Las columnas políticas hoy, lunes 3 de agosto de 2026
Hacia un Ministerio de la Verdad
Tres analistas de peso coinciden hoy en una preocupación monumental. Me refiero a los nuevos lineamientos de la Ley de Audiencias bajo el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Lo que el discurso oficial nos empaqueta como la loable defensa de la "información veraz", no es otra cosa que la antesala legalizada de la censura estatal.
Raymundo Riva Palacio va directo a la yugular: el peligro no es buscar la verdad, es otorgarle al Estado el monopolio para definirla. Exhibe, además, una hipocresía gubernamental gigantesca: allá afuera glorifican a Julian Assange por sus filtraciones globales, pero aquí intentan criminalizar el uso de fuentes anónimas, las mismas que han destapado la cloaca de la corrupción en nuestro país.
Por su parte, Salvador Camarena advierte que hemos pasado de la confrontación abierta a una obsesión por el control absoluto. Quieren monopolizar la conversación pública creando una auténtica "policía mediática", ignorando que, al asfixiar a la prensa, el gobierno se vuelve ciego a sus propias fallas.
Pero es aquí donde Jesús Silva-Herzog eleva el debate y expone el tufo innegablemente orwelliano de esta propuesta.
Nos alerta del inmenso peligro de que el gobierno se asuma como un auténtico Ministerio de la Verdad, decidiendo qué es "buen periodismo" e incluso intentando regular la "pedagogía cívica" en programas de entretenimiento. Silva-Herzog desmonta la farsa de la supuesta autorregulación: el garrote y la sanción final siempre los tendrá el Estado. Un Estado que, peligrosamente, asume la libertad de expresión como una concesión del poder, dándole la espalda a la brutal realidad de violencia que ya enfrenta la prensa en México.
La frontera del autoritarismo se cruza en el momento exacto en que el Estado reclama para sí el papel de árbitro de la verdad. Y ante este escenario, no nos queda más remedio que volver a leer la monumental novela 1984 de George Orwell.
Orwell nos presentó el "Miniver", el Ministerio de la Verdad en la "neolengua" del régimen. Su función no era descubrir o proteger los hechos, sino falsificarlos sistemáticamente. El trabajo del protagonista, Winston Smith, era reescribir periódicos y documentos antiguos. Si el gobierno fallaba en una predicción económica, el artículo original se alteraba para fingir que el régimen siempre tuvo la razón. Eliminar el periodismo independiente es el primer paso para que el poder pueda borrar sus propios errores del registro histórico.
Orwell nos advirtió sobre el monopolio de la realidad: si el gobierno decreta que dos más dos son cinco, el sistema se encargará de que toda la sociedad lo repita y lo asimile. Sin una prensa libre que documente los hechos, el ciudadano pierde sus puntos de referencia y termina dudando de su propia memoria.
Y sobre todo, Orwell nos alertó de la trampa del "doblepensar": nombres que significan exactamente lo opuesto a su función real. El Ministerio del Amor torturaba, el Ministerio de la Paz hacía la guerra, y el Ministerio de la Verdad... mentía.
La lección es clara: debemos desconfiar de las etiquetas gubernamentales. Lo que el poder bautiza hoy como "protección de las audiencias", suele ser el andamiaje legal para justificar la censura.
La historia moderna lo confirma: la verdad es un concepto demasiado valioso y peligroso para dejárselo, en exclusiva, a los políticos. Cuando un gobierno crea leyes o comisiones para arbitrar la veracidad, rara vez lo hace para proteger al pueblo de las mentiras; casi siempre, lo hace para protegerse a sí mismo de las verdades incómodas.
Para la historia inmediata.
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Las columnas políticas hoy, lunes 3 de agosto de 2026
Templo Mayor/ REFORMA
HOY PODRÍA ser un buen lunes, excepto por el detalle de que Donald Trump tiene otra vez al mundo con el Jesús en la boca con sus vaivenes, avances y reversas en la guerra con Irán.
EN Estados Unidos ya perdieron la cuenta de cuántas veces se ha dado el fenómeno TACO (Trump Always Chickens Out, Trump Siempre se Raja), como se vivió el fin de semana. El viernes el mandatario afirmó que las Fuerzas Armadas de EU lanzarían una nueva y devastadora ola de ataques contra Irán. Para el sábado en la noche ya había anunciado que cancelaba la orden de ataque. Y ayer sostuvo que hoy se tiene listo un nuevo acuerdo de paz. ¡Ajá!
ESTO provoca que los precios del petróleo suban y bajen como en elevador, debido a la incertidumbre y lo más grave es que generan tanto en Estados Unidos como Medio Oriente la percepción de que Trump ya no sabe cómo acabar con la guerra y, en una de ésas, podría aceptar una derrota que no lleve ese nombre.
Y AHÍ ESTÁ el peligro para México: si Trump sale desplumado de Irán, buscará alguna otra guerra que sí pueda ganar para subir puntos ante su electorado, que lo tiene hoy en su peor nivel de aprobación. En ese contexto, atacar narcos al sur de la frontera podría sonar en su cabecita como una opción viable. Así empezamos la semana.
YA VIENE la época de definiciones y en los cuarteles del senador Luis Donaldo Colosio cuentan que el emecista pronto dejaría de deshojar la margarita rumbo al 2027. Sus cercanos comentan, sin quererlo confirmar todavía, que Colosio se estaría inclinando para competir por la gubernatura de Sonora, en lugar la de Nuevo León. Que así se lo habría comentado a su equipo el también ex alcalde de Monterrey.
UNA DE LAS RAZONES para lanzarse por la silla grande sonorense sería que, por esta ocasión, el periodo de gobierno será sólo de tres años y no el sexenio completo. Esto le permitiría a Colosio, en dado caso, la posibilidad de estar en la boleta presidencial sin tener que dejar a la mitad su gobierno, como sí le sucedería en Nuevo León.
LOS QUE SABEN afirman que en las próximas semanas el mismo Colosio estaría anunciando el humo naranja sonorense de su decisión. Veremos...
EL AMBICIOSO programa de las Utopías de Clara Brugada pinta para convertirse en eso: una utopía que no podrá concretarse.
LA MORENISTA prometió al inicio de su gobierno que para 2030 se habrían construido 100 de estos centros de convivencia urbana, que reúnen actividades deportivas, culturales y de capacitación. Y que a finales de 2025 (sí, el año pasado) ya estarían inauguradas las primeras 16, una por cada alcaldía capitalina.
¿CUÁL ES la realidad? Pues que a más de la mitad de 2026, apenas se han concluido siete Utopías. A ese paso, para fin de sexenio Brugada podrá cumplir apenas la quinta parte de su palabra. Un récord nada envidiable.
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Confidencial/El Financiero
Campaña anticipada
Andy López Beltrán, el hijo de AMLO, quien apenas a finales de mayo renunció a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal, el sábado pasado anunció en redes sociales, con bombo y platillos, que inició ¡su campaña! rumbo al proceso electoral de 2027. El junior de Macuspana dio a conocer que comenzó recorridos casa por casa en el sexto distrito federal de Tabasco y recorrería 170 secciones electorales. Y en el INE siguen pateando el bote de los límites al proselitismo adelantado.
Mensajes cargados de virus, ¿desde la cuenta de la FGR?
Ernestina Godoy, titular de la FGR, visitó este fin de semana las instalaciones de la dependencia en Veracruz. Ahí convocó a autoridades locales y federales a sumar esfuerzos y coordinar acciones para enfrentar los grandes desafíos en materia de seguridad. “Juntos lo podemos hacer”, dijo. El comunicado de este evento fue difundido por la propia FGR a través de un correo electrónico institucional en el que, al intentar abrirlo, aparece un mensaje de alerta en color rojo: “Este mensaje podría ser peligroso. Mensajes como este se han usado para robar información personal. No haga click en el enlace…”. Ojalá revisen el asunto antes de que se propague el virus.
Cuestión familiar
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, anduvo domingueando en familia. Ayer presumió una foto con su primo Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. Aseguró que dialogaron sobre el pasado, presente y futuro de la entidad, y seguirán unidos trabajando por el estado porque así “la tarea se complica menos”. ¿Qué andarán tramando?
Indirecta entre morenistas
Ante los despojos que ocurrieron la semana pasada en la colonia Del Valle, de la Ciudad de México, la senadora de Morena Guadalupe Chavira se pronunció por sacar de la congeladora del Senado las reformas al Código Penal por fraude procesal, que va contra aquellos “jueces y abogados que actúan como mafias contra propietarios legítimos de un bien”. O sea, le dio un raspón a su homólogo Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, donde dicha reforma duerme el sueño de los justos. A ver si después de sus festejos de cumpleaños de ayer, el chihuahuense se pone las pilas y convoca a la comisión.
La de CDMX, el agua más cara
Tras la publicación en estas páginas de los abusos que se están cometiendo en la capital del país desde la Secretaría de Gestión Integral de Agua (que reemplazó a Sacmex), surgió una serie de denuncias de usuarios que nos hacen saber de cobros excesivos, de un recibo a otro. Entre los casos que nos llegan son, por ejemplo, personas que pagaban 200 pesos y ahora les quieren cobrar 6 mil; quienes pagaban 500, ahora les quieren cobrar 18 mil, y quienes pagaban 700, les llegó un recibo de 68 mil. ¿Será que Clara Brugada, jefa de Gobierno, sí ordenará una revisión minuciosa?
Denuncia priista intento de censura
El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, denunció que Morena presentó ante el INE una petición para que censure sus redes sociales, al igual que ocurrió con el dirigente del tricolor, Alito Moreno. El diputado priista dijo que, aunque el partido mayoritario busca censurarlo, sus opiniones están amparadas en la inmunidad parlamentaria y acusó que el fracaso de Morena en seguridad es una de las razones por las que el partido guinda ha emprendido una cacería contra opositores que podría alcanzar a cualquier ciudadano.
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Estrictamente Personal
Infantino y la Ley de Audiencias/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, agosto 03, 2026 |
La nueva iniciativa presidencial sobre los derechos de las audiencias ha despertado una animada discusión sobre si el objetivo final es la censura de los medios electrónicos y, eventualmente, de la prensa escrita y las plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no quiere silenciar a los medios, sino ampliar las avenidas de la libertad de expresión. Para unos, esta reforma a los derechos de las audiencias, incorporadas a la Constitución en 2013, es una deriva autoritaria, pero las autoridades alegan que tratan de proteger el derecho a la información veraz, diferenciar noticia de opinión y fomentar la autorregulación. El problema es quién define qué es veraz y tiene la última palabra para sancionar. Ahí está la debilidad y amenaza: será la Presidencia la que decida lo que el pueblo reciba de información.
La iniciativa presidencial sobre la llamada Ley de Audiencias no podría explicarse mejor que con un caso práctico reciente: la reversa de Gianni Infantino a su plan que haría accionista de una nueva filial de la FIFA, con 20%, al fondo de Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. Su propuesta, que vivió 72 horas en la opinión pública, se habría mantenido en secreto, con tiempo para negociar discreta e individualmente el proyecto, de no ser porque se le atravesó el Financial Times, que al revelar sus deseos, detonó un rechazo global que terminó sepultándolo.
Bajo las disposiciones de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, eso habría sido imposible de difundirse en México salvo que un medio arriesgara su capital a una multa (que establece la propuesta) obscena, por haber sido lo que peyorativamente se define aquí un trascendido. Infantino, que sabe que en un sistema de rendición de cuentas no puede ser cínico, admitió la veracidad de la información. Actualmente en México, la verdad se fija en Palacio Nacional de manera discrecional y, no pocas veces, tramposa y mentirosa, por lo que esa iniciativa habría terminado en una realidad. El gobierno habría dicho que no era cierto, y como se ha visto en múltiples temas, la realidad termina desmintiéndolo.
Los trascendidos, o las filtraciones, como también suelen llamarse, son material inherente del periodismo de investigación y un subproducto de los sistemas abiertos. Solo los regímenes autoritarios controlan la información, la centralizan y ocultan la verdad, promoviendo su verdad. Las filtraciones no son el final de una información. En el periodismo de investigación, el anonimato de una fuente no es un sustituto de la evidencia, sino suele ser el punto de partida. Una filtración llega a la opinión pública, cuando no hay documentación de por medio, tras varios controles, como la corroboración de la información de manera independiente o, en casos extremos, el nivel y calidad de la fuente.
Ha habido errores, incluso cuando los medios y sus periodistas extremaron sus controles para evitarlos, como sucedió en 1983 cuando la revista alemana Stern y el periódico dominical británico The Sunday Times publicaron más de 60 volúmenes de diarios presuntamente escritos por Adolfo Hitler. Antes de hacerlo, contrataron historiadores de renombre que durante meses los revisaron antes de autentificarlos, pero al final, resultaron ser falsos. En otras ocasiones, en el mundo y en México, fuentes con acceso a información se han equivocado, con un costo para quienes la difundieron, pese a que, como el caso de los diarios de Hitler, hubieran reconocido su error.
Pero hay muchas más donde los gobiernos dicen que es falso lo publicado y tratan de descalificar y desestimar una información porque les hace daño. Es parte de la dinámica entre medios y gobierno, cuya historia muestra que la mayor parte de las grandes revelaciones del periodismo han comenzado con trascendidos y filtraciones, provocando renuncias presidenciales, condenas de líderes, reformas y cambios en instituciones públicas y privadas.
El Watergate, la joya paradigmática del periodismo de investigación realizado por los jóvenes Bob Woodward y Carl Bernstein en The Washington Post, tuvo como origen alrededor de 200 despachos, fuentes anónimas. La Casa Blanca los desmintió reiteradamente, pero Ben Bradlee, el legendario director del periódico, los respaldó. El gobierno de Richard Nixon interceptó los teléfonos de periodistas y funcionarios para descubrir las fuentes, y actuó legalmente contra ellas. Nixon finalmente renunció antes de que la Suprema Corte lo desaforara.
Años después, en Francia, el caso del buque Rainbow Warrior se convirtió en uno de los mayores escándalos de ese país, cuando Le Monde publicó en 1985 que agentes del servicio secreto francés hundieron con explosivos el buque insignia de Greenpeace en Nueva Zelanda, para impedir que protestara contra las pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa. El gobierno de François Miterrand encubrió a sus agentes y negó la información, pero el atentado se confirmó cuando la policía neozelandesa detuvo a dos agentes franceses que viajaban con identidades falsas. El ministro de Defensa, Charles Hernu, renunció; el director del Servicio de Inteligencia, también. El gobierno terminó reconociendo oficialmente su responsabilidad.
La ley Sheinbaum hubiera impedido que estallaran los escándalos del Watergate y del Rainbow Warrior, los abusos sexuales de la Iglesia católica o los Panama Papers. Algunas de las investigaciones periodísticas más influyentes de la historia comenzaron con fuentes anónimas o confidenciales y, eventualmente, al abrirse la concha, comenzaron a ser respaldadas con documentos, testimonios bajo juramento o investigaciones oficiales.
Hay otros casos donde los autores son perseguidos, como Julian Assange, que fundó WikiLeaks para publicar miles de cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos producto de una filtración, fue convertido en un héroe de la ‘4T’, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofreciéndole asilo político. El caso Assange es el contrasentido de la Ley de Audiencias al mostrar la hipocresía del régimen, que alega que la iniciativa no plantea la censura, omitiendo el hecho de que será el gobierno el que determine qué es verdad y qué falso.
La mentira, que es el principal eje de la comunicación política de López Obrador y Sheinbaum, abre ese ominoso camino hacia la censura, logrando, si avanza la iniciativa, un marco jurídico para castigar a la prensa independiente. No deja de ser paradójico que busque el silencio de los medios pese a tener el control del Congreso y el Poder Judicial, que son los agentes de cambio reales. Pero la sevicia con la que quieren actuar contra la crítica independiente sugiere que todavía hay algo que Sheinbaum y López Obrador temen y les preocupa.
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La Feria
O sea, no entienden/Salvador Camarena
El Financiero, La Feria
La mañanera nació para que, desde la jefatura del DF, Andrés Manuel López Obrador arrebatara al presidente Vicente Fox el control de la narrativa. AMLO imponía agenda nacional. Un cuarto de siglo después, su movimiento pretende más que ganar la conversación: monopolizarla, y para ello traspasa fronteras al diseñar un mecanismo censor que resultaría contraproducente.
Luego de triunfar en 2018, Andrés Manuel inició un proceso de control mediático. Hay que advertir varias tácticas de una sola estrategia: concentró en la mañanera la comunicación social, restó o quitó publicidad oficial a medios no aliados y atacó sin cansancio a la prensa crítica, incluidos, y particularmente, periodistas compañeros de viaje de cuando era opositor.
Por su parte, y además de seguir la mañanera, Claudia Sheinbaum llevó a un nuevo nivel la captura de los medios públicos, y se puede argumentar que voceros gubernamentales oficiales (y no me refiero a los que trabajan con ella desde hace años) y oficiosos, aumentaron su estridencia descalificadora. Sin embargo, a dos años de esa radicalización, la presidenta parece querer (y necesitar) más control.
Este gobierno creó otro espacio para dizque desenmascarar mentiras y ahora pretende “lineamientos” que depositarán en cinco subalternos de Claudia (encima, cuatro de ellos de nula experiencia en periodismo y/o defensoría de audiencias) la última palabra, multas incluidas, a la hora de decidir si la radio o la televisión atienden eventuales quejas de la ciudadanía sobre contenidos. Nacerá la policía mediática.
Y, con todo, ni la mañanera, ni una sesión vespertina de cacería de supuestas mentiras, ni el uso discrecional del presupuesto para cebar a paleros y premiar a medios aliados, ni convertir a los canales 11 y 22 en televisión de propaganda (en estos días se promueve un “documental” sobre AMLO –sí, sobre quien “no quería” su nombre en calles, plazas…–) le alcanzan a Claudia para imponer su verdad.
Lo que ocurre es que Sheinbaum está jugando el partido equivocado. López Obrador es un pugilista fajador que se trenzaba con los medios en una pelea en la que él casi siempre ganaba lo que pretendía. Fueron su alter ego, y no tengo duda de que llegó a disfrutar algunos de esos pleitos. Es parte de su carácter y fue su estrategia. Abusó del poder en contra de la prensa, mas parecía consciente de necesitarla.
Con la presidenta no es claro lo que pretende. Busca, qué duda cabe, un gobierno funcional para demostrar que su modelo social puede generar bienestar y, al mismo tiempo, quiere imponer la verdad oficial. No va a lograr ambas cosas sin costos para la primera. Porque la prensa ayuda a que se moderen insanos apetitos de gobernantes, y porque coartar la libertad de expresión pega en la inversión.
Si deja los lineamientos como están, lo esperable es que Sheinbaum imponga similares a la prensa escrita y a las redes. La presidenta no parece advertir que, como decían los priistas, lo que resiste apoya; que la prensa es su aliada para exhibir y contener a sus compañeros de movimiento y a funcionarios mediocres y/o corruptos. Si quiere un buen gobierno, reporteros y analistas le serían funcionales.
Pero, si lo que más ansía es la uniformidad, si lo que pretende es que los medios vivan el acoso de obradoristas azuzados para poner zancadillas recurrentes a los medios críticos, va por el camino adecuado. Con lo cual confirmaría que, a dos años de haber heredado el micrófono, resiente que ni por sus resultados ni por su propaganda logra imponer una narrativa y que, por ello, necesita más control.
Es, insisto, el partido equivocado. La presidenta se obsesiona con medios a los que termina por dar, con sus mañaneras o con inventijos como “los lineamientos”, más importancia. Resiente las coberturas porque no parece dispuesta a aceptar los errores de su antecesor y los suyos (léase los de sus colaboradores, heredados o propios). La prensa no tiene la culpa de la disfuncionalidad del gobierno.
Quizá el problema es hacerse rodear de gente que le dice que Chávez, Correa y Evo fracasaron porque los medios los sabotearon; gente que no entiende que precisamente el chavismo demostró que asfixiar a la prensa es parte del manual del perfecto fracaso populista.
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Comisión de la Veracidad/Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA 03 agosto 2026;
La presidenta de México está convencida de que la libertad de expresión es un regalo que ella nos hace, generosamente. Si quisiéramos censurar ya lo habríamos hecho, dijo el 30 de julio. Tenemos todos los instrumentos para hacerlo, pero hemos preferido no usarlos. ¡Qué amable, doña Claudia! Ella podría en un segundo silenciarnos, pero no lo hace. Cada vez que abramos la boca, deberíamos darle las gracias a la Presidenta por permitirnos hablar. El muro contra la censura no es la ley, sino la gracia presidencial. Cree también que "nunca ha habido mayor libertad de expresión que ahora." En el país más democrático del mundo, la estigmatización constante de periodistas críticos desde la tribuna presidencial, el asesinato de decenas de periodistas a lo largo del país, la censura que se sirve de los jueces y de las autoridades electorales existen solamente en la cabeza de los enemigos del pueblo.
La Presidenta ha hecho pública su intención de crear, dentro de su gobierno, una oficina de la verdad. La oficina estará situada en una dependencia del Ejecutivo. Por supuesto, esta oficina se nos ofrece como la gran protectora de las audiencias. Un órgano que nos cuidará de los mentirosos, de los discriminadores, de los manipuladores. Una institución que nos protegerá del mal periodismo y del mal entretenimiento. Una dependencia que velará por que los periodistas se conduzcan moralmente y que los verdaderos valores se difundan. La Comisión de la Veracidad cuidará, por ejemplo, que la opinión no se ofrezca como información. Suena bien, pero ¿qué significa que una agencia gubernamental se convierta en policía de esa regla periodística? Castigo por el tono en el que se presenta una información, sanción por la manera en que se hilan las noticias, pena por la manera en que se ilustra un reportaje.
Debe entenderse que los lineamientos no se limitan al periodismo, sino que se aplicarían a todos los contenidos trasmitidos en televisión y radio. Por eso, si una telenovela no registra fiel y respetuosamente la diversidad sexual, si no reconoce la pluralidad lingüística del país, podremos acudir al gran protector para que corrija al infractor. El tutor de los medios nos guiará para que las ideas y opiniones que se difundan "fortalezcan la vida democrática." Serán los comisionados de la veracidad quienes evalúen cuáles son las ideas que fortalecen la democracia y cuáles son las ideas que la debilitan. No exagero: leo las fracciones V y VI del artículo 8º de la propuesta que dan a una entidad menor poderes para intervenir en el contenido de los medios.
Mintió José Merino, quien sería jefe de esa comisión, cuando dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga que los lineamientos no regulan contenido y programación de los medios. Los lineamientos sí pretenden regular la programación que se trasmite y los contenidos que se difunden, bajo la idea de que el espectador o el radioescucha tiene derecho a recibir de los medios una pedagogía cívica al cuidado del gobierno. La programación de cada medio debe ser variada y reflejar la diversidad nacional. El gobierno tendría el poder de evaluar qué tan plural es la programación de un canal y qué tan fielmente retrata la diversidad mexicana. Más aún, de aprobarse la propuesta de Sheinbaum, una agencia presidencial tendría facultades para evaluar el carácter democrático o antidemocrático de las ideas que se difunden. Y tendría, por lo tanto, poderes para castigar a quienes promueven ideas equivocadas. Para el régimen, defender a las audiencias es cuidar que no entren en contacto con ideas nocivas.
El paternalismo autoritario de los lineamientos es inocultable. Y la idea de que el modelo que sigue es la autorregulación resulta indefendible. Ofende que pretendan decir que esta propuesta busca la autorregulación de los medios. Para Sheinbaum, la prensa no se regula con la prensa, sino con la amenaza de un castigo impuesto por el gobierno. Es cierto: en un primer momento los medios dictarían sus reglas éticas y nombrarían al defensor de sus audiencias. Pero poco importa esa instancia si la resolución final pasaría a la Comisión de la Veracidad del gobierno.
La propuesta censora está escrita con toda claridad: una agencia gubernamental castigaría a los medios que incumplan reglas vagas y que se aparten de la doctrina oficial.
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El narcopartido
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA,03 agosto 2026;
"La censura es publicidad pagada por el gobierno". Federico Fellini
PUERTO VALLARTA.- En una "sesión extraordinaria urgente de carácter privado", la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral prohibió a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y a este partido político "la difusión de diversas publicaciones en redes sociales que, a juicio del denunciante, contienen expresiones presuntamente calumniosas... La queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como 'narcogobierno', 'narcopropagandista', 'narcopolíticos', 'narcodictadura', 'Cártel de Morena' y 'narcopartido', las cuales, según el partido denunciante, le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada".
El nuevo INE, alineado con el gobierno y su partido hegemónico, prohíbe a un partido de oposición usar términos que promuevan la discusión sobre un tema fundamental para el país: si Morena y el régimen tienen vínculos con el narco. La comisión de quejas determinó, en una "reunión privada", que esas "atribuciones" son falsas, pero no presentó argumentos ni pruebas. Simplemente repitió lo que dijo el "partido denunciante". Es un acto de censura que no debería tener lugar en una democracia, especialmente cuando las medidas cautelares fueron promovidas por un partido que llegó al gobierno denunciando que sus rivales eran la "mafia del poder".
Si bien he sido crítico de la 4T, y de sus medidas para crear un nuevo régimen autoritario, lo cual me ha generado constantes descalificaciones desde la mañanera, he afirmado también que no pienso que tengamos un "narcogobierno". Esto me ha traído cuestionamientos de muchos de mis lectores. ¿Por qué pienso que no hay un narcogobierno? Porque veo esfuerzos importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el narcotráfico. Ni ella ni López Obrador detuvieron la "guerra contra las drogas". La Presidenta, incluso, ha abandonado el muy cuestionado lema político de AMLO de que el combate contra el narco debe llevarse a cabo con "abrazos y no balazos".
Sin embargo, a veces parece que López Obrador y Sheinbaum se han empeñado en fortalecer la idea de que están aliados con el narco. ¿Cómo olvidar la manera en que AMLO defendió a "El Chapo" ante las autoridades de Estados Unidos o cómo saludó a la madre del narcotraficante en Badiraguato? Sheinbaum se ha negado a detener y extraditar a los 10 de Sinaloa, encabezados por Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, a pesar de las acusaciones formales en su contra en Estados Unidos, avaladas por un gran jurado que analiza las pruebas, y de los indicios de que el Cártel de Sinaloa intervino en las elecciones de 2021 para apoyarlos.
Una acusación tan seria como la de que Morena está coludida con el narco debería combatirse con pruebas y no con censura. El INE se está convirtiendo en cómplice de la supuesta calumnia al dar credibilidad a las afirmaciones. Las medidas cautelares solo ayudarán a multiplicar las dudas sobre el régimen. En nada ayuda que la propia Presidenta haya aplaudido la censura en la mañanera.
Si el consejero Arturo Castillo y los otros miembros de la comisión pensaron que les estaban haciendo un gran favor a Morena y al gobierno, no entendieron las consecuencias de su decisión. La censura no mata las ideas, las fortalece. Las sospechas contra el gobierno y Morena ya tienen un sustento en las acusaciones de Estados Unidos contra los sinaloenses, pero además cuentan con el respaldo del presidente Trump y de los miembros de su gabinete. El tema no va a desaparecer simplemente porque el INE pretenda amordazar a Alito y a los priistas.
· DESTRUIR VALOR
La buena es que Pemex ganó 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026. No dice, sin embargo, que lo hizo en un periodo de precios internacionales extraordinariamente altos. La mala es que en todo el primer semestre el monopolio perdió 27,968 millones de pesos. Sigue destruyendo valor.
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Un juez federal, la SCJN y contratos por 14 mil mdp/Mario Maldonado
Una decisión judicial que pudo haber beneficiado temporalmente a un proveedor con contratos públicos multimillonarios exige explicación, transparencia y escrutinio público
El Universal | 03/08/2026 |
Un juez federal que aspiró a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió suspensiones que frenaron temporalmente las inhabilitaciones administrativas impuestas a uno de los mayores proveedores de seguridad privada del gobierno federal. Meses después, un tribunal colegiado revocó por unanimidad esas resoluciones al concluir que contravenían una jurisprudencia obligatoria de la Corte. El caso abre interrogantes sobre los alcances de las medidas cautelares cuando están de por medio miles de millones de pesos en contratos públicos.
El protagonista del caso es Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien participó como candidato en el proceso de elección para integrar el máximo tribunal del país. Dentro del juicio de amparo indirecto 2080/2025 concedió dos suspensiones definitivas solicitadas por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México para detener temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo.
No se trataba de cualquier contratista. De acuerdo con los registros públicos de Compras MX, Pryse acumuló 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026 por más de 14 mil 467 millones de pesos. Tan sólo en 2025 obtuvo contratos por alrededor de 5 mil 543 millones. La empresa ya había estado bajo escrutinio público tras la polémica por la contratación de servicios de vigilancia para museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, proceso que derivó en el cierre temporal de algunos de los recintos culturales más importantes del país durante la transición del servicio. Posteriormente fue inhabilitada por autoridades federales y buscó suspender esas sanciones mediante el juicio de amparo.
Las medidas cautelares produjeron efectos inmediatos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control del IMSS emitieron diversas circulares en el Diario Oficial de la Federación para informar a todas las dependencias federales que debía dejarse sin efectos temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones. También ordenaron suspender, mientras permanecieran vigentes esas resoluciones judiciales, la publicación de las sanciones en el propio Diario Oficial y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. La última de esas circulares fue publicada el 18 de diciembre de 2025.
Meses después llegó la revisión judicial. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió los recursos de revisión R.A. Inc. 14/2026 y R.A. 189/2026 y revocó ambas suspensiones. Las magistradas Pilar Maciel Aldana Huerta y Ana Yadira Alarcón Márquez, junto con el magistrado Rolando González Licona, concluyeron por unanimidad que las medidas cautelares eran improcedentes porque contravenían la jurisprudencia obligatoria 2a./J. 157/2010 emitida por la Segunda Sala de la SCJN.
Ese criterio establece que debe negarse la suspensión cuando su efecto sea impedir la ejecución de una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación pública o celebrar contratos con el Estado. El tribunal sostuvo además que conceder ese tipo de medidas afecta disposiciones de orden público vinculadas con el artículo 134 constitucional, que obliga a administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En otras palabras, consideró que una sanción de esa naturaleza no puede quedar sin efectos mediante una medida cautelar porque ello impacta directamente el régimen constitucional de las contrataciones públicas.
Las resoluciones del tribunal no afirman que el juez haya incurrido en alguna responsabilidad. Lo que establecen es que las suspensiones concedidas resultaban incompatibles con una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte y, por esa razón, debían revocarse. La diferencia no es menor y merece toda la precisión jurídica.
El expediente deja abiertas varias preguntas de interés público. La primera consiste en conocer por qué el juzgado estimó procedente apartarse de un criterio jurisprudencial que el tribunal consideró obligatorio. La segunda es determinar cuál fue el efecto práctico de esas suspensiones mientras permanecieron vigentes.
También falta conocer con mayor detalle las causas que dieron origen a las sanciones administrativas y el estado procesal definitivo de esos procedimientos. Al momento de la consulta realizada para esta columna, Grupo Pryse no aparecía en el directorio público de proveedores sancionados.
El nuevo modelo judicial está siendo evaluado por la solidez de las resoluciones de jueces, magistrados y ministros emanados de la elección del año pasado. Una decisión judicial que pudo haber beneficiado temporalmente a un proveedor con contratos públicos multimillonarios, y que posteriormente fue revocada por contravenir —según un tribunal colegiado— una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, exige explicación, transparencia y escrutinio público.
Posdata 1
La conducción de las finanzas públicas comienza a delinear el sello del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Al cierre del primer semestre, la dependencia ejerció 499 mil millones de pesos menos de lo programado, pero evitó un ajuste lineal sobre toda la administración pública. La disciplina en el gasto se combinó con la preservación de las prioridades sociales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En ese periodo, el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 7.2% en términos reales, mientras el gasto en desarrollo social aumentó 9.7%, el mayor crecimiento semestral desde que existe registro para esa clasificación. Los números muestran dónde estuvo el ajuste. Las dependencias tuvieron menos margen para operar, pero salud, educación, protección social y los programas prioritarios mantuvieron una trayectoria ascendente.
El menor ritmo del gasto también compensó el rezago de los ingresos. Los ingresos presupuestarios quedaron 141 mil millones de pesos por debajo del calendario, pero el déficit presupuestario cerró en 579 mil millones, frente a los 937 mil millones previstos. La diferencia fue de 358 mil millones de pesos, resultado de un ejercicio del gasto más contenido.
Más que un recorte generalizado, Hacienda utilizó el gasto como instrumento de consolidación fiscal. La prueba llegará durante la segunda mitad del año, cuando el gobierno deba mantener esa disciplina sin comprometer el cumplimiento de sus prioridades presupuestarias. Por ahora, la dependencia amplió su margen de maniobra fiscal sin modificar la jerarquía del gasto social.
Posdata 2
Un relevo que pasó prácticamente inadvertido en la Secretaría de Hacienda fue el de Jorge Trejo, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas. Su salida ocurrió hace unos días en medio de las tensiones generadas por las compras consolidadas del gobierno federal. Aunque en el sector financiero circuló la versión de que sería enviado a una institución de banca de desarrollo, hasta ahora no existe confirmación de ese movimiento.
Su lugar fue ocupado por María Dolores Arellano Sesmas, quien hasta hace poco encabezaba la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura. Antes fue subdirectora de Administración y Finanzas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y también formó parte del Gobierno de la Ciudad de México, con cargos en Metrobús y en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Arellano Sesmas fue investigada por la Fiscalía General de la República por irregularidades en la asignación de contratos durante su paso por el ISSSTE. Después de que una jueza dictó inicialmente la no vinculación a proceso, la Fiscalía volvió a judicializar el caso y obtuvo su vinculación por un supuesto distinto dentro de la misma investigación.
Arellano pasa así de administrar los recursos y las compras de Agricultura a controlar la operación interna de la dependencia responsable de las finanzas públicas del país. El relevo no es menor, porque la TUAF de Hacienda interviene en contrataciones, servicios, recursos humanos y materiales, precisamente ahora que las compras consolidadas y el manejo administrativo del gobierno están en revisión.
Su llegada a Hacienda se dio de la mano de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, con quien tiene una amistad que data, por lo menos, desde que trabajaron juntas en la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Posdata 3
En el caso de los Tigres de la UANL, fuentes de la regiomontana Cemex, que dirige Jaime Muguiro, aseguran que no existe la intención de vender el 40% del equipo de futbol al fondo de inversión Apollo Global Management.
La semana pasada surgió la versión de que, ante un supuesto recorte en el flujo de recursos hacia la franquicia, la empresa filial Sinergia Deportiva buscaba capitalizarse con este fondo extranjero que hace apenas unos años intentó, sin éxito, entrar a la Liga MX de la mano Juan Carlos Rodríguez “La Bomba”. Sin embargo, la realidad es que hay un plan al respecto.
Lo que sí se espera en el corto plazo es una limpia en el cuadro directivo de Sinergia, que ahora lleva Carlos Emilio González, empezando por sus responsables del área deportiva y de comunicación.
Posdata 4
Hablando de temas de comunicación, Alberto Petrearse, exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Felipe Calderón y actual responsable de relaciones públicas para Latinoamérica y España del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quedó bajo escrutinio tras una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a las que se les solicitó revisar el origen de sus ingresos, la evolución de su patrimonio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y los contratos obtenidos después de dejar el servicio público, además de analizar la eventual existencia de conflictos de interés.
El caso resulta de interés por la trayectoria de Petrearse dentro y fuera del sector público. Además de haber encabezado la comunicación social de la Sectur durante la gestión de Gloria Guevara, ocupó cargos similares en la Secretaría del Trabajo y en la Policía Federal, y posteriormente fundó Media Global Solutions, una firma de comunicación y relaciones públicas que ha representado a empresas y organismos del sector turístico, incluido el WTTC. Desde esa posición se ha convertido en una voz crítica de la política turística del actual gobierno. Ahora será la autoridad la que determine si la denuncia aporta elementos suficientes para iniciar una investigación o si los señalamientos deben descartarse.
@MarioMal
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