¿Pacto familiar o ultimátum del régimen? La caída de Mónica Soto

¿Pacto familiar o ultimátum del régimen? La caída de Mónica Soto

Parece que una vez más la gravedad de la ley se doblegará ante la conveniencia política, todo apunta a que la Cámara Alta le firmará a Mónica Soto el pase de salida sin chistar, consumando un nuevo atropello a la norma. | Fred Álvarez

Publicado como opinión en la web La Silla Rota, 19/8/2026 · 21:00 hs

@fredalvarez

La magistrada Mónica Araly Soto Fregoso recoge sus oficinas y se despide de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF). Su partida, sorpresiva a todas luces, deja en los pasillos un eco que resuena mucho más a una huida precipitada que al retiro sereno de quien concluye su encomienda. ¿El motivo oficial que decide poner sobre la mesa? Un insólito "pacto familiar".

Es una justificación con tintes íntimos que choca de frente contra el rigor de la Constitución, cuya redacción no admite medias tintas: el Senado de la República sólo puede avalar este tipo de separaciones del cargo por "causas graves". Un acuerdo doméstico, por respetable que sea, no alcanza a cubrir el peso de esa cuota legal. Pese a la falta de sustento, todo apunta a que la Cámara Alta le firmará el pase de salida sin chistar, consumando un nuevo atropello a la norma. Después de todo, es un guion ya ensayado por un Senado que sentó un precedente de impunidad cuando aceptó, sin exigir motivo de fuerza mayor alguno, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Una vez más, la gravedad de la ley se doblegará ante la conveniencia política.

Cuesta trabajo encajar la excusa de la magistrada en tan estricta categoría jurídica... a menos, por supuesto, que la verdadera gravedad no resida en su familia, sino en las asfixiantes presiones que deambulan por los pasillos del alto Tribunal. Ya en 2019, desde las páginas de La Silla Rota, me preguntaba exactamente eso: ¿cuáles son verdaderamente las causas graves para una renuncia de este calibre?

https://lasillarota.com/opinion/2019/10/10/cuales-son-las-causas-graves-de-la-renuncia-168843.html

Con tres décadas de trayectoria a sus espaldas, la versión oficial sugería que regresaría a su natal Baja California Sur en busca de la calma y la brisa del mar. Sin embargo, en el círculo rojo se lee otra cosa. Se murmura sobre un exilio dorado: un cómodo consulado, quizá en Houston, o alguna embajada en Europa, como premio a los buenos oficios prestados a la “Patria”.

Existe, no obstante, un dique legal. Hasta donde sabemos, estaría impedida para ocupar un encargo de esa naturaleza. La Ley General en Materia de Delitos Electorales es tajante en su artículo 18: "Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales (…), desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado (...) dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo". Pero bueno, se pueden brincar la ley, que tanto es tantito.

La historia juzga

Pero la historia inmediata no perdona, y ya comienza a juzgar el paso de estos magistrados por el máximo tribunal. El saldo es innegable: más pena que gloria. Bajo la presidencia de Mónica Soto —1 de enero de 2024 hasta octubre de 2025—,  las sesiones exhibieron a menudo una preocupante falta de rigor técnico-jurídico. Lo que verdaderamente marcará su legado —y el de quienes le hicieron coro— es su dócil alineación ante el poder.

Fue ella quien, junto con su bloque, avaló la polémica sobrerrepresentación en el Congreso. Aquella decisión se construyó con los votos de la propia Soto, de Felipe de la Mata Pizaña (como ponente del proyecto) y de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, arrastrando también la postura de Reyes Rodríguez Mondragón. Frente a ellos, solitaria pero histórica, quedó la disidencia argumentada de Janine Otálora Malassis. Con ese fallo, la magistrada presidenta y su mayoría entregaron en bandeja de plata una supermayoría legislativa; la misma llave maestra que hoy sirve para reconfigurar, y desmantelar, a las instituciones del Estado.

Resulta imposible borrar de la memoria, además, aquella sesión del 20 de agosto de 2025. Lo que debió ser un debate jurídico sobre el destino de la elección judicial, se descompuso rápidamente en un amargo duelo de ironías. Las evidencias no flotaban en la abstracción de un expediente; el magistrado Reyes Rodríguez las materializó sobre los escritorios. Llevó físicamente al pleno más de 3 mil "acordeones" impresos, el cuerpo del delito con el que buscaba anular la contienda.

La tensión en la herradura estalló en el instante en que le deslizó uno de esos papeles a la presidenta. 

-"¿Es este el bueno?", inquirió ella. 

Rodríguez no dejó pasar el lance: "El que tiene usted en la mano es el acordeón ganador. Espero que no haya ido a votar con ese, ¿verdad?". 

El golpe acusó recibo. Visiblemente molesta y endureciendo el gesto, Soto atajó: "¡Magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento, y le pido respeto al pleno y a su presidenta!".

Fueron tres horas ríspidas. Por un lado, Otálora y Rodríguez sosteniendo que la distribución masiva de esas guías ilegales envenenaba el proceso de origen. Por el otro, Soto, escudada junto a Fuentes y De la Mata, levantando un muro argumentativo inexpugnable, pero ciego: reconocieron la existencia de los acordeones, sí, pero exigieron la quimera de nombres, facturas y testimonios de presión directa para acreditar la inducción del voto.

Al final, los datos duros se estrellaron contra la pared del formalismo. Poco importaron los miles de papeles probatorios o el escandaloso patrón atípico que desnudaba cómo el 45% de los sufragios calcaba exactamente la misma combinación. La aritmética de la mayoría aplastó a la evidencia. Por un solo voto de diferencia, desestimaron las pruebas, frenaron la anulación y extendieron un cheque en blanco que validó de golpe a más de 800 juzgadores que hoy nos juzgan a todos.

Pero detrás de la coraza institucional, hay una fractura humana. Esta mañana, desde las páginas de El Universal, Carlos Loret de Mola descorrió el velo sobre el verdadero detonante de esta renuncia: un ultimátum inapelable. Según relata, la escena tuvo lugar en una reunión reciente con magistrados afines, orquestada por instrucciones de Palacio Nacional. Hasta ahí llegó un enviado del más alto nivel —cuyo nombre seguimos sin conocer—, con la encomienda de cobrar facturas. Sin rodeos, les restregó en la cara los "favores" concedidos: desde las jugosas extensiones de mandato de hasta 20 años para algunos, hasta el reciente espaldarazo político para otros.

El mensaje fue directo: de cara a las elecciones de 2027, que anticipan críticas e intentos de intervención extranjera, el régimen exige lealtad total. Cero dudas. Cero titubeos. El gobierno necesita la garantía absoluta de que "las cosas salgan como el gobierno quiere que salgan".

Ante un silencio incómodo en la sala —comenta Loret—, el emisario atajó: "Si quieren no respondan ahorita, reflexiónenlo... y nos avisan". Fue en ese momento de abismo cuando Mónica Soto rompió el libreto: "Yo renuncio".

La decisión sorprendió a todos. Soto había sido el brazo operador electoral del régimen, aquella que le dijo "sí" a todo. Pero el costo fue demasiado alto. Como bien apunta el periodista, Soto solía ser antes una magistrada moderada, una constructora de puentes que terminó cediendo a la presión hasta convertirse en la obediente cabeza de una mayoría aplastante.

Esa metamorfosis cobró una factura íntima. En sus círculos más cercanos, las miradas cambiaron: el respeto y la admiración de antaño se diluyeron en decepción. Ese desgaste personal, el peso asfixiante de ver su prestigio público erosionado, marcó el punto de quiebre. Antes que seguir transitando por la ruta de sumisión absoluta que se le exigía desde el poder, prefirió soltar el encargo. La versión tiene toda la lógica del mundo. No me consta que la escena haya ocurrido calcada al milímetro, pero a lo largo de los años he conocido a personajes que hoy confiesan, en corto y con amargura, el arrepentimiento asfixiante por haber tomado decisiones que torcieron el rumbo de la historia.

Soto saldrá antes de que arranque el proceso electoral de 2027. El INE ya aprobó su hoja de ruta, y lo que viene no es un simple trámite; a nivel federal, la madre de todas las batallas será por el control de San Lázaro, con la renovación de sus 500 escaños. Y en lo local, el pulso será frenético: 17 gubernaturas cambiarán de manos, desde Baja California hasta Quintana Roo, pasando por Chihuahua, Sinaloa y Guerrero. A esto sumemos 31 congresos locales y más de mil 700 ayuntamientos. Miles de historias, miles de decisiones en juego.

Como decía el poeta Antonio Machado, al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Mónica Soto deja una senda fuertemente marcada por la complacencia ante el poder. Se va, acaso buscando que la historia no la juzgue con tanta dureza. Pero en esa maquinaria devoradora que es la política mexicana, cuando dejas de ser útil y te niegas a la entrega total, te conviertes automáticamente en un estorbo. La República, tarde o temprano, le exigirá cuentas.

Por lo pronto, queda una duda irónica flotando en el aire: ¿será que, entre tanta prisa, también le habrán revisado la visa?

Comparto mi video comentario: Soto: ¿Un exilio dorado o un asunto de dignidad?

https://www.youtube.com/watch?v=kJ2IkRi6Kw8

 PD1.- ¿Puede el TEPJF anular una elección por injerencismo extranjero? Sí, ya tiene la llave. Apenas el pasado 2 de junio, una reforma al artículo 41 constitucional consagró expresamente esta conducta como causal de nulidad.

Pero llevar la teoría a la práctica es un salto al vacío. Comprobar la famosa "determinancia" exige evidencia material y fehaciente de que la intervención extranjera alteró el resultado final. En el derecho electoral, la mera sospecha no anula urnas.

El verdadero embudo, sin embargo, es la omisión del Congreso. Nos dejaron una redacción tan amplia como ambigua por la falta de leyes secundarias: hoy nadie sabe si la "injerencia" castiga financiamiento ilícito, ciberataques o las simples opiniones de gobiernos foráneos. Ante este limbo jurídico, voces como la de Ricardo Monreal (Morena) ya anticipan lo inevitable: sin reglas claras, la nueva causal es inaplicable hoy y su estreno real podría patearse hasta el 2030, pero los magistrados pueden aplicarle en 2027, si se ofrece.

PD2.- La frágil defensa mañanera: ¿Soberanía o pasaporte familiar? Lo que presenciamos el martes  en Palacio Nacional no fue un debate de Estado, sino el reflejo de una lealtad atrincherada frente a un dilema insalvable. Como bien apunta Raymundo Riva Palacio en El Financiero, tras la cancelación de la visa al hijo del expresidente, Claudia Sheinbaum justificó el hecho como un diferendo exclusivo entre un individuo y el gobierno estadounidense, no como un conflicto entre naciones. Pero ahí mismo, la reportera Dalila Escobar (Proceso) lanzó el dardo: si es un asunto estrictamente particular, ¿por qué el Estado mexicano asume el agravio como una afrenta a la soberanía nacional?

La respuesta presidencial tropezó con su propio peso. Argumentó que se trata de una "persona políticamente expuesta", un término que —irónicamente— pertenece al rigor financiero y sirve precisamente para cerrarle la puerta al crédito a quienes arrastran el servicio público en su currículum.

Al apropiarse de un pleito privado, la Presidencia difumina peligrosamente la línea entre la investidura de la República y una red de protección familiar. La  pregunta inevitable: ¿desde cuándo la defensa de la soberanía de México se reduce a litigar el pasaporte del hijo del expresidente?

Fred Álvarez