El Culiacanazo que no hemos exorcizado: pagar rescates con impunidad

México, miércoles 14 de octubre de 2026

CASO TOTOLAPAN

El Culiacanazo que no hemos exorcizado: pagar rescates con impunidad

El fantasma de Culiacán no ha sido exorcizado, su sombra sigue intacta dictando las condiciones en Morelos y en el resto del país; aquel Culiacanazo nos ha costado demasiado caro como para seguir repitiéndolo. | Fred Álvarez.

La Silla Rota, 14/10/2026 · 22:06 hs

En la conferencia mañanera del martes 13 de octubre resonó una pregunta incómoda en Palacio Nacional. El periodista Israel Aldave, de Radio Fórmula, puso sobre la mesa el operativo fallido en Totolapan, Morelos, donde un grupo criminal acorraló a las autoridades hasta obligarlas a soltar a un presunto líder criminal. El cuestionamiento era frontal: ¿cómo se interpreta que el Estado se vea obligado a ceder ante el crimen organizado?

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum trajo de vuelta un eco ineludible, demostrando que el fantasma de Culiacán sigue rondando las decisiones del gobierno federal. Con un enfoque que prioriza el drama humano frente a la firmeza táctica, la mandataria argumentó que la rendición temporal de las autoridades se justifica bajo un objetivo superior: "salvar vidas". Al igual que en aquel 'Jueves Negro' de 2019 en Culiacán, la filosofía de seguridad de la administración mantiene que, en situaciones de alto riesgo donde la población civil queda expuesta, es preferible liberar al objetivo. Se concibe como una pausa táctica; ceder en el momento para evitar un baño de sangre, con la promesa de reestructurar un operativo para lograr la captura en el futuro. Y a veces todo queda en promesa.

Sin embargo, frente al peso político de este tropiezo, Sheinbaum pintó una raya clara para delimitar responsabilidades. Aunque confirmó que el Gabinete de Seguridad federal ya había tenido comunicación con el gobierno de Morelos, la Presidenta fue tajante: el operativo fue diseñado y ejecutado a nivel local. En esta narrativa de rendición de cuentas, dejó claro que corresponde estrictamente al gobierno estatal dar la cara y explicar las fallas que los llevaron a perder el control frente a la delincuencia.

Hay que decirlo como fue: lo de Totolapan fue un operativo ciego. Agentes de la Fiscalía de Morelos enviados para recuperar un inmueble caminaron directo a las fauces del lobo: sin inteligencia, sin pertrechos adecuados y en absoluta orfandad táctica.

De acuerdo con las versiones oficiales, la crisis se detonó en tres actos. El primero fue una diligencia ministerial, aparentemente rutinaria. El segundo fue un arresto fortuito. A cinco cuadras del lugar, agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) se toparon de frente con José David Vergara, alias "El Güero del Gym". No se trataba de un delincuente menor: es el líder criminal de la plaza y el segundo de a bordo de la organización Pueblos Unidos, encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", un grupo que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado.

Los oficiales de campo cumplieron estoicamente con su deber y lo detuvieron en flagrancia por posesión simple de droga a las 14:50 horas. La versión oficial explica así por qué no pidieron refuerzos: no lo estaban buscando. 

Pero lo que debió ser una victoria de la justicia mutó, por pura incompetencia de los escritorios, en una tragedia humana. El tercer acto marcó el desastre y desató la aplicación impecable del manual operativo del cártel: bloqueos, patrullas incendiadas y caos. Una unidad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que transitaba por la zona fue interceptada. Su presencia en el lugar sigue siendo una incógnita; Luis Eduardo Flores Barrios, titular de la  FIDAI, argumentó que los agentes aún no rendían declaración debido a las múltiples heridas que sufrieron. Sin embargo, la fiscalía admitió una grave irregularidad: entre los agentes iba un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizando su servicio social, quien resultó herido de bala. Imágenes en internet muestran a las víctimas ensangrentadas sobre una camioneta, sometidas a tortura física y psicológica.

En el aparato de seguridad imperó la ceguera: la mano derecha ignoraba lo que hacía la izquierda. Como lo documenta una nota de Reforma, firmada por Verónica Bacaz y Benito Jiménez, el nivel de desarticulación fue tal que la Secretaría de Seguridad estatal, encabezada por el general de Brigada José Luis Bucio, ni siquiera estaba enterada del operativo inicial. El propio mando militar confesó que sus efectivos respondieron a un llamado de auxilio cuando el infierno ya se había desatado. «Ellos llevaban el armamento y los chalecos», reveló el general en una declaración que destila impotencia.

El general Bucio hace su trabajo pero no hay coordinación, lamentablemente.

Para coronar el desastre y exhibir la orfandad táctica, brillaron por su ausencia los efectivos de la Marina y los equipos federales asignados al mismísimo Plan Cuautla. Al activarse las alertas, la prisa por remendar el error provocó un desenlace fatal. Una patrulla que acudía a ciegas a sofocar el infierno se accidentó en el kilómetro 0 de la autopista La Pera-Cuautla. Como bien apunta Héctor de Mauleón en El Universal, cuatro efectivos de la Guardia Nacional perdieron la vida en lo que califica acertadamente como un "misterioso accidente carretero". No fueron "bajas colaterales": eran servidores públicos abandonados por la ceguera de sus superiores.

Arrinconado por sus propios desatinos y bajo el chantaje del poder de fuego, al Estado no le quedó más remedio que capitular. Y el gobierno, en efecto, se dobló.

¿Cómo fue la negociación y con quién? 

Bajo la amenaza de asesinar a los agentes, los criminales exigieron la liberación de su jefe. Según Reforma, entre las 15:30 y las 19:00 horas, un equipo de crisis de la Fiscalía estatal especializado en secuestros entabló conversaciones con los delincuentes. Alrededor de las 19:35 horas, se consumó el intercambio: los tres colaboradores fueron liberados y Vergara regresó a las calles a seguir delinquiendo.

Las autoridades se negaron a revelar con quién negociaron. En un comunicado escueto, el fiscal de Morelos se justificó alegando que, para preservar la vida de los secuestrados, decidieron soltar al capo amparados en el Protocolo Nacional de Actuación de Atención a Víctimas de Secuestro. Trató de minimizar el hecho argumentando que el delito de narcomenudeo no ameritaba prisión preventiva. Sin embargo, en un acto de cinismo institucional, el fiscal ocultó convenientemente que este individuo tenía una orden de aprehensión vigente. Además, el gobierno estatal ha guardado silencio sobre los otros tres presuntos delincuentes que iban en la camioneta accidentada. Morelos vive su hora más crítica en materia de seguridad e ingobernabilidad.

Es en este escenario de naufragio donde surge el dilema que hoy sacude a la comunidad jurídica: ¿cometió un delito el fiscal Fernando Blumenkron Escobar al firmar esa liberación? Blumenkron defendió la concesión de esta libertad sosteniendo que, por encima de todo, se privilegió la vida de los agentes. "La decisión de liberar a la persona detenida para rescatar con vida a los tres compañeros privados de su libertad fue una determinación institucional en estricto apego a derecho", afirmó.

Quienes examinan la maniobra únicamente desde el rigor literal del Código Penal argumentan que el intercambio de prisioneros roza la evasión de presos y los delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, el derecho penal no es un dogma ciego. Nuestra legislación contempla el estado de necesidad justificante, que opera cuando se sacrifica un bien jurídico menor (la retención preventiva de un imputado) para salvar uno irreparable e infinitamente superior: la vida.

La vida no es negociable, y el Estado carece del derecho legal y moral de exigir heroísmos suicidas a sus subordinados para tapar sus propios errores de planeación. Por ello, la determinación del Fiscal no configura en su origen un acto punible, sino la última medida de salvamento ante una nave que la propia autoridad dejó a la deriva. El verdadero reproche —moral, administrativo y penal— no reside en la firma de un acuerdo bajo la presión inminente de la ejecución de tres agentes, sino en la negligencia criminal de la cadena de mando que envió a su gente sin protección al corazón del peligro.

A la mañana siguiente, la narrativa oficial intentó maquillar el desastre con el barniz de la "prudencia". Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, secundó la postura presidencial, admitió la insuficiencia de las fuerzas estatales y desenfundó la desgastada promesa de que no habrá impunidad. Para justificar la rendición en Morelos, argumentó que soltar al líder criminal era la única vía para evitar un baño de sangre frente a una población civil movilizada por el cártel. Escudó el fracaso en la casualidad: al tratarse de un arresto fortuito durante la recuperación de un inmueble, los agentes quedaron en absoluta orfandad táctica, sin el estado de fuerza ni el acompañamiento federal necesarios.

En un intento por normalizar esta claudicación, Harfuch usó como salvavidas el caso de La Esperanza, Puebla, recordando que allí el Estado también liberó a criminales para rescatar a oficiales retenidos, logrando capturarlos tiempo después. Así, delineó la doctrina federal ante los escudos humanos del crimen: el gobierno no confrontará a la población civil que protege a cárteles como Pueblos Unidos, limitándose a prometer futuras capturas de delincuentes y autoridades coludidas. Mientras tanto, en Cuernavaca, los mandos estatales y la gobernadora optaron por la salida fácil y desviaron la culpa hacia los alcaldes.

El mensaje oficial confirma la tragedia: se cede hoy para pagar la factura de la improvisación institucional, rogando que el futuro brinde una segunda oportunidad para aplicar la ley. La realidad que desnuda Totolapan es implacable. Las vidas de los agentes se salvaron, sí, pero no como un triunfo de la estrategia gubernamental, sino como el pago de un rescate tras un fracaso monumental.

El fantasma de Culiacán no ha sido exorcizado; su sombra sigue intacta dictando las condiciones en Morelos y en el resto del país. Aquel Culiacanazo nos ha costado demasiado caro como para seguir repitiéndolo.

La claudicación en Totolapan exige una revisión transparente para certificar la estricta necesidad de la medida. Pero si la fiscalización se limita a perseguir el documento que salvó tres vidas, mientras deja impune la cadena de omisiones que desató el desastre, las instituciones habrán vuelto a fallar. La lección queda escrita con sangre: cuando el Estado improvisa, la delincuencia impone las reglas; y el costo lo pagan los policías en la trinchera y la sociedad en las calles.

¡Para la historia inmediata!

@fredalvarez