Ordenan Comisión de la Verdad para Ayotzinapa

 REVISTA R

Ordenan Comisión de la Verdad para Ayotzinapa

Nota de Abel Barajas; Reforma, 22 febrero 2026;

Tras ocho años de ordenarse su creación, la justicia federal finalmente instruyó integrar la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, determinación que comprometería la existencia de la unidad especial de la FGR hoy responsable de la indagatoria.

Los antecedentes de la Comisión

El 31 de mayo de 2018 el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó crear una nueva comisión para indagar el Caso Iguala, porque concluyó que la investigación de la entonces PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El colegiado precisó que la comisión estaría integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público Federal.

Pero, a diferencia de comisiones de la verdad de otros países, este nuevo organismo no sería sólo un mecanismo para construir la memoria histórica de un caso específico, sino un instrumento que sustituiría a la Fiscalía en la investigación y el ejercicio de la acción penal.

En la sentencia, el tribunal puntualiza que sólo las víctimas y la CNDH decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, recomendando la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El fallo agrega que en el momento en que se conforme la comisión, deberán quedar fuera de la investigación los fiscales, peritos, agentes ministeriales y policías que han estado al frente o han participado en la indagatoria.

En el presente, el organismo responsable de la indagatoria es la Unidad Especial en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), a cargo de Mauricio Pazarán Álvarez.

Si bien el 3 de diciembre de 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, ésta nunca tuvo los alcances legales que la justicia federal pretende dotarle al posible nuevo organismo.

Acusan a líder criminal por ataque a futbolistas

Alejandro Palacios Benítez, "El Cholo", presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, enfrenta un nuevo juicio por el ataque al autobús del equipo de futbol Los Avispones, el día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Carlos Medrano García, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, dictó la formal prisión al presunto narcotraficante por los delitos de homicidio calificado en agravio de 3 personas y tentativa de homicidio en perjuicio de 37.

Según el expediente, la Fiscalía General de la República lo acusa de ser el responsable de la emboscada al autobús en el que viajaban los jugadores del equipo Los Avispones y otros vehículos, en el crucero de Santa Teresa, en Iguala, la tarde del 26 de septiembre de 2014.

La indagatoria  determinó que el ataque fue en contra de 37 personas, de las cuales 3 perdieron la vida y 13 más resultaron heridas.

La acusación de la FGR se basa en declaraciones de los testigos protegidos Neto y Damián, así como Gildardo López Astudillo, "El Gil", uno de los presuntos operadores de Guerreros Unidos.

Por ejemplo, Neto declaró el 30 de enero de 2025 ante la Fiscalía que Patricio Reyes Landa, "El Pato", otro miembro del grupo delictivo, le comentó que "El Cholo" Palacios había disparado a una persona dentro del autobús de los Avispones de Chilpancingo.

En tanto, que Damián dijo que, desde su entrada a Iguala, los "halcones" de Guerreros Unidos le reportaron a Palacios la presencia del autobús de los futbolistas, el cual pensaron que trasladaba a sicarios de un grupo rival y por eso lo atacaron.

"(Los testimonios) son dignos de credibilidad, habida cuenta que se corroboran y resultan congruentes en cuanto a los hechos que describen, lo que pone en relieve la existencia, estructura, modus operandi y ámbito de actuación de una organización denominada Guerreros Unidos", dice el fallo en el que le dictaron la formal prisión.

Para "El Cholo" Palacios este es el segundo proceso penal que se inicia en su contra, ya que en noviembre de 2024 le dictaron la formal prisión por su probable implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"El Cholo" fue detenido el 22 de noviembre de 2024 en Tlatlaya, Estado de México, precisamente con base en el mandamiento de captura relacionado con el caso de los estudiantes que se encuentran ilocalizables.

Las autoridades lo tenían identificado como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Taxco, Huitzuco y Tepecoacuilco, Guerrero, donde lideró operaciones de secuestro, cobro de cuotas y la desaparición de al menos 8 personas en el municipio de Cocula.

Además, mantenía comunicación con Francisco Salgado Valladares, ex subdirector Operativo de la Policía de Iguala, y "El Gil", uno de los principales operadores del ataque a los normalistas.

La acusación penal por el caso de los Avispones fue presentada ante la justicia federal tiempo después de su encarcelamiento.

Apenas el pasado 3 de octubre, la FGR pidió la orden de aprehensión por ese asunto y al día siguiente fue librada. Sin embargo, la Fiscalía le ejecutó dicho mandamiento de captura hasta el pasado 6 de enero en el interior del Penal del Altiplano.

Un día después compareció en la audiencia de declaración preparatoria, en la que optó por guardar silencio, y el 12 de enero le dictaron la formal prisión por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Cae ex agente por desaparición de los 43

La Fiscalía General de la República detuvo a Marcelo Villalba Adame, ex agente de la Policía Municipal de Huitzuco, Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Villalba fue detenido en Guerrero por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, con base en una orden de aprehensión librada desde agosto del 2022 por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

De acuerdo con informes federales, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca le dictó la formal prisión por los dos ilícitos y, como ambos contemplan la prisión preventiva de oficio, permanecerá preso mientras se tramita su proceso.

El ex policía fue internado el 8 de diciembre pasado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Cinco días después le iniciaron el juicio.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el ahora procesado es uno de los 25 agentes de la Policía de Huitzuco que la noche del 26 de septiembre de 2014 participaron en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Con base en la geolocalización de números telefónicos, la indagatoria ubicó a Villalba como uno de los siete policías de Huitzuco que en la misma fecha llevaron a cabo una secuencia de 6 ataques en el lugar conocido como crucero de Santa Teresa, en Iguala.

Los otros agentes son Celedonio Núñez Figueroa, José Jovani Salgado Rivera, Luis Antonio Morales Sánchez, Luis Felipe Bernabé Santana, Jesús Avila López y Ariel Núñez Figueroa.

Según los antecedentes, entre las 23:30 y las 23:45 horas, agentes de las Policías de Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco y posiblemente de la Policía Estatal, perpetraron las agresiones contra conductores y pasajeros que viajaban en tres taxis, dos vehículos de carga y un autobús de la empresa Castro Tours en el que iban los jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.

En los ataques, fueron asesinadas 3 personas y 37 resultaron lesionadas.

La ubicación gerorreferencial también estableció que Villalba estuvo la misma noche en un lugar conocido como Puente del Chipote, enfrente del Palacio de Justicia de Iguala, donde fue interceptado el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas.

En el informe del Caso Ayotzinapa, presentado en septiembre de 2023, el Gobierno federal señala que los municipales de Huitzuco trasladaron a una parte del grupo de estudiantes desde ese punto hasta su municipio, donde fueron entregados a un sujeto apodado "El Patrón", para que "decidiera sobre su destino".

Un largo recorrido

Desde hace casi 6 años se ordenó la creación de la Comisión, pero no se ha concretado:

2018

-31 de mayo

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, ordena crear la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, porque dice que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

-18 de julio

El Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, al resolver una impugnación de la FGR, determinó que era jurídicamente imposible cumplir con la sentencia que ordenaba crear la Comisión.

-20 de septiembre

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas revocó la imposibilidad decretada, pero turnó el caso a la Suprema Corte los cuatro incidentes de inejecución de sentencia.

-27 de septiembre

El Ministro presidente Luis María Aguilar admitió a trámite los cuatro incidentes de inejecución de sentencia y los turnó a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

-5 de octubre.

El Congreso de la Unión y la CNDH manifiestan a la Corte su disposición para cumplir con la creación de la Comisión.

-9 de octubre

Los familiares de los 43 desaparecidos presentan recursos de reclamación contra la admisión de cada uno de los incidentes de inejecución de sentencia.

-19 de octubre

Las reclamaciones de los deudos son turnadas a la ponencia del Ministro Fernando Franco González.

2019

-1 de febrero

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifiesta la disposición para cumplir con la orden judicial para instaurar la nueva comisión.

2022

-4 de enero

El asunto es returnado a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

2024

-5 de marzo

A solicitud de la Ministra Loretta Ortiz, el expediente se remite a la entonces Primera Sala de la Corte para su resolución.

-19 de junio

La Primera Sala de la Corte rechaza por unanimidad admitir los incidentes de inejecución de sentencia, es decir, declara fundadas las reclamaciones de los padres de los normalistas.

2025

-23 de diciembre

El Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas ordena requerir a los familiares de los desaparecidos y a la Fiscal Ernestina Godoy, para que nombren a sus representantes para conformar la comisión. También ordena informarle a la CNDH que debe integrarse a la Comisión.

2026

-26 de enero

El Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas notifica a los involucrados que deben cumplir con las designaciones de sus representantes.

ETAPAS DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN

Primera Etapa. Requerimientos e integración

Requerir a los representantes de familiares de los normalistas desaparecidos para que en 3 días, contados a partir de que reciban la notificación, designen a 2 personas que los representen en la Comisión y proporcionen un domicilio común.

Requerir a la Fiscal Ernestina Godoy para que en 3 días, contados a partir de recibir la notificación, proporcione el nombre y domicilio oficial de un agente del Ministerio Público de la Federación para que se integre a la Comisión. El fiscal que designe, así como el personal a su cargo, deberán ser distintos a los que han participado en la investigación del Caso Iguala.

Informar a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, que formará parte de la nueva Comisión de Investigación

Segunda Etapa de Requerimientos e Informes

Una vez que se cuente con los nombres y domicilios de los 2 representantes de las víctimas, del agente del MP y de la titular de la CNDH, deberá emitirse un acuerdo para informarles que ahora son los integrantes de la Comisión y que sus facultades y deberes son los siguientes:

A. Todo oficio o determinación que se emita, para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH.

B. Las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinados por la representación de las víctimas y la CNDH. Las diligencias incluso podrán ser practicadas en las instalaciones de esta última.

C. El orden para examinar personas será determinado por la representación de las victimas.

D. Para los dictámenes forenses deberá preferirse la designación de peritos independientes, ya sea de instituciones públicas o privadas.

E. Por regla general, se deberá prescindir de los peritos de la FGR, a menos que los representantes de las víctimas y la CNDH los requieran.

F. Los miembros de la Comisión de Investigación tendrán libre e inmediato acceso a todo centro que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los 43 desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluidas las instalaciones militares.

G. Para las situaciones en que exista duda sobre el funcionamiento de la Comisión de Investigación, deberá acudirse al "Protocolo de Minnesota", adoptado en 1991 por la ONU, en especial a su apartado "D", que prevé los elementos y principios de las investigaciones.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas dio los primeros pasos para conformar la comisión, ya que ordenó requerir a Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, y a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que nombren a sus representantes ante el inédito organismo.

De acuerdo con la notificación judicial, el Magistrado del tribunal Juan Marcos Olguín Rodríguez dio un plazo de tres días para que los deudos designen a sus dos representantes y la Fiscal a uno, que en ese caso será un agente del Ministerio Público Federal.

Además, instruyó informarle a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que deberá integrarse a la nueva Comisión de Investigación.

"El Ministerio Público de la Federación que se designe debe ser distinto a los que hayan participado previamente en el caso de origen y no debe haber conocido legalmente de los antecedentes del asunto", dice el documento.

"Que una vez que se cuente con los nombres y domicilios requeridos de cada parte, se notificará a las personas designadas a efecto de que conozcan sus facultades y deberes como integrantes de la referida Comisión y se estará en posibilidades de continuar con la segunda etapa prevista en la sentencia de amparo en revisión".

Según informes del Gobierno federal, la Fiscalía valora en este momento impugnar esta determinación judicial, a través de un recurso legal conocido como incidente de incumplimiento sustituto de sentencia.

La integración de la Comisión se ha postergado por años porque, desde el primer momento, la PGR y luego su sucesora la FGR litigaron contra la sentencia del colegiado que instruyó su creación.

El 18 de julio de 2018, un tribunal le dio la razón a la Fiscalía, al determinar que era jurídicamente imposible cumplir con la sentencia que ordenaba instaurar la Comisión.

El 20 de septiembre del mismo año, un tribunal colegiado revocó esa imposibilidad para instalar la Comisión, lo que en teoría daba luz verde para continuar con su conformación.

Pero contra ese fallo luego se promovieron unos recursos denominados incidentes de inejecución de sentencia y sus respectivas reclamaciones, que entramparon por años este litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso el asunto fue retornado con la salida del Ministro Fernando Franco.

Finalmente, el 19 de junio de 2024, la Primera Sala de la Corte resolvió que no debían admitirse los incidentes contra el tribunal que dijo que sí era jurídicamente posible crear la Comisión.

En ese fallo, la Corte precisó que un recurso de inejecución de sentencia sólo puede resolverlo cuando hay un desacato de las autoridades a una sentencia definitiva y este asunto no había llegado todavía a esa etapa, pues aún estaba en ejecución.

La decisión del máximo tribunal del País dio lugar a que ahora el Magistrado Olguín resolviera iniciar la integración del organismo.