La soberanía como pretexto: el nuevo engranaje de la nulidad
Por Fred Alvarez Palafox
Estamos asistiendo a un momento crítico en nuestra historia legislativa. Bajo la bandera del periodo extraordinario, el Congreso parece haber perfeccionado el arte de "tapar el sol con un dedo". La propuesta del diputado Ricardo Monreal —aplaudida sin matices por la Presidencia— no es solo una reforma técnica; es, en esencia, un rediseño de nuestra arquitectura electoral. Se escuda en la soberanía nacional, pero al analizar sus trazos, lo que emergen son grietas peligrosas.
Voces como la de Jorge Alcocer advierten que esta no es una medida de integridad, sino un blindaje preventivo. El objetivo parece claro: contar con un recurso jurídico para anular resultados adversos en los comicios de 2027 o 2030, alegando intervenciones externas ante las crecientes presiones internacionales —específicamente desde Estados Unidos— por temas de inseguridad y narcogobierno.
Más allá de los debates teóricos, el quid del asunto es la urgencia. Se pretende aprobar esto antes de que termine el mes, con una celeridad que asfixia cualquier posibilidad de deliberación seria. En política, cuando se evita la discusión, se suele ocultar la trampa. Entendemos que el tiempo apremia, pues la reforma principal busca alargar la elección de jueces y magistrados al 2028, y se ha aprovechado el viaje para insertar este nuevo candado.
La reforma al artículo 41 constitucional busca elevar la "injerencia extranjera" a causal de nulidad electoral. Dicho así, suena a una defensa legítima de nuestra autonomía. Sin embargo, el diablo habita en la ambigüedad. Al no definir con precisión qué constituye una injerencia, se entrega a los magistrados del Tribunal Electoral una discrecionalidad absoluta. Como advierten especialistas a Reforma, como Luis Carlos Ugalde y Edmundo Jacobo, estamos ante una guillotina a modo, operada por una autoridad electoral que hoy camina bajo la sombra del oficialismo.
La duda nos asalta como ciudadanos: ¿qué ocurrirá cuando un medio nacional reproduzca un reportaje internacional sobre temas sensibles? ¿Se convertirá el ejercicio del periodismo en una "intervención" sancionable? La preocupación es compartida incluso por voces aliadas al régimen; el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, ha calificado la medida como un despropósito. Y no le falta razón: este blindaje parece un plan de contingencia para 2027 y 2030, una red de seguridad jurídica diseñada para anular cualquier resultado que no favorezca al proyecto en turno.
A esto debemos sumar la carga indebida que se intenta imponer al INE, junto con la creación de una "Comisión de Verificación de Integridad". Se nos vende como un blindaje, pero es un escudo de papel. ¿Cómo confiar en un filtro cuya eficacia depende de la voluntad de cinco consejeros? Si el Estado tiene información de inteligencia que vincula a un candidato con el crimen organizado, la justicia no debe pedir permisos: debe actuar, ponerlo a disposición de los jueces y aplicar la ley. Y si un partido se atreve a postular candidatos sucios, la sanción debe ser la pérdida de su registro. Al hacer la fiscalización opcional, la reforma se acerca peligrosamente a la complicidad institucional. Como advierte el consejero Martín Faz a El Universal, esta maniobra exime a los institutos políticos de su obligación ética de filtrar a sus propios perfiles, trasladando el costo del "narcogobierno" a un árbitro que, hoy por hoy, aparece cuestionado y peligrosamente cargado hacia una de las partes.
El tono de este periodo extraordinario nos dejará una lección amarga. Corregir el rumbo debería ser un acto de sabiduría institucional; lo que vemos hoy es un simple ajuste de tuercas para evitar que la realidad, siempre terca, termine por descarrilar los planes de la "mesa chica". Nuestra democracia camina sobre el filo de una navaja constitucional. Bajo el discurso de la soberanía, se pretender construir un candado que, lejos de proteger la voluntad popular, amenaza con invalidar cualquier elección que no se gane por las vías tradicionales.
La soberanía es un pilar innegociable, pero usarla como escudo para la censura o para perpetuar una hegemonía a través de la vía judicial, nos aleja del México plural que hemos construido por décadas. Como decía Walt Whitman, es momento de alzar la voz; porque la legitimidad no se decreta en la tribuna con mayorías automáticas. La legitimidad se construye con procesos transparentes, leyes precisas y, sobre todo, con la certeza de que, al final, la voz del ciudadano será la única que decida, sin que ninguna sombra —ni extranjera, ni local— pueda borrarla de un plumazo.
PD: La Constitución de 1917 es clara: el pueblo es el único soberano y dueño de su destino. Bajo esta premisa, la adición al DOF del 1 de abril de 2025 dicta una máxima de nuestra era: México no tolera injerencias externas que atenten contra nuestra soberanía, integridad o libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Comparto mi primer comentario del viernes…
https://www.youtube.com/watch?v=UDgMqN9wl_8
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