La soberanía como pretexto: el nuevo engranaje de la nulidad
Estamos asistiendo a un momento crítico en la historia legislativa. Bajo la bandera del periodo extraordinario, el Congreso parece haber perfeccionado el arte de "tapar el sol con un dedo". La propuesta del diputado Ricardo Monreal —aplaudida sin matices por la Presidencia— no es solo una reforma técnica; es, en esencia, un rediseño de nuestra arquitectura electoral. Se escuda en la soberanía nacional, pero al analizar sus trazos, lo que emergen son grietas peligrosas.
Voces como la de Jorge Alcocer advierten que esta no es una medida de integridad, sino un blindaje preventivo. El objetivo parece claro: contar con un recurso jurídico para anular resultados adversos en los comicios de 2027 o 2030, alegando intervenciones externas ante las crecientes presiones internacionales —específicamente desde Estados Unidos— por temas de inseguridad y narcogobierno.
Más allá de los debates teóricos, el quid del asunto es la urgencia. Se pretende aprobar esto antes de que termine el mes, con una celeridad que asfixia cualquier posibilidad de deliberación seria. En política, cuando se evita la discusión, se suele ocultar la trampa. Entendemos que el tiempo apremia, pues la reforma principal busca alargar la elección de jueces y magistrados al 2028, y se ha aprovechado el viaje para insertar este nuevo candado.
La reforma al artículo 41 constitucional busca elevar la "injerencia extranjera" a causal de nulidad electoral. Dicho así, suena a una defensa legítima de nuestra autonomía. Sin embargo, el diablo habita en la ambigüedad. Al no definir con precisión qué constituye una injerencia, se entrega a los magistrados del Tribunal Electoral una discrecionalidad absoluta. Como advierten especialistas a Reforma, como Luis Carlos Ugalde y Edmundo Jacobo, estamos ante una guillotina a modo, operada por una autoridad electoral que hoy camina bajo la sombra del oficialismo.
La duda nos asalta como ciudadanos: ¿qué ocurrirá cuando un medio nacional reproduzca un reportaje internacional sobre temas sensibles? ¿Se convertirá el ejercicio del periodismo en una "intervención" sancionable? La preocupación es compartida incluso por voces aliadas al régimen; el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, ha calificado la medida como un despropósito. Y no le falta razón: este blindaje parece un plan de contingencia para 2027 y 2030, una red de seguridad jurídica diseñada para anular cualquier resultado que no favorezca al proyecto en turno.
¡Cuidado con el precedente!
A esto debemos sumar la carga indebida que se intenta imponer al INE, junto con la creación de una "Comisión de Verificación de Integridad". Se nos vende como un blindaje, pero es un escudo de papel. ¿Cómo confiar en un filtro cuya eficacia depende de la voluntad de cinco consejeros? Si el Estado tiene información de inteligencia que vincula a un candidato con el crimen organizado, la justicia no debe pedir permisos: debe actuar, ponerlo a disposición de los jueces y aplicar la ley. Y si un partido se atreve a postular candidatos sucios, la sanción debe ser la pérdida de su registro. Al hacer la fiscalización opcional, la reforma se acerca peligrosamente a la complicidad institucional. Como advierte el consejero Martín Faz a El Universal, esta maniobra exime a los institutos políticos de su obligación ética de filtrar a sus propios perfiles, trasladando el costo del "narcogobierno" a un árbitro que, hoy por hoy, aparece cuestionado y peligrosamente cargado hacia una de las partes.
El tono de este periodo extraordinario nos deja una lección amarga. Corregir el rumbo debería ser un acto de sabiduría institucional; lo que vemos hoy es un simple ajuste de tuercas para evitar que la realidad, siempre terca, termine por descarrilar los planes de la "mesa chica".
Nuestra democracia camina sobre el filo de una navaja constitucional. Bajo el discurso de la soberanía, se construye un candado que, lejos de proteger la voluntad popular, amenaza con invalidar cualquier elección que no se gane por las vías tradicionales.
La soberanía es un pilar innegociable, pero usarla como escudo para la censura o para perpetuar una hegemonía a través de la vía judicial, nos aleja del México plural que hemos construido por décadas. Como decía Walt Whitman, es momento de alzar la voz; porque la legitimidad no se decreta en la tribuna con mayorías automáticas. La legitimidad se construye con procesos transparentes, leyes precisas y, sobre todo, con la certeza de que, al final del día, la voz del ciudadano será la única que decida, sin que ninguna sombra —ni extranjera, ni local— pueda borrarla de un plumazo.
Comparto mi primer video comentario ayer
https://www.youtube.com/watch?v=UDgMqN9wl_8
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Marko Cortés, senador del PAN, dijo que, de entrada, está de acuerdo en que no se debe permitir ninguna injerencia extranjera en las elecciones en México, pero la iniciativa de Morena es “porque están empezando a sentir pasos” ante el desprestigio que cargan por sus narcogobiernos y quieren usar esta reforma para anular cualquier proceso donde serán derrotados.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que “nosotros, por supuesto, defendemos y siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país, pero creemos que aquí hay gato encerrado.
“De fondo, me parece que lo que hay es un intento de censurar, de controlar a los medios de comunicación, de controlar lo que se publica en las redes sociales. Tan es así que no han querido publicar en la Gaceta la ley secundaria. Sólo conocemos lo que tiene que ver con el texto constitucional.
“Hay que tener muchísimo cuidado, porque con el argumento de que es válido defender la soberanía nacional, lo que aquí puede ocurrir es que haya censura, que haya control autoritario de lo que se dice en los medios de comunicación y, peor aún, control autoritario de lo que se publica en las redes sociales”, apuntó.
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Templo Mayor/ REFORMA
NI 45 DÍAS duró como delegado del Bienestar en Yucatán el ex director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y ya renunció para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
ESO SÍ, como no figura en la lista de los aspirantes que tienen el apoyo de la actual gobernadora, Mara Lezama, tendrá que remar a contracorriente.
NO ES la primera vez que Marín aspira a la gubernatura, aunque antes lo hizo en la época de vacas flacas, siendo un "lobo solitario" en la entidad cuando Morena apenas empezaba a constituirse. Pero ahora que los morenistas son la primera fuerza electoral en el país, su eventual candidatura busca romper la hegemonía en esa entidad del Partido Verde y su dueño, Jorge González.
FALTA VER si, como en San Luis Potosí, en Quintana Roo se perfila una candidatura verde y una guinda, o si logran hacer alianza. Lo que queda claro es que esa aduana no será fácil para Marín.
QUIEN terminó por doblar las manos fue el senador por Zacatecas, Saúl Monreal. Tras reunirse con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se bajó de la contienda por la gubernatura.
DICEN, sin embargo, que puso una condición: participar activamente en la decisión de su partido sobre quién será postulado. Lo raro es que, hasta donde se sabe, la selección de los abanderados de la 4T será por encuestas... entonces, ni modo que Monreal tenga derecho de veto si no queda quien él quiere.
A VER, A VER. ¿Cómo está eso de que Claudia Sheinbaum dijo que el tema del relevo en la presidencia de la SCJN debe revisarse ya sea en la misma Corte o en el Congreso?
OCURRE que la reforma judicial dejó abierta una contradicción sobre cómo se debe seleccionar a quien relevará a Hugo Aguilar cuando acabe su periodo presidiendo el pleno.
POR UN LADO, se determinó que ese cargo cambiaría cada dos años tomando como base la cantidad de votos que los ministros obtuvieran en la elección judicial del año pasado. Por otro, hay un artículo que otorga a los propios ministros la facultad de elegir a su presidente o presidenta por un periodo de cuatro años, como ocurría antes de la reforma.
EN LOS HECHOS, hay muchos cuatroteístas que no quieren que la próxima presidenta sea la ministra Lenia Batres, a quien le tocaría el cargo por haber sido la segunda que más votos obtuvo. Y, si se apegan al artículo que permite la elección por el pleno de la Corte, queda claro que Batres no tendría el apoyo de la mayoría de sus compañeros, como lo demuestran los constantes pleitos que ha tenido con varios de ellos en las sesiones.
TODO INDICA que el tema se discutirá, como parte de los ajustes a la reforma judicial, en el periodo extraordinario, por lo que serán los legisladores quienes resolverán ese asunto que, acabe como acabe, sacará chispas.
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Las dudas del PVEM y el voto del ausente Inzunza
Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL
Nos cuentan que el Partido Verde y el PT en el Congreso analizan, con dudas, la propuesta del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, para aprobar una nueva causal de anulación de elecciones, cuando haya intervención extranjera. Nos comentan que a los aliados de Morena no les consultaron antes la iniciativa, que incluye una reforma al Artículo 41 de la Constitución, por lo que se requiere mayoría calificada. Hasta ahora, sólo un legislador del Verde, el senador Luis Armando Melgar, se ha definido en contra. Veremos cómo avanza la discusión, pero en Morena ya detectan una posible complicación por la ausencia del senador Enrique Inzunza, quien ni pide licencia ni sale de su escondite. Morena tiene 66 senadores, el PVEM 14 y el PT seis, es decir 86 votos. Quitando a Melgar, son 85 votos y la mayoría calificada es de 86. ¿Ahora sí convencerán al de Badiraguato de que pida licencia?
“El Quitavisas II” amaga a diputados de Morena
Ante las acusaciones de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, nos dicen que al exembajador Christopher Landau ya le salió competencia como “El Quitavisas”: el congresista republicano Carlos A. Giménez, quien nació en La Habana en 1954 y cuya familia huyó a Miami en 1960. Nos cuentan que luego de que el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció a la bancada de Morena en San Lázaro por un pronunciamiento de respaldo al comandante Raúl, don Carlos de inmediato reaccionó en sus redes: “Una buena lista para revocarles todas sus visas a Estados Unidos”. Nos recuerdan que Giménez tiene cercanía con el secretario de Estado, Marco Rubio, también nacido en la isla, pero que salió durante la dictadura de Fulgencio Batista, de la que huyeron sus padres.
Otra vez, jaloneos por presidencia de la Corte
En la discusión sobre la futura presidencia de la Suprema Corte, tras la elección judicial, ya comenzaron las interpretaciones jurídicas, políticas… y hasta de género. Nos dicen que, aunque en la Constitución quedaron reglas sobre paridad y votación, todavía hay quienes dentro y fuera del oficialismo consideran que el texto dejó espacios grises sobre la definición de la presidencia del máximo tribunal. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó esta semana: “Todos (los ministros) son muy buenos…aunque hay algunos que no les caen bien a otros”. El mensaje viene cuando empresarios y opositores siguen hablando de “incertidumbre jurídica” por la reforma judicial. ¿Se complicará el relevo?
La gobernadora de Morelos sonríe… y el Cuau también
Quien se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja fue la gobernadora de Morelos, Margarita González. En la ceremonia de inauguración del Hospital General de Jiutepec, declaró: “Estamos contentos de que se hayan hecho estas detenciones”. Esto en referencia a las aprehensiones de autoridades locales, entre ellos alcaldes y exalcaldes, ligadas al crimen organizado, como parte de la Operación Enjambre que realizan fuerzas federales desde el año pasado en varios estados del país. El que, nos dicen, seguramente también está muy sonriente, es el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, pero no porque hayan desmantelado esa red político-criminal en el sur de la entidad, sino porque las investigaciones no han llegado hasta él, como exigen organizaciones locales y hasta uno que otro morenista de Morelos, que le achacan responsabilidad en la descomposición en el estado.
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Rutilio y el CJNG, el narcogobierno en Chiapas/Salvador García Soto
El Universal, | 23/05/2026 |
Aunque protegido ahora con la inmunidad diplomática que le otorgó el gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, se ciernen graves acusaciones en su periodo como gobernador de Chiapas. Los seis años que el morenista dirigió el estado sureño, entre 2018 y 2024, los chiapanecos vivieron un periodo de inseguridad y violencia narca que “transformó” la vida del territorio chiapaneco por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos líderes locales recibían protección e impunidad desde el gobierno estatal.
Cuñado de Adán Augusto López e impulsado a la gubernatura por el presidente López Obrador, Rutilio dejó Chiapas en el 2024 sumido en la violencia y con la presencia de múltiples grupos criminales que imponían el terror en todas las regiones del estado. El repudio popular de los chiapanecos y los altos índices de homicidios, desplazamientos y extorsiones en el estado, no impidió que el 13 de diciembre de aquel año, el gobernador saliente fuera designado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como cónsul en la ciudad de Miami, donde hoy goza no solo de impunidad sino también de inmunidad diplomática.
Pero la presencia del exgobernador chiapaneco y sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación no es algo que pase desapercibido para el gobierno de Donald Trump, pues de acuerdo con reportes estadounidenses, el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, ha incluido a Miami y al cónsul mexicano en la “revisión” e investigación que realiza sobre el funcionamiento político y partidista de varias de las sedes consulares de México en su territorio, además de que en poder de Rubio hay también una denuncia contra Rutilio por su vinculación con el narcotráfico que se apoderó de Chiapas durante su mandato.
Y es que la relación del exgobernador con el Cártel Jalisco Nueva Generación data del año 2019, justo a meses de haber tomado posesión del cargo. En los primeros dos años de su administración, el mandatario morenista fue tejiendo una relación que era pública y evidente con el que hoy se ostenta como uno de los jefes de plaza más sanguinarios del país: Juan Valdovinos Mendoza. Reportes de inteligencia militar señalan que Valdovinos Mendoza formaba parte del Cártel de Sinaloa, aunque después traicionó a los sinaloenses para sumarse al grupo de Nemesio Oseguera “El Mencho”.
Desde los primeros meses de gobierno de Rutilio Escandón, los brotes de violencia narca se comenzaron a sentir en el estado. Uno de los puntos de partida para la expansión del CJNG, fue el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo, ocurrido en la ciudad de Arriaga el 4 de enero de 2019. Lejos de investigar y castigar a los asesinos del luchador social, el gobernador, a través de su entonces Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quisieron obligar al alcalde de Arriaga, David Parada, a que renunciara para imponer en su lugar a un incondicional ligado al Cártel Jalisco.
La negativa del alcalde a renunciar provocó la molestia en Palacio de Gobierno, al grado de que intentaron criminalizar a Brito Mazariegos y a su familia, que fueron acusados de ser los “autores intelectuales y materiales del crimen contra Sinar", en un proceso penal que continúa abierto hasta la fecha con el expediente 01/2019, en donde la sentencia contra el exalcalde fue apelada por inconsistencias en la investigación.
Algo similar ocurrió por esas mismas fechas en el municipio de Cintalapa, donde el alcalde de ese momento, Ernesto Cruz Díaz, recibió órdenes de facilitar la operación del grupo criminal en formación, con el que se pretendía formar el eje de lo que sería la nueva ruta de trasiego con la complicidad de la máxima autoridad estatal. Informes de la Secretaría Técnica de la Guardia Nacional de aquel momento detectaron y documentaron las operaciones del CJNG para crear su nueva ruta de drogas y también las presiones hacia los alcaldes chiapanecos, sin embargo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal se decidió no actuar ante las presiones del entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, cuñado del gobernador.
Tan se consolidó la operación del CJNG y sus vínculos con el gobierno estatal y con alcaldes chiapanecos, que el pasado 6 de enero de 2026, ya en el actual gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, ese exalcalde de Cintalapa, Ernesto Díaz, fue detenido por sus vínculos con el crimen organizado, junto a otros munícipes que han sido acusados de pertenecer a ese grupo criminal; todos ellos actuaron durante el gobierno de Rutilio Escandón para facilitar y promover la expansión y el dominio del cártel jalisciense en la zona Valles-Zoque y hasta la costa, disputando el poder que históricamente tuvo en esas zonas el Cártel de Sinaloa.
En las investigaciones de inteligencia militar durante el pasado sexenio en Chiapas, el nombre de Adán Augusto salió a relucir tras darse a conocer que la empresa Construcciones y Diseños La Cruz Gallegos S.A. de C.V., propiedad de Horacio de la Cruz Mazariegos —alias “El Botanas”, operador criminal en la frontera sur del CJNG— recibió más de 20 millones de pesos en contratos de obra pública entre 2020 y 2024. Pero ese no fue un caso aislado: hay múltiples contratos con alcaldes, de distintos partidos políticos, documentados dentro de la Secretaría de Anticorrupción y buen gobierno, así como de la Auditoria Superior del Estado.
Otra de las regiones que resintieron la violenta descomposición en Chiapas fue la zona norte selva, que comprende los municipios de Palenque, Tila, Tumbala, Sabanilla, Chilón, Sitala, entre otros, donde el narco siguió avanzando con el apoyo del grupo conocido como La Barredora, comandada por Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, detenido y preso por sus vínculos con el CJNG. En esa región, Hernán Bermúdez impulsó al expresidente municipal de Yajalón y actual diputado local chiapaneco, Juan Manuel Utrilla Constantino, quien tiene abierta una investigación por el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, del Heraldo de Chiapas, quien fue baleado afuera de su domicilio en septiembre de 2018.
De hecho, en el primer año de su mandato, el gobernador Rutilio Escandón nombró en los principales espacios de poder a gente ligada a Adán Augusto López Hernández, como el caso de su secretario de Salud y ahora senador, José Manuel Cruz Castellanos, quien enfrenta una investigación por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos estatales y federales, asentados en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado.
Ya para el 2021, cuando Rutilio llegaba a la mitad de su mandato, la expansión del Cártel Jalisco, bajo la protección del gobierno morenista, había llegado a casi todas las regiones del estado, pero les faltaban las más importantes política y económicamente: la Zona Centro y la Frailesca, cuyo apoderamiento comenzó en ese año e hizo que se recrudeciera la guerra entre el CJNG y el de Sinaloa, que disparó los niveles de violencia en el estado, particularmente en la frontera con Guatemala.
En uno de los documentos confidenciales filtrado por los Guacamaya leaks, se reseña cómo fue que el poderío que mantenía el Cártel de Sinaloa en Chiapas comenzó a ser desafiado por sus rivales del Jalisco Nueva Generación. Los informes de inteligencia de autoridades federales apuntaban a que Juan Valdovinos Mendoza, que antes trabajaba para los sinaloenses, tuvo diferencias con Gilberto Rivera Amarillas, El Tío Gil, y con su hijo Ramón Gilberto Rivera Maravilla, alias El Junior.
El 7 de julio de 2021, un comando del CJNG emboscó al Junior con armas de grueso calibre a plena luz del día en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Además del hijo del Tío Gil, ese día murieron otras tres personas. Se presume que después del asesinato del Junior, Valdovinos Mendoza se integró de manera formal al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, y pactó con el grupo de Los Huistos, de Guatemala, para arrebatarle el control del territorio fronterizo al CDS.
Según el mapeo de incidencia delictiva en Chiapas incluido en un documento de la Ayudantía General del alto mando de la Sedena, Valdovinos Mendoza sería el responsable de encabezar el fortalecimiento del CJNG en municipios como Cintalapa, Jiquipilas y Villaflores, todos en la zona oeste de Chiapas, protegidos por la administración de Escandón Cadenas. Además, el documento identificó a este grupo criminal en territorios a lo largo y ancho de todo el estado.
Y cuando ya Valdovibos Mendoza se había convertido en el hombre fuerte del Mencho en Chiapas, en junio de 2020 en redes sociales y en medios locales se habló de un lazo sentimental de la hija del gobernador Escandón con un presunto integrante del CJNG. Esto luego de que María Escandón protagonizó un hecho violento con su expareja primero en su domicilio y luego en pleno centro de la capital, donde su exesposo recibió un tiro en la pierna por parte de un escolta de la hija del gobernador.
De acuerdo con los informes del momento, Diego Alberto Hernández Silva era integrante del grupo jalisciense y se relacionó con la hija del gobernador a tal grado que a ella llegaron a llamarla “La Generala” y hasta un narcocorrido le compusieron. Y es que además de esa relación, María Escandón, según filtraciones de inteligencia militar, inició una amistad muy cercana con la hija y con la esposa de Juan Valdovinos, al grado que, en junio de 2023, circuló en redes sociales una fotografía de la joven hija del mandatario morenista, acompañada de la esposa e hija del poderoso jefe de plaza del CJNG.
Fue tal el vínculo político y familiar que llegó a existir entre el gobernador Escandón y el jefe de plaza del CJNG en Chiapas, que entre mayo y junio de 2022 se habla de que Juan Valdovinos Mendoza había sido detenido, sin embargo, la hija del capo (de la cual se desconoce el nombre, pero se le veía fotografiada con la hija del gobernador) habría irrumpido en la casa de un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado con amenazas de “incendiar Chiapas” en caso de que no soltaran a su papá. Y hay informes de inteligencia de aquel momento que señalan que la liberación de Valdovinos Mendoza, que en ese momento era “objetivo prioritario nacional”, tuvo que ver con presiones desde el círculo familiar del gobernador.
Tras las elecciones de junio de 2024 y el triunfo del hoy gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la impunidad de la que gozaron los grupos criminales en el sexenio de Rutilio Escandón se terminó. Llegado al cargo con el discurso de acabar con la narcoviolencia que asfixiaba a Chiapas y con la impunidad de los criminales, Ramírez Aguilar comenzó a dar golpes contundentes contra el CJNG y su influencia en el estado.
En septiembre de 2024 el lugarteniente Marco Aurelio “El Peligro” fue detenido junto a otras personas; en enero de este año, fue detenido Hugo Alexis “N”, alias “El Espíritu”, señalado como generador clave de violencia en Chiapas, quien ya había sido arrestado en 2021 por delitos de alto impacto, entre ellos corrupción de menores, pero extrañamente recuperó su recuperó su libertad durante la gestión del gobernador Escandón. Su recaptura avivó las evidencias de la protección e impunidad que recibió el CJNG por parte de quien hoy es el cónsul de México en Miami.
¿Hasta cuando le alcanzará la inmunidad diplomática a Rutilio Escandón ahora que el gobierno de Donald Trump ha comenzado la cacería de los narcopolíticos mexicanos?
NOTAS INDISCRETAS…
Cada vez está más fuerte la versión, hasta ahora no desmentida, de que a la estratégica Subsecretaría para América del Norte, que quedó vacante con el ascenso del canciller Roberto Velasco, llegará la académica y experta en seguridad nacional, María Hass. Integrante también del equipo de Marcelo Ebrard cuando estuvo en la SRE y con estudios en seguridad nacional y la relación con Estados Unidos, Hass es vista como un perfil que puede apoyar al secretario Velasco en los difíciles momentos de crisis y tensión que atraviesa la relación con el gobierno de Donald Trump. Hija de inmigrantes holandeses pero mexicana ya de tercera generación, Hass tuvo estudios sobre seguridad en la Escuela Superior de Guerra de la Defensa Nacional, lo que hace que se mencione que su nombramiento también sería respaldado por los militares, aunque ella se incorporó al servicio público en el sexenio pasado, invitada por Marcelo Ebrard, después de verla hablar en un programa de opinión como experta, sobre la necesidad de frenar la importación ilegal de armas estadounidenses a México. En fin que todo indica que Hass llegará a reforzar el equipo de Velasco en la cancillería que hoy enfrenta, literalmente, su prueba de fuego…Al senador Enrique Inzunza lo protegen tanto en la 4T que, a pesar de que ya lleva más de 20 días de ausentismo en su cargo como senador, lo siguen aguantando y no le aplican ninguna medida administrativa por sus faltas. Y como se sabe protegido por los suyos, el presunto narcopolítico acusado por el gobierno de Estados Unidos, finalmente salió de su madriguera y se dejó ver ayer viernes en el Country Club de Culiacán, nada menos que con el polémico senador Javier Corral, quien al parecer anda haciendo labores de mensajero con el extraditable sinaloense. La fotografía donde se ve a Inzunza muy quitado de la pena bebiendo algo con su amigo y compañero de bancada Corral, confirmó que el senador se encuentra en la capital sinaloense y no en Badiraguato donde él mismo se había ubicado en sus posteos en redes sociales. Y en la víspera de que se conociera esa imagen, el portal La Silla Rota difundió el jueves pasado que Enrique Inzunza se había reunido, justo en Culiacán, con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Así es que, como los mafiosos que se saben protegidos por la omertá morenista, a Inzunza y a Rocha, como ellos mismos lo han dicho en sus redes, las acusaciones del Departamento de Justicia les hacen, por el momento, lo que el viento a Juárez; aunque en una de esas el viento se les convierte en tempestad gringa…Los dados cierran la semana con Serpiente doble. Días intensos y complicados.
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Chapitos y criptomonedas
LINOTIPIA / Peniley Ramírez
REFORMA, 23 mayo 2026;
En febrero de 2022, autoridades del gobierno de Estados Unidos investigaban una casa en Aurora, Colorado. Seguían la pista que les dio un informante en una investigación sobre narcotráfico. La casa es un inmueble pequeño con un gran jardín. Los oficiales revisaron la basura de la casa y hallaron bolsas con restos de droga. Siguieron a los habitantes hasta un garaje cercano. Allí confiscaron 10 kg de fentanilo y 2.5 kg de heroína, escondidos en un auto. Ahora, este caso conecta a "Los Chapitos", los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, con el uso de criptomonedas y con las investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa en México.
Este 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de EU designó como lavadoras de dinero a personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre ellas está Rodrigo Alarcón, un hombre que conecta la red de Colorado con "Los Chapitos". En Colorado, al hallazgo de la droga siguió una acusación penal contra varios mexicanos. En 2024, varios se declararon culpables. Y se giró una orden de arresto contra Alarcón. Su caso penal explica que, en agosto de 2022, meses después de que hallaran la droga en el garaje, Alarcón transfirió las ganancias obtenidas con ella, convirtiendo el efectivo en criptomonedas.
Cuando este caso se hizo público, Alarcón ya estaba detenido. Lo habían arrestado agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la carretera que conecta Tepic, Nayarit, con Villa Unión, en octubre de 2023. Los oficiales declararon que llevaba cuatro armas largas y dos cortas.
El año pasado, Ovidio Guzmán, uno de "Los Chapitos", se declaró culpable de narcotráfico en Chicago. Admitió que había enviado desde México cientos de miles de kilogramos de droga a través de mensajeros que ingresan a EU en autos, trenes, túneles y aviones. Guzmán también admitió que otra parte del negocio consiste en mover las ganancias de la droga en efectivo en autos, en hacer transferencias bancarias y en usar criptomonedas. Otros informes de la DEA han explicado cómo, en los últimos años, "Los Chapitos" han ampliado sus operaciones en criptomonedas.
Mientras tanto, en México, las autoridades conocen desde hace años los detalles de esa red. La designación del Tesoro del 20 de mayo indica que Alarcón, el hombre que los fiscales acusaron en Colorado y que los agentes mexicanos detuvieron en Nayarit, trabajaba bajo las órdenes de Armando de Jesús Ojeda, a quien las autoridades de EU identifican como "el principal lavador de dinero para Los Chapitos". Ojeda era, dice el Tesoro, el cabecilla de una red dedicada a lavar las ganancias de la venta de fentanilo. Su papel consistía en facilitar la conversión del efectivo en criptomonedas. Alarcón facilitaba las recogidas y las transferencias de dinero.
Según el gobierno de EU, la investigación que llevó a la designación de Alarcón, Ojeda y otras personas y empresas se realizó con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Los operadores de la red de criptomonedas eran mexicanos que usaban compañías con sede en Chihuahua para ocultar parte de sus transacciones ilegales. El Registro Público de Comercio muestra que al menos dos compañías de esta red llevan años operando legalmente en Chihuahua, con socios que residían en zonas modestas de la capital. Incluso ahora, después del anuncio del Tesoro, el encargado de despacho del fiscal general del estado dijo a la prensa local que no hay carpetas de investigación de delitos comunes sobre los participantes de esta red o sus empresas y que "no hay ninguna información oficial al respecto o alguna solicitud de colaboración al respecto".
México enfrenta un escándalo mayúsculo con la acusación en NY contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, también vinculado por EU con "Los Chapitos". En la FGR, me dijo una fuente confidencial, se ha reactivado en los últimos días la investigación que involucraba a Rocha con "Los Chapitos" e incluye registros telefónicos. Ante la publicación de estas pistas sobre la conexión Colorado-Chapitos-Chihuahua, bien haría México en ampliar sus propias indagatorias. No es demasiado difícil: México ya tiene información que proviene, al menos, de las personas a quienes han arrestado y de los datos que la UIF entregó a EU.
No hace falta solo voluntad procesal, sino también más cálculo político.
@peniley_ramirez
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Los dictadores a la cárcel/Jorge Ramos Ávalos
REFORMA, 23 mayo 2026;
MIAMI, Florida.- Llevo exactamente 40 años viviendo en esta ciudad y estoy empapado del dolor de los exiliados cubanos. Me sé de memoria sus historias de destierro, adaptación y éxito. Y nunca deja de sorprenderme su buen humor, candidez y energía a pesar de todos los horrores que han pasado.
Pero esta fue una buena semana.
Acusaron al dictador Raúl Castro de asesinato y, aunque la justicia aparezca lejana, hay esa tenue sensación de que están más cerca que nunca de un cambio en la isla. Después de todo han sido 67 años de tiranía, y esa estrofa de la canción "y ya vienen llegando" se ha referido a todo menos a la democracia y a la libertad en Cuba.
Treinta años después de que el gobierno cubano derribara en aguas internacionales dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, matando a sus cuatro tripulantes, el Departamento de Justicia de Donald Trump acusó de asesinato al actual líder moral de Cuba, Raúl Castro, quien era en ese momento ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Junto con el inusual encausamiento está circulando un audio en el que el mismo Raúl Castro da la orden de derribar las avionetas. "Túmbenlo en el mar y no consulten", se le escucha.
Es difícil saber qué sigue. La acusación contra Raúl, de 94 años, no terminará con su entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses, como pidió el ingenuo fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. El gobierno cubano ya rechazó todas las acusaciones contra su jefe real y dice que son una excusa para una posible intervención militar. Pero luego de la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump se ha hecho fama de impulsivo e impredecible. Y tras la distracción de la guerra en Irán, a Trump se le puede ocurrir cualquier cosa.
Aquí en Miami la acusación contra Raúl fue motivo de celebración en la calle Ocho -se llenó el restaurante Versailles- y hasta de planes para invertir en la isla tras el fin de la revolución. Fue, en el fondo, una pequeña venganza para que Raúl no muera tranquilo. Todos los dictadores deberían morir en la cárcel. No pasó con Fidel, ni con Chávez o Pinochet. Y es poco probable que ocurra con Raúl. Pero Maduro ve todo esto detrás de las rejas.
Los exiliados no entienden cuando la presidenta de México, por ejemplo, se rehúsa a llamarle dictador a Díaz-Canel y no pide democracia y libertad para los cubanos. Está clarísimo que los presos políticos, los asesinatos de opositores, la censura de prensa, la represión por las más mínimas protestas -hasta por la canción "Patria y Vida"- y la falta de elecciones multipartidistas, no son culpa del bloqueo estadounidense sino de un sistema basado en el abuso de autoridad y en la concentración del poder de la familia Castro y sus allegados.
Solo una vez he estado en Cuba, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla en 1998. La recorrí toda. Pero por entrevistar a disidentes y a periodistas independientes las autoridades cubanas me prometieron que nunca podría regresar y han cumplido su palabra. Y solo una vez entrevisté al dictador Fidel Castro. Fue en Guadalajara en 1991 durante la primera Cumbre Iberoamericana. Pero la entrevista duró únicamente 59 segundos. Sus guardaespaldas me empujaron a un lado y me tiraron al piso cuando empecé a preguntarle a Fidel sobre la falta de democracia en la isla. Si así me fue a mí por un ratito, imagínense lo que pasan los cubanos todos los días.
Carlos Alberto Montaner, el abuelo de mi hija Paola, murió antes de cumplir su sueño de regresar a una Cuba libre. Se escapó de una prisión de la isla y luchó toda su vida para terminar con la dictadura. No le tocó verlo, mas nunca perdió la esperanza. Estaba convencido, como yo lo estoy, de que todos los dictadores caen.
No estamos solos. En estos días percibo una cierta alegría en Miami. No es que vaya a haber un inmediato cambio de régimen en la isla, ni que haya ninguna seguridad de que el dictador en turno vaya a terminar en una cárcel de la Florida. No estoy de acuerdo con ninguna intervención militar de Estados Unidos en América Latina. Pero la acusación criminal a Raúl Castro fue un muy rotundo "no se nos olvida" y "tú también caerás".
A veces hay que decir las cosas para que pasen. Y si están escritas, mejor.
@jorgeramosnews
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Corrupción a la izquierda/Jorge Volpi
REFORMA, 23 mayo 2026;
Hace unos días, un juez imputó a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, en una vasta trama de corrupción. La acusación ha sacudido por completo a la democracia española: si el Partido Socialista recuperó el poder gracias a una moción de censura en 2018, fue precisamente para enmendar la inaudita corrupción que se había destapado durante el gobierno de su predecesor, Mariano Rajoy, del Partido Popular. "O corrupción o yo", llegó a sostener en ese momento.
En los últimos meses, sin embargo, el propio PSOE se ha visto sacudido por lo mismo que denunciaba: en noviembre de 2024, el exministro de Transportes del propio Sánchez, José Luis Ábalos, fue imputado por cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos son los mismos por los que también ha sido imputado Rodríguez Zapatero, quien desde que dejó su puesto se había convertido en una especie de referente moral para los progresistas y en un asesor cercano del propio Sánchez.
Como era inevitable en esta época de polarización y cinismo exacerbados, tanto quienes se identifican con la izquierda como aquellos que lo hacen con la derecha se apresuraron a expresar su desazón o su rabia y a hacer un rápido uso político de la noticia: sin siquiera haber leído el auto del juez, los primeros de inmediato acusaron a sus rivales de lawfare, poniendo en duda la transparencia del proceso, mientras que los segundos, sin respetar ni por un momento la presunción de inocencia, dieron a Rodríguez Zapatero por culpable y exigieron la dimisión del propio Sánchez.
Conforme se ha conocido el contenido de la acusación, sin embargo, los indicios sobre las conductas al menos sospechosas del expresidente del Gobierno se han vuelto tan evidentes como inquietantes. En estos años, Zapatero -como suelen llamarlo en España- se había convertido en un mediador de buena fe entre Maduro y un sector de la oposición venezolana, si bien tanto Estados Unidos como otros opositores lo tacharon de aliado del régimen. Y ha sido justo en medio de ese ambiguo papel donde al parecer surgieron sus vínculos con los empresarios venezolanos ligados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En esta complicada maniobra, en la que, según el juez, Zapatero intervino a favor de la aerolínea a cambio de distintos pagos a ella o sus hijas, aparece también la sombra de Delcy Rodríguez, la actual presidenta en funciones de Venezuela nombrada por Trump.
Para buena parte de la izquierda española, la sola imputación de Zapatero -así como los detalles de sus maniobras de lobbying- han supuesto una profunda decepción que, sumada al caso Ábalos, puede terminar por sepultar las posibilidades de que España siga siendo, a partir de 2027, uno de los pocos grandes países europeos gobernados por la izquierda.
Por supuesto, las resonancias del caso no se nos pueden escapar a los mexicanos, que en este momento vivimos un caso en muchos sentidos paralelo: la acusación contra Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve exfuncionarios suyos, por parte de una fiscalía estadounidense, lleva a conclusiones semejantes: la decepción frente a quienes llegaron al poder enarbolando una nueva limpieza y transparencia solo para revelarse, al cabo, tan corruptos como sus predecesores.
Resulta intolerable querer argumentar que los otros -sus rivales de derecha- han sido aún más corruptos: si una fuerza política convierte la lucha contra esta lacra en su mayor bandera, y eso la lleva al poder, está obligada a asumir una mayor responsabilidad frente a ella. Ya sea en el caso español, donde algunos insisten en asumir una motivación política en el juez, o en el mexicano, donde la presión de Trump sin duda debe resistirse, lo que conviene es un brutal ejercicio de autocrítica, en vez de una burda defensa basada en la rota moralidad de los enemigos. Si aún aspiran a resultar creíbles, tanto Pedro Sánchez como Claudia Sheinbaum deben dejar las defensas a ultranza de sus aliados y tomar medidas extremas contra quienes han traicionado sus principios.
@jvolpi
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