Las columnas políticas hoy, jueves 30 de julio de 2026

 

El peligro de los nuevos Lineamientos

La reciente propuesta de lineamientos impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular los contenidos en radio y televisión enciende alertas legítimas sobre el futuro de nuestra democracia y la pluralidad informativa en nuestro país.

Bajo el argumento oficial de proteger supuestamente los derechos de las audiencias y combatir la desinformación, este proyecto otorga facultades inéditas y alarmantes a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar, evaluar y sancionar contenidos de manera oficiosa.

Voces expertas e independientes —como la presidenta de Observatel, Irene Levy, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y relator especial de la ONU— coinciden en un diagnóstico crítico: esta medida excede las facultades legales y vulnera abiertamente la Constitución.

El riesgo central de este entramado radica en dos aspectos fundamentales:

i) Extralimitación de funciones: Se dota a un órgano dependiente del Poder Ejecutivo de la facultad de actuar como juez y parte, decidiendo de manera unilateral qué es verdad, qué está descontextualizado o qué constituye una falta, sin que medie siquiera una denuncia ciudadana. Esto abre una peligrosa puerta para la persecución de la prensa crítica y disidente, y; 

ii) Efecto inhibidor: Como advierten los especialistas, la profunda ambigüedad jurídica y la amenaza latente de sanciones administrativas y económicas generan un clima de zozobra e incertidumbre que empuja irremediablemente a los medios y periodistas a la autocensura.

Como advierte Leopoldo Maldonado, este tipo de marcos regulatorios no son propios de repúblicas democráticas, sino de regímenes autoritarios donde el Estado busca controlar por completo la narrativa pública para silenciar a la oposición, tal como ocurre tristemente en naciones como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán o Malasia.

¿Cuál es la postura de la industria organizada?

En entrevista con el diario El Universal, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, advirtió que la propuesta de regulación pone en un grave estado de vulnerabilidad a los comunicadores, dejándolos expuestos al acoso mediante denuncias sin sustento o de carácter anónimo.

García Herrera hizo un llamado enérgico a la autoridad para desechar de inmediato cualquier queja frívola o improcedente. Y aunque aplaudió que la presidenta Sheinbaum se haya pronunciado previamente a favor de la autorregulación y en contra de las denuncias anónimas, insistió en que la CIRT mantiene un proceso activo de diálogo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para modificar los lineamientos antes de que concluya el periodo de consulta pública el 21 de agosto.

La industria exige que no se impongan sanciones económicas desproporcionadas y que se garantice un equilibrio real entre los derechos de las audiencias y la libertad editorial. Si bien reconocen que el documento retoma algunas propuestas de la propia CIRT —como asegurar la autonomía total de los defensores de las audiencias frente al gobierno y las empresas—, los puntos desequilibrados del proyecto deben corregirse a fondo.

¿Y qué dice la autoridad?

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, salió a desmentir que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busquen censurar a la prensa. Durante la conferencia Derecho de Réplica, Alcalde fue tajante al aclarar que estas reglas aplican exclusivamente a la radio y la televisión, descartando por completo a las redes sociales y plataformas digitales.

Además, acusó que, desde el inicio de la consulta pública, medios de comunicación, articulistas y usuarios impulsaron una narrativa para presentar la regulación como un intento gubernamental por controlar la información y silenciar las críticas.

Podríamos decir, parafraseando el rezo cristiano: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Pero no nos equivoquemos: Luisa María Alcalde sí sabe perfectamente lo que dice y lo que busca. No es ingenuidad; es cálculo político puro. Lo que verdaderamente persiguen no es proteger a las audiencias, sino blindar relatos, controlar la narrativa y pavimentar el terreno rumbo a las elecciones de 2027.

Ante semejante calca regulatoria, uno no puede evitar preguntarse: ¿acaso el gobierno de México le pidió asesoría a Ortega o al chavismo? Como señala la columna Templo Mayor de Reforma, el parecido con la infame "Ley Mordaza" venezolana es asombroso. Ambas comparten el mismo truco: reglas ambiguas y castigos estrictos que otorgan a la autoridad la facultad discrecional de calificar qué contenidos alteran el "orden público", abriendo la puerta a la censura discrecional.

Defender la libertad de expresión y la pluralidad informativa jamás será un capricho gremial; es una condición indispensable y no negociable para la supervivencia de nuestra democracia.

Para la historia inmediata!

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Golpe al CJNG: Cae el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La impunidad comienza a cerrarse. Las autoridades federales confirmaron la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, señalado como el autor intelectual detrás del cobarde homicidio de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025.

La aprehensión, ejecutada en Atotonilco, Jalisco, bajo la directriz de Omar García Harfuch, representa un avance crucial en un caso que cimbró a la política y a la sociedad mexicana. El “R1” no operaba solo; comandaba a “Los Rs”, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) caracterizado por su extrema violencia y por sembrar el terror a través de la extorsión, el tráfico de drogas y la ejecución sistemática de productores y empresarios en Michoacán y Jalisco.

Con este aseguramiento, la justicia suma ya 31 detenidos vinculados al caso, evidenciando el compromiso del Estado por limpiar una región largamente golpeada por la vorágine criminal. El golpe a esta célula demuestra que el cerco sobre los responsables del magnicidio se sigue estrechando.

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Las columnas políticas hoy, jueves 30 de julio de 2026

El diputado que hace magia con su sueldo

Bajo Reserva/El Universal

Algunos legisladores morenistas siguen ignorando una de las máximas de su movimiento, que es apegarse a la austeridad republicana. Uno de estos casos, es el del diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien fue exhibido por adquirir una camioneta “machuchona” con valor de 1.3 millones de pesos. Don Ernesto argumentó que el austero vehículo le costó solo 893 mil pesos. Pero además de su camioneta, lo admirable del diputado es la magia que hace para que le rinda su sueldo. Con su salario mensual de casi 80 mil pesos mensuales, necesitaría casi el total de un año para pagar la camioneta, desde luego sin gastar en otras cosas, como comida o ropa. Sin embargo, don Ernesto destina 20 mil pesos mensuales al pago de una pensión alimenticia, por lo que se requiere de hacer magia para salir de sus compromisos económicos. Además, ha faltado a 22 votaciones en sesiones, por lo que si le descontaron por sus inasistencias la cosa ya requeriría algo más que magia.

La reaparición de Adán Augusto

Hace unos días le comentamos que el senador por Morena, Adán Augusto López, tenía tres semanas sin aparecer en la Cámara Alta, ni asistir a las sesiones de la Comisión Permanente. Ayer, por fin, don Adán reapareció y buscó ser visto por los medios, aunque optó por guardar silencio. Había mucho interés en saber si es cierto, o solo una noticia falsa, la versión de que su visa estadounidense está cancelada. Dona Adán se apareció sonriente en una muestra gastronómica del Senado y prometió regresar a comerse un chile en nogada. Ojalá pronto se decida a hablar con la prensa sobre todos los temas que hay entorno a su persona. Quizá sea una buena idea que deje atrás su mantra de “yo no doy declaraciones”.

La otra Mañanera

Nos comentan que las sesiones del pleno de la Comisión Permanente se han convertido en una sucursal de la conferencia mañanera de la Presidenta. Cada vez son más frecuentes las intervenciones de diputados y senadores del movimiento de la Cuarta Transformación que solicitan “moción de ilustración” para difundir en las pantallas del salón fragmentos de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos señalan que, con esa estrategia, los legisladores oficialistas ya ni se molestan en presentar argumentos sobre determinado tema para defender al régimen morenista, sino que dejan que sea la Presidenta la que fije postura, descalifique las críticas de la oposición y haga la chamba de los legisladores.

Sheinbaum en un bastión de la CNTE

La gira de este fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum por Oaxaca tendrá un ingrediente político que difícilmente pasará desapercibido. La mandataria volverá a pisar uno de los bastiones históricos de la CNTE, particularmente de la Sección 22, en un momento en que la relación con el magisterio disidente sigue marcada por el diálogo, pero también por la desconfianza. Hasta ahora no existe convocatoria pública para protestar ni anuncios de que los maestros busquen irrumpir en los actos presidenciales. Hace unas semanas la propia Presidenta optó por reprogramar eventos en Zacatecas para evitar tensiones con la Coordinadora, y ahora los ojos estarán puestos en Oaxaca para ver si prevalece la calma o los líderes del magisterio quieren desgastar aún más la relación con el gobierno federal.

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Templo Mayor/ REFORMA

30 julio 2026

¿SABEN QUIÉN promulgó una ley para proteger a las audiencias como la que ahora se quiere aplicar en México? El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Y era muy parecida a los lineamientos que se presentaron el martes en Palacio Nacional, tanto que en aquel país la llamaban "Ley Mordaza".

MEDIOS, ESPECIALISTAS, organismos internacionales y asociaciones de periodistas alertaron en aquel entonces que la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión era, en realidad, una forma para disfrazar de legalidad la censura impuesta por el gobierno.

BUENA PARTE del truco está en que este tipo de regulaciones son bastante ambiguas en cuanto a las faltas, pero muy estrictas en cuanto a los castigos. Esto deja al amplio criterio de las autoridades decidir qué contenidos y de qué medios les parecen "dañinos" para la audiencia y cuáles no.

POR EJEMPLO, en el caso venezolano se sancionaban mensajes que "puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público", lo cual podría ser cualquier cosa: desde una marcha opositora hasta la historia del Chupacabras. El gobierno en estos casos decide qué es bueno para que lo vea el "pueblo". ¿Les suena conocido?

 LA BOMBA de los despojos inmobiliarios le estalló en las manos a la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde. Lo que comenzó con una denuncia ciudadana por la invasión de una casa en la alcaldía Benito Juárez, se convirtió ayer en una avalancha de por lo menos 100 expedientes de despojos similares que no han sido atendidos por las autoridades.

Y LO QUE es peor: hay quienes afirman tener documentado que en algunas de estas invasiones de casas participan funcionarios capitalinos, que cuentan con acceso a información de catastro o de litigios hereditarios, lo que les permite ubicar y tomar por la fuerza inmuebles deshabitados, pero que tienen legítimo dueño.

HABRÁ QUE VER si la fiscal realmente le entra al asunto y resuelve un reclamo ciudadano que crece o si, por el contrario, aplica el viejo truco de guardar todos los expedientes en un archivero y tirar la llave muy, pero muy lejos.

EN SU INTENTO por ser partido político, la agrupación México Tiene Vida rompió récord de afiliaciones: en tan sólo cuatro meses "convenció" a 363 mil 462 ciudadanos de registrarse como militantes. Todo un logro, salvo por el detalle de que hizo trampa.

PRIMERO lo detectó el INE y ayer confirmó el Tribunal Electoral que más de 5 mil afiliaciones eran patito, por lo que dicho grupo se quedó sin registro como partido político y, además, tiene que pagar una multa de 445 mil pesos. Ojalá que lo haga con dinero de verdad... y no con panchólares.

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La guerra por Tlalpan, el nuevo “Atlacomulco” de la 4T/Salvador García Soto

El Universal, | 30/07/2026 |

La alcaldía de Tlalpan, que ocupa el 20% del territorio total de la Ciudad de México y es considera el vergel y el mayor suelo de conservación ambiental e hídrica para la capital del país, es también el lugar donde viven y han radicado los dos presidentes de México en la era de la llamada 4T. El que Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento morenista, tenga su lugar de residencia en la demarcación tlalpense, al igual que la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que además fue alcaldesa del lugar, ha hecho que a esta alcaldía sureña se le conozca entre los obradoristas como “el nuevo Atlacomulco”, en alusión al municipio mexiquense que fue cuna y sede uno de los grupos políticos más fuertes del antiguo priismo.

Al igual que la Ciudad de México, Tlalpan ha estado dominado y controlado políticamente por la izquierda morenista desde hace 29 años, cuando en 1997 el PRD logró ganar la entonces delegación con Salvador Martínez de la Roca, el “Pino”, exlíder estudiantil del movimiento del 68. Desde entonces 5 jefes delegacionales perredistas, Gilberto López y Rivas, Carlos Imaz, Guillermo Sánchez Torres, Higinio Chávez García y Marisela Contreras, desfilaron por la antigua Jefatura Delegacional, con algunos interinatos, entre el año 2000 y el 2015.

Luego, tras el surgimiento de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo y Patricia Aceves gobernaron del 2015 al 2021, cuando el morenismo perdió la alcaldía a manos de una alianza PRI-PAN-PRD que llevó a la perredista Alfa González al gobierno tlalpense en el 2021, para un pronto regreso de Morena con la actual alcaldesa Gabriela Osorio, que ganó la elección del 2024.

Hoy, a unos meses de las próximas elecciones del 2027, donde se renovarán las 16 alcaldías capitalinas y el Congreso local, el dominio morenista e izquierdista del territorio de Tlalpan podría cambiar por una fuerte división interna entre los grupos políticos tlalpenses. Y es que la actual alcaldesa Gabriela Osorio, más que ganar por ella misma las elecciones de 2024, en realidad su triunfo fue obra de la operación política y electoral del diputado federal y líder sindical Pedro Haces Barba, quien se ha convertido desde hace tiempo en un poderoso actor en la alcaldía tlalpense.

Su hijo, el diputado local Pedro Haces Lago, buscó ser candidato a alcalde en las pasadas elecciones y compitió en la interna morenista con Gabriela Osorio, a quien derrotó por amplio margen en las encuestas, pero una operación política al más alto nivel del morenismo obligó a Haces Lago a hacerse a un lado y a dejar pasar a la actual alcaldesa a cambio de que aceptara cualquier otra posición que pidiera, lo que terminó volviéndolo diputado plurinominal por Tlalpan.

Mientras al hijo, que tiene ya varios años haciendo trabajo social y político en la zona de los pueblos del Ajusco lo convencían, a nombre de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, de no pelear la alcaldía y aceptar que Gabriela fuera candidata, al padre Haces Barba le pidieron también desde la oficina de la doctora que les ayudara a hacer ganar a la joven Osorio, quien finalmente se alzó con el triunfo en los comicios del 2024, no porque tuviera fuerza o presencia propia en Tlalpan sino por la operación electoral y el sometimiento de los Haces.

Y es que Osorio es una lideresa estudiantil de la UNAM que fue reclutada desde el 2013 por el entonces movimiento de López Obrador. Fue Alfonso Ramírez Cuéllar quien se la acercó a Claudia Sheinbaum y ésta, surgida también de las lides estudiantiles a la política, vio con simpatía a la joven universitaria y decidió arroparla con su círculo más cercano. En el 2021, ya apoyada por Sheinbaum y su grupo, Gabriela fue candidata a la alcaldía de Tlalpan pero perdió en contra de la perredista Alfa González, a quién solo pudo derrotar tres años después, en el 2024 gracias al apoyo de la familia Haces.

Hoy, tres años después de su administración, Gabriela Osorio ha dedicado más tiempo, recursos y campañas a promover su imagen que a resolver las muchas problemáticas de la alcaldía tlalpense, sobre todo en los llamados “pueblos originarios” o pueblos del Ajusco, donde se concentran no sólo las mayores necesidades, rezagos y problemas de seguridad, sino también la mayor parte del voto electoral de la alcaldía.

Con todo y eso, apelando al padrinazgo directo de la presidenta y de su grupo, Osorio ha manifestado su intención de reelegirse como alcaldesa en el 2027, y para ello volvió a buscar el apoyo de los Haces, sabedora de que por sí sola, ni siquiera con la ayuda de Palacio Nacional, podría ganar otra elección. A principios de julio la alcaldesa buscó un encuentro con Pedro Haces Lago, quién también aspira de nueva cuenta a la alcaldía y ha iniciado, desde hace ya varios meses, un despliegue político por toda la alcaldía, especialmente en la zona del Ajusco, aprovechando su condición de diputado tlalpense.

El encuentro entre los dos, nos cuentan, no terminó nada bien. Gabriela Osorio le pidió a Haces Lago que la volviera a apoyar para reelegirse, pero la respuesta del diputado morenista fue una negativa rotunda, a partir de que le reclamó a la alcaldesa que durante su gestión se ha negado a atender peticiones de colonias populares del Ajusco que le hizo llegar el diputado, más de 1,600 solicitudes de apoyo, de las cuales ni una sola fue atendida o resuelta por la alcaldía. El tono de la reunión se fue tornando cada vez más tenso y, en medio de gritos y reclamos, Osorio salió del encuentro sin lograr su cometido, mientras que Haces Lago salió resuelto a competir de nueva cuenta en su contra y a no dejarla pasar una nueva ocasión.

El 21 de septiembre próximo, según lo acordó Morena en su Consejo Nacional del pasado mes de marzo, se abre el proceso para el registro y selección de los candidatos a las alcaldías por ese partido. Pero ya desde ahora, como ya es costumbre de ese partido y en abierta violación a las leyes electorales, sus aspirantes están haciendo promoción y proselitismo de su imagen y Tlalpan no es la excepción. Tanto la alcaldesa, utilizando recursos públicos, como Haces Lago, han tapizado la alcaldía de mantas, carteles y mensajes que anuncian la guerra política que viene por el territorio más extenso que existe en la Ciudad de México.

Lo que se ve venir es una lucha de poder en la que Osorio podría ser respaldada por sus madrinas políticas, desde el más alto nivel de poder, mientras que Haces Lago apelaría a la operación política y social que lleva años realizando en las zonas más pobres de Tlalpan y, por supuesto, también al poder de su padre el diputado y líder de la poderosa CATEM. Si en Morena intentan nuevamente imponer a la actual alcaldesa, con todo y los pobres resultados de su gestión, la fractura sería inevitable y podría incluso formarse una alianza de partidos opositores para postular al diputado local. Veremos en qué termina la guerra por Tlalpan o, como dicen algunos morenistas, el “nuevo Atlacomulco de la 4T”.

NOTAS INDISCRETAS…

Algo huele muy mal en la ola de despojos de departamentos y casas que vive la Ciudad de México. Lo que solía ser un problema de la periferia capitalina, de municipios del Estado de México y de otras entidades del país, hoy está ocurriendo de manera cada vez más burda y descarada en plena capital de la República y en zonas céntricas y de alta plusvalía, como la Colonia del Valle. Las denuncias que se multiplican en las alcaldías de Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, entre otras, coinciden en la descripción de un modus operandi cada vez más organizado y orquestado por lo que ya pueden llamarse “mafias del despojo” que operan, hasta ahora, con la complacencia y tolerancia de las autoridades del gobierno capitalino. Porque no fue sino hasta que estalló el escándalo en redes sociales, por la difusión de un video en el que una mujer de nombre Virgina Vázquez García invade un departamento en la calle Matías Romero 18 en la Colonia del Valle, al que se metió ilegalmente y cambió chapas y muebles ostentándose como la dueña, y cuando es confrontada por el verdadero dueño, actuó con total impunidad y ni siquiera fue detenida por la policía a la que el propietario legal le pidió apoyo para desalojarla, que la fiscal Bertha Luján se vio obligada a salir a hablar del tema y a tratar de explicar por qué esa mujer, que además aparece mencionada ya en al menos seis denuncias de despojo en la ciudad, ni siquiera ha sido detenida. Según la fiscal capitalina no la detuvieron “porque no estaba en flagrancia”, aún cuando en el video se le ve dentro del departamento que es reclamado por su legítimo dueño. El escándalo creció tanto que la fiscal Luján tuvo que recibir ayer a un grupo de víctimas de despojo con quienes se reunió en su oficina para escuchar sus denuncias y peticiones. A reserva de ver si la fiscal realmente actúa y pone un alto a los invasores y despojadores de propiedades en la ciudad, lo que ya queda claro es que se trata de mafias, casi cárteles que operan con la colusión y complicidad de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, quienes ubican y dan información de propiedades e inmuebles de adultos mayores, personas vulnerables o con litigios legales, las cuales son invadidas por personas que a su vez tienen contactos y protección de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que también cuentan con una red de funcionarios coludidos en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, sí la misma que encabeza la señora Bertha Luján. El modus operandi es ubicar una propiedad ya sea en litigio o habitada por personas vulnerables, cuya ausencia temporal o momentánea es aprovechada para meterse a su casa o departamento. Los invasores llevan consigo una mudanza y cerrajeros con los que hacen cambio de chapas y de muebles y se posesionan de la propiedad. Para cuando el dueño real aparece, ya sea alertado por vecinos o familiares, los despojadores, que tienen todo un adiestramiento legal por sus cómplices funcionarios, les dicen que la propiedad es de ellos y que el dueño legítimo tiene que acreditar su propiedad y que vaya a poner una denuncia; si el despojado pide ayuda de la policía, éstos que también están coludidos, se niegan a actuar y a desalojar “porque no existe flagrancia” y al afectado solo le queda buscar un abogado e interponer una denuncia. Pero cuando llega a la Fiscalía a denunciar, los cómplices del despojo en el MP comienzan a cuestionar al dueño, a decirle que si no le han quitado la propiedad y sigue a su nombre entonces el delito no es “despojo” sino “fraude procesal” y le piden reformular su denuncia. En todo ese tiempo en el que el despojado recibe largas y es obligado a cumplir con trámites y formalismos legales, el cártel del despojo comienza a mover sus contactos en el Registro Público de la Propiedad y desde adentro se hacen modificaciones y cambios a las escrituras y documentos del dueño original, de tal modo que sus escrituras ya no sean válidas y que tenga que interponer nuevos recursos legales para demostrar su propiedad. La tardanza de las autoridades en atender las denuncias es parte del modus operandi y, en muchos de los casos denunciados y documentados en la ciudad -25 mil en los últimos 6 años según un recuento del sitio Animal Político-, los denunciantes y despojados son acosados y amenazados por personas armadas que los acosan y vigilan a ellos y a sus familias, ostentándose incluso como servidores públicos del gobierno capitalino o de algunas alcaldías y presumiendo influencias. Muchos despojados, ante el miedo, las amenazas y la falta de apoyo de las autoridades de la Fiscalía, terminan rindiéndose, abandonan sus propiedades o de plano se van de la ciudad. Por eso la fiscal Bertha Luján tendrá que demostrar, con los compromisos que hizo ayer con el grupo de víctimas a los que recibió en su oficina, que ella y su equipo son ajenos a estas mafias del despojo y que realmente activará protocolos y mecanismos de apoyo inmediato y urgente a las víctimas de despojo en la ciudad. Toda esta grave situación y el modus operandi con el que actúan los Cárteles del Despojo y su colusión con autoridades judiciales y ministeriales, recuerda inevitablemente lo sucedido en Venezuela, donde durante la dictadura chavista, sobre todo en la época de Nicolás Maduro, la invasión y despojo de propiedades en Caracas y en otras ciudades venezolanas, se volvió una práctica recurrente y auspiciada por el régimen. La única diferencia es que allá los despojadores, que llegaban armados y eran parte de las llamadas “guardias bolivarianas”, argumentaban que la propiedad invadida era “confiscada por la Revolución Bolivariana” a personas de clase media y alta. Acá, en varios estados de la República y ahora también en la capital, no hay proclamas ideológicas, pero sí colusión, corrupción y evidente tolerancia o incapacidad de las autoridades para hacer respetar la propiedad privada, una de las bases del sistema legal y constitucional mexicano…Los dados mandaron Capicúa. Se repite el tiro.

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Derecho de las Audiencias o violencia tutelada/Luis Cárdenas

El Universal, | 30/07/2026 |

Para mí no hay derecho anterior a la libertad. Y como audiencia, mi derecho fundamental es uno solo: elegir lo que quiero, cuando lo quiero. Lo demás —por bien intencionado que se anuncie— tiende a la tutela, y la violencia tutelada, puede ser muchas cosas menos libertad.

Ya lo advirtieron quienes pensaron el poder antes que nosotros. Tocqueville, al final de La democracia en América, describió el despotismo que temía en los pueblos democráticos: no el del tirano que atormenta, sino "un poder inmenso y tutelar", encargado de asegurar las satisfacciones de los ciudadanos y de velar por su destino, "absoluto, minucioso, regular, providente y benévolo". Un poder que no prepara a los hombres para la adultez, sino que "busca mantenerlos en una infancia perpetua": se conforma con que el pueblo se divierta, siempre que no piense en otra cosa que en divertirse. Esa es la tiranía más difícil de combatir, porque llega vestida de bienestar. El país será una tiranía y la gente estará feliz, la fantasía de los totalitarios esculpida en la realidad cotidiana.

A esa estirpe, de violencia tutelada, es que pertenecen los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que esta semana presentó el gobierno federal.

El mecanismo es el que se ha señalado hasta el cansancio: el derecho de réplica.

Cualquiera —incluido el poder— podrá presentar una queja alegando que se difundió sobre su persona algo inexacto o falso. La estación deberá tener un Código de Ética y designar a un defensor de las audiencias; la defensoría recibirá la queja, pedirá informes y emitirá recomendaciones. Y si el medio no las atiende, entra la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con facultades para sancionar. Ahí está la figura jurídica nueva: la que crea dependencia, la que obliga al concesionario a aplicar la réplica y que, de no hacerlo, lo expone a la multa y quizá, más tarde, al peor castigo posible: el retiro de concesiones.

Nos dirán que hay una consulta pública, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, y que participen ciudadanos, academia y concesionarios pero ya conocemos el guión, ¿de qué sirvió la consulta pública para la Reforma al Poder Judicial?

Resulta curioso que esto se presente justo ahora, en el momento en que la crítica de los medios al gobierno es más ácida y más dura por el tema del narcogobierno y las acusaciones que llegan desde Estados Unidos. Cuando más incómoda se vuelve la prensa, aparece el instrumento para tutelarla.

Por desgracia, a diferencia de los intentos pasados entorno al “derecho de las audiencias”, esta iniciativa contará con un gran respaldo, pasará rápidamente en el Congreso y muy pronto será aplicada como una guadaña de información.

La imparcialidad, la veracidad, la pluralidad o cualquier otro principio del periodismo y la comunicación, es una decisión libre y de carácter personalísimo, editorial y hasta comercial, no debería de ser jamás una obligación legal.

Calificar “algo” como información sesgada, imparcial o cualquier otro adjetivo, siempre tendrá una pesada carga preponderantemente subjetiva, existen mecanismos legales en las democracias para solucionar controversias de conductas relativas a la fama pública o incluso a la información usada para fines ligados al odio o el terrorismo.

Derecho de las audiencias es tratar a las audiencias como mayores de edad.

Derecho de las audiencias es dar a las audiencias más libertad con más opciones.

Derecho de las audiencias no es hacer que todos digan lo mismo con distintos tonos de voz.

Y, a todo esto, ¿a usted le preocupa más el derecho de las audiencias o la narcopolítica?

@LuisCardenasMX

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Amargo despertar en una ciudad tomada por el crimen/Héctor De Mauleón

El Universal, | 30/07/2026 |

A las cuatro de la tarde del lunes 27 de julio se registra una balacera en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México. A esa hora el rumbo está poblado de peatones. Los testigos ven a dos hombres que se mueven en moto y que van directamente hacia un grupo de personas que está junto a las imprentas, a un lado de los portales.

Un hombre de 42 años es asesinado. Dos más, de 39, resultan heridos, uno de ellos con un tiro en el abdomen. El muerto es identificado por el periodista Carlos Jiménez como Edgar Iván Rivera Segura, familiar de uno de los operadores más relevantes de la Unión Tepito, vinculado a homicidios, extorsión y narcomenudeo en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza: Jonathan Irving Herrera Sánchez, cuyo apodo es El Irving.

Los agresores emprenden la huida por la calle de Brasil, rumbo a Gustavo A. Madero. El asesinato se enmarca en la serie de venganzas, detenciones y ejecuciones que han estallado en los últimos meses, con una intensidad que hace tiempo no se veía en el centro de la ciudad.

Como uno de los líderes de la Unión Tepito, El Irving no dudó nunca en dar claras muestras de su ferocidad. No cumple 30 años y está involucrado en algunos de los asesinatos más sangrientos ocurridos en calles de la capital. Se le acusó de planear y llevar a cabo, en septiembre de 2018, durante la noche de El Grito, el ataque a una “chelería” de la Plaza Garibaldi que dejó 13 personas tendidas, seis de las cuales murieron: los sicarios habían llegado a la plaza disfrazados de mariachis, con armas largas escondidas dentro de estuches de instrumentos musicales.

El Irving fue detenido poco después en relación con estos hechos, pero fue liberado en 2022. Actuó con libertad durante otros tres años, escondido en el Edomex y entrando a la ciudad de madrugada. Siete años después del ataque en Garibaldi, en septiembre de 2025, lo aprehendieron en el rumbo de Peralvillo, con paquetes de cocaína, 2CB (la adictiva cocaína rosa), mariguana y cristal.

Su captura marca un límite claro en la escalada de violencia que ha arreciado en los últimos meses, en los que volvió a salir a la superficie la antigua pugna entre la Unión Tepito y la Anti Unión, que en otros años sembró la ciudad de escenas macabras.

El Mundial de Futbol restó relevancia a los homicidios que han estado ocurriendo desde entonces: por ejemplo, el ataque directo, llevado a cabo en motocicleta, que en la esquina de José Joaquín de Herrera y Vidal Alcocer cobró la vida de un hombre de 42 años y un niño de tres. El adulto fue señalado como vendedor al servicio de la Anti Unión.

El 9 de mayo, a las puertas de una cocina económica en la temible calle de Tenochtitlan, esquina con Granada, un nuevo ataque realizado por encapuchados dejó dos muertos y cuatro heridos. Ese sábado se dispararon 27 tiros. Uno de los fallecidos, con tres detenciones previas, fue ubicado como integrante de la Anti Unión. La agresión está relacionada con el imparable cobro de piso a comerciantes del centro.

El 25 de junio fue detenido en Eduardo Molina y Héroe de Nacozari, con una granada de fragmentación y varias dosis de droga, Ulises Garduño, El Ule, operador de la Unión Tepito en dos alcaldías, y al que se señaló como jefe de seguridad de El Irving. Se cree que el vacío que dejó en su célula criminal provocó “los reacomodos” que vinieron después.

El mismo día una vendedora ambulante de 60 años fue atacada entre los puestos de venta de Tepito y recibió un tiro en el cráneo. Un hombre que quedó herido, murió más tarde en el Hospital de Balbuena. Era el inicio de la serie de ejecuciones que va en ascenso: al día siguiente de la detención, el 26 de junio, en Paseo de la Reforma y Matamoros, dos hombres fueron acribillados a quemarropa por los tripulantes de una motocicleta. Al mismo tiempo, en José Joaquín de Herrera, fue masacrado un vendedor al que se ligó con la Anti Unión.

Del mismo modo, gota a gota, comenzó hace ocho años la violenta pugna que culminó con el hallazgo de cuerpos humanos descuartizados en el Puente de Nonoalco, donde se colocó un letrero: “Comenzó la limpia, mugrosos”.

Se acabó el Mundial. En el Zócalo ya no hay Fan Fest. Lo que ahora hay en el centro son ataques directos, a la luz del día, como el que se llevó a cabo en la histórica Plaza de Santo Domingo. Amargo despertar en una ciudad tomada por el crimen.

@hdemauleon demauleon@hotmail.com

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Avanzan/Manuel J. Jáuregui 

 REFORMA, 30 julio 2026;

No es para nada coincidencia: tanto Daniel Ortega, en Nicaragua, para justificar eliminar las elecciones y permanecer en el poder per saecula saeculorum, como la Presidente Sheinbaum justificando la Ley Censura, afirman no hacer otra cosa que ejercer la "voluntad del pueblo".

Que ellos hacen -afirman- lo que el pueblo pide, lo que el pueblo demanda, que todo es para el pueblo. Claro está, no está a la vista ningún mecanismo creíble y confiable que compruebe sean ellos los "representantes" del pueblo, como tampoco que hayan adquirido la facultad exclusiva de hablar y tomar decisiones a su nombre.

Normalmente el proceso que otorga tal facultad se llaman ELECCIONES, pero en Nicaragua ya no habrá: como tampoco las ha habido en México recientemente como para que una mayoría clara, palpable, visible, se haya pronunciado por instalar un mecanismo que controle la libertad de expresión en los medios.

Al contrario: nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión de forma absoluta, clara, sin peros, ni excepciones, ni límite alguno impuesto por una comisión patito controlada por la cuatroté que tiene que ver con TELECOMUNICACIONES, esto es Radio y TV; NADA que ver con redes sociales ni prensa escrita.

No obstante, la CENSORA mayor, la Presidente Sheinbaum, quiere extenderla a los medios escritos y redes sociales afirmando que ella no decidirá la aplicación de sanciones, sino que será la CRT; claro, no menciona que ellos mismos la controlan, como controlan el Judicial, el Legislativo, la SCJN de los Acordeones, y que desaparecieron las ONGs, la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, ya existen en México leyes que rigen un ejercicio responsable de la libertad de expresión; los nuevos lineamientos son un sospechoso mecanismo redundante que le permitirá a la autocracia ejercer control sobre las opiniones vertidas y tener dientes para amenazar y castigar a quienes osen disentir o criticar al cuatroteísmo y a sus ministros de culto.

Esta gente cuatrotera siempre ha mentido: y como prueba hay un ejemplo reciente en el que -también- se usó el nombre del pueblo para atentar contra la democracia. Recuerden los argumentos para justificar "la necesidad urgente" de una "Reforma Electoral".

Dijeron que "el pueblo" la solicitaba y que urgía porque las elecciones estaban saliendo MUY CARAS. Necesario era, por tanto, reducir su costo. Adelantamos el reloj unos tres años, ¿y qué nos encontramos? ¡Que las elecciones del 2027, de medio término y que NO SON presidenciales, costarán un 35 por ciento MÁS que las del 2024!

Pide el INE, totalmente sometido, más de 13 mil 400 millones de pesos para las elecciones de Diputados, algunos Gobernadores y Alcaldes en el 2027. ¡Qué ahorro ni qué ocho cuartos! Puro pretexto para justificar acciones injustificables por antidemocráticas.

¡Exactamente igual a esta gastada muleta de que el "pueblo pide" una censura que se le encargará a la CRT aplicar; organismo -nada independiente- que seguramente seguirá consignas de quienes ejercen hoy el poder. O sea, de los mismos que encarcelan a inocentes mientras dejan libres a los culpables, de quienes hacen campear en México la impunidad, de quienes se han ganado la burla de Presidentes extranjeros, como Trump, quien se refirió a México como "méjijo".

No son estas gentes de la cuatroté democráticas, nunca lo han sido, fueron primero priistas o perredistas, y luego se tomaron el Kool-Aid convirtiéndose en seguidores del Reverendo de "La Chingada", quien se propuso -y ya lo logró con la ayuda de la Arquitecta de su Segundo Piso- destruir el andamiaje del México emergente, del que estaba ya colocado para trepar al Primer Mundo, ello para sumirlo de nuevo al tercero con el fin de controlarlo todo: las dádivas y contracción económica para generar dependencia, la ubicuidad económica del Gobierno para instigar patronazgos y la adopción de una simulación populachera para esconder el enriquecimiento y la corrupción de gente cercana a él con mecanismos repugnantes como el huachicol fiscal, sin faltar una militarización absoluta para borrar a las instituciones civiles y convertirse él en un "Generalísimo" todopoderoso.

Por ese camino transitan: tocará a la sociedad mexicana decidir qué tanto los dejan AVANZAR.

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Mentiras de la 4T

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA

"Nosotros no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo". Andrés Manuel López Obrador

 Dice el gobierno, en voz de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, que es un derecho de las audiencias "recibir información veraz y oportuna" y que es obligación de los medios no difundir "información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual". Por eso el régimen está preparando lineamientos para radio y televisión abiertas que, si no se aceptan, podrían llevar a sanciones de hasta 1 por ciento de todas sus ventas por cada falta.

La propia presidenta Sheinbaum ha dicho que también la "prensa escrita" y las "plataformas" de internet deberían estar sometidas a este régimen de censura. Pero me pregunto: ¿no deberían los lineamientos aplicarse también al gobierno y a las mañaneras?

Las mentiras de Andrés Manuel López Obrador empezaron desde antes de llegar al poder. Al recibir su constancia de mayoría dijo que respetaría las decisiones de los tribunales, pero después exigió a los juzgadores que no le salieran con el cuento de que la ley es la ley. Prometió "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", pero la consultora SPIN de Luis Estrada registró entre 80 y 100 afirmaciones falsas, engañosas o no probables en cada mañanera. En todo el sexenio se acumularon 100 mil.

En 2019 el Presidente insistía en que la economía iba muy bien y que crecería 2 por ciento ese año. Cuando los economistas profesionales señalaban que estaba estancada, López Obrador respondía: "Yo tengo otros datos". Al final la economía cayó 0.1 por ciento.

La mentirá más repetida por López Obrador fue que México tendría un sistema de salud pública igual o mejor que Dinamarca. Lo dijo cerca de 40 veces. También sacaba un pañuelito blanco para declarar que en el país ya no había corrupción, sin importar los casos de Segalmex, el Tren Maya y tantos más. Dijo que en su gobierno estaba "prohibido prohibir", tras lo cual procedió a prohibir el fracking, el maíz transgénico, la minería a cielo abierto y los dispositivos de vapeo sin ningún fundamento científico. Afirmó que en la construcción del Tren Maya no se tiraría un solo árbol, pero después Fonatur reconoció que se habían derribado 7.3 millones entre 2019 y 2023.

Las mentiras no terminaron al concluir el sexenio de López Obrador. La presidenta Sheinbaum declaró que México es ya, con la reforma al Poder Judicial, "el país más democrático sobre la faz de la Tierra". El año pasado presumió que "Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo". La verdad es que hay 27 países con menor desempleo abierto, entre ellos Guatemala, pero además las cifras que utilizó la Presidenta son engañosas porque consideran empleados a quienes trabajan precariamente en la economía informal.

Ayer mismo la Presidenta dijo sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias: "Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar". Sin embargo, el texto muestra que a las emisoras de radio y televisión se les obligará a tener un "defensor de las audiencias", pero si sus decisiones no le gustan al gobierno este podrá sancionar unilateralmente a las emisoras con multas de hasta 1 por ciento de los ingresos totales por cada falta. Son multas brutales que podrían quebrar a cualquier empresa.

Si al gobierno se le aplica una multa del 1 por ciento del ingreso bruto del sector público, 10.2 billones de pesos en 2026, por cada mentira, tendría que pagar 102 mil millones de pesos por cada una. Si solo consideramos las 100 mil de López Obrador, el total acumulado sería de 10,200 billones de pesos: mil años del ingreso del sector público.

· A QUIÉNES

El intento de censura del gobierno se dirige hasta ahora solamente a la radio y la televisión abiertas mexicanas. Saben que no pueden censurar a Fox News, CNN o BBC en los canales de paga. Pero asusta que la Presidenta quiera censurar a la prensa y a las plataformas digitales.

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¿Cuántas cabezas rodarán?(Guadalupe Loaeza 

REFORMA, 30 julio 2026

"Me están pidiendo tu cabeza", me dijo Bernardo Barranco, ex director de TV Mexiquense. No lo podía creer, llevaba 14 años trabajando para la televisora del Estado de México como conductora, primero en el programa "Domicilio conocido" y luego al frente de "Déjà Vu". Ambos programas tenían muy buen rating. Era un despido sin ninguna causa justificada, sin ninguna indemnización de tres meses de salario como lo dicta la ley, más veinte días por año (artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo). Tampoco me darían la prima de antigüedad correspondiente a 12 días por año. Era evidente que mi despido "forzado" venía por orden de la gobernadora de la 4T, Delfina Gómez Álvarez. Me entrevisté con el licenciado Héctor Pérez para presentar mi demanda laboral ante el Tribunal Laboral, pero desafortunadamente y por causas de salud, ya habían pasado dos meses a partir del despido.

Ayer que leí el encabezado de nuestro periódico "Censuran a radio y TV; van por prensa y redes", me pregunté aterrada cuántas cabezas más rodarán a partir de los nuevos lineamientos sobre "los Derechos de las Audiencias" contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como bien dijo el senador panista Marko Cortés: "Están siguiendo el manual del autoritarismo, de las dictaduras, en donde empiezan por supuestas causas buenas a debilitar cualquier tipo de contrapeso, a tener mucho control, demasiado poder, sin equilibrio, y entonces es cuando se vienen todos los excesos".

He de decir que a pesar de que mis entrevistas a lo largo de 14 años jamás trataron de temas políticos, fueron siempre culturales, sin embargo, "me corrieron de la noche a la mañana por censura", seguramente porque no pertenecía a la 4T, o porque era demasiado independiente en la elección de mis invitados.

Sin libertad de expresión no hay democracia. Con estos nuevos lineamientos, ¿dónde está el derecho de la audiencia? Es un hecho que el Estado debe defender a las audiencias. El gobierno no puede decidir lo que es verdad y lo que no es verdad. Aunque la Presidenta diga lo contrario -"esto es falso, absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura", afirmó en respuesta a la primera plana de nuestro periódico-, en nuestro país sí hay censura, en la 4T sí hay censura, y en TV Mexiquense sí hay censura.

Habría que aconsejarle, con todo respeto, a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde -quien habló antier en la mañanera para explicar los "lineamientos"-, que revise sus cuerdas vocales. Resulta de verdad insoportable escuchar sus declaraciones tan desatinadas con relación a los "Derechos de las Audiencias" con ese timbre de voz tan pero tan tipludo. Por más que quise concentrarme en sus dichos, no pude e incluso terminé con dolor de cabeza. "Se ha dicho que estos lineamientos aplicarán para diferentes medios..." y hasta allí me quedé...

Opté entonces por informarme en Reforma sobre los detalles de los lineamientos que aplicará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a los concesionarios de radio y televisión: no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual; garantizar la distinción entre noticia y opinión; distinguir entre publicidad y contenido; derecho de réplica a quienes consideren hechos "inexactos o falsos"; obligar a los medios a contar con un "Código de Ética" y designar "defensoras de las audiencias"; castigos y multas a quienes no atiendan las quejas o "si la audiencia considera que no se restituyeron sus derechos". Se trata de una grave amenaza a la libertad de expresión.

Solía decir mi madre que la vida daba muchas vueltas, y vaya que tenía razón. ¿Quién le habrá avisado a Bernardo Barranco, hoy ex director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, que querían su cabeza? El 30 de septiembre de 2025 presentó su renuncia. Ya desde diciembre de 2024 se reportaba que fuentes cercanas al directivo aseguraban que la gobernadora de la 4T le había pedido su renuncia, aunque en ese momento se hablaba de que dejaría el cargo hasta enero. ¿Por qué lo corrió la gobernadora? Según dicen, habría colmado la paciencia del secretario general de Gobierno del estado, Horacio Duarte, tras múltiples quejas. En su lugar se quedó Carlos Brito.

Por eso ahora me pregunto: ¿cuántas cabezas empezarán a rodar con los nuevos lineamientos?

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