Lo que hay detrás del conflicto en Notimex / Sanjuana Martínez

Que ha hecho San Juana?...

Hizo uso de un espacio en La Jonada para emitir posicionamientos...en tres entregas, lunes, martes y miércoles y las que siguen...

Lo que hay detrás del conflicto en Notimex

Sanjuana Martínez / I

La Jornada, 08 de enero de 2024

Ciudad de México. Todo empezó en marzo de 2019, cuando llegué a dirigir Notimex.

Los líderes sindicales me dieron la bienvenida con unas coronas de muerto en mi oficina. Al día siguiente, el dirigente del SutNotimex, Conrado García Velasco, envió a un personero para que le autorizara 500 mil pesos por concepto de apoyo que el anterior director le entregaba mensualmente. Me negué y a continuación interpusimos sendas denuncias penales contra él y su comité ejecutivo.

A los tres meses, cuando salieron los primeros citatorios ante la Fiscalía General de la República, Conrado presentó su renuncia. Pensábamos que ahí había quedado la guerra que este sindicato, que ya funcionaba de manera mafiosa, enfrentaba con todos los directores de la agencia de noticias de los últimos 25 años, a los que siempre sometió. De hecho, el sindicato manejaba la línea editorial, el uso indiscriminado del presupuesto y la contratación y el despido de personal.

Para nuestra sorpresa, en junio de ese mismo año apareció una señora que decía que era la nueva líder sindical, Adriana Urrea, quien era prácticamente una aviadora y nunca la habíamos visto desde nuestra llegada, nos presentó una toma de nota entregada por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

La señora Urrea nunca hizo elecciones ni asamblea alguna, pero había sido elegida para declarar desde su llegada la amenaza permanente de una huelga. Cuando reclamé al subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, la emisión de dicha toma de nota me contestó que la dependencia no tenía la obligación de revisar si hubo elecciones: nosotros sólo entregamos la constancia.

A partir de entonces se inició una batalla interna en la agencia. Un grupo de editores y reporteros sindicalistas de la redacción torpedeaba la actividad cotidiana con errores garrafales en las notas cometidos a propósito y luego difundidas en la prensa abiertamente en contra del gobierno. El ambiente se fue enrareciendo a medida que poníamos límites a su acostumbrada costumbre de controlar todo.

Nos vimos obligados a poner un reloj checador porque después de ocho meses aparecía gente que nunca habíamos visto trabajar en la redacción diciendo que eran empleados de la dependencia. Ante la austeridad republicana del nuevo gobierno redujimos la nómina 30 por ciento y establecimos revisiones de puestos duplicados y de una amplia lista de aviadores. Los vicios en la redacción eran múltiples: reporteros que no querían cubrir eventos ni salir a reportear argumentando que tenían 50 años o bien que gozaban de un privilegio sindical para quedarse todos los días en su escritorio haciendo nada.

Decidimos aplicar exámenes de confianza y de profesión porque en la redacción teníamos choferes convertidos en editores y personal diverso haciendo labores periodísticas. Eso generó una nueva reducción de la nómina. La mayoría aceptó su liquidación, pero el sindicato se ponía cada vez más agresivo con la nueva administración.

La nueva líder sindical no asistía a la agencia y desde la Bolsa Mexicana de Valores desarrollaba actividades de conductora y periodista para esa institución usando el material periodístico y fotográfico de la agencia. La señora Urrea estaba identificada como la consentida del anterior líder sindical y para comprobarlo investigamos más de una veintena de viajes alrededor del mundo con cargo al erario y fotos publicadas por ella misma haciendo turismo internacional en primera clase.

El Padrino

A finales de 2019 la guerra del sindicato contra la nueva administración era cada día más beligerante. El editorialista Ricardo Raphael me buscó para decirme que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral, quien me citó en el restaurante de El Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta de que el señor operaba la Secretaría del Trabajo a cargo de su hija.

El señor Alcalde utilizó un tono como El Padrino para decirme: tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren; si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio. Le dije que yo no vivía de la aceptación de los demás, pero él insistió dándome unas instrucciones precisas: ahorita saliendo te va a hablar Marrufo para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que aceptes la reinstalación de esta gente. Guardé silencio y me miró fijamente para amenazarme: si no lo haces, lo que viene es la huelga.

En ese momento supe que el asesor legal del SutNotimex era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. Al salir del restaurante, efectivamente recibí la llamada de Marrufo indicándome que me esperaría en la junta. Obviamente nunca fui. A partir de entonces la operación de acoso y derribo se intensificó, particularmente porque gracias a nuestras investigaciones interpusimos más de un centenar de denuncias penales por actos de corrupción contra personal sindicalizado; de hecho, 80 por ciento de la nómina era sindicalizado.

A principios de 2020 un día llegamos y no había personal en la redacción. El sindicato les había dado vacaciones a todos sin consultar a la nueva administración. Argumentaban que así funcionaba el sistema impuesto en la agencia. Sucedían cosas extrañas: una editora que apareció después de un año diciendo que el sindicato le dio un año de permiso con goce de sueldo para criar a su bebé. Una reportera que nunca habíamos visto exigía reinstalarse en su puesto luego de un permiso sindical para que trabajara en el gobierno del estado de México.

Nos enteramos de que el sindicato cobraba por debajo del agua las giras de gobernadores. Esos millones de pesos nunca eran registrados en la administración. Confirmamos que el chayote era una práctica común. Había reporteros que cobraban las entrevistas entre 500 y 5 mil pesos; otros aceptaban de sus fuentes coches e incluso préstamos para comparar casa.

Poco a poco fuimos eliminando vicios e irregularidades y por consecuencia la guerra en nuestra contra se intensificó. La lideresa quería recuperar los privilegios que iban perdiendo: permisos con goce de sueldo bajo pretextos absurdos, laborar dos días a la semana, tener horarios adaptables a su vida y no a la agencia, como una editora que argumentaba que tenía una tienda de abarrotes y ella no podía trabajar por la mañana, sólo por la tarde.

En tan solo un año le dimos la vuelta a la agencia: recuperamos los géneros periodísticos, fundamos NotimexTV y VerificadoNotimex. Empezamos a digitalizar las fototeca y reorganizamos la estructura editorial para ampliar nuestra cobertura. Establecimos convenios con agencias de noticias del mundo: Sputnik, Europa Press, Xinhua, Agencia Vietnamita de Noticias, Prensa Latina, EFE, TASS, BBC, France Press y Asociated Press, entre otras. Ampliamos nuestra cartera de clientes hasta llegar a más de 900 en todo el mundo y suspendimos las cortesías que la anterior administración daba en servicios noticiosos diarios a un grupo de periodistas favoritos del régimen anterior.

La huelga

En enero de 2020 el sindicato amagaba con huelga, porque aparte de 20 por ciento de incremento salarial exigía la reinstalación de un considerable grupo de ex trabajadores y el aumento de prestaciones que eran ya incompatibles con la austeridad republicana y el presupuesto de Notimex.

Fue entonces cuando Luisa Alcalde me pidió que me fotografiara con Urrea dándole la mano. Le dije que ese no era mi trabajo, que no podía inmiscuirme en la vida sindical y que además los trabajadores ya se habían organizado para crear un nuevo sindicato. La guerra de la lideresa en nuestra contra aumentó al no entregarle los 500 mil pesos mensuales por concepto de apoyo que antes les daban; también suspendimos los 50 mil pesos para fiestas.

El 2 febrero de 2020 el SutNotimex estalló la huelga en un recuento fraudulento avalado por las autoridades laborales donde votaron a favor personal de confianza y gente ajena a la agencia. El sindicato colocó las banderas rojinegras afuera del edificio de Baja California 200 dejando adentro a una veintena de trabajadores que quedaron secuestrados durante 45 días.

Nuestro equipo vivió en esas oficinas, ahí en los baños se aseaban, dormían en el suelo y durante los primeros días siguieron trabajando sin comida, hasta que Jesusa Rodríguez y Napoleón Gómez Urrutia y su esposa nos ofrecieron enviar tortas, frutas y otros alimentos a nuestro equipo que vivió esos días de manera muy difícil.

El sindicato inició entonces una persecución en contra nuestra, aunado a una campaña de difamación con la ayuda de varios medios de comunicación y organizaciones de supuesta defensa a los periodistas como Artículo19, una ONG financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que publicó un informe en el que a través de testimonios anónimos nos acusaba de ser agresores de periodistas con bots en las redes sociales.

La campaña de desprestigio que me advirtió Arturo Alcalde se intensificó porque a pesar de la huelga continuamos laborando gracias a un amparo que obtuvimos por las múltiples irregularidades cometidas en el recuento de la huelga. En junio, la secretaria Luisa Alcalde intervino en la junta de gobierno de Notimex para exigir su cierre. El fuego amigo finalmente consiguió quitarle la agencia a los mexicanos y al Estado.

A pesar de la huelga la institución siguió su ritmo administrativo. La nómina se redujo a 65 trabajadores sugeridos para seguir desarrollando la defensa del patrimonio del Estado. La Secretaría de Hacienda siguió aprobando anualmente nuestro presupuesto para pagar los salarios de nuestro personal que realizó durante todo este tiempo actividades sustantivas previstas en la Ley Federal del Trabajo.

El sindicato lanzó maliciosamente la idea de que cobrábamos nuestro salario sin trabajar. Nada más falso. Al contrario, continuamos con todos los procesos administrativos que contempla la aprobación de nuestro presupuesto, el desempeño exigido para cinco auditorías anuales y las exigencias permanentes del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.

Se continuó en la labor digital de la fototeca, la más importante del país, y la revisión constante de las más de 150 carpetas penales en juzgados y fiscalías. Establecimos más de una treintena de mesas de negociación con el sindicato para lograr la apertura de la agencia, pero fue imposible. Los abogados del líder telefonista Francisco Hernández Juárez siempre dinamitaron esa posibilidad utilizando el chantaje y la amenaza de manera constante.

El cierre definitivo de la agencia

Para inicios de 2023 la única vía de solución del conflicto era el cierre de la institución. A mediados del año pasado iniciamos conversaciones con el nuevo secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien nos dijo que la secretaria de Gobernación estaba a cargo de la negociación con el sindicato para levantar la huelga y que para ello les iban a dar todo lo que pedían. Les dije que era un terrible abuso inflar la bolsa económica de las liquidaciones a 256 millones de pesos con 53 cachirules y sólo 34 huelguistas: hay más gente en esa lista ajena a la huelga, personal que ya fue liquidado y trabajadores de confianza no sindicalizados.

Durante meses, Marath y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto.

Ha sido lamentable comprobar que no sólo Jesús Ramírez no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección, sino que después nos abandonó. Tampoco los medios públicos a cargo de Jenaro Villamil abordaron el conflicto laboral.

En resumen, nos dejaron solos en nuestro combate a la corrupción endémica que sufría Notimex y frente al acoso y persecución que padecimos durante los últimos cuatro años. Finalmente, el conflicto de la extinta agencia de Noticias del Estado Mexicano sólo demostró la podredumbre que padece un sector de nuestra prensa.

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 Lo que hay detrás del conflicto en Notimex

Sanjuana Martínez

La Jornada, 9 de enero de 2024 

El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la ley.

Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté.

Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez.

Me negué en rotundo. Eso es un acto de corrupción, comenté. Y Peñaloza añadió: Es una practica común en el gobierno, a lo que respondí: No me importa, yo no la acepto. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera.

Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. Sólo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marath Bolaños López, expuso José Luis Sánchez Cuazitl. Le pregunté: ¿Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador?, y respondió: Sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte.

Francamente, lo dudé, porque en mi último encuentro con el Presidente en Palacio Nacional, el mandatario me agradeció los servicios prestados al frente de Notimex y reconoció mi trabajo. Sin embargo, cuando le informé los abusos económicos que pretendía dar la secretaria Alcalde a los huelguistas del extinto SutNotimex me escuchó frente a una relación escrita de anomalías que le presenté y me dijo: Gracias, Sanjuana, por la información, no vamos a permitir abusos.

Lamentablemente, no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que, con una bolsa de 256 millones de pesos, beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde.

De 250 millones de pesos que finalmente entregaron a la lideresa Adriana Urrea, es costumbre pagar 30 por ciento; es decir 76 millones de pesos, a los abogados laboralistas. En realidad, la cantidad entregada al extinto sindicato es un botín de guerra. La bolsa de 256 millones de pesos incluyó 14 millones por concepto de canasta, supuestamente canasta básica de alimentos, pero, en paralelo, las liquidaciones incluían cuatro años de vales de despensa, entonces, es inaceptable. Además de casi un millón de pesos por concepto de fiesta de aniversario para un sindicato que ya no existe.

El presidente López Obrador instruyó a Alcalde, Bolaños y a Jesús Ramírez a trabajar en la solución del conflicto. Lejos de hacerlo, lo enrarecieron más. Cada vez que iba y me entrevistaba con la anterior secretaria del Trabajo sentía que la información que le daba iba a ser compartida con otros, empezando con su padre, Arturo Alcalde. De hecho, todas las resoluciones de las autoridades del trabajo fueron en contra de Notimex y siempre, sin excepción, a favor del sindicato.

En el caso del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo federal le encomendó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia, no hubo una entrega-recepción, porque Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, se fue antes, dejando un cúmulo de anomalías administrativas, la mayoría constitutivas de delito.

Ramírez se desentendió del asunto, a pesar de la instrucción presidencial y ni siquiera contestaba las llamadas; es más, tengo más de tres años de no hablar con él.

Ramírez y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso Notimex. Peor aún, esos medios entrevistaban a la lideresa sindical acusada de corrupción ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mientras a mí me negaron siempre el espacio.

Cuando reclamé a Villamil, me dijo: Es que yo vine a conciliar y tú preferiste el conflicto. Sorprendida por sus palabras, le contesté: “Vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto, no vinimos a ‘conciliar’, esa no es la encomienda del Presidente ni el compromiso con los mexicanos”.

La lista de los beneficiados por las referidas megaliquidaciones, algunas de las mismas claramente ilegales, incluye a 34 huelguistas y 53 cachirules; es decir, personas que no trabajaban en Notimex, empleados de confianza que nunca fueron sindicalizados y otro tanto de ex trabajadores que ya habían sido liquidados conforme a derecho. La lista del dinero entregado a los cachirules es de 135 millones de pesos. Obviamente, autoridades y sindicalistas inflaron la bolsa para obtener mayores ganancias.

Las aberraciones de la lista de beneficiados, justificadas por las autoridades de Gobernación y del Trabajo, incluyen casos paradigmáticos como el de Guadalupe Vallejo Mora, quien trabajó un mes en la dependencia y recibió 2 millones 730 mil 254 pesos, frente a Martín Alarcón, el subdirector activo de la agencia, quien trabajó más de 30 años y recibirá un millón 100 mil pesos.

En una clara injusticia, el sindicato compró gente ajena a la empresa y a personas a quienes habíamos contratado unos meses antes de que se declarara la huelga, como Flor Goche Maldonado, quien apenas laboró cinco meses y le entregaron 2 millones 83 mil pesos o Alexis Jimenéz Hernández, con antigüedad de cinco meses y le dieron un millón 283 mil pesos. Asimismo, la trabajadora del periódico 24 Horas Miroslava Callejas, que estuvo en nómina nueve meses y le dieron un millón 215 mil pesos, o Laura Mastache Gutiérrez, con también nueve meses en la agencia y le entregaron un cheque de un millón 93 mil pesos.

Llama la atención el caso de Adrián Rocha García, quien trabajó cuatro meses y se fue a radicar a Estados Unidos, pero ahora aparece en la lista con un cheque ya cobrado de 2 millones de pesos.

Entre los cachirules se encuentran los típicos oportunistas que a río revuelto aprovecharon la ganancia de pescadores, como dice el dicho. Samuel Cortés Hamdan, Emmanuel Carrillo Moreno, Ingrid Sánchez Pulido o Cristian Carlos Juárez, todos ellos trabajadores con apenas meses o poco más de un año recibieron entre 2 y 3 millones de pesos.

El caso que generó más indignación entre el personal activo de Notimex es el del priísta Martín Takagui Carbajo, quien ha vivido de tres demandas laborales que interpuso contra Notimex, y a quien mi administración se vio obligada a pagarle un millón y medio de pesos por un caso de despido injustificado que tuvo lugar en el régimen anterior. Pues bien, ahora le acaban de entregar por supuestamente trabajar dos meses en la reinstalación ordenada por las autoridades laborales, un total de 3 millones 415 mil pesos. En la lista de los 34 huelguistas abundan las irregularidades, como el caso de Estefanía Mere Salazar, quien laboró solamente un mes y le entregaron un millón 619 mil pesos de liquidación.

Cuando reclamé estas anomalías e ilegalidades en las liquidaciones del sindicato, Sánchez Cuazitl me explicó que las del sindicato eran liquidaciones políticas que pretendían terminar con una huelga, mientras las nuestras no estaban definidas a pesar de la publicación del decreto de extinción. No alcanzo a encontrar un elemento que me permita llegar al monto solicitado, dijo y le contesté: “Aplica el mismo criterio ‘político’ para las liquidaciones del personal activo. Es necesario tener igualdad, equidad. No nos traten como trabajadores de segunda clase”. Y dijo: Tienes razón, pero ni modo, es la instrucción.

Fue desolador para el equipo de trabajadores activos de Notimex conocer las ínfimas cantidades de liquidación ofrecidas, que ni siquiera cumplen con el marco legal. Finalmente, el personal que se quedó en la agencia y laboró todos los días para defender el patrimonio de la nación fue despreciado y subestimado. Tal parece que el trato recibido es una venganza.

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