El eco de un balcón y la promesa de 2027
El Palacio Nacional se convirtió ayer en el epicentro de un fenómeno que trasciende las fronteras y los idiomas. Entre balcones históricos y el grito unísono de miles, la Presidenta Sheinbaum confirmó lo que el ARMY mexicano llevaba años guardando como un deseo: BTS regresa a México en 2027.
No fue un anuncio común. Fue el relato de un encuentro humano. La mandataria describió a siete jóvenes sencillos que, lejos de la parafernalia de los estadios, se conmovieron con una energía que —según ellos mismos— no existe en otro rincón del planeta. Imaginen la escena: 50 mil personas bajo el sol, congregadas por un saludo fugaz desde un balcón, una muestra de que la música surcoreana es ya una fibra vibrante de nuestra cultura popular.
Lo verdaderamente valioso de esta crónica no es solo la logística de una gira en año electoral, sino el reconocimiento de un mensaje. Sheinbaum no solo habló de canciones; habló de salud mental, de paz y de amor propio. Aún no hay fechas marcadas en el calendario, pero la promesa ya está sobre la mesa. México ha vuelto a ser el hogar de los siete, y el 2027, desde hoy, se siente un poco más cerca.
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Extiende Inzunza red familiar al PJ
Nota de Mayumi Suzuki/ Reforma Pp,
El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, acusado de vínculos con el narcotráfico por EU, ejerce el control del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a través de una red de familiares y allegados en puestos clave.
Antes de ser Secretario de Gobierno en la Administración de Rubén Rocha, quien también es requerido por la justicia estadounidense, Inzunza pasó 25 años en el tribunal, del que fue en tres ocasiones presidente.
Su hermana, Aída Inzunza Cázarez, tiene un cargo como Magistrada electoral; su otra hermana, Lorena, es jueza civil, y su hermano, Javier, funge como secretario de acuerdos del Tribunal.
Su esposa, Claudia Meza, es Magistrada civil; mientras que su sobrina, Diana Elide Iribe Cázarez, es jueza en materia familiar; su prima, Yarely Valdez Inzunza, es jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público.
También hay al menos dos de sus sobrinos involucrados: Emilio Cázarez, jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas, e Iliana Cázarez, directora de la Región Norte.
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Templo Mayor/ REFORMA;
PARA QUEDARSE con el ojo cuadrado están las cifras que arroja un estudio de la Concanaco sobre la sobrerregulación en México.
LA PESADA carga regulatoria que implica trámites, licencias y gastos administrativos, combinada con los largos tiempos de espera y los retrasos de las autoridades se convierten en costos que superan, según esos cálculos, los 900 mil millones de pesos.
PARA PONER esa cifra en perspectiva, estamos hablando del equivalente a 2.5 ciento del PIB nacional.
EL DOCUMENTO presentado por el presidente de esa confederación, Octavio de la Torre, indica que si recortaran los trámites a la mitad, se podrían generar ahorros por más de 450 mil millones de pesos.
Y, NO ES por echarle sal a la herida, pero la sobrerregulación es también un incentivo perverso tanto para la economía informal como para la corrupción.
MUCHO trabajo pendiente tiene la Agencia de Transformación Digital que encabeza José "Pepe" Merino y que está encargada de la simplificación de trámites a nivel federal.
INTENSA se anticipa que se ponga la reunión de hoy a las 13:00 horas en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los diputados y senadores de Morena, el PT y el PVEM.
EN EL PAPEL, se hará la evaluación del periodo ordinario de sesiones, pero se dice que los legisladores podrían recibir línea para convocar a un periodo extraordinario para aplazar la segunda parte de la elección judicial de 2027 a junio de 2028.
OJALÁ esté funcionando bien el aire acondicionado, porque la reunión se puede poner acalorada.
MAL QUEDARON los políticos de Aguascalientes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
LA CEREMONIA en la que le entregaron las llaves de la capital fue interrumpida por la regidora de Morena, Martha Martínez, quien encaró a la española para decirle que lamentaba que fuera utilizada por lo que calificó como "un grupo de políticos corruptos".
UNA DESCORTESÍA de la morenista, por decir lo menos, pues no dejó transcurrir un acto público y seguro que no le gustaría que les hicieran lo mismo en un acto de los guindas; pero también mala la actuación de los panistas hidrocálidos que organizaron el acto y fácilmente fueron rebasados por ¡una manifestante!
LA ALCALDESA y veterana militante del Partido Popular quien es vista por muchos como seria aspirante a la Presidencia del Gobierno de España tuvo elegancia para no engancharse.
LA MADRILEÑA tomó el toro por los cuernos y señaló que el debate es el noble ejercicio de la política. En medio de la escandalera dijo que quienes hacen política deben "combatir las ideas, no a las personas. No se acosa, no se persigue; no se va a instigar miedo para que alguien calle y para que solamente se oiga una voz". ¡Olé!
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Nuevos huéspedes en la residencia de México en Londres
Bajo Reserva/El UNiversal
En el Instituto Politécnico Nacional corre una pregunta con filo diplomático. Ante el pleito entre la dirección general del Poli y la Fundación Politécnico A. C., que dejó varados y sin recursos a decenas de estudiantes becados en Reino Unido, ¿no habrá espacio en la residencia oficial de México en Londres para alojarlos? Dicen que ahora que se supo que, en esa residencia, destinada para los embajadores y su familia, se recibe a estudiantes para que vivan por algunos meses gratis y con todos los servicios incluidos, quizá podría haber un huequito para los politécnicos desamparados que llevan semanas sobreviviendo entre deudas, rentas atrasadas y comidas recortadas. Quizá puedan estar en esa mansión algunos meses, mientras que el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, aclara, si es que puede, las irregularidades en el manejo de los dineros que deberían haber llegado a Inglaterra.
Morena frenó a Inzunza
Nos comentan que la decisión del senador Enrique Inzunza de no asistir a la sesión de la Comisión Permanente, como se había comprometido, fue producto de la presión de sus propios compañeros de bancada y de liderazgos de Morena. Nos platican que varios legisladores morenistas consideraban una “imprudencia” que Inzunza, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narco, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, hiciera acto de presencia siendo uno de los protagonistas de este escándalo. Además, nos dicen, llegaron al Senado señales desde el más alto nivel para evitar que la oposición se diera vuelo tundiendo a Inzunza, por más que el senador Gerardo Fernández Noroña subiera a tribuna a defenderlo. ¿Podrá algún día regresar el senador Inzulza a su escaño?
Descontón del Sindicato del Metro a panistas
Nos cuentan que nada bien cayó en el PAN la tarjeta informativa de respuesta que emitió el sindicato del Metro, que dirige Fernando Espino, en la que señala que es inviable la propuesta de los legisladores blanquiazules de la capital para extender hasta las dos de la mañana el horario de las 12 líneas los viernes y sábado. El sindicato explicó con peras y manzanas que dicha medida afectaría la operación del de por sí emproblemado Sistema de Transporte Colectivo. La propuesta parecería ser una broma, ya que lo que piden es mayor operación y menos tiempo para dar mantenimiento. “La propuesta es totalmente no procedente, debido a que causaría más afectaciones al Metro, que beneficios a los pocos usuarios que lo utilizarían”, expresó el sindicato en su tarjeta de respuesta. Lo bueno, comentan algunos panistas, es que la respuesta vino de un “amigo”, al recordar que Espino antes era su aliado.
Bomba nuclear en Cruz Azul
Ayer, nos dicen, fue un día muy movido dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Nos comentan que, conforme se va documentado la existencia de un presunto fraude, María Alejandra Velázquez, prima del actual director de la cooperativa Víctor Velázquez, entró en pánico. La razón del temor de doña María Alejandra, conocida como la "señorita de los tokens”, es que ella fue la encargada de hacer el pago de 50 millones de dólares a una empresa estadounidense implicada en el presunto fraude. Nos dicen que el propio director jurídico de la cooperativa, Rafael Anzures, calcula que no le alcanzará el compadrazgo que su familia presume con los máximos niveles del Poder Judicial de la Ciudad de México, si las autoridades de Estados Unidos inician investigaciones sobre la empresa estadounidense que habría defraudado a la cementera. Sería nuclear el tema.
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Estrictamente Personal
“Trump no tiene pruebas”/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, mayo 07, 2026 |
El endurecimiento del discurso contra Estados Unidos es una estrategia. No es una obviedad si se toma en cuenta que los fundamentos de esa posición beligerante están anclados en la creencia, que no conocimiento, de que el Departamento de Justicia no tiene pruebas de que el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve sinaloenses trabajaron para Los Chapitos después de que esa facción del Cártel de Sinaloa intervino en las elecciones de 2021 para garantizarles la victoria. Ayer se anunció un nuevo desafío en esa dirección: la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al Departamento de Estado exigiéndole las pruebas de la imputación.
Existe certidumbre en Palacio Nacional y en la aristocracia de Morena de que fue otra de las bufonadas del presidente Donald Trump. No se sabe si la declaración de Trump ayer –“si no hace su trabajo México, lo haremos nosotros”--, haya cambiado su visión, porque creen tenerle tomada la medida: viene la amenaza, se le recibe con cabeza fría y entonces recula. Además, está distraído con Irán, de donde no sabe cómo salirse. Y, después de Irán, se entretendrá con Cuba. Hasta después volteará a México. Serán meses de tranquilidad a los que no hay que hacerles caso.
Las voces en Palacio Nacional comenzaron a escucharse el jueves pasado, un día después de que se pidiera la captura de Rocha Moya y otros nueve sinaloenses con fines de extradición. El análisis partió de una premisa simple: es un único golpe; ya no hará nada Trump. Fue la conclusión previa al Consejo Extraordinario de Morena este domingo, en donde se perfilaron los escenarios por donde habría que caminar: no tiene pruebas; si las tuviera, ya las habría dado a conocer.
Con total confianza en sus diagnósticos, dentro de la aristocracia del régimen comenzaron a desarrollar escenarios de ruptura frente a Estados Unidos. No importa si se acaba el tratado comercial norteamericano, porque les afecta más a ellos que a México, y existe la certeza de que puede construir un bloque político-comercial con China, Rusia y Brasil para ponerle cara a Estados Unidos. La geopolítica vista por Morena es atrevida, temeraria y, sobre todas las cosas, ignorante.
Fuera de sus cálculos y consideraciones está que el diseño geopolítico de Trump de “América para los americanos”, que se traduce como el continente es para Estados Unidos, establece que no permitirá que una potencia extranjera siente raíces en la región. Venezuela no fue Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles, sino la expulsión del hemisferio de China, Rusia e Irán.
También está su ceguera a lo que ha venido sucediendo en América Latina, con intervencionismos electorales que han estado cambiando aceleradamente la correlación de fuerzas hacia Washington. Una cadena creciente de gobiernos latinoamericanos se ha estado aliando a Estados Unidos, algunos no por ideología, sino por pragmatismo, entendiendo la política real, como el presidente Bernardo Arévalo, de Guatemala.
De las grandes naciones latinoamericanas, dos que son críticas de Trump tendrán elecciones presidenciales este año, Colombia y Brasil. Las urnas abrirán en Colombia el 31 de mayo, donde el candidato de Washington es un viejo conocido de Estados Unidos, Abelardo de la Espriella. La cita electoral en Brasil será en octubre, donde el candidato de Trump es Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que de iniciar con una desventaja de 2 a 1 frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, hoy se encuentra casi en empate técnico.
Los resultados de ambas elecciones no dependen de Morena, por lo que plantear una línea de confrontación con Estados Unidos imaginada sobre aire, pensar en ese futuro diferente, es iluso. Quizás más es pensar que el acuerdo político-comercial con Estados Unidos y Canadá se reemplaza con China y Rusia, lo cual, en términos comerciales, es absurdo.
China es el gran enemigo de Estados Unidos y fue la razón para intervenir en las elecciones presidenciales de Costa Rica, donde estaba su centro de espionaje electrónico contra el norte, y el progresivo control de los puertos latinoamericanos, que estaban en manos chinas. Incluir a Rusia en sus elucubraciones es no ver lo que ha sucedido. ¿Qué hizo Rusia en Venezuela? Negociar con los estadounidenses para que pudieran sacar a 50 mil cubanos, la mayoría de ellos agentes de inteligencia que habían quedado atrapados. ¿Qué hizo en Cuba? Servir de interlocutor con Estados Unidos para mitigar la crisis económica y evitar un estallido social.
Tomar decisiones o influir en ellas sobre presunciones sin información es peligroso. Asumir que la presidencia de Estados Unidos funciona verticalmente como la de México es una inocentada. Estar convencidos de que la acusación en Manhattan fue una bomba de un día es desconocer completamente cómo funcionan las fiscalías, las cortes y el sistema de justicia en este país, terriblemente injusto en términos de justicia, pero claramente justo para sus intereses. Cuando pidan las pruebas, deben recordar el caso de Genaro García Luna, donde se admitieron testimonios de criminales sin necesidad de pruebas para respaldar sus dichos y, pese a cometer perjurio, se le condenó a 38 años de prisión.
El gobierno pide pruebas contra Rocha Moya y los otros nueve imputados, violentando una vez más lo que establece el Tratado de Extradición. Las pruebas existen. La relatoría de la acusación señala lo que se denunció en México, pública y judicialmente, en 2021, sobre cómo el Cártel de Sinaloa intervino abiertamente en las elecciones para gobernador, secuestrando y amenazando a candidatos y funcionarios de casilla, además de robando urnas. Pruebas adicionales serán expuestas durante el juicio, en donde se irán desdoblando complicidades todavía ocultas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se molesta por los análisis sobre sus decisiones sobre el caso Rocha Moya, que es algo que es normal en cualquier país democrático: pensar sobre cómo decide la suerte de sus gobernados. Es tan notoria la contradicción interna del régimen, que ese enfoque también ha sido materia de reflexión en los periódicos más importantes del mundo, los que leen los inversionistas y los gobernantes.
La crítica ha observado su ambivalencia entre una decisión de Estado y una como militante. Tiene razón que debe actuar conforme a la ley y las pruebas, pero no está haciendo lo primero, y se está adelantando procesalmente a lo segundo. De ahí las reflexiones sobre la toma de decisiones en Palacio Nacional, contrarias a las que se alinean con la realidad geopolítica de la aristocracia de Morena.
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Y sigue la cacería de Trump: ¿quién es el próximo/a?/Salvador García Soto
El Universal, | 07/05/2026 |
El discurso soberanista, maniqueo y demagógico, que nos quiere hacer creer que defender a los narcopolíticos acusados por Estados Unidos es defender a México, se estrellará nuevamente contra la realidad.
Mientras la presidenta Sheinbaum pierde el control de la crisis anunciada que le generó la administración de Donald Trump -e insiste en proteger y garantizar la impunidad de políticos de su partido vinculados a los cárteles de la droga-, el presidente estadounidense eleva el tono y reitera sus amenazas de intervenciones militares contra los narcos en territorio mexicano, si el gobierno de la doctora no empieza pronto a detener y extraditar capos y políticos que están siendo acusados y reclamados por cortes estadounidenses. “Si México no hace el trabajo, nosotros lo haremos”, declaró ayer Trump al hablar de la nueva “fuerza terrestre” estadounidense que está lista para entrar a cualquier país a detener a capos de los cárteles.
Y mientras los morenistas vociferan y se desgarran las vestiduras jurándose inocentes, desde Washington no sólo llegan las reiteradas amenazas del presidente Trump, sino que confirman formalmente que Rocha Moya y los otros 9 políticos sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia, son apenas los primeros y que vienen más nombres, acusaciones y peticiones de extradición contra políticos mexicanos.
"Claro. Sí", respondió ayer Tood Blanche, Fiscal General interino de los Estados Unidos a una pregunta directa de la reportera Ali Bradley, de la televisora conservadora News Nation, sobre si habría más acusaciones del gobierno estadounidense contra políticos mexicanos vinculados al narco. "La semana pasada anunciamos que se ha presentado una acusación formal contra un gobernador de México (Rocha Moya) por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo", dijo Blanche.
Y para que no queden dudas de dónde está sacando el Departamento de Justicia las pruebas, datos y acusaciones contra políticos de México, el fiscal interino, que sustituyó a la defenestrada Pam Bondie, confirmó que son los mismos capos y narcotraficantes que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha entregado a Estados Unidos, los que están aportando información y acusando directamente a sus socios políticos de Morena y otros partidos.
"Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará", insistió el fiscal Tood Blanche, cuyos dichos también confirman la versión de que al gobernador sinaloense lo acusaron directamente Los Chapitos, Ovidio y Jesús Guzmán, quienes aportaron evidencias y pruebas al gobierno estadounidense en contra de Rocha, del senador Enrique Inzunza y del resto de los 10 sinaloenses pedidos en extradición.
Hoy, más allá de la demagogia discursiva nacionalista y de que Morena y la Presidenta se envuelvan en la bandera para proteger a sus militantes acusados por Estados Unidos, la realidad es que dentro del oficialismo hay un temor real y un nerviosismo real porque saben que vienen más acusaciones y que no podrán contener por mucho tiempo la ofensiva estadounidense que es en los hechos una cacería contra gobernadores, alcaldes, congresistas, secretarios de Estado y dirigentes mayoritariamente de Morena, pero también se habla de al menos dos gobernadores de oposición, uno del PRI y otro de MC, como parte de la lista de narcopolíticos mexicanos que tienen en Washington.
Esta semana en redes sociales han surgido versiones de periodistas que aseguran que dos nombres que preocupan en este momento, como los que pueden seguir en las peticiones estadounidenses de detención y extradición, son los del secretario de Educación, Mario Delgado, y el senador tabasqueño y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. El periodista Carlos Ramos aseguró el martes pasado en un tweet que desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, “se informó a Mario Delgado y Adán López que están siendo investigados en USA. La CNBV ya solicitó información sobre sus movimientos financieros a las instituciones bancarias”, sostuvo el periodista.
Así que ya no quedan dudas y los que crean que con discursos e invocaciones de soberanía lograran evitar las acciones de justicia extraterritorial que ha empredido el gobierno de Trump, y que amenaza con escalar incluso a operativos de sus fuerzas especiales en territorio mexicano, se van a estrellar contra la realidad. Justa o injusta, violatoria o no de la supuesta soberanía que pretende proteger las redes de la narcopolítica, la cacería legal y militar del gobierno de los Estados Unidos y la pregunta que realmente se hacen, temerosos y nerviosos los morenistas, es ¿quién será el próximo o la próxima en aparecer en las peticiones de extradición de la Casa Blanca?
NOTAS INDISCRETAS…
Ya se cumplieron 20 días de que Citlali Hernández renunció a la Secretaría de la Mujer para entrar como “bombera” a tratar de evitar la debacle morenista en el 2027, y todavía la presidenta Sheinbaum no se decide sobre el perfil de quien ocupará esa cartera de su gabinete. Se especulaba que antes de que finalizara abril se haría el anuncio de la nueva titular, pero al parecer la crisis por las denuncias contra narcopolíticos morenistas han llevado a posponer la decisión. Dentro del gabinete suenan varios nombres y perfiles para llegar a la Secretaría. Una de ellas es la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, quien ya ocupó una Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento en Chiapas y como legisladora, antes como diputada y ahora desde el Senado, se ha enfocado en presentar iniciativas que favorecen el reconocimiento de derechos y realidades de las mujeres mexicanas. Otra de las que suenan para la Secretaría de las Mujeres es Ingrid Gómez Saracíbar, quien actualmente se desempeña como subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la misma Secretaría. Y una tercera opción que analizan en Palacio nacional es la diputada federal Anaís Burgos, quien se autonombra como la “Diputada del Pueblo”. Se decía que después de que regresara de su viaje a Barcelona la doctora tomaría la decisión y haría el anuncio, pero al parecer la crisis de los narcopolíticos sinaloenses la ha obligado a posponer el nombramiento, mientras la dependencia, que atiende una de las prioridades y emergencias en el país donde asesinan diario a 11 mujeres, sigue acéfala…En el mundo financiero sigue llamando la atención el caso de Autofin y de su dueño, el empresario Juan Antonio Hernández Venegas, quien en una acción repentina donó la totalidad de sus acciones de Banco Autofin a sus hijos Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo. Lo que parecía ser una acción generosa de un parte, se vincula hoy con un conflicto legal más profundo: una demanda civil que enfrenta Juan Antonio Hernández por el presunto incumplimiento, durante 28 años, de la obligación alimentaria respecto de su hija menor. El asunto se ventila ante el Juzgado 25 de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el expediente 2756/2024. En ese proceso, Hernández Venegas habría aportado un testimonio notarial que confirma la donación total de sus acciones, operación fechada el 28 de mayo de 2021. Esto abre la posibilidad de que dicha transmisión accionaria haya sido un acto de simulación para sustraer bienes del alcance de una eventual responsabilidad alimentaria. En paralelo, el 18 de diciembre de 2024, los abogados de su hija menor promovieron dos carpetas de investigación penal ante la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales: una por fraude procesal (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00415/12-2024) y otra por falsedad ante autoridades (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00416/12-2024), radicadas en las Unidades A-3 y C-4. Un elemento adicional que abona a toda esta controversia es que la defensa de Hernández Venegas está encabezada por Alberto Baz Baz, exfiscal del Estado de México, y tristemente célebre por su intervención en el caso de la niña Paulette en el Estado de México en 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. La presencia de Baz Baz, dicen los abogados defensores de la hija, coloca bajo sospecha la conducción de una defensa que exige total transparencia. El caso se enreda aún más al considerar que Banco Autofin operaba con licencia federal. Si la donación del 100% de las acciones ocurrió en 2021, surge una pregunta clave: ¿cómo participó Hernández Venegas como accionista en la asamblea del 16 de marzo de 2023, en la que se consumó la venta del banco? A esto se suma la multa impuesta por la COFECE a Hernández Venegas, junto con Kapital, Grupo Autofin, Banco Autofin, Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo, por presuntas irregularidades en dicha venta. Quedan también preguntas sobre el papel de la CNBV: si tenía conocimiento de la transmisión accionaria, ¿por qué no activó una investigación más amplia antes de permitir la venta a Kapital? La controversia en torno a Hernández Venegas, sus hijos, Banco Autofin, Kapital y la actuación de las autoridades regulatorias apenas comienza a desplegar sus consecuencias jurídicas y mediáticas…Nos confirman fuentes de San Lázaro que la decisión de Morena es aplazar la elección judicial, prevista para el 2027 hasta el año 2028. El aplazamiento es un hecho y lo único que falta por definir, en la oficina del Coordinador morenista Ricardo Monreal, es cuándo se convocará al periodo extraordinario de sesiones en donde se discutiría y aprobaría el cambio de fecha de la elección judicial, para que no se empate con las elecciones intermedias de junio del próximo año. Y como se trata de una reforma a las leyes electorales, obligadamente el periodo extraordinario tiene que convocarse antes del 1 de septiembre, cuando inicia oficialmente el año electoral para los comicios federales del junio del 27, porque una vez comenzado ese año no se puede cambiar ninguna norma electoral. Así que entre junio y agosto, en pleno verano, se podría concretar el cambio de la polémica y cuestionada elección judicial…Los dados se detienen. Capicúa y repetimos el tiro.
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AMLO sabía todo/Carlos Loret de Mola
Cuando se pelearon en el cártel y empezó la guerra entre Chapitos y Mayiza, el gobierno nunca pudo recuperar el control que había cedido
El Universal, | 07/05/2026 |
Andrés Manuel López Obrador sabía de los canales de comunicación entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Rubén Rocha Moya. Se los contó el propio gobernador, según me revelan fuentes de primer nivel. No implicaba una contradicción con la instrucción del entonces presidente de México para combatir la violencia: abrazos, no balazos. Rocha siguió las instrucciones y las aterrizó.
Según las mismas fuentes, AMLO estuvo enterado de la reunión que tuvieron Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa antes de la elección para gobernador. Se trata de la reunión que menciona el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que sellaron el pacto: el cártel lo ayudaría en las elecciones y a cambio él los dejaría operar a sus anchas. ¿Cómo se enteró AMLO? Igualito: se lo contó Rocha Moya.
La comunicación, según las mismas fuentes, quedó establecida entre el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y Los Chapitos. Circulaba el diálogo y circulaban también los contratos. Es más, me refieren que incluso desde el gobierno le llegaron a mandar apoyo médico al Mayo Zambada para ayudarlo con sus padecimientos crónicos. Las autoridades sabían dónde estaban los capos del cártel y a dónde se movían. Había comunicación, coordinación y negocio.
Durante los primeros años, aquello funcionó como relojito. El control de Sinaloa lo tenía el cártel y López Obrador podía presumir que había paz en la entidad. El promedio de asesinatos era de 1.4 al día. Cuando se pelearon en el cártel y empezó la guerra entre Chapitos y Mayiza, el gobierno nunca pudo recuperar el control que había cedido. Los asesinatos escalaron a 6.9 al día. Ahorita van en 2.5. La lección es clara: si como Estado entregas el control de la gobernabilidad, no lo puedas exigir de vuelta.
Con el visto bueno de López Obrador, Rubén Rocha Moya entregó el control del gobierno al cártel. Cuando secuestraron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos, y se desató la guerra, ya nunca pudieron recuperar ese control. Menos aún si el gobernador mintió descaradamente y decidió participar del encubrimiento para esconder el asesinato -ese mismo día, en ese mismo lugar- de su principal rival político, Héctor Melesio Cuén, tratando de hacerlo pasar por un robo de vehículo. Si le quedaba alguna legitimidad al gobernador, la perdió cuando su montaje quedó expuesto.
Lo demás fue una larga agonía: los 19 meses que pasaron con un gobernador inoperante, que todo mundo sabía que estaba coludido con el narco y que representaba una bomba de tiempo... que finalmente estalló. ¿Pudieron desactivarla desde Palacio Nacional? A lo mejor no. Porque había compromisos comunes, complicidades.
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Están destinados a la derrota/Luis Cárdenas
El Universal, | 07/05/2026 |
Morena podría ser la menor preocupación de Andy
Dice la Presidenta que aquellos que apuestan a la intervención extranjera para ganar lo que no consiguen con la voluntad popular, están condenados a la derrota. Lo dice ya molesta, tildando a los que no se someten a la narrativa oficialista sobre la defensa de Rubén Rocha Moya y de los otros nueve implicados en narcotráfico, como traidores a la patria, como oportunistas, como malos o poco mexicanos.
Traicionar a la patria es, más bien, defender a políticos ligados al crimen organizado responsables de cientos de miles de asesinados y desaparecidos con una estela de dolor inconmensurable en el país.
Ni Sheinbaum, ni su desacertado equipo de comunicación, están entendiendo la magnitud de lo que vivimos y de lo que se avecina. No miden el tamaño de la embestida tal vez porque ya la tienen muy cerca. No ven el bosque, ni siquiera el árbol, están perdidos en las ramas.
La fiscalía sur de Manhattan, mediante órdenes directas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no parará simplemente por discursos trasnochados de una izquierda pútrida que ya solamente vive en la nostalgia de unos viejos empoderados a los que la revolución les hizo justicia a costa de su pueblo.
Esa Claudia Sheinbaum de los 35 millones de votos ha ido perdiendo popularidad poco a poco, independientemente de que el régimen, en su desesperación, insiste en difundir encuestas que pocos compran, y que nada influyen más allá del círculo rojo.
Como sea, si es que conserva esos 35.9 millones de votos, siguen siendo una minoría frente a la real opinión pública del país. De los 98.3 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal del INE para las elecciones de 2024, más de 62 millones no votaron por ella ni por la 4T.
Sus 35.9 millones representan apenas el 36.5% del electorado con credencial vigente. Y en su mayoría, esos mexicanos —como casi todo el país— consideran que el narcotráfico y la violencia son el problema más grave que enfrentamos: según la Envipe 2025 del Inegi, el 64.2% de la población adulta identifica la inseguridad como la principal amenaza.
La gran Mafalda hablaba del “empezóse del acabóse”, y hoy la 4T parece estar sintiéndolo en carne viva.
Como dice la Presidenta, todos parecen que están destinados a la derrota.
De Colofón.-
Mil millones de boletas tendrían que imprimirse si la elección judicial se empata con la elección intermedia del próximo año. La única garantía es el desastre y la incertidumbre, que podría terminar por fulminar la confianza en la democracia mexicana.
Voces tan diversas como los magistrados electorales Felipe de la Mata y Gilberto Bátiz, consejeros como Rita Bell López, Carla Humprey o Martín Faz, gobernadores como Pablo Lemus o incluso la misma Organización de Estados Americanos sugieren, piden o ruegan por aplazar la elección antes de entrar a una pesadilla administrativa, legal y logística sin salida clara.
Urge un periodo extraordinario antes del 31 de mayo, pero la prioridad en el Congreso es la defensa de los narcopolíticos del régimen.
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Una orden de batalla contra el narcoterrorismo/Jorge Fernández M.
Excelsior
El gobierno federal puede seguir defendiendo a Rubén Rocha y los otros acusados de ser parte del cártel de Sinaloa, puede darles licencias, protegiéndolos con fuerzas federales (no vaya a ser que se escapen o peor aún que se los lleven) o escondiendo la cabeza en la arena cual avestruz, pero la realidad los ha alcanzado. Si el lunes la estrategia antidrogas de la Casa Blanca fue un golpe durísimo de realidad, ayer la presentación de la estrategia antiterrorista y las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump simplemente ponen en el límite al gobierno federal.
“No permitiremos, dijo explícitamente Trump, que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan,conspiren contra nuestros ciudadanos con total impunidad. No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”. Dice el documento presentado ayer: “seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el Presidente [Donald Trump]… Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”, dice el documento.
No es un material aislado, es parte de un bloque perfectametne estructurado donde se combina esta estrategia antiterrorismo con la antidrogas, con la de seguridad nacional y la de inteligencia. Es un taburete de cuatro patas que se basa en dos principios, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que provoca decenas de miles de muertos cada año en la Uniçon Americana, y los cárteles que trafican con fentanilo son organizaciones terroristas.
Como se dijo ayer mismo, esa consideración parte de datos tan duros como comprobar que los cárteles han matado más estadounidenses que cualquier conflicto armado desde la segunda guerra mundial y de que para erradicarlos se requiere una estrategia hemisférica con la participación, incluso militar, de todos los países de la región. No es política exterior es seguridad nacional. Hoy, en la lógica estadounidense, sólo Colombia y México no están participando plenamente de ese esfuerzo (Brasil es un caso aparte). En Colombia habrá cambio de régimen en las próximas elecciones, dentro de unas pocas sermanas. México se quedará solo y con un discurso soberanista cada día más vacío de contenido: cuando el crimen controla un tercio de la geografía nacional y cuando gobernadores y políticos son parte de la estructura de complicidad y protección de los cárteles, la soberanía está vulnerada desde sus cimientos.
La negativa del gobierno federal a detener y extraditar a los acusados del narcogobierno de Sinaloa, es un suicidio político que, además, no se basa en ningún instrumento legal. Esa lógica no ha podido trascender ni siquiera entre la opinión popular donde crecen cada día las opiniones negativas sobre la actuación del gobierno y la confianza en la justicia.
Y con eso se hunde también la economía. En el primer trimestre del año la economía decreció un 0.8 por ciento. Ayer se informó que la inversión física en sector público cayó un 15.6 por ciento. En términos de la inversión fija directa la caída fue de un 40 por ciento. La inversión fija bruta en febrero disminuyó un 0.8 por ciento mensual y, anualizada, un 3.6 por ciento. Casi todos los días hay reuniones con empresarios y anuncios de inversión que no se reflejan en resultado alguno.
La defensa a ultranza y la negativa a actuar en un caso tan evidente como es la acusación contra Rocha y sus cómplices, incrementa aún más la desconfianza en la seguridad juridica, en la independencia judicial y en el respeto a las reglas. Todo eso, además, y mucho más está en la mesa de discusión para la renovación del TMEC, que con la posición que ha adoptado la administración Sheinbuam en el caso Rocha, se ve cada día más lejana.
No son los medios, ni la ultraderecha nacional e internacional, ni los deseos intervencionistas, lo que tiene al gobierno federal entre la espada y la pared: son sus malas decisiones y los datos objetivos de la realidad que muchos llevamos advirtiendo desde hace meses. Los esfuerzos que realiza el gabinete de seguridad son muy encomiables, pero mientras se mantenga la decisión política de no actuar, e incluso proteger, a las redes de protección y complicidad política con los cárteles considerados narcoterroristas, no habrá avances reales posibles.
Más temprano o más tarde habrá consecuencias con operaciones encubiertas o incluso militares, pero mucho antes que eso, lo cual ya está ocurriendo, habrá consecuencias económicas y financieras. El gobierno federal en medio de su discurso sin sentido tendría que revisar lo que implica en la lucha contra el terrorismo las atribuciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en el terreno económico. Por lo pronto, a través del FINCEN y la OFAC ya han comenzado a pedir información sobre movimientos y cuentas en México y en el mundo. No sólo se cancelan y cancelarán visas, sino también cuentas y propiedades de sospechosos e involucrados, y de empresas que hagan negocios con ellos. El golpe puede ser mucho más duro que un pedido de detención con fines de extradición.
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Un 'narcovicefiscal' entre las “pruebas”
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
M+.- Entre las incontables baladronadas de Donald Trump sobresale su amenaza de ayer, porque no la improvisó, la llevaba escrita:
“La entrada de drogas por mar ha disminuido 97 por ciento y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros…”.
El amago surge mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue envuelto en la bandera de “la soberanía” y el rechazo a cualquier intervención directa de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pese a ser éste una preocupación binacional.
La caída del exvicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra no es apenas otro episodio de descomposición institucional, sino la evidencia del grado de putrefacción a que llegó el aparato de procuración de justicia con Rubén Rocha Moya.
El problema de fondo es que México le entrega argumentos todos los días al impredecible Trump.
Dos hechos han desatado aquí los impulsos patrioteros del oficialismo: la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento de los mayores narcolaboratorios que se han descubierto y la solicitud de captura con fines de extradición contra el exgobernador y nueve de sus funcionarios y exjefes policiacos.
“Pruebas”, exige Sheinbaum para no honrar el acuerdo de extradición con Estados Unidos, y denuncia “injerencia” por la participación de la CIA en un operativo exitoso contra el crimen organizado.
Ambos asuntos parecen explicar la nueva advertencia de Trump.
Pero basta revisar un episodio para entender por qué Washington sostiene que en Sinaloa se impuso un gobierno al servicio de la delincuencia organizada.
La figura del exvicefiscal Castro Saavedra remite al escándalo más vergonzoso del rochismo: el videomontaje que su fiscalía fabricó sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma del estado Héctor Melesio Cuén. Se alteraron horarios, se acomodaron testimonios y se inventó la tesis de un intento nocturno de robo en una gasolinera para ocultar lo ocurrido la mañana del 25 de julio de 2024 en una finca de Huertos del Pedregal, en Culiacán, donde Joaquín Guzmán López tendió la trampa con que sometió, secuestró y entregó a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada.
En el mismo sitio fue asesinado José Rosario Heras López, comandante ministerial estatal y guardaespaldas de El Mayo.
La Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, determinó el 20 de octubre de 2024 que el video presentado un par de meses antes por la narcofiscal Sara Quiñones Estrada y el narcovicefiscal Dámaso Castro era un burdo montaje.
Ese solo delito y la permanencia impune del exvicefiscal en su cargo hasta antier bastan para entender por qué Trump vuelve a amenazar, por qué Washington exige capturas prontas con fines de extradición y extradiciones, y por qué resulta insostenible que el obradorato siga pataleando con el endeble argumento de “falta de pruebas…”.
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Rocha y Trump, pese a todo una oportunidad para Sheinbaum
Pensándolo bien/Jorge Zepeda Patterson
Milenio
La posición en la que ha puesto a México la justicia estadunidense al solicitar la detención de Rubén Rocha, un gobernador del partido en el poder, será un punto de inflexión, para bien o para mal. El gobierno puede dictaminar que Rocha es inocente y ser criticado por su “complicidad” con la corrupción, o puede incriminarlo y ser culpado de entreguismo frente a Estados Unidos. En los dos casos pierde. En otro texto he abordado las implicaciones de una u otra variante.
Sin embargo, el problema tiene mucho más fondo que un escándalo coyuntural. Toda crisis obliga a una estrategia de control de daños; en política es relativamente aceptable si eso consigue una cancelación definitiva del problema. Exculpar o incriminar a Rocha puede torear una embestida con un daño mayor o menor, pero para desgracia de la 4T eso no le salva de las siguientes embestidas. Se habla de una lista de cincuenta posibles incriminados por la justicia estadunidense, de la cual sólo se han difundido los 10 de Sinaloa. No hay estrategia de control de daños que sea útil si eso no va a detener la hemorragia. ¿Qué va a pasar cuando los tribunales de Estados Unidos comiencen a soltar expedientes de autoridades de Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Guanajuato, del gobierno federal y del Ejército que protegieron a los capos que hoy están siendo juzgados en Nueva York? ¿Hay algún mexicano que crea que esto no fue así más allá de lo impresentable que nos parezca Donald Trump? Quizá jugar la carta de la soberanía y optar por repudiar el intervencionismo sirva una vez, lo cual incluso dudo, pero es insostenible frente a la evidencia y el sentido común en el resto de los casos.
Por dolorosa o complicada que parezca, la mejor opción para Claudia Sheinbaum, me parece, es una salida hacia adelante. Después de todo, el segundo piso de la 4T no generó este orden de cosas; se originó a lo largo de lustros y empeoró con los años de “abrazos no balazos” que, dicho sea de paso, ella ya corrigió. Mal haría en asumir como propia cualquier cosa que pueda ser percibida como una defensa de una clase política que, en el fondo, la propia Presidenta está interesada en depurar.
¿Por qué no lo ha hecho, entonces? Mi impresión es que ella asumió esa tarea como un proceso que el propio relevo electoral de las gubernaturas habría realizado de manera natural; formaba parte de una estrategia de depuración que, al mismo tiempo, no hiciera olas con el entramado construido por López Obrador.
Dos ejemplos. Sin duda ella habría preferido no tener a Adán Augusto López como coordinador del Senado, pero debió esperar 16 meses antes de considerar que tenía la fuerza y existía el suficiente desgaste del tabasqueño para relevarlo sin provocar exabruptos. Lo de Rubén Rocha es otro caso: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, llegó a Sinaloa tras el estallido de la guerra entre Los Chapitos y las huestes de El Mayo Zambada, y lo primero que hizo fue hacer a un lado a las autoridades locales, desarmar a sus policías y provocar la salida de la fiscal del estado; seguramente informó a Sheinbaum del grado de infiltración del narco en las altas esferas del gobierno de Rocha. Y sin embargo, la Presidenta eligió a lo largo de estos meses apoyar explícitamente al mandatario y ofrecerle un espaldarazo tras otro. O algo bueno sabe sobre Rocha que desconocemos o predominó en ella la cautela, considerando que se trataba de una figura que había sido aupada al poder y protegida por López Obrador.
Más que sumar a los reproches o abusar de la ventaja de juzgar a agua pasada, convendría reflexionar respecto a lo que sigue. El verdadero legado de López Obrador no son las decisiones que tomó en el camino sino el proyecto de nación que fundó su movimiento, “primero los pobres, por el bien de todos”. En muchos sentidos la situación del mundo es otra y la de México particularmente. Apenas han transcurrido 20 meses de los 72 que gobernará Claudia Sheinbaum. El presente y el futuro inmediato de la 4T dependen en gran medida de su capacidad para afrontar los retos de un país sacudido por el fin de una era.
Tengo la impresión de que la firmeza de su liderazgo es mayor del que ella misma se ha atribuido; posterga el combate frontal de prácticas indeseables con tal de no poner en riesgo la unidad del movimiento. En realidad, los riesgos de división son menores comparados con la erosión creciente que deja lo que comienza a ser percibido como un desinterés de Morena para llevar a tribunales a sus figuras encumbradas.
Y bien mirado, la situación ofrece una oportunidad única. Durante décadas en todas estas regiones bravas las élites (y la sociedad misma) optaron por una especie de convivencia tolerada con el crimen organizado. Los narcos generaban derrama económica y la gente asumió que no habría mayor problema si se limitaban a sus asuntos. Pero sucedieron dos cosas: primero, que no se limitaron a ellos y de la siembra y el trasiego pasaron a delinquir en contra de la población y a corromper el poder político más allá de las áreas de seguridad; segundo, y consecuencia de lo anterior, algunos comerciantes y ciertos miembros de la clase política dejaron la mera convivencia e intentaron aprovechar a su favor el poder económico y de fuego del narco. Creyeron que podrían administrarlo pero terminaron subordinados a él. Hoy hay gobiernos estatales y municipales de estas regiones que son rehenes de ese poder criminal.
La crisis que vive Sinaloa podría ayudar a cambiar este paradigma y generar una nueva intolerancia política a los acuerdos a los que los gobernadores se sentían obligados. Y no olvidar que tales acuerdos en el fondo eran un reflejo de una sociedad en su conjunto que había normalizado una falsa noción de convivencia con el narco.
La cuota de violencia y crimen en contra de la población muestra que tal convivencia termina siendo un mito. Por no hablar de que sirve como un pretexto para la intervención abusiva de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum bien podría utilizar esta crisis para emprender un cambio a fondo al respecto, impulsar una cruzada de saneamiento de la administración pública con relación al narco, introducir nuevos protocolos y seguimiento. La primera tarea, sin embargo, sigue siendo la de despejar dudas sobre el interés de la 4T en poner la justicia por encima de la lealtad política o la unidad del movimiento.
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Maru y Rocha Moya
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 07 mayo 2026
"A los amigos, justicia y gracia.
A los enemigos, la ley a secas". Frase atribuida falsamente por AMLO a Benito Juárez
La energía con que la FGR está persiguiendo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta participación de cuatro agentes de la CIA -dos de ellos fallecidos- en un operativo conjunto de la Fiscalía de Chihuahua y el Ejército Mexicano contra un narcolaboratorio, contrasta con la desidia en la investigación del gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La FGR no solo ha tomado la decisión de llamar a declarar a cuando menos 50 funcionarios de Chihuahua, aunque a nadie del Ejército, sino que lo anunció en un video del fiscal especial de Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, uno de los más encumbrados integrantes de la familia de la 4T. Es una forma de subrayar la importancia de la medida. Las acciones y declaraciones contra Campos se han convertido en una prioridad política para la 4T. La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y varios legisladores, piden que se le acuse de "traición a la patria".
El vigor de la persecución contra Maru contrasta con la laxitud en el caso de Rocha Moya y nueve coacusados. La Fiscalía se ha limitado a declarar que no hay "pruebas contundentes" en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No se ha anunciado que alguien haya sido llamado a declarar.
Una de las acusaciones es que en las elecciones de 2021 para gobernador de Sinaloa los Chapitos se comprometieron a garantizar el triunfo de Rocha Moya quien, a cambio, les ofreció protección y apoyo. Se ha documentado que cientos de representantes y candidatos de la oposición fueron secuestrados por grupos del crimen organizado para impedir su trabajo antes de la votación. La magistrada que dio el triunfo a Rocha Moya, Aída Insunza, es hermana de Enrique Insunza, el senador morenista también acusado de narcotráfico. Sorprende que la FGR no haya encontrado a quién preguntarle.
La gobernadora Campos ha declarado que no fue informada de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo del 18 de abril. Los mandos del Ejército tampoco han reportado que hayan actuado agentes extranjeros. Una investigación interna del gobierno de Chihuahua señaló que Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, llevó a los agentes, pero dos de ellos, así como el propio Oseguera, fallecieron en un aparente accidente.
No hay duda de la presencia de los agentes, pero no hay indicios de que hayan tenido un papel activo. Si acaso, fueron testigos. Tampoco de que la gobernadora supiera que estaban allí. La gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el 23 de abril y siempre ha estado dispuesta a cooperar con las autoridades federales. El fiscal estatal César Jáuregui renunció el 27 de abril.
En el caso de Rocha Moya lo único que ha hecho la FGR es pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite "pruebas" al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha desacatado la solicitud de detención provisional con propósitos de extradición que le da a Estados Unidos 60 días para entregar pruebas que muestren una probable responsabilidad, pero no "pruebas contundentes" que confirmen la culpabilidad, ya que estas solo deben presentarse en el juicio en Nueva York.
Una vez más es claro que en México hay dos sistemas de justicia. El primero es estricto y se aplica a la gente común y corriente y a la oposición. El otro no solo es suave sino cómplice, y protege a los amigos del gobierno.
AEROPUERTOS
Nos dijeron que con el AIFA aumentaría la capacidad de tráfico aéreo del valle de México, pero resulta que en 2025 el AICM y el AIFA solo tuvieron 51.7 millones de pasajeros, apenas arriba de los 50.3 millones de 2019. La aviación civil está estancada. En Estambul, en cambio, el nuevo aeropuerto pasó de 52 millones de pasajeros en 2019 a 84 millones en 2025.
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