquerías de la que es socio junto con su familia. El pequeño detalle es –dicen– que no cuenta con uso de suelo para ello y, por ende, habría violado algunos procedimientos. ¿Qué dirán los vecinos de la alcaldía de que hasta el propio titular de la demarcación usa sus influencias para intereses personales?

Sheinbaum, rumbo a Qatar

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el continente, por primera vez en la historia comenzará en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa. Los capitalinos podrán conocer el 16 y 17 de octubre el premio que recibirá el campeón del mundo en Qatar 2022. Allí, la corcholata hizo un compromiso muy peculiar: si la selección mexicana llega al quinto partido en Qatar, ella se pintará de rosa un mechón de cabello. ¡No, ya!, con eso seguro los del Tata Martino le echarán más ganas.

Será el 3 de octubre cuando el presidente López Obrador dé los detalles de cómo reajustó el plan antiinflacionario con los principales productores y empresarios del país para congelar el precio de los 24 productos básicos. A ver si esta vez va en serio, pues cuando entró en operación el Pacic, todos manifestaron buena voluntad para no caer en alzas, y al final no resistieron

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¿El PRIMor irá contra el INE?

Bajo Reserva/El Universal

Nos platican que esta mañana la Comisión de Presupuesto dará respuesta a la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que ordenó a la cámara baja justificar los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral. Nos adelantan, que en la sesión convocada a las 9.00 horas de hoy, se prevé que la mayoría de Morena y sus aliados, confirmen el tijeretazo a los recursos que darán al INE en 2023. En semanas pasadas, nos recuerdan, en las comunicaciones ilegalmente obtenidas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, prometía al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que su fracción le daría todo el respaldo al Instituto. Ahora, que hay una nueva relación de cercanía entre el PRI y Morena, algunos se preguntan si en esta ocasión volverá a verse el PRIMor, como sucedió en el caso de la aprobación de la reforma constitucional para extender hasta 2028 la autorización al Presidente para usar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.  

La estrategia de Américo Villarreal para tomar posesión

A solo unos días de su toma de posesión como gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal regresará a su escaño en el Senado hoy. Nos hacen ver que esta estrategia busca evitar una posible crisis en el estado, pues hay sospechas de que se buscaría detener a don Américo con el fin de que no pueda tomar posesión y forzar la posibilidad de un interinato. Sin embargo, al tener fuero como legislador, Villarreal no podría ser detenido. Así, el sábado, día de su toma de posesión, llegaría protegido con el fuero de senador y de inmediato, al tomar protesta tendría fuero como gobernador constitucional.  

Pasarela de corcholatas del PRI

Nos dicen que el PRI no se quiere quedar atrás de Morena y el PAN y también tendrán su pasarela de corcholatas, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Se trata, nos dicen, de un acto partidista en el que participarán quienes han levantado la mano para ser candidatos a la Presidencia de la República, entre ellos la senadora Beatriz Paredes; el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad; el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; y el diputado Ildefonso Guajardo. La pasarela, nos comentan, tendrá una duración de dos días, en los que los aspirantes expondrán a la militancia priista sus proyectos y propuestas de gobierno. Se espera que hoy se dé a conocer la fecha del acto. 

Prevén avance la iniciativa para aumentar vacaciones a trabajadores

Hoy, en la Comisión del Trabajo del Senado de la República se pondrá a discusión, y en su caso aprobación, una reforma para elevar de 6 a 12 días de vacaciones al año para los trabajadores. Nos adelantan que, hasta ahora, existe la intención de los legisladores de Morena, PT y Verde de que avance esta propuesta, que también incluye que año con año se aumenten dos días de vacaciones más hasta llegar a 20. La comisión, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, busca que, a partir del sexto año, se aumenten otros dos días por cada cinco años de servicio. 

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Estrictamente Personal

Las ilegalidades de Encinas/ Raymundo Riva Palacio

El Financiero, 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el informe sobre el caso Ayotzinapa dado a conocer el 19 de agosto pasado, donde una veintena de militares –dos de ellos generales– fue vinculada con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la escuela en Iguala hace ocho años, fue revisado por él y autorizado para que se difundiera. Implícitamente aprobó que se solicitaran las órdenes de aprehensión contra todos ellos. Ese mismo día, la Fiscalía General anunció que había pedido al juez 83 órdenes de aprehensión, incluidos los militares. Cinco semanas después, solo cuatro fueron cumplimentadas. ¿Por qué? Porque, dijo el Presidente, no venían en el informe.

Es una mentira. Por obvias razones, en el documento no se incluyó la lista de personas sobre las cuales se pediría la orden de aprehensión, porque eso le correspondía al Ministerio Público, no a la comisión presidencial que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin embargo, a partir de lo que señaló el informe, Encinas pidió a la fiscalía que las solicitara. La cancelación de prácticamente todas no pudo ser explicada claramente por el Presidente, quien, podría decirse, cantinfleó. La proclividad a la propaganda más que los hechos verificados y verificables, llevada a niveles nunca vistos por un Presidente, se ha convertido en un búmeran para el propio gobierno.

Encinas había levantado las expectativas de que lo harían, alineado a la narrativa de que este gobierno sí hace las cosas que el anterior no. Pero hasta ahora, fuera del discurso político, las cosas que sí se están haciendo es repetir violaciones a la ley, como las que imputa a Tomás Zerón, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal que piensa Encinas es clave para solucionar completamente el caso. En su obsesión por culpar al Ejército del asesinato de los normalistas para justificar su descripción de “crimen de Estado”, Encinas está cometiendo actos ilegales.

El primero verificable fue en agosto de 2020, cuando por gestiones del subsecretario, Eliseo Villar Castillo, que era dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria cuando desaparecieron los normalistas, fue trasladado irregularmente de un penal en Chilpancingo, a uno en Morelos, para que le ayudara en el caso Ayotzinapa. Villar Castillo estaba preso en Chilpancingo desde 2015 por robo calificado y secuestro, y en 2019 afirmó que tenía información clave sobre el destino de los normalistas. Tres días después de haber hecho esa declaración, fue movido de cárcel. Encinas justificó el cambio, minimizando la irregularidad o ilegalidad, porque le había aportado información sobre el paradero de los normalistas desaparecidos en Iguala.

Hasta hoy, esa información no ha dado resultados tangibles que se conozcan. Sin embargo, el modus operandi de Encinas fue similar a uno de los momentos paradigmáticos de la investigación del exprocurador Jesús Murillo Karam, el 27 de octubre de 2014, cuando Zerón sacó de las instalaciones de la PGR, de manera ilegal, a Agustín García Reyes, El Chereje, matón de Guerreros Unidos que participó en el crimen, para llevarlo a Cocula y que le dijera dónde estaba el basurero donde, según una llamada “anónima” el día anterior, habían sido asesinados e incinerados los normalistas. Encinas actuó como Zerón en su momento, usurpando las funciones del Ministerio Público.

Hace una semana se refirieron en este espacio las violaciones constitucionales en las que ha incurrido el subsecretario, poniendo en riesgo toda la investigación del caso Ayotzinapa. Pero Encinas ha ido mucho más allá que todos: violó secretos de Estado, aliándose con extranjeros, lo que podría tipificarse como traición a la patria, documentado en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, en marzo pasado, cuando dio a conocer un video grabado por un dron de la Marina el 27 de octubre de 2014, que, dijeron, demuestra que los marinos manipularon el basurero de Cocula, donde se presumía que un mes antes habían sido incinerados los normalistas. Ese video lo entregó el secretario almirante de la Marina, Rafael Ojeda, por instrucciones presidenciales derivadas de la gestión de Encinas, y a petición del GIEI.

La difusión del video por parte del GIEI mostró dos delitos. El primero de orden jurídico, que no es menor, pues la difusión de ese material fue hecha a espaldas de la Fiscalía General de la República, que no estuvo al tanto de lo que hizo Encinas. Al haberlo hecho el subsecretario, detentó funciones de Ministerio Público, por lo cual una prueba para el caso se contaminó. Encinas rompió la cadena de custodia del material, que es otro delito. Él y quien recibió oficialmente el video transgredieron la ley. En el capítulo de seguridad nacional, el subsecretario violó secretos de Estado al difundirlo y entregarlo a una entidad extranjera.

En este espacio se publicó en marzo cuál fue la razón por la que se empleó ese dron, que forma parte de un programa secreto de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, que habla del Grupo Arcturus T-20, que hizo la grabación. Arcturus es un programa de inteligencia naval de aeronaves no tripuladas, y era considerado como uno de los secretos mejor guardados, porque es una herramienta que salva vidas. El secreto fue revelado en la página 21 del informe del GIEI.

Encinas parece no haberse dado cuenta aún del problema en el que está metido. El GIEI, sí. En agosto pidió al gobierno de México inmunidad total –incluida contra detención o arresto personal– como condición para retomar las investigaciones del caso Ayotzinapa. No se sabe si se la dieron, porque todo es posible en este gobierno. El respaldo incondicional del presidente López Obrador a Encinas, el viernes pasado y ayer, lo demuestra. Qué importa la ley; lo que cuenta es la narrativa. Qué importa sacrificar a quien sea, si él es quien se salva. Sin embargo, la administración de expectativas se metió en un espacio de alta turbulencia, donde las ilegalidades de Encinas dejan al Presidente en apuros.

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Lo dicho: fue el Estado/Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

El Universal, 27 de septiembre de 2022

Se pretende confrontar al gobierno con los padres y madres y con la sociedad

Como era predecible, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen. El mismo que cometió este crimen.

Este coletazo del pasado se ha colmado de afirmaciones sin escrúpulo fundadas en el dolo, la ignorancia y la mala fe. Por ejemplo, hay quienes señalan que el informe se basa en la declaración de un solo criminal. Esto es absolutamente falso: si leyesen el informe podrían constatar las diversas fuentes de información que lo sustentan. Sabrían que es fruto de información de al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas, que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos.

Se ha dicho que nos equivocamos al cuestionar la actuación de los jueces que llevan el caso, que el problema reside en la mala actuación de las fiscalías y ministerios públicos —que al mismo tiempo defienden— omitiendo señalar que los jueces tienen la capacidad jurídica para restablecer procesos y solicitar la profundización de las investigaciones.

Es el caso de los autos de libertad dictados por el juez Samuel Ventura Ramos, a 77 personas que, efectivamente, fueron objeto de tortura por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República, lo cual es absolutamente inadmisible. Sin embargo, lejos de ordenar restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores, el juez dictó la libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición.

Han buscado confrontar a la Comisión de la Verdad con las Fuerzas Armadas, al señalar que el informe es un agravio contra el Ejército, que tiene una carga ideológica y de estigmas. El informe se basa en un trabajo profesional sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas. La búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones, por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando logran identificarse y expurgarse los intereses ajenos a la ley y el respeto de la sociedad.

También se pretende confrontar al Gobierno de México con los padres y madres y con la sociedad con el objetivo de desvirtuar el trabajo de esta Comisión, como sucedió el sábado pasado con la filtración de información reservada a la investigación judicial que lastiman a las víctimas, atentan contra derecho de las víctimas a la verdad y abren paso a la impunidad. El principio de transparencia y máxima publicidad es, sin duda un pilar para conocer la verdad, pero éste no puede estar por encima del respeto y dignidad de las víctimas.

La Comisión ha dado pasos importantes y refrendado su compromiso con la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, y para generar las condiciones para que la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa judicialice y procese a los responsables de estos hechos, sin menoscabo del derecho de los presuntos responsables a su defensa.

Los trabajos de la Comisión de la Verdad continúan, no hay marcha atrás para ir a fondo para garantizar el derecho a la verdad. El viejo régimen y sus voceros continuarán con su campaña de denostación, en un debate que se dirimirá en los juzgados, pero también ante una sociedad cansada de la mentira y el encubrimiento.

En lo que a la Comisión de la Verdad respecta, retomo lo escrito por Marco Aurelio en sus meditaciones: “No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos porque ninguno podría mancharme con su infamia”. No somos como ellos.

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Un presidente atrapado por Ayotzinapa/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Excelsior,

Era agosto de 1996. La investigación de los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas era ya un caos. El fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla estaba utilizando cualquier instrumento para tratar de cuadrar las hipótesis que, reflejadas en detenciones, había realizado en el primer año y medio como responsable de aquellas investigaciones y que intentaban comprobar que el responsable de esas muertes era el expresidente Carlos Salinas.

En el caso Ruiz Massieu, decidió encarcelar a Raúl Salinas, no tenía pruebas más que el testimonio de oídas de uno de los responsables del crimen, pero llenó algunos medios, como se está haciendo ahora, de filtraciones, que tampoco estaban verificadas y que tampoco tenían mucho que ver con el caso, pero que sirvieron para que en la opinión pública se fortaleciera esa imagen. En el caso Colosio, desechó las investigaciones anteriores, pero, de alguna manera, regresó a la del fiscal Miguel Montes, realmente desastrosa, incorporando al supuesto complot a miembros del Estado Mayor Presidencial y, sobre todo, a quien era el jefe de seguridad, el general Domiro García Reyes. Para eso, detuvo a un pobre ayudante, Othón Cortés, que pasó varios años en Almoloya, hasta que se le declaró inocente.

Cuando iba a salir el libro Domiro, que publicamos en 1996 con mi amigo Joaquín López-Dóriga, con el testimonio de García Reyes, me citó el presidente Ernesto Zedillo en Los Pinos. Como lo he publicado en otras oportunidades, el Presidente, en una larga reunión de dos horas, me dijo que estaba harto de Chapa Bezanilla, que sólo le había creado problemas, que era un corrupto y que sus investigaciones no estaban basadas en datos comprobados. Le pregunté entonces por qué lo mantenía en el cargo, y el presidente Zedillo me dijo que era una designación del procurador Antonio Lozano Gracia (luego supe que, para esas fechas, también estaba harto de Chapa Bezanilla, pero quería que lo corriera Zedillo) y él no podía removerlo porque le había dado autonomía y, además, porque parecería no quería que avanzaran las investigaciones. Me quedó claro que el presidente Zedillo en ese tema había quedado atrapado.

Lo mismo le está sucediendo al presidente López Obrador con el caso Ayotzinapa. Otros fiscal especial, Omar Trejo, sin experiencia ni capacidad en el tema y fuertemente influenciado por sus posiciones políticas, tiene como jefe a un subsecretario, como Alejandro Encinas, al que como a Chapa Bezanilla se le dio absoluta libertad para investigar el caso y, como también hizo Chapa, estableció primero sus hipótesis, luego buscó testigos protegidos que hicieran acusaciones que sirvieran para ese fin, libró órdenes de aprehensión a diestra y siniestra y después buscó ver cómo hacía para cruzar su narrativa con pruebas. Aquello terminó en desastre, y esto va por el mismo camino.

El presidente López Obrador ha optado por una suerte de fuga hacia adelante, como acostumbra, pese a que la investigación de Encinas-Trejo ha provocado un choque de trenes en el gobierno federal y fuera de él. Encinas, diría cualquier viejo marxista, apostó a agudizar las contradicciones, sobre todo con una institución tan lejana a sus afectos desde 1968 como las Fuerzas Armadas. No sólo lanzó una serie de alegatos sin sustento, infundados, en el informe que dio a conocer hace unas semanas, sino que, además, agregó afirmaciones que ni siquiera están en el mismo, como que el general José Rodríguez Pérez ordenó matar a varios jóvenes, días después del 26 de septiembre. Ni eso existe en el informe, ni existe orden de aprehensión por ese presunto delito ni mucho menos hay pruebas al respecto. Es, como me dijo el general, “una vileza, una cobardía”, porque esa gravísima acusación al presentarla como un hecho queda en el inconsciente colectivo. Tanto que, ayer mismo, el presidente López Obrador la retomó como un hecho en la mañanera.

Asombra la saña con que se ataca a las Fuerzas Armadas y, en particular, al Ejército desde ámbitos del propio gobierno federal, con respaldo presidencial, cuando al mismo tiempo se quiere, se supone, fortalecer la presencia militar en diversos ámbitos, y ampliar la participación militar en la seguridad pública, además de incorporar a la estructura de la Sedena a la Guardia Nacional.

Algún día se tendrá que comprender el grado de molestia que existe en el instituto armado por las acusaciones sin fundamento, las filtraciones interesadas, las detenciones de militares que, como el general Rodríguez Pérez, no deja de asombrarse de que el testimonio de un sicario, autor confeso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tenga más peso que su carrera de 44 años de servicio, su currículo impecable, que su propio testimonio de lo que ocurrió aquella noche.

Las divisiones que, dentro del gobierno federal, esto ha generado no son menores. Omar Trejo estaría a punto de dejar la fiscalía especial (donde nunca debería haber estado porque era parte interesada), Encinas tendría diferencias con él y ahora también con el fiscal Gertz Manero por las órdenes de aprehensión retiradas, el tema ha generado divisiones entre los precandidatos, porque el informe también se utiliza en ese sentido. El Ejército mexicano rechaza por completo el accionar de la comisión y la Fiscalía. El presidente López Obrador apoya al mismo tiempo a unos y a otros y, al final, puede quedar mal con todos.

Mientras tanto, continúa la violencia en las calles de estos grupos que se identifican con Ayotzinapa, cuya agenda nada tiene que ver con la justicia, pero sí con las posiciones más radicales del espectro político.

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Los malabares de Monreal y el rompimiento con AMLO/Salvador García Soto

¿Logrará Monreal convencer a la oposición para que apoyen la reforma constitucional en el Senado, y de lograrlo, le alcanzaría para el perdón del señor de Palacio?

El Universal

Justo ahora que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, busca desesperadamente reponer el procedimiento parlamentario para que se vuelva a dictaminar y a subir al pleno la Reforma al artículo 5to. Transitorio de la Constitución, con el que se ampliaría la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028, a muchos en la 4T les empieza a quedar claro que el senador zacatecano siempre fue un operador leal y eficiente para el presidente López Obrador en los tres primeros años de gobierno y de la actual legislatura y que, aun cuando el último año lo han tenido vetado en Palacio Nacional, tras acusarlo de “traidor” y dividirle la bancada, aún Monreal mantiene la lealtad tratando de sacar adelante la iniciativa que tanto le interesa al Presidente.

Todavía ayer, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, acusara en una declaración que la propuesta del Presidente para organizar una consulta popular y preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo con que se extienda la labor de los militares en seguridad, es no sólo “inconstitucional” sino que además es “una forma de presión y una intromisión indebida” del Poder Ejecutivo al Legislativo por pretender someter a consulta un tema que aún está bajo discusión y debate en el Congreso. “La única forma que existe de modificar la Constitución es a través del Constituyente Permanente, y ese lo integran las Cámaras de Senadores y Diputados, y no se puede cambiar la Constitución con consultas que además carecen de sustento legal”, dijo el panista.

La respuesta de Monreal a Creel fue inmediata y al responderle con un video en redes sociales, el líder morenista salió en defensa del Presidente y aseguró que los comentarios del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados son “un exceso y una desmesura”, porque la consulta propuesta por López Obrador no altera la autonomía de los Poderes de la Unión. “Lo he respetado siempre, pero considero que este asunto es una desmesura, un exceso, acusar de intromisión indebida en el Poder Legislativo. Incluso plantear un sondeo entre las mexicanas y los mexicanos sobre la labor del Ejército y la Guardia Nacional, en ningún momento altera la autonomía de los Poderes de la Unión”, dijo Monreal al descalificar los dichos del diputado panista.

Todo eso mientras Ricardo Monreal sigue negociando con la oposición la instalación de una mesa para negociar los términos de la reforma constitucional que no pudo pasar por falta de mayoría constitucional el miércoles pasado. Y aunque está claro que López Obrador no ha perdonado a Monreal y que, si a principios de septiembre, cuando empezaba el periodo legislativo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, operaba para volver a reunir al zacatecano con el Presidente, ese intento se frustró después de que el coordinador morenista se abstuviera de votar en la discusión de la reforma secundaria que trasladó a la Guardia Nacional a la estructura del Ejército, lo que en Palacio Nacional leyeron como “otra traición” de Monreal, está claro que el zacatecano no deja de buscar una reconciliación con el Presidente.

Y es que la ruptura de López Obrador hacia Monreal fue dura y con testigos. Unos 10 días después de los comicios de junio de 2021, el Presidente convocó a una reunión en Palacio Nacional a los coordinadores parlamentarios para hablar de los resultados electorales. Al encuentro acudieron Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Mario Delgado, Julio Scherer y el entonces senador Alejandro Peña, suplente de Gabriel García Hernández. En un salón de Palacio, el Presidente llegó cuando ya todos los convocados lo esperaban y al sentarse en la mesa, de acuerdo con testimonios de los presentes, comenzó a analizar los resultados y dijo que no les había ido mal, que se habían ganado estados y distritos importantes, pero que había que hacer un balance.

La cara y el semblante del Presidente no necesariamente cuadraba con el enfoque triunfalista de su mensaje y de pronto comenzó a preguntar: “Lo que sí es importante es saber si los diputados que ganaron del PT sí van a jalar bien y también los del Verde. Hay que ver cuántos diputados realmente son del PT y cuántos son morenistas”, decía López Obrador, porque los números que arrojaban los resultados ya no cuadraban para lograr la mayoría calificada en San Lázaro. De pronto alguien en la mesa recordó que en el PVEM había molestia porque desde la dirigencia nacional de Morena les habían intentado sabotear la alianza con su candidato a gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Cardona, además de que un par de días antes Mexicanos contra la Corrupción había publicado un reportaje con información de dos auditorías del SAT que documentaban presuntos desvíos de 500 millones de pesos en el gobierno de Manuel Velasco a empresas fantasma.

Justo unos días antes de que saliera ese reportaje, el 6 de junio día de las elecciones, el senador Velasco Coello le declaró al diario Reforma en entrevista que “habría que valorar la alianza (del PVEM) con Morena” a partir de los resultados de los comicios de aquella fecha. "En el 2018 la gran mayoría de los mexicanos, más del 53 por ciento del voto, se inclinó por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y nosotros decidimos acompañarlo y darle ese voto de confianza que le dieron los mexicanos durante esta primera mitad de su Gobierno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un replanteamiento, debemos de evitar el clima de crispación y de división y debemos escuchar todas las voces", dijo Velasco en aquella entrevista.

Cuando se tocó el tema de los mensajes del Verde y los ataques a Manuel Velasco, el Presidente volteó de pronto con Julio Scherer y le dijo muy serio: “Yo te encargué a ti que el SAT dejara de sacar cosas contra Manuel Velasco, y lo siguen haciendo”. En ese momento todos se quedaron callados al oír el tono enérgico del Presidente. El único que habló fue Ricardo Monreal, que dijo: “Y la verdad Presidente, con todo respeto, Manuel siempre ha jalado bien con usted y con nosotros en la bancada, no se merece que le hagan eso”. Y ahí, según cuentan quienes lo vieron, López Obrador se giró completamente hacia donde estaba Monreal y apuntándolo con el dedo elevó el tono de voz y su molestia:

“Tú, ya me tienes harto con tus traiciones y tus deslealtades. Tienes tu propio juego y solo ves por tus intereses y no te importa traicionar al movimiento”. El silencio fue total ante el grito del Presidente. Todos agacharon la cabeza y la incomodidad se sintió en todo el salón. Después de un silencio con el rostro descompuesto, Monreal trató de defenderse: “Pero Presidente, eso no es cierto, yo he caminado contigo por más de 20 años, nunca he traicionado ni he jugado sucio con el movimiento”, balbuceó Monreal, pero López Obrador ya se estaba levantando de la mesa. “Ahí terminen ustedes la reunión, yo ya no quiero saber nada”, les dijo y se salió. Todos voltearon a verse sorprendidos y varios de los asistentes ya ni siquiera se acercaron al senador zacatecano.

Esa fue la última vez que se vieron, frente a frente, López Obrador y Monreal. A partir de ahí no hubo más desayunos con tamalitos de chipilín los jueves, cuando se reunían el líder del Senado y el Presidente para revisar los temas de la agenda legislativa. Monreal entró primero en la frialdad de la distancia y con los meses fue claro que aquello era una ruptura definitiva por parte del Presidente, que había recibido información del Gobierno de la Ciudad de México que le atribuían no sólo la candidatura de Sandra Cuevas, sino una relación personal con ella y la operación electoral para su triunfo y el de otros candidatos de la Alianza Va Por México en las alcaldías capitalinas. Hoy que Monreal opera afanosamente para volver a sacar, en un segundo intento la reforma al 5to. Transitorio, que tanto le importa al Presidente, surgen dos preguntas: la primera si logrará convencer a la oposición para que apoyen la reforma constitucional en el Senado, y la segunda, si eso, de lograrlo, le alcanzaría para el perdón del señor de Palacio.

NOTAS INDISCRETAS…

Más que extraña resulta la decisión del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, para solicitar su regreso al Senado a solo 4 días de que ocurra su toma de posesión como Ejecutivo estatal y a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su fallo sobre si la elección que ganó el abanderado de Morena, en junio pasado, fue válida o se anula, como lo demandó el PAN. Es cierto que hay demasiadas señales de que los magistrados federales podrían decidir por mayoría anular los comicios y de que al presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, lo han visto muy metido en los cabildeos para lograr mayoría en favor de la anulación, por sus vínculos tan cercanos con Roberto Gil Zuarth, principal asesor del aún gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca; y también es cierto que sobre la cabeza del doctor Américo penden amenazas de órdenes de aprehensión de la Fiscalía de Tamaulipas que lo investigan a él y a su hijo, junto con otros dirigentes y alcaldes morenistas. Pero adelantarse a que suceda una cosa o la otra, la anulación de los comicios o una acusación formal en su contra, solo refleja miedo, un total miedo por parte de quién, todavía hasta anoche, era el gobernador electo de Tamaulipas. Una de dos o don Américo ya tiene información fidedigna sobre lo que decidirá el tribunal, o sabe que, como él mismo denunció hace unos días, efectivamente activarán una detención contra su persona en Tamaulipas. Eso, o de plano el doctor Villarreal, que es hijo del ex gobernador priista del mismo nombre y que tiene toda su vida viviendo en su estado, sabe que en Tamaulipas todo puede pasar y si ya asesinaron a un candidato priista hace 12 años, ¿por qué no lo harían con un gobernador electo que les estorbe? ¿Por eso se regresó al Senado el doctor?... El PRI se quedó ayer sin diputados en el Congreso local de Sonora. Elia Sallard y Karina Zárate, las dos únicas legisladoras priistas, y quienes son amigas y hasta comadres de la hoy cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich, se pasaron a Morena. El gobernador Alfonso Durazo les dio, muy contento, ayer la bienvenida. No cabe duda que la traición y la deslealtad cunde en el PRI y que el viejo partido empieza a crujir y parece a punto de resquebrajarse. Habrá que ver qué tanto influyó la ex gobernadora y hoy premiada con el exilio dorado de la diplomacia, Pavlovich, para que sus comadres se vistieran de guinda y abandonaran el tricolor. Y eso que están en la tierra del fundador del PRI, Plutarco Elías Calles, que, si viviera, se volvería a morir…Los dados mandan Escalera Doble. Semana de altibajos.

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“Carla” y el normalista “desollado”/Héctor De Mauleón

El Universal

El relato que un testigo protegido bajo el nombre clave “Carla” hizo a la fiscalía que investiga el caso Iguala, es brutal. “Carla” sostiene que el 26 de septiembre de 2014, mientras hacía labores de “halconeo” frente a La Pérgola de Iguala, se le acercaron a bordo de una patrulla clonada, la 03, tres integrantes de Guerreros Unidos. 

Los identificó como La Minsa, El Gallo y Pérez. 

Dijo que traían en la batea de la patrulla a uno de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, al cual identificó como El Chilango. 

Según la declaración, “Carla” le había enviado a uno de sus jefes, El Peyton, varias fotografías de los alumnos que aquella tarde estaban “boteando” a las afueras de Iguala. El Peyton le devolvió las fotos de tres de los alumnos, con la instrucción de que no los dejaran entrar a Iguala. 

“Son Rojos”, le habría dicho. 

Ahora los tres sicarios llegaban por “Carla” con uno de esos jóvenes atado de las manos con cinchos. 

“Carla” afirma haber visto con sus propios ojos cómo La Minsa, “con una navaja 007 grandota que tenía, le quitó el rostro a El Chilango”. Dijo: “Miré cuando Minsa llevaba el rostro en la mano pues se alumbró la mano para que tomara una foto El Gallo, no sé a quién se la enviaron”. 

La revelación de “Carla” ha despertado oleadas de indignación. Por lo que se conoce hasta este momento, nada garantiza, sin embargo, que corresponda a la realidad. 

El cuerpo de este alumno, Julio César Mondragón, fue hallado a la mañana siguiente de los sucesos de Iguala en el llamado Camino del Andariego, una calle de terracería. La foto se publicó en diversos medios. Mostraba un rostro descarnado y sin globos oculares. 

Se dijo que el alumno Mondragón había sido desollado a fin de que Guerreros Unidos pudiera mandar un mensaje a sus rivales. Se habló de “cortes limpios de piel”: algo que solo un sicario muy experimentado en esos menesteres podría haber logrado. 

Los integrantes del GIEI no compartieron la versión de los “cortes limpios”. Uno de sus expertos sostuvo que al estudiante le habían disparado en la cara. Incluso, en cierto documental se dijo que la bala provenía de un fusil alemán, comprado ilegalmente por la Sedena y que esa noche se hallaba en manos de un policía. 

Al mismo tiempo, un perito forense de la Coordinación Regional de la Zona Norte en el estado de Guerrero había señalado que las lesiones que el cuerpo presentaba en la cara eran resultado de la acción de la fauna del lugar. Nadie le hizo caso. 

En el ya lejano 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó los resultados preliminares de su investigación del caso Iguala y abordó lo relacionado con el deceso del alumno Mondragón, a quien sus compañeros habían perdido de vista la noche de los hechos en una esquina de la calle Juárez. 

La CNDH solicitó la inhumación del cuerpo —en la diligencia tomaron parte miembros del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense— y se practicó un estudio científico del caso, en el que participaron, entre otros investigadores, varios expertos en medicina forense. 

Finalmente se emitió un dictamen. Concluyó que la muerte era consecuencia de múltiples traumatismos en el cráneo. Concluyó también que no habían ocurrido ni desollamiento, ni cortes limpios de piel, ni mucho menos disparos efectuados por fusiles alemanes comprados ilegalmente por la Sedena. 

En realidad, las cosas habían sido tal y como las planteó desde un principio el perito de la Coordinación Regional al que nadie quiso escuchar: “La pérdida del tejido de la cara y cuello fue producto de la intrusión de la fauna depredadora del lugar”, atraída “por la presencia de líquido hemático”. 

La acción de depredadores se confirmaba por la presencia, no solo de “bordes dentados en forma de ‘V’ en las lesiones de cara y cuello, característicos de la mordedura de roedores” (los cuales se confirmaron en las fotografías analizadas), sino también porque el hueso frontal y el borde inferior de la mandíbula presentaban rayados y arañazos en lugar “de la impronta que habría dejado un objeto filoso”. 

En las fotografías tomadas en el lugar del deceso, se apreciaba además un lago hemático, en torno del cadáver, en el que se apreciaban huellas “que corresponden a almohadillas o cojinetes de patas de perro, lo que corrobora la presencia de fauna depredadora en el lugar”. 

“No hubo acción humana”, señaló el encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta, al referirse a la ausencia de piel en el rostro de Mondragón. 

Tras la aparición del informe, las especulaciones cesaron. 

Pero somos de memoria corta… Y ahí vamos de nuevo. 

(Cabe preguntar: ¿Con qué pruebas construye el caso Alejandro Encinas?) 

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Cómo el Ejército dobló al gobierno en el caso Ayotzinapa/Carlos Loret de Mola

El Universal

“Si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”. Esa fue la advertencia que soltó el secretario de la Defensa Nacional en una reunión del gabinete de seguridad del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, hace aproximadamente dos semanas. Los asistentes se quedaron congelados.  

Las palabras del general secretario tuvieron como destinatario inicial a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación encargado del caso Ayotzinapa, y al fiscal Alejandro Gertz Manero, encargado de procesar las órdenes de aprehensión contra militares por la desaparición de los 43 normalistas. Pero principalmente, el destinatario fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no estaba presente en la reunión, pero que recibió el mensaje a través de quien encabezó el encuentro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.  

El fuerte reclamo del secretario de la Defensa sucedió hace un par de semanas después de la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en el que se enfatizó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los normalistas, al grado que se solicitó a la Fiscalía General de la República procesar órdenes de aprehensión contra más de veinte militares de distintos rangos, incluido un general.  

Al recibir noticia de la advertencia de su más importante y estratégico secretario (el de Sedena), el presidente López Obrador giró la instrucción de que Gobernación y FGR se coordinaran para matizar el golpe contra los militares. Así lo hicieron: fueron al Poder Judicial a pedir que el juez se retractara de otorgar las órdenes de aprehensión, pero ya las había otorgado; pidieron que las retirara, les dijeron que no se podía; se les ocurrió si se era posible borrarlas del sistema, les contestaron que no; sugirieron otorgarles amparos, pero demoraría meses.

En pocas palabras, en el Poder Judicial no quisieron pagar el costo político de dar impunidad al Ejército, en un caso que será revisado por la historia, y por el que están metiendo a funcionarios a la cárcel justo por no hacer correctamente su trabajo. Le devolvieron la papa caliente al Poder Ejecutivo.

La primera decisión fue “bajarle” al discurso contra los militares. El propio Encinas dio pasos para atrás en las entrevistas subsecuentes a la presentación del informe en la conferencia mañanera. Tras un par de semanas de deliberaciones, la Fiscalía de Gertz Manero absorbió el costo político: se desistió de las órdenes de aprehensión contra 21 militares.

Todo esto, según fuentes con acceso a información de primera mano.

En las élites políticas y militares de la 4T ya habían llegado a un arreglo inicial. Era a todas luces un arreglo inestable: la filtración del Informe sin tachones puso todo de cabeza. Hoy queda claro que AMLO trató de manipular el reporte de su propia administración: endulzó la responsabilidad de los militares en la tragedia y trató de esconder la culpabilidad de José Luis Abarca, a quien el propio López Obrador hizo candidato a la alcaldía de Iguala, a pesar de las advertencias de que estaba coludido con el narco. Y queda exhibido que el gobierno federal está fracturado por dentro a consecuencia de este caso.

historiasreportero@gmail.com

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Órdenes retiradas

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA, 27 Sep. 2022;

"Llegar a la verdad, por dolorosa

que esta sea y a pesar

de los obstáculos, es el compromiso 

del gobierno de México

con las familias". Alejandro Encinas

Ochenta y tres órdenes de aprehensión, 20 a militares, fueron giradas el 19 de agosto en el esfuerzo del gobierno por probar que los crímenes de la noche de Iguala fueron realizados por "el Estado". Solo se han cumplimentado cuatro, contra el general en retiro José Rodríguez Pérez y tres subalternos, que se presentaron voluntariamente y que dicen que van a limpiar sus nombres. La Fiscalía General de la República ha retirado 21, 16 contra militares y cinco contra civiles, pero sin un acuerdo con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Trejo García, lo cual revela un rompimiento entre esta y la FGR. Una nota de la revista Proceso refleja la actitud de los miembros de esta unidad: fue "una sucia maniobra" de la FGR, dice el encabezado.

¿Es verdad que la FGR recurrió a una sucia maniobra para exonerar a 16 militares y cinco civiles con el fin de proteger al Estado mexicano por haber perpetrado los crímenes de Iguala? Lo que sabemos -porque a pesar de las promesas de transparencia el informe de la Comisión para la Verdad tenía tachadas sus partes fundamentales- es que las órdenes de aprehensión retiradas se sustentaban solamente en testimonios de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes la investigación anterior atribuyó el secuestro y asesinato de los normalistas. El testigo estrella de hoy es Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, ya liberado pese a haber confesado su participación en los crímenes y a quien se presenta en los testimonios con el nombre de "Juan". Estos "testigos colaboradores" no han usado sus testimonios, como es lógico, para autoincriminarse, sino para acusar a quienes los detuvieron.

Una de las órdenes de aprehensión retiradas se había girado contra Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero. El Gil afirmó que estaba en la nómina de Guerreros Unidos... y también de Los Rojos, lo cual sorprende porque eran grupos rivales. Según El Gil, Blanco propuso, además, hacer una investigación sobre los hechos de Iguala que solo tocara a responsables de bajo nivel.

La realidad, sin embargo, contradice estos testimonios. La Fiscalía de Guerrero bajo Blanco detuvo o consignó a todos los mandos de la policía municipal de Iguala y al propio alcalde, José Luis Abarca. En cuanto a sus supuestos vínculos con Guerreros Unidos, Blanco y su equipo obtuvieron y comunicaron a las autoridades federales información que se usó para realizar acciones en contra de ese grupo. A Los Rojos, la Procuraduría estatal los desarticuló, al grado de que hoy ya prácticamente no existen en Guerrero. Todos los detenidos del caso Iguala consignados por la Fiscalía de Blanco siguen bajo proceso por homicidio calificado y en ningún caso se ha acreditado tortura.

El general Rodríguez Pérez ha afirmado en entrevista con Jorge Fernández Menéndez que las acusaciones en su contra y de sus subalternos, también producto de testimonios de El Gil, son falsas. El subsecretario Encinas lo acusó públicamente de haber ordenado el asesinato de seis normalistas, pero la FGR no ha presentado acusaciones por esos supuestos asesinatos. El Gil acusó también al general de tener vínculos con Guerreros Unidos, pero no hay más pruebas que este testimonio. El militar afirma que sus tropas dieron fuertes golpes a la organización.

El retiro de las 21 órdenes de aprehensión no parece una "sucia maniobra" de la Fiscalía. Sugiere más bien una aceptación de que las pruebas contra los acusados eran endebles o falsas.

· IMPUNIDAD

Decenas de autobuses "prestados", o robados, llevaron a los normalistas de Ayotzinapa y sus seguidores al Paseo de la Reforma ayer. Grupos pequeños de encapuchados vandalizaron edificios en su marcha por la avenida. La impunidad se mantiene.

www.sergiosarmiento.com

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Ayotzinapa, 8 años/Genaro Lozano

en REFORMA

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, fue un crimen de Estado. Guerreros Unidos es una organización criminal que tuvo la capacidad de corromper a instituciones del Estado mexicano a todos los niveles, a policías locales, policías federales, a alcaldes, a militares del Ejército mexicano. El Ejército tenía a un soldado infiltrado entre los normalistas. Lo que pasó en la noche de Iguala y los días posteriores fue un crimen de Estado. El gobierno de Peña Nieto construyó una verdad alterna usando tortura, y lo hizo para encubrir a responsables. La operación de la "verdad histórica" también fue un crimen de Estado. A 8 años de Ayotzinapa las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Habrá justicia sin impunidad? ¿Conocemos hoy más de la verdad? La respuesta a ambos temas recae principalmente en las familias de los 43, en las víctimas, pero también en la voluntad de este gobierno.

México está lleno de impunidad, de abusos del gobierno contra el pueblo, pero Ayotzinapa es quizás el caso reciente más doloroso. La tragedia de los normalistas de Iguala es la que marca el país en el que crecen las generaciones millenial y centennial, incluso para quienes no vivimos el 68. Ayotzinapa es el punto de quiebre y la demanda de verdad, justicia y de no repetición nos acompañará las próximas décadas. Parafraseando a Susan Sontag, "nadie tiene derecho a la ignorancia o a la amnesia a partir de cierta edad". Quienes eran adolescentes en 2014, hoy son universitarias y son parte de quienes acompañarán al movimiento de padres y madres de Ayotzinapa hacia el futuro. El 68, la guerra sucia, Acteal, Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa son algunas de las heridas abiertas de México.

Las recientes filtraciones del informe de la Comisión de la Verdad y Justicia revelan detalles de la violencia, la deshumanización, la crueldad, el horror, la insensibilidad, la falta de compasión y todo lo que ya se ha escrito en torno a la degradación de la condición humana. Sin embargo, esas filtraciones también corroboran la tesis de que fue el Estado y de que siguen siendo algunos de sus principales actores los que refuerzan los cimientos del pacto de impunidad. Las filtraciones son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ayudar al conocimiento social de lo que pasó esa noche, a la socialización, a la transparencia de la verdad y de cómo se llega a ella. Por el otro, son un recurso para la impunidad. Crean un efecto corruptor al violar presunción de inocencia. Lo primero, el compromiso con la búsqueda de la verdad, es el terreno del buen periodismo. Lo segundo, el armado de un buen caso judicial, es campo de la construcción de un Estado de derecho robusto que seguimos sin tener en México.

El manejo del caso Ayotzinapa es una prueba más para el gobierno de AMLO y para su relación con los movimientos sociales que apoyaron su llegada al poder. Lo prioritario quizás sea cómo consolidar el camino hacia la reparación en lugar de continuar con la revictimización de las madres y padres de los 43. Lo prioritario quizás sea darles certeza de que los militares involucrados también serán juzgados. Los padres y madres piden acceso a nuevos lugares de búsqueda y que no haya impunidad. Sus críticas están dirigidas a la Fiscalía General, al fiscal Gertz Manero, y a la Sedena, más que al subsecretario Alejandro Encinas o al informe de la Comisión.

Las revelaciones más recientes muestran el alcance de la investigación de la Comisión y especialmente el involucramiento del Ejército. Aquí está la prueba de fuego para la 4T. Justo cuando el Presidente cambió la ruta y optó por darle toda su confianza al Ejército, darle más tareas y militarizar la seguridad pública es cuando llega este duro golpe a la reputación castrense. La respuesta que dé el gobierno de AMLO a las revelaciones del informe y a las demandas de las familias de los 43 será otro indicador más de la fragilidad del dominio civil sobre lo militar. La verdad y la justicia llegarán cuando las familias de los normalistas así lo reconozcan.

@genarolozano

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El resentido/Guadalupe Loaeza

en REFORMA

En el Grito de la Independencia del pasado 15 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agregó, desde el balcón del Palacio, además de la usual arenga a los héroes que nos dieron patria, una frase que llamó mucho la atención: "Mexicanas y mexicanos: muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo...".

"¡Muera la corrupción...!". Bla, bla, bla... Cuántas veces hemos escuchado este reclamo. Nos parece tan sobado que ya ni creemos que se pueda resolver nunca jamás. Ahora y en el pasado, todos los funcionarios tienen alma corrupta, ya es una manera de proceder, de vivir y de ser. Tal vez ni siquiera se den cuenta. Desde que se despiertan hasta que se acuestan cometen actos de corrupción, los cuales les parecen normales. Ya ni nos sorprende cuando escuchamos cuántos millones en dólares, en pesos, en euros o en yenes han amasado los miembros de la clase política mexicana. Más que una costumbre, es una tradición. Todos los presidentes que hemos tenido han repetido lo mismo, cuando en el fondo saben que no lograrán detener ese flagelo. Todos nos dan atole con el dedo, baba de perico, todos prometen sin cumplir. No tardará el momento en que nos enteremos de la corrupción de la Guardia Nacional, incluyendo la Marina, el Ejército y las policías. ¿Por qué serían diferentes? Lo mismo se podría decir del Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público. ¿Y los empresarios, y los burócratas, y la Iglesia? Todos le entran...

"¡Muera el clasismo!...". En un país donde su Presidente insiste en decir, un día sí y otro también: "no somos iguales", no hace más que dividir las clases sociales entre los buenos y los malos y entre los pobres y los ricos. ¿Por qué López Obrador se niega a ser Presidente de todos, todos los mexicanos? ¿Por qué odia a los que llama conservadores, neoliberales y vendepatrias? ¿Por qué será nuestro Presidente tan resentido y tan acomplejado? Nunca antes un mandatario de México había hecho hincapié en estas diferencias, y menos durante el Grito de la Independencia. Si mal no recuerdo, Leona Vicario pertenecía a una familia adinerada. ¿Quién lo asesorará respecto a esas consignas tan extrañas, sus hijos o sus secretarios más cercanos igual de acomplejados y resentidos que él? En lo que a mí respecta, tener a un Presidente tan lejano y hostil me hace sentir como si me faltara algo en lo que necesito creer. Desde que López Obrador llegó a la Presidencia, siento que no pertenezco a ninguna clase. Por un lado, afortunadamente, tengo trabajo, gano lo suficiente para vivir bien, y por otro, me siento acusada por lo mismo. Últimamente, me rehúso a pertenecer a cualquier clase. Para López Obrador, pertenezco a una clase infame. ¿Y el Presidente a qué clase pertenecerá?

"¡Muera el racismo!". El simple hecho de hablar de razas, de alguna manera es racismo. Después de tantos años, siglos, no se puede y no se debe clasificar a los seres humanos en razas. ¿Para qué? ¿Cuál es objeto? Hay tantos millones de personas que han formado familias interraciales, que ya no pueden clasificarse de ninguna manera. Sin embargo, aún persisten grupos de individuos que se consideran racialmente superiores, lo cual es un absurdo a estas alturas; está demostrado que no existe ni la superioridad, ni la inferioridad racial. No obstante, hay gente que desprecia a otra por el color de la piel y por su origen. No basta decir "muera el racismo", para que "muera el racismo", es pura y llana demagogia, sobre todo cuando lo dice el Presidente. Quiero pensar que en el caso de México, donde la población mestiza es mayoría, el asunto del racismo, aunque no totalmente superado, ha ido disminuyendo, de todas maneras no ayuda para nada una frase hueca como "muera el racismo" para mejorar la situación, díganlo quien lo diga. Viniendo de la boca del Presidente, no es más que vil demagogia en su más pura expresión. Los insultos como "prieto", "naco", "pelado", ya están en desuso. Fue López Obrador quien los reemplazó por otras palabras clasistas y racistas como "fifí" y de allí surgió el antónimo, "chairo", que nunca se usaba antes. Él es el clasista y racista.

¿Qué se le ocurrirá a López Obrador, en el Grito del 2023? ¿A quiénes señalará con su dedo flamígero? ¿A los desclasados, como yo? O a los que hablen otro idioma, además del español. Por qué no mejor haber gritado: "¡Muera la intolerancia, muera la ignorancia y muera la guerra en Ucrania!".

gloaezatovar@yahoo.com

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Del dicho al hecho/Manuel J. Jáuregui

en REFORMA

Una vez más nos topamos con que existe en este país surrealista una brecha inmensa entre el dicho y el hecho. En su sermón matutino, el Presidente dijo ayer sobre el informe del Caso Iguala que dio a conocer Grupo REFORMA a la opinión pública el sábado pasado que "tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad". Palabras muy bonitas, conceptos muy loables, pero que NO SON RESPALDADAS POR LOS HECHOS.

¿A qué hechos nos referimos? A la OMISIÓN por parte de la FGR de -cuando menos- fincarle cargos a un titipuchal de personas, entre militares, ex funcionarios federales y locales, que según información obtenida por la Comisión para la Verdad, entre ellas grabaciones hechas por agencias de inteligencia norteamericana a miembros del CÁRTEL Guerreros Unidos, turnadas al Gobierno mexicano, y que indican la implicación de autoridades federales y locales, así como de militares, en los barbáricos actos que segaron vidas, desaparecieron y encubrieron, en lo que ha sido descrito ya como un "crimen de Estado". Uno que aparte del homicidio doloso descubre la estrecha colaboración entre el cártel de la droga Guerreros Unidos y las autoridades mencionadas.

Habla el Presidente de que tiene una "voluntad inquebrantable" para que no haya impunidad. ¿Por qué entonces no ha procedido la FGR a fincarles cargos a los implicados, sobre todo a mandos militares relacionados con el 27 Batallón de Infantería, y en un posible encubrimiento de los hechos a elementos de la Marina destacados en esa zona, y que pudieron haber sembrado evidencia falsa en el basurero de Cocula en donde NO FUERON incinerados los cuerpos de las víctimas?

Si existe esta voluntad inquebrantable del Presidente por hacer justicia debe quedarles muy claro a los señores de la Cuarta Tergiversación que lo MÍNIMO que DEBE hacer la FGR para cumplir con los postulados verbales del mandatario es citar a declarar a los implicados por las grabaciones y por los hechos descubiertos, relacionados con el encubrimiento en el que estuvo involucrado prácticamente todo el aparato de Seguridad del entonces Presidente Peña Nieto, y algunos militares.

Está resultando éste otro caso más en el que se dice una cosa, pero se hace otra muy distinta. Incluso se dan CONTRADICCIONES graves dentro del mismo Gobierno: un funcionario implica a un General -directamente- en la matanza, y sin embargo, la FGR no lo acusa de ESTE preciso delito, sino lo acusa y detiene por otros.

Aparenta como si hubiese en todo este caso una CONSIGNA muy clara: exonerar a los militares y centrar la responsabilidad de este crimen de Estado en el ex Alcalde de Iguala, Abarca, su esposa (¿y qué, ella mandaba, o qué?) y en gente como Tomás Zerón, discípulo de Genaro García Luna, que como quiera ya está frita por otros delitos.

Incluso García Luna, el consentido del ex Presidente Calderón -craso error cometió éste nombrándolo y sosteniéndolo por terco y sordo- está preso en Estados Unidos y, con los cargos que enfrenta, por el resto de su vida verá la luz cuadriculada.

A nadie escapa esta hipocresía del mando político actual, de destapar la cloaca, pero sin esmerarse en limpiarla del todo, es decir, se le rinde pleitesía verbal a la justicia y al mismo tiempo se pretende -a juzgar por la actuación o no actuación de la FGR- impulsar, para algunos implicados, la impunidad. De ahí que los normalistas sigan indignados y ayer hayan tomado las calles, pues se HABLA de justicia, pero NO SE HACE justicia.

En el supuesto caso de que no se pudiera probar, por ejemplo, que hubo militares activos en la matanza de los normalistas de Ayotzinapa, no pueden explicar nuestras autoridades -mucho menos justificar- su relación insana con el cártel de Guerreros Unidos, y tampoco su evidente colaboración en la desaparición de por lo menos SEIS de los 43 cuerpos, ni tampoco el posterior encubrimiento de los hechos y la fabricación de evidencia que condujo a la "verdad histórica" que ni era verdad y mucho menos histórica.

Cierto que el ex Procurador Murillo Karam fue el arquitecto de este monumental -y criminal- engaño, pero en ello sin duda TUVO AYUDA de muchos actores, y aquí es donde el puerco tuerce el rabo, pues la FGR NO ESTÁ ACTUANDO conforme a las EVIDENCIAS. OMITE partes de ella que le son inconvenientes al régimen, y actúa de manera "minimalista" en las que sí le conviene.

La conclusión evidente para muchos es que lo que IMPARTE nuestra FGR con un "Fiscal" cuestionado, pero respaldado por el Presidente, no es JUSTICIA, sino una facciosa administración de ciertos hechos para acomodarlos a los intereses políticos del partido en el poder. Es decir, lo MISMO que hicieron los anteriores, pero sirviendo a diferentes intereses.

Increíble que siga siendo necesario repetirlo, pero por lo visto hay gente en este Gobierno que si lo entiende prefiere ignorarlo: sin justicia no hay paz y sin paz no puede haber progreso, ni equidad, ni se puede aspirar a mejores niveles de vida para los ciudadanos.

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El 5 de octubre/Francisco Martín Moreno

en REFORMA

El próximo 5 de octubre constituye una fecha fatal para la supervivencia de la República, entendida como un sistema organizativo del Estado, donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas, elegidas mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo limitados, para representar los intereses de los ciudadanos.

¿Por qué constituye una fecha fatal? Porque si las fuerzas militares ya operan hoy en día aeropuertos, ferrocarriles, bancos, aduanas y puertos, distribuyen medicamentos, libros de texto, administran empresas turísticas, distribuyen vacunas, trasladan valores y la iniciativa presidencial, absolutamente reñida con los facultades y obligaciones constitucionales propias de las Fuerzas Armadas pretende militarizar la seguridad pública otorgándole un poder desmedido sin contrapesos, tal y como ahora mismo acontece ante la imposibilidad de auditar las construcciones, obras y administraciones a cargo del Ejército, entonces el futuro de la República ya está en juego.

Pretender que el Congreso se responsabilice de la actuación de la Guardia Nacional inserta en el Ejército en el contexto de un aborto operativo, representa otra intención encubierta y dolosa para acatar las órdenes presidenciales atentatorias en contra de nuestra Carta Magna ya que la seguridad pública debe ser de carácter civil. ¿Con qué experiencia cuentan en la práctica los legisladores federales para erradicar el crimen, si la propia Guardia Nacional no pudo extirparlo de la sociedad a pesar de que ya actuaba como un cuerpo bajo control militar, en el entendido que el 80% de sus 110,000 efectivos provenían del Ejército y de la Marina? ¿Dicha guardia también gozará de fuero militar?

Con la presente columna pretendo demostrar las catastróficas consecuencias en contra de nuestra democracia de llegar a prosperar dicha reforma constitucional. ¿Razones? Si en la sesión del Senado del día 5 de octubre, la iniciativa presidencial fuera aprobada ahora sí por una mayoría calificada, se estaría pavimentando el camino para destruir el INE por medio de otra reforma constitucional depredadora para volver así a los años de la dictadura porfirista, cuando el tirano declaraba "quien cuenta los votos gana las elecciones".

La generación anterior luchamos y logramos constituir un organismo independiente dedicado a efectuar elecciones transparentes e inatacables que respetaran la voluntad popular, sobre todo después de la desastrosa cadena de fraudes electorales padecidos a lo largo de la dictadura perfecta de triste recuerdo.

Una reducida oposición integrada por senadores de diversos partidos dieron la semana pasada una emocionante lección de amor y respeto a la patria, pero en los próximos días serán víctimas de chantajes y amenazas ominosas de los siniestros cancerberos de López Obrador, de la misma forma que las padecieron un buen número de gobernadores que se rindieron a los chantajes presidenciales y entregaron el poder a Morena, con tal de no ver ensuciada su imagen pública o correr el peligro de ser perseguidos por el SAT o la UIF con el consecuente riesgo de verse privados de la libertad.

Es evidente que Alejandro Moreno pasará a la historia, entre otras razones, como el enterrador de PRI, solo que también en dicho partido, como en el PAN, en el PRD y en MC, existen todavía, los conozco, legisladores con un gran sentido del honor y de la dignidad que habrán de resistir las execrables artimañas de los morenistas, ignorantes del destino que les espera cuando empecemos a reconstruir nuestra democracia.

Ahora, por lo pronto, pondremos la atención en el destino del voto de los senadores el día 5 de octubre, porque si AMLO logra la mayoría calificada en materia de militarización con los respectivos objetivos dolosos encubiertos, será relativamente sencillo reformar el INE y acabar con el árbitro electoral con la idea de volver al gobierno desventurado de un solo hombre. El 5 de octubre estará en juego la suerte de nuestra República democrática para proceder a instalar no una dictadura de izquierda, sino una de carácter neofascista, que requiere la presencia de un Ejército poderoso, así como la erradicación de la disidencia...

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