Las columnas políticas hoy, jueves 14 de diciembre de 2023

El Senado de la República rechazó la segunda terna en dos votaciones....

Eran cerca 03:00 horas de este jueves 14 de diciembre, los legisladores rechazaron la segunda terna, con ello el c. Presidente, por primera vez en la historia, puede elegir, sin la intervención del Senado de la República, a una Ministra de la SCJN, según establece el 96 constitucional...

Los 12 senadores de MC exhibieron simultáneamente sus cédulas con voto en contra antes de que las depositaran en las urnas...

En la primera ronda, de acuerdo con el conteo, 121 senadores votaron y Bertha Alcalde Luján obtuvo 29 votos; Lenia Batres, 33; y Eréndira Cruz Villegas, 12. Hubo un voto nulo y 46 en contra.

Nadie obtuvo 81 votos...

En la segunda ronda, con el mismo número de votos contabilizado (121), Bertha Alcalde Luján obtuvo 16; Lenia Batres, 54; y Eréndira Cruz Villegas, 2. Hubo tres votos nulos y 46 en contra. 

Lenia Batres fue la sorpresa, dejo atrás a Bertha que era la favorita..; dicen medios medios que se impusieron los duros de Morena..

Histórico...

AMLO tomará la decisión, hoy, despues de desayunar con ellas; la nueva Ministra deberá protestar ante el pleno del Senado.

 Artículo 97.-de la Constitución..

(...) 

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Sí protesto”

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.

X de Leti RoblesdelaRosa

@letroblesrosa

‼️EXTRA EXTRA‼️ Histórico. El

@senadomexicano

rechaza la segunda terna a la

@SCJN

y con ello AMLO es el primer Presidente de la República en 106 años en nombrar solo a una ministra.

Bertha Alcalde: 16

Lenia Batres: 54

Eréndira Cruz: 2

En contra de la Terna: 46

Nulos: 3

No se alcanza la mayoría calificada.

Entre 1917-1928 los ministros los elegían ambas Cámaras.

Entre 1928 y 1994 el presidente nombraba y el Senado objetaba.

Desde 1995 está el sistema de ternas presidenciales y elección del 

Senado Mexicano

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Sostiene Congreso de Morelos a Carmona como Fiscal

Nota de Benito Jiménez/ Reforma, 

Con 12 votos a favor y 6 en contra, los diputados del Congreso del Estado de Morelos votaron por la no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra del Fiscal General, Uriel Carmona, lo que significa que se mantiene en el cargo.

Con esto, el Congreso local bateó todo lo discutido y aprobado ayer por los diputados federales a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves 14 de diciembre, se declaró no poner al Fiscal Carmona a disposición de la autoridad ministerial, por lo que la FGR o cualquier otra Fiscalía debe abstenerse de ejercer acción penal en su contra.

Se resolvió además no retirarle la protección o inmunidad procesal penal que le conceden la Constitución Federal, la particular del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Por lo que las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o proseguir un procedimiento en su contra y menos aún ejecutar cualquier mandamiento de captura o privación de su libertad o de quererlo efectuar", se indica en el Acuerdo Parlamentario.

De ahí que las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, están obligadas a verificar que se agotó en su contra el procedimiento de la declaración de procedencia por el Congreso del Estado.

Es así que el Congreso local reconoce en la figura de Uriel Carmona Gándara al Fiscal General del Estado de Morelos, por lo que puede continuar ejerciendo ese cargo hasta su conclusión.

"En términos del Decreto número 2599, por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5584 el 28 de febrero del 2018", indica el Acuerdo.

En tanto que al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Sánchez, se le otorgó la facultad de emprender toda acción necesaria para la defensa de la soberanía de la entidad federativa relacionadas con este asunto.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, dicha declaratoria surte efectos a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Legislativa y en el periódico oficial del Gobierno.

Asimismo, debe informarse a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Fiscalía General de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Centros de Justicia Penal, a los Poderes de la entidad, así como al Fiscal Uriel Carmona Gándara.

En los últimos meses, Carmona ha sido blanco de ataques políticos y legales por parte de la 4T, en un afán por el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de contar con un Fiscal carnal.

Por separado, Blanco ha sido denunciado por diversos delitos ante la FGR, carpetas de investigación que no reportan avance.

En enero de 2022, el ex Secretario de Seguridad de Morelos durante el Gobierno de Graco Ramírez, Alberto Capella, denunció antea FGR al Blanco por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En conferencia de prensa, advirtió que acciones y omisiones del ex futbolista configuran esos delitos.

Capella informó además que la misma información fue entregada a las autoridades de Estados Unidos para que Blanco y sus principales colaboradores sean investigados por un presunto enriquecimiento ilícito a partir de 2016, cuando era Alcalde de Cuernavaca.

"Esto es para darle claridad a una serie de señalamientos de enriquecimiento inexplicable desde el año 2016 y desde el inicio de su responsabilidad en el gobierno municipal de Cuernavaca", indicó.

Capella también se lanzó en ese entonces contra la estrategia de seguridad del Mandatario morelense, y exigió que sea investigado por las fotografías donde aparece con tres presuntos líderes del crimen organizado.

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El asalto a la razón

Infame acoso al fiscal Uriel/Carlos Marín

Milenio,

A la persecución de la fiscalía capitalina contra el fiscal de Morelos por discrepancias de sus forenses en la causa de muerte de una joven se sumó la Fiscalía General de la República, fabricándole la acusación de que, al momento de ser designado (febrero de 2018), el entonces aspirante no había aprobado los exámenes de confianza previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La imputación carece de sentido porque el imputado fue seleccionado de una terna y ninguno de sus integrantes tenía la obligación de haber superado alguna prueba y Uriel Carmona la presentó después por ser un requisito de permanencia.

El disparate de la FGR embarcó al Congreso de la Unión en instruirle un juicio de procedencia, pese a que la decisión final, como determinó la Suprema Corte de Justicia en el caso del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no será de los federales, sino de los diputados estatales.

La Constitución, en su artículo 111, párrafo Quinto, establece:

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo pero, en este supuesto, la declaración de procedencia será que se comunique a las Legislaturas Locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

La resolución de la Corte no deja lugar a dudas: se solicita el desafuero a la cámara federal, y lo que ésta determine debe informárselo al congreso estatal para que éste, “como órgano terminal”, decida “en definitiva si retira o no el fuero por la posible comisión de un delito federal”.

Carmona Gándara, quien es detestado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco (aliado de la 4t), viene siendo perseguido desde noviembre de 2022 porque informó a la prensa las conclusiones a que llegó su servicio médico forense que practicó la necropsia de ley al cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, quien perdió la vida en un departamento de CdMx y su cadáver apareció a un lado de la carretera La Pera-Cuautla.

La muerte fue por broncoaspiración, determinaron las legistas de Morelos, pero el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la capital aseguró, sin demostrarlo, que la causa fue por “policontusiones”.

El caso se politizó desde un principio, llevando inclusive a la jefa de Gobierno a la sazón, Claudia Sheinbaum, a decir que el fiscal encubrió un “feminicidio”.

A principios de agosto pasado, acusado por la fiscalía capitalina, el fiscal fue detenido, liberado y vuelto a detener en cuatro ocasiones.

Pasó mes y medio en distintas cárceles, pero ahora es improbable que lo aprehendan una quinta vez sobre la infame acusación de la FGR que motiva su nuevo e injusto trance…

"

Los documentos secretos de entregas controladas que involucran al gobierno mexicano.

En cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Esta es una nueva entrega del proyecto #NarcoFiles.

Por Silber Meza / EL UNIVERSAL

CASO 1. NEW GENERATION

El agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.

El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia, y la solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.

La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.

“El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.

El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos miembros del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de riesgo alto.

La misión no era fácil de lograr. Lo primero que tenían que hacer era ganarse la confianza de la organización delictiva para que les permitiera comerciar con la droga y lavar el dinero. El gobierno colombiano les dio permiso para pactar con el crimen y acudir a lugares públicos y privados: domicilios, trabajos, habitaciones de hoteles y fincas. A la operación la llamaron New Generation.

“Se requiere emplear esta técnica especial de investigación por cuanto no existe otro medio legal para lograr el objetivo que se quiere alcanzar en las presentes diligencias, que a partir de esta técnica de investigación que es permitir que una mercancía de carácter ilegal sea transportada por el territorio Nacional entre o salga de él, bajo la estricta vigilancia de funcionarios de Policía Judicial”, se lee en el formato de aprobación.

Antes de actuar como agentes encubiertos de una entrega controlada, las personas previamente entrenadas por la DEA deben firmar un acta de voluntariedad donde se establecen sus facultades, deberes y prohibiciones.

Tienen permitido efectuar acercamientos con la organización criminal, intervenir en el tráfico comercial y adelantar transacciones con los indiciados. Les está prohibido modificar sus identidades, provocar o inducir a cometer un delito o atentar contra la vida e integridad de las personas. Además, como se ejemplifica más adelante, entre sus deberes están recolectar información, ubicar e identificar a los integrantes de la estructura orgánica y los roles de cada miembro; apuntar el modus operandi, dar aviso al agente de contacto o control sobre novedades de interés para la investigación e informar de situaciones que comprometan su seguridad, entre otros.

También se determina la protección para el agente encubierto: “estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del desarrollo de una orden legítima”.

En los permisos, la fiscalía colombiana asegura en negritas que los agentes encubiertos no forman parte de la delincuencia organizada.

La redacción de los documentos de la Fiscalía de Colombia es cuidadosa de la legalidad de los procedimientos y de las justificaciones para realizar un trabajo como este. Se insiste en que no existe otra forma de obtener la información necesaria para desmantelar la estructura criminal investigada.

Dejan una pequeña ventana para la improvisación, pero intentan plasmar en tinta toda la operación a emprender.

1. El agente encubierto recibirá la droga en Colombia de manos de integrantes de la organización delincuencial.

2. Los peritos químicos realizarán un análisis rápido para establecer el tipo de alcaloide recibido.

3. Previa coordinación con la DEA y el agente de control colombiano “se trasladará el alcaloide hacia los Estados Unidos y México, este último como país de tránsito”.

4. La droga podrá ser transportada en vuelos de carga o comerciales.

5. Los agentes encubiertos serán protegidos por un equipo de vigilancia y seguimiento antes, durante y después de la entrega.

6. Para la protección se usarán cámaras de video, foto, vehículos y armamento; también se contará con apoyo técnico de interceptación de llamadas telefónicas.

7. Se cuidará que el dinero ilícito y el estupefaciente no sean incautados de manera inmediata al contacto con los miembros de la organización para generar confianza y proteger a los funcionarios.

8. Se tramitarán los permisos para el paso “razonable” de la droga.

9. Una vez que el producto llegue a los Estados Unidos, el dinero de su venta será depositado en cuentas de la criminalidad a través de la técnica de “smurfing” o pitufeo, una forma de lavar dinero en múltiples y pequeñas cuentas.

10. Con este método prevén identificar a las personas, los sistemas y las cuentas bancarias de la estructura criminal, así como recolectar evidencia para desmantelar y enjuiciar a sus miembros.

En los documentos de la fiscalía colombiana se lee de manera recurrente el permiso de México a la entrega controlada: “La operación propuesta cuenta con la participación de las autoridades de Estados Unidos y México, por lo tanto, esta Dirección entiende que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia DEA, ha efectuado las coordinaciones con las autoridades respectivas”.

20 de mayo de 2021: 15:30 hrs

Reunión

Caso New Generation

Son los datos generales del informe de campo de un agente encubierto. No hay firma, no hay folio, no hay membrete. Tres cuartillas que incluyen tres fotografías de los investigados.

Está obligado a redactar el reporte.

El agente se encontró con una fuente de la Embajada de los Estados Unidos y ambos acudieron a una reunión con dos representantes de la organización criminal. Al llegar al lugar, cerca de las 16:00 horas, cambiaron de ubicación por petición de los investigados. El agente encubierto lo comunicó al agente de control asignado. El operativo era vigilado a la distancia por un grupo de seguridad. Mientras caminaban al nuevo sitio fueron interceptados por elementos de la Policía Nacional y les pidieron sus cédulas de identidad. Con eso lograron identificar a las personas que los acompañaban. Era parte del plan. En el nuevo lugar, 16:06 horas, inició la conversación. Ya los esperaba otra persona más de la organización criminal. Cinco en total: tres presuntos criminales, un agente colombiano y un elemento que forma parte de la DEA.

En su informe se lee que uno de los integrantes de la organización criminal le dijo que no se sentía cómodo en lugares públicos, que sería mejor que en la próxima reunión se encontraran en un apartamento que tiene en Bogotá.

“Dice que, para hacer una sociedad, ellos aquí tienen la subida y tienen la capacidad de hacer la comida (droga) en el restaurante y ponen la mitad, y el que tiene la llegada pone la otra mitad y debe responder por la venta al lugar que la envíen”, escribió.

Otro de ellos le comentó que tienen un enlace que manda la droga de Ecuador a Guatemala. Ese mismo fin de semana tenían una nueva salida.

Tomó el celular y le mostró un video de su contacto que produce la droga. Le enseñó su cocina de cocaína. Cada envío lleva una marca, le explicó.

En los negocios del crimen, afirmó el comerciante de drogas, todos aportan.

“Y pone el ejemplo que se reunió con el Director de la PGR del aeropuerto de México y él quería que le mandara cinco, pero quería pagarlas cuando llegaran y así no se puede porque todos tienen que apretar para que todos tengan la responsabilidad”, reportó el agente en referencia a cocaína negociada con una autoridad mexicana.

“Dice que si van a comprar deben de enviar el dinero con tiempo, unos 4 o 5 días porque deben hacer el pedido de la droga y es una sola marca”.

La reunión finalizó a las 17:30 horas.

En una ficha del 16 de septiembre de 2021, casi un año después del inicio de la operación, la Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que había detenido al objetivo principal. En el documento se reitera que fue una investigación en conjunto con la DEA a través de agentes encubiertos.

“El modus operandi de esta organización era utilizar aeronaves pequeñas para el transporte aéreo de sustancias estupefacientes”.

Entre los logros enlistan la incautación de 500 kilos de cocaína el 23 de abril de 2021 en el puerto de Guayaquil, Ecuador, en trabajo conjunto con la DEA.

“Personal del grupo CTI-SIU-DEA, en coordinación con la agencia DEA-Washington, se realizaron capturas de tres objetivos durante el mes de agosto del presente año en las ciudades de Pasto y Bogotá”.

En total, la DEA informó de cinco detenidos de la organización criminal: tres hombres y dos mujeres.

A pesar de que el nombre de la operación New Generation recuerda al mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los documentos analizados no se encontró vinculación directa.

En este reportaje se muestran tres investigaciones de operaciones encubiertas de entregas controladas en las que se asegura que México otorgó permisos para el tránsito o destino de drogas y dinero ilícito. Abarca el periodo 2019-2022, correspondiente al gobierno del presidente López Obrador. La suma de las tres operaciones alcanza los 5 millones de dólares, 5.4 toneladas de cocaína, 10 kilos de heroína, 40 kilos de metanfetamina y 40 kilos más de sustancias ilegales sintéticas no especificadas.

La información de la fiscalía colombiana consultada para este reportaje no permite conocer si al final las drogas llegaron a México o a otras partes del mundo, tampoco si lograron decomisar los cargamentos y el dinero.

Las entregas controladas autorizadas a la DEA por el gobierno mexicano suceden mientras el país atraviesa por un periodo de extrema violencia y empoderamiento de los grupos criminales, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, y durante una ríspida colaboración e incluso choque entre el gobierno mexicano y la DEA, entre otras autoridades de los Estados Unidos. La crisis entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la agencia empeoró a partir de octubre de 2020, luego de que fue detenido en Los Ángeles, California, el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, acusado de crímenes vinculados con el narcotráfico.

Sucede, además, tras la duramente criticada por este gobierno operación de tráfico ilegal de más de 2 mil armas estadounidenses a México iniciada en 2009 llamada Rápido y Furioso, con la que intentaron de forma fallida seguirle el rastro al armamento en poder de los grupos criminales mexicanos.

A diferencia de otros países, México no suele aceptar la ejecución de este tipo de operaciones. Se niegan casi por reflejo.

Para este reportaje se buscaron las versiones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y de la DEA, pero no hubo respuesta. En México se solicitaron versiones a la Presidencia de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República, pero ninguna institución quiso abordar el tema.

La Defensa Nacional afirmó respecto de un cuestionario enviado que “no se encuentra facultada para realizar las actividades de investigación que indica en su banco de preguntas”.

En una solicitud de información pública de mayo de 2023 que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, se lee que una persona le pide a la fiscalía mexicana que dé a conocer la “cantidad de solicitudes de autorización (pedidos) de entregas controladas (remesas o entregas vigiladas u operaciones encubiertas) realizadas a esta dependencia por país y año entre enero de 2016 y diciembre de 2022”. Y añade: “Favor de mencionar, de ser posible, el tipo de agencia o institución del país que haya solicitado el pedido”.

La fiscalía respondió brevemente que “no cuenta con la información requerida”, es decir, que la Fiscalía no conoce de entregas controladas ni operaciones encubiertas en México, ni de la DEA ni de ninguna otra agencia extranjera.

En abril de 2022, la agencia Reuters publicó que el gobierno mexicano había cerrado una unidad especializada antinarcóticos entrenada por la DEA con cerca de 50 elementos incrustada en la extinta Policía Federal, hoy sustituida por la militarizada Guardia Nacional. La estructura trabajaba dentro del gobierno nacional y en coordinación con la agencia extranjera. La clausura se dio tras el conflicto que desató la captura de Cienfuegos. Sin embargo, se expone en el reporte, sí sobrevivió una Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés), y es, justamente, la que se encuentra dentro de la Fiscalía General de la República.

CASO 2. TRÁNSITO Y DESTINO

Tránsito y destino

Mientras se realizaba la operación New Generation, otra con clave Bonanza avanzaba.

El 10 de noviembre de 2020, la DEA oficina de Nueva York, entregó información a la fiscalía colombiana junto con la solicitud de iniciar una nueva operación encubierta y entrega controlada de droga y dinero.

El requerimiento de los Estados Unidos fue autorizado dos meses después.

En el oficio, las cantidades de droga y dinero se repetían: hasta 2 millones de dólares, 200 kilos de cocaína, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetaminas y 20 kilos de cualquier otra droga sintética ilegal.

Se explicó que la DEA había identificado a una organización criminal internacional dedicada a la producción, compra, transporte y envío de sustancias estupefacientes de Colombia a los Estados Unidos, México, España y Países Bajos; que estaban lavando dinero a través de la técnica de pitufeo y que su líder operativo era un corredor de bolsa en Cali, Colombia.

La agencia antidrogas estadounidense aseguró que sus infiltrados ya habían logrado ganarse la confianza de la estructura criminal e incluso ya habían descifrado el modelo de blanqueo de capitales.

Sabían, y así lo asentaron, que uno de los compromisos que el crimen les pediría a los agentes encubiertos de Estados Unidos y Colombia era que ellos realizaran el transporte de estupefacientes, de Colombia a Estados Unidos, México, España y Países Bajos.

“El transporte de los estupefacientes se coordinará en forma de entrega controlada con el CTI y las oficinas de la DEA en los países previamente indicados”, se estableció en los documentos. CTI significa Cuerpo Técnico de Investigación.

A los cuatro países se les catalogó como territorios de “tránsito y/o destino final” de la droga, y se previó realizar transacciones bancarias en cualquiera de ellos. Sin embargo, todo el dinero incautado sería entregado a la DEA, a nadie más.

Entre los puntos más complejos estaba el transporte de la droga. Y para esto también se planeó un método: “El traslado de las sustancias estupefacientes se realizará en aviones Oficiales de la agencia DEA, hacia los países de Estados Unidos, México, España, y Países Bajos”.

La actividad fue calificada como “importante” por la fiscalía colombiana y la agencia estadounidense porque ayudaría a conocer los enlaces de la organización, la marca de la droga y los lavadores de dinero.

Como proceso de legalidad, la Fiscalía de Colombia reiteró la notificación de permiso que los Estados Unidos dijo haber obtenido de los países participantes: “El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de los países de México, España, y Países Bajos, a través de los canales diplomáticos”.

Según la información que pudo ser consultada en la filtración, la operación fue aprobada, se destinaron agentes encubiertos y se intervinieron comunicaciones, pero no tuvieron suerte: la investigación tuvo que ampliarse un año más por falta de resultados.

Con el paso de los meses se cancelaron interceptaciones de comunicaciones y agentes encubiertos porque no se lograron incautaciones de drogas ni dineros ilegales, y a pesar de esto, hasta enero de 2022, seguían aprobando nuevos agentes encubiertos.

OPERACIONES CON HISTORIA

Hace 12 años, en enero de 2012, la desaparecida revista impresa emeequis publicó un reportaje titulado El Cártel de la DEA. El entonces semanario dio a conocer documentos de extradición internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que demostraban que, de enero a octubre de 2007, en los inicios del gobierno del expresidente Felipe Calderón, se realizó una amplia operación en territorio nacional de agentes encubiertos de la DEA con la participación de autoridades mexicanas para lavar 2.5 millones de dólares del crimen organizado y permitir el tránsito de cientos de kilos de cocaína por México. Estaban involucrados el cártel de Valle del Norte de Colombia y el de los Beltrán Leyva. El documento tenía el aval de la entonces secretaria Patricia Espinosa, y el objetivo era el mismo: seguirles la pista a las estructuras criminales para desmantelarlas.

Además, en un atípico comunicado del Departamento de Justicia, Distrito Sur de California, fechado al 19 de diciembre de 2017, se menciona de otra entrega controlada en México por parte de la DEA en coordinación con autoridades locales. La operación ayudó a la captura y extradición de Víctor Manuel Félix Félix, cabecilla del Cártel de Sinaloa. Lo acusaron de lavado de dinero y tráfico de cocaína. La investigación se realizó en México durante el gobierno de Felipe Calderón y continuó el proceso en la administración de Enrique Peña Nieto.

“Después de recibir otro pago inicial de 1 millón de dólares en efectivo, los agentes de la DEA coordinaron con las autoridades ecuatorianas y mexicanas para organizar una entrega controlada internacional de cocaína utilizando un jet privado. Los agentes recogieron la cocaína en Ecuador, la transportaron a la Ciudad de México y luego la confiscaron después de que fue entregada a miembros de la organización de Félix Félix, según los documentos de extradición.”, se lee en el documento originalmente publicado en inglés. Las instituciones mexicanas participantes fueron la extinta Policía Federal y la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía.

El modelo se repite en los documentos dados a conocer en este nuevo reportaje. La información de entregas controladas aquí presentada comprende de 2019 a 2022, lapso en el que la SRE estaba dirigida por Marcelo Ebrard Casaubón, la Secretaría de Seguridad primero por Alfonso Durazo (diciembre de 2018 a octubre de 2020), después por Rosa Icela Rodríguez (a partir de diciembre de 2020); la Fiscalía General de la República por Alejandro Gertz Manero durante todo el lapso. Sin embargo, en la documentación consultada no se menciona el nombre de ningún funcionario mexicano.

También se buscó a Ebrard y Durazo a través de sus equipos de prensa pero no emitieron comentarios.

El académico e investigador Carlos Pérez Ricart, autor del libro Cien años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, explica que él ha registrado la existencia de entregas controladas de drogas y sus modalidades en el país desde 1950, pero regularmente las autoridades no dejan rastro de ellas.

Los agentes estadounidenses las utilizan para recolectar evidencias de los casos que llevan a los juzgados, y lo hacen, en buena parte de las operaciones, con la complicidad de policías municipales, estatales, judiciales y federales, y con dinero nada transparente de por medio.

“Es el principal método de recolección de evidencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos”, menciona.

El problema, comenta en entrevista, es que muchas veces se les pierde la droga, el dinero y los culpables: “no es muy distinto a Rápido y Furioso”.

Esto lo sabe el gobierno mexicano, afirma Pérez Ricart, por eso cuando se habla de inteligencia y cooperación, en realidad se materializa en entregas controladas e intervención de comunicaciones.

El también profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estima que la DEA es la segunda agencia más poderosa de los Estados Unidos, sólo después de la CIA; es la que sostiene la agenda política de drogas y la principal opositora a un cambio de estrategia.M( N.P con todo respeto  de las 16 agencias, la agencia más poderosa después de la CIA es la del Pentagono: NSA)

“Si en algún momento consigue su objetivo último que es un mundo sin drogas perdería su razón de existir. Entonces, es la menos interesada en que termine el problema de las drogas”, valora.

Por ese poder acumulado, detalla, la agencia antidrogas seguirá operando en los países que determine, con o sin el apoyo del gobierno local.

Consultado sobre la imprecisión de uno de los documentos en el que se menciona a la “Policía Nacional de México” en vez del nombre oficial de la corporación, sea Policía Federal o Guardia Nacional, el académico menciona que en su experiencia como investigador ha visto esos errores de forma recurrente.

“A veces es la propia ignorancia de quien está escribiendo”, comenta.

“Tienes tantos canales de entrada hoy, que si Fiscalía, que si Guardia Nacional, que si Cancillería, que si Presidencia, y ha cambiado tanto con los años, con gobiernos distintos, que también ellos se confunden. Hoy no hay responsabilidades asignadas de quién ve qué”.

Michael Chavarría, exagente de la DEA, trabajó para la agencia estadounidense en Jalisco, de 2001 a 2005, y en la Ciudad de México, de 2008 a 2010, mientras transcurrían los periodos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente. En una entrevista telefónica desde los Estados Unidos, asegura que las entregas controladas de droga han sucedido en México desde hace muchos años, tanto para tránsito de dinero y droga como para destino final, pero no es algo que ocurra fácilmente, mucho menos que México esté dispuesto a aceptar de manera abierta.

“México permanece siempre en un área gris”, dice sobre la postura ambigua de los gobiernos mexicanos para con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en particular la DEA.

Chavarría, a quien le tocó ver el nacimiento del CJNG y el empoderamiento del grupo de Genaro García Luna en la Policía Federal, reconoce que antes, con Calderón, había más colaboración con las agencias estadounidenses de la que existe hoy en día con el gobierno de López Obrador, sin embargo, no le sorprende que continúen las entregas controladas de dinero y drogas porque considera que es un mecanismo eficaz para desarticular estructuras criminales.

CASO 3. Y AHORA, EL ICE

Esta vez no fue la DEA la encargada directa del operativo antidroga, sino el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia no sólo se dedica a temas migratorios, también abarca operaciones como el combate al tráfico de drogas ilegales, particularmente a través de una de sus direcciones generales: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, (HSI, por sus siglas en inglés).

El 14 de julio de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Embajada de Bogotá, solicitó a la Fiscalía que autorizara un par de agentes encubiertos para efectuar una entrega controlada de droga. La solicitud venía de la HSI/ICE.

Los informantes obtuvieron datos suficientes para planear la operación: la droga saldría de Bogotá, Colombia, pero el destino podía variar de último momento: Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Bahamas, España, México o Estados Unidos. Todos los países como tránsito o destino del cargamento.

Esta vez la cantidad de droga saldría de los rangos tradicionales de las entregas controladas habituales de 200 kilos de cocaína. Solicitaron permisos para transportar e introducir 4 mil kilos, es decir, 4 toneladas de cocaína a un país distinto a Colombia. También se solicitó la autorización para manejar en el mundo clandestino hasta dos millones de dólares.

La misiva estadounidense no olvidó una leyenda que se lee en todas las autorizaciones de entregas controladas: “se advierte que en un futuro se incautará el dinero, teniendo en cuenta que no se hace de manera inmediata para la protección de los agentes encubiertos y de la investigación, y siempre se procurará el control del mismo”.

En febrero de 2022, mientras la operación avanzaba, la HSI/ICE solicitó modificaciones a las autorizaciones obtenidas: excluyeron a Venezuela y entró Honduras al listado de países de tránsito y/o destino; cancelaron la actuación de los dos agentes encubiertos designados y autorizaron la entrada de otros dos diferentes. Uno de los cambios más importantes fue que aumentaron mil kilos la cantidad de cocaína a traficar: llegaron a 5 mil, es decir, 5 toneladas. También bajaron de 2 a 1 millón de dólares el uso de dinero. De esto no escribieron más explicaciones.

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La operación de la HSI/ICE tuvo el apoyo de la DEA, y fue tan compleja como las que hace la agencia antidroga, tal vez más.

Para que la investigación iniciara, la estructura criminal tuvo que cometer un primer error: sin saber su identidad, contactó a un elemento de la HSI infiltrado en Colombia para que le ayudara a transportar la droga. Una vez expuesta la necesidad de parte de la estructura criminal, el agente encubierto de la HSI y del gobierno colombiano planearon la ruta: primero la droga se transportaría vía terrestre por el interior del país en patrullas de la propia Policía Nacional; después se usarían barcos para el viaje marítimo a otras naciones.

“Uno de los agentes encubiertos presentará a los otros agentes como personas de confianza para generar confianza con los miembros de la organización, y con posterioridad sostendrán reuniones y/o recogerán el alijo estupefaciente o dinero de procedencia ilícita”, se lee.

Quedó por escrito que el dinero que los delincuentes le pagaran al infiltrado del gobierno por el transporte de la droga sería entregado a la HSI, a nadie más.

Una vez efectuada la entrega controlada en Colombia, la droga sería sometida a análisis químicos y se generaría un álbum fotográfico del producto. Además, se planeó que en una costa del Océano Atlántico llegaría una embarcación estadounidense proveniente de Puerto Rico para trasladar el alijo al país convenido.

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Una vez que el cargamento llegue al país de destino, las autoridades de esa nación, en coordinación con la de Estados Unidos, deberán confirmar que los integrantes de la organización recibieron la sustancia estupefaciente.

“Con esta solicitud, la agencia ICE afirma que esta operación ha sido autorizada en Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España y México”, se destaca.

La relación de México con los Estados Unidos siempre ha sido complicada, sobre todo en materia de soberanía nacional, y esta es una de las razones que han hecho que el presidente López Obrador aumente su rispidez con las agencias de inteligencia estadounidenses, sobre todo con la DEA.

Ahora, con los nuevos documentos revelados en este reportaje, sabemos que a pesar de esta pública mala relación las operaciones de entregas controladas de droga continúan; también el uso avalado de dinero proveniente del narcotráfico, aunque el gobierno no lo acepte de manera pública.

Este artículo es parte de #NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.