Mensaje de Eréndira Cruz Villegas en el pleno del Senado..

La C. María Eréndira Cruz Villegas Fuentes: 

Buenas noche a todos y a todas.

Honorable Senado de la República.

Presidenta de la Mesa Directiva, Senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

Secretarias y secretarios de la Mesa Directiva.

Senadores y Senadoras de los diversos grupos parlamentarios.

Así como a todas las personas que nos hacen la distinción de seguir esta sesión a distancia.

Señoras y señores:

En los últimos días han sido tres los grandes honores que representan el momento más trascendente de mi vida:

El primero, ser considerada por el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para integrar la terna que hoy se somete a su consideración.

En segundo lugar, ver mi nombre acompañado al lado de dos grandes mujeres, sin duda una terna basada en un enfoque de género que conjuga los compromisos a favor de los grupos prioritarios que ellas obviamente representan, bajo sus trayectorias, en su vida cotidiana. Sin duda una terna sorora.

Y, en tercer lugar, comparecer ante este Senado de la República, recinto de todas las voces, de todas las visiones y formas de pensar, lugar donde habita el Pacto Federal que le da estructura política a nuestra República Mexicana.

Estoy convencida de que esta nominación para ocupar el cargo de ministra de Suprema Corte de la Nación es el resultado del reconocimiento no sólo a mi persona, sino de las comunidades, de las luchas y de los grupos que cotidianamente luchan por su dignidad en la vida comunitaria y en la defensa de los derechos humanos que, en mi caso particular, tengo tres décadas de caminar a su lado. Es una honra para mí.

Provengo de las luchas sociales y de los colectivos que de manera histórica y decidida han enarbolado la defensa de la dignidad humana. Eso nunca la olvido, y que muchas y muchos de ustedes aquí representan ello. Gracias por eso.

Por todas las personas que han sido olvidades y excluidas históricamente, por todas las víctimas de este país, es que formar parte de la Suprema Corte es un imperativo ético, político y jurídico de la más alta responsabilidad.

Servir desde este alto tribunal sin duda es un compromiso con el pueblo y en particular con los grupos prioritarios, que son los más desfavorecidos.

Hablo sin duda de las personas mayores, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de las personas desaparecidas y de sus familiares, de las víctimas de las diversas violencias de género, de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos, de las personas con discapacidad, de las poblaciones callejeras, de las niñas, niños y adolescentes, de la comunidad LGBTTIQ+, de las poblaciones migrantes, de las víctimas de tortura, de las personas privadas de la libertad y de todas aquellas personas que, por sus condiciones de pobreza y marginación, de manera cotidiana han quedado excluidas del acceso a la justicia y a la verdad.

Por ello es que, con base a una justicia transicional, se debe fortalecer un diálogo que propicie diálogos públicos para construir procesos de prevención de violencias, de prevención de delitos y de construcción de la paz.

Por ello, es para mí un honor que en estos últimos años en nuestra patria se hayan dado pasos decisivos en materia de derechos humanos.

La reforma de 2011 seguirá siendo, sin duda, un parteaguas en la forma en la que concebimos la impartición de justicia.

Gracias a esta reforma las autoridades de todos los órganos y niveles de gobierno deben de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Me pregunto qué es eso que, pese a nuestras naturales diferencias de pensamiento, propias de una sociedad libre, nos continúa manteniendo unidos, no hay duda, es la Constitución.

A más de 100 años de su promulgación y de ser precedente de los derechos sociales en el mundo, la Constitución sigue siendo el punto en el que todas y todos convergemos, pues en ella están cristalizados aquellos valores y principios, así como los derechos que consideramos valiosos e irreductibles, no sólo por su importancia intrínseca, sino también por ser el resultado de luchas y movimientos sociales históricos en el cual han dejado millones de mexicanos y mexicanas su vida.

Nuestra Constitución no es sólo un mero texto legal, es un cuerpo dinámico, es un cuerpo vivo, en el que están expresados nuestros anhelos de igualdad y justicia social.

En este contexto, es que adquiere la mayor relevancia la existencia de jueces y juezas que actúen como guardianes de la Constitución, guardianes imparciales que encuentren en sí estas principales garantías que estimamos esenciales y que son de suma relevancia para proteger con firmeza nuestros derechos.

En esta lógica se hace necesario tener un formal diálogo entre los juzgadores y juzgadoras del ámbito local y federal, fortaleciendo no solamente capacidades, sino también fijando criterios de los perfiles necesarios para los y las juzgadoras.

No olvidemos que en 1994 se publicó la reforma que estableció los cimientos para transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Tribunal Constitucional que hoy conocemos. De esta manera, además del juicio de amparo, se incorporaron como medios para la defensa de la Constitución las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, han transcurrido ya más de 28 años de esa trascendental reforma, mucho ha cambiado desde entonces, pero, sin duda, lo que esperamos como sociedad de aquella Corte de 1994 no es igual a las expectativas que debe de cumplir el máximo Tribunal ahora en esta tercera década del siglo XXI.

Hoy esperamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe de manera decidida para hacer eficaz los derechos humanos reconocidos formalmente en el bloque de constitucionalidad a través del principio pro-persona.

Hoy más que nunca la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de adoptar las más innovadoras técnicas de interpretación constitucional convencional y de ponderación de principios y derechos para que a pesar de cualquier formalismo procedimental se logre que los derechos humanos trasciendan de ser simples declaraciones de papel a realidades que transformen la vida de las personas en lo cotidiano, en particular de aquellas personas más vulnerables y más desprotegidas y que también la Suprema Corte y los juzgadores tengan mecanismos más accesibles de comunicación y de alfabetización para los derechos. De esta manera se debe de continuar con una fortalecida y permanente escuela judicial para fortalecer capacidades desde lo local y lo federal.

Justo ahí es donde la Suprema Corte debe de actuar de manera decidida, con base a los mejores estándares del derecho, con base a una orientación hacia una justicia transformadora, ideológica. Para ello existe un juicio de amparo que se basa en los artículos 103 y 107 constitucionales y que actualmente cuentan con un mayor ámbito de protección; sin embargo, su diseño permite que aún se vaya limitando esta eficacia y prontitud.

De esta manera, es urgente generar un diálogo de armonización con el Constituyente para generar y actualizar las necesidades de eficacia y pertinencia de estos mecanismos que ampara esta ley.

Por ello, es muy importante que este diseño permita no solo la promoción de este instrumento muy importante, sino que también permita la afectación no solo de los derechos individuales, sino también que tenga un interés legítimo para actuar en defensa de los derechos colectivos.

El ejercicio de ministros de la Corte es contundente y es una alta responsabilidad, en mi caso particular observo que las facultades que corresponden a este alto cargo, poniendo todo mi empeño en los criterios que demanden de este máximo Tribunal, responda fielmente a los valores y principios que dan sentido a la existencia de nuestra Constitución, de manera que sea con base a la visión de los derechos humanos y que ahí, que son reconocidos, sean realidad para todas las personas que han sido invisibilizadas por esta justicia constitucional.

De esta manera se deben de generar mejores mecanismos de promoción de justicia cotidiana, particularmente esta justicia cotidiana en materia civil y familiar para prevenir todo tipo de violencias.

Estoy convencida de que las sentencias que dicta el máximo intérprete de la Constitución no solo son valiosas o no deben ser valiosas por su extensión, o por hacer gala de doctas opiniones jurídicas, sino por su capacidad verdadera y eficaz para transformar, de manera tangible, las condiciones de vida de la población.

Para ello, no es necesario que las y los juzgadores constitucionales cometan excesos, al grado de anular a los otros poderes del Estado. En la democracia no tiene cabida un gobierno de jueces, pero sí de impartidores de justicia que actúen con valentía y decisión.

Soy una firme partidaria de que un tribunal constitucional debe garantizar, sin duda, que la Constitución se respete manteniendo una acción activa y dinámica acercando sus beneficios a todas y a todos y, particularmente, a las personas que pueden estar a nivel local con estas desprotecciones. Por ello, es muy importante promover mecanismos de justicia restaurativa en el nivel local.

La Suprema Corte de Justicia cuenta para ello con un marco constitucional que se ha robustecido con las reformas de 2011, por las que se consagró el principio pro-persona y el interés legítimo para la promoción del juicio de amparo, sin dejar de lado las últimas reformas de 2019, 2020 y 2021, que obligan a tomar como referencia la paridad de género y la integración de los organismos de Estado, la modernización de la justicia laboral y la democratización de la vida sindical, así como el fortalecimiento del sistema de precedentes que es sumamente importante, en lo que en su conjunto representa un hito para la función jurisdiccional.

No será posible afrontar los retos actuales que enfrenta el Sistema de Justicia, si la labor comprometida y decidida que día a día realizan las miles de personas trabajadoras que laboran en los diferentes órganos del poder Judicial. A ellos y a ellas todo mi reconocimiento.

A pesar de los avances que ha anunciado, sus beneficios continúan siendo ajenos para millones de personas. Lamentablemente, en México, la justicia tiene precio y hasta ahora no todas las personas pueden pagarlo.

Así como en la novela, el proceso de Franz Kafka en la que la justicia se ha simbolizado por un tortuoso laberinto confinado por dos puertas monumentales que se cierran frente al protagonista; en nuestro país la justicia todavía es inalcanzable e incomprensible.

En el caso de que esta soberanía, así lo decida, la labor que tendré como ministra estará encaminada a abrir esas puertas, a cruzar ese laberinto con la comunidad y a lograr que la justicia no cuesta y no duele, que sea un derecho para las personas, y no un privilegio para todas.

Esta convicción nace a partir de reconocer la realidad tan lacerante que vive la población más desprotegida, una realidad que el maestro Rafael Cauduro plasmó con mucha fidelidad en los muros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A lo largo de siete episodios el muralista mexicano retrató las más perniciosas prácticas, que él denominó como los siete pecados de la justicia, en uno de ellos se puede apreciar una interminable fila de archiveros, expedientes, toneladas de papel debajo de las cuales quedan aplastadas las voces que reclaman una respuesta de la ley a sus demandas.

Sin duda, no debemos tampoco dejar de lado el mural que expresa que toda lucha social es cimiento de la justicia y de la Constitución.

Lo digo con seguridad, justicia que no es expedita no es justicia; justicia que no es transparente, no es justicia; justicia que no es gratuita, tampoco es justicia.

Mi desempeño en ese sentido no se reducirá a dictar sentencias, sino a vigilar y dar seguimiento a su cumplimiento en el territorio.

Los criterios que aplicaré obedecerán al postulado del artículo 1 constitucional, todos los derechos para todas las personas, promoviendo también mecanismos de rendición de cuentas permanente.

Los retos actuales que las y los impartidores de justicia son que permitan y que cuenten con una visión dinámica, incluyente, progresista y humana.

La interpretación de la ley debe reflejar y apegarse a la realidad social que vive nuestro país, debe ser coincidente con los nuevos avances tecnológicos, y debe de abonar a la construcción de una democracia constitucional; de tal manera que permita que esta visión sea progresiva, interdependiente e interdisciplinaria, de tal manera que se construya a partir de ahí una democracia constitucional incluyente que abata cualquier brecha de desigualdad

Para que la justicia sea expedita y cercana a la gente debemos poner atención al fondo de cada asunto y evitar que los formalismos jurídicos nublen los criterios judiciales.

No debemos reducir la vida de las personas a un expediente, a un folio, a una cifra.

No continuemos siendo ajenos ante el dolor del pueblo.

El sistema de justicia de México debe garantizar que sus virtudes sean mayores a sus defectos, que ahí donde se cometa un error se enmiende, que el criterio para resolver un asunto no se agote en cuestiones del orden procedimental, que se cierre el nepotismo y el influyentismo del Poder Judicial, en fin, que se eliminen todos los lastres que impiden una verdadera impartición de justicia.

Estoy lista para seguir sirviendo a mi país, mi compromiso, sin duda, es con la igualdad, las libertades y la justicia social que se basan en la Constitución.

Senadores y Senadoras:

Ustedes tienen la última palabra, este día designarán a una ministra de la Suprema Corte de la Nación, estoy segura de que la decisión que tome esta soberanía será la mejor para México.

Concluyo mi intervención.

Estamos en el camino de hacer efectivos los derechos humanos para todos y todas, pero debemos acelerar el paso, hoy, al igual que hace dos siglos, tenemos la obligación de hacerla realidad, del anhelo que se ha atribuido al Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón: “que todo aquel que se aqueje de la justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare, que lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.

Por ello, mis empeños están en lograr que toda sentencia proteja y sancione ese tipo de abusos.

Por la dignidad y por la justicia.

¡Viva México!

Muchas gracias. 

(Aplausos)