Amnazado el legado de dos Papas

Abusos en la Iglesia amenazan el legado de dos Papas
Cardenal del Vaticano defiende al Papa en medio de escándalos Por VICTOR L. SIMPSON
The Associated Press
CIUDAD DEL VATICANO -- El Vaticano enfrenta una de las crisis más graves de los tiempos modernos a medida que el escándalo de abusos sexuales se acerca al mismo papa Benedicto XVI, amenazando no sólo su legado sino el de su reverenciado predecesor.
Benedicto asumió una posición mucho más enérgica en el caso de los abusos sexuales que Juan Pablo II cuando ascendió al papado hace cinco años, disciplinando a un clérigo favorito del pontífice anterior y alejando de la Iglesia a otros bajo una nueva política de ninguna tolerancia.
Pero persiste la impresión de una Iglesia remisa y de un Papa responsable de permitir la permanencia en sus parroquias de sacerdotes pedófilos.
En un editorial publicado el viernes, el National Catholic Reporter en Estados Unidos exhortó a Benedicto a aclarar su papel en el "mal manejo" de los casos de abusos sexuales, no solamente en la crisis actual sino durante sus funciones en los años 80 como arzobispo de Munich y después al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Todo se reduce a la cuestión de qué sabía el Papa y cuándo. La respuesta casi seguramente determinará el destino del papado de Benedicto.
A medida que se acerca la Semana Santa, el período más solemne del calendario cristiano, grupos de víctimas y otros reclaman que Benedicto acepte su responsabilidad personal. Y unos pocos dicen que debería renunciar.
Algunos temen que la crisis aleje a los católicos de la Iglesia. Una encuesta en la Alemania natal del pontífice revela disgusto entre los católicos, mientras prevalece un profundo resentimiento en la otrora firmemente católica Irlanda.
A medida que el clima se enrarece, el Vaticano muestra creciente impaciencia con sus denuncias de lo que considera una campaña para desprestigiar al Papa.
L'Osservatore Romano, la publicación del Vaticano, dijo esta semana que había "una intención clara y despreciable" de atacar a Benedicto "a cualquier costo" con las recientes revelaciones sobre el modo en que el Vaticano manejó los abusos por parte de religiosos.
Pero mientras la atención se centra en Benedicto, se plantea una cuestión quizás más espinosa acerca de cuánto sabía sobre los abusos sexuales el reverenciado Juan Pablo II, y si fue demasiado tolerante con los sacerdotes pedófilos.
Juan Pablo presidía la Iglesia cuando estalló el escándalo de abusos sexuales en Estados Unidos en el 2002, y el Vaticano se vio inundado de quejas y demandas bajo su liderazgo. Pero durante la mayoría de sus 26 años en el papado, las diócesis individuales y no el Vaticano se responsabilizaron de investigarlo.
El profesor Nick Cafardi, abogado experto en derecho canónico y civil, y ex titular de la junta revisora laica de los obispos estadounidenses que estudió los abusos, dijo que Benedicto fue "muy valiente" al revertir el apoyo vaticano de una organización plagada de escándalos y que Juan Pablo había defendido enérgicamente.
Juan Pablo ya padecía de la enfermedad de Parkinson cuando estalló el escándalo en Estados Unidos, un factor que sus partidarios creen pudo haberle impedido darse cuenta de la magnitud del hecho.
Cuando el cardenal Bernard Law fue el religioso más prominente en caer, al renunciar como arzobispo de Boston por el escándalo allí, Juan Pablo lo designó titular de una basílica romana y lo mantuvo en varios comités del Vaticano.
Juan Pablo es candidato a la beatificación -camino de la santidad- gracias a las gestiones de Benedicto.
El cardenal José Saraiva Martins, titular emérito de la oficina vaticana que se encarga de la promoción de los santos, dijo esta semana que los historiadores que han estudiado la vida y obra de Juan Pablo, como parte del proceso de santidad, no hallaron nada problemático en su manejo de los escándalos.
"Fue estudiado por los historiadores", afirmó. "Y según ellos no había nada que fuese un verdadero obstáculo a su causa de beatificación. Son muy estrictos
Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/03/26/683470/abusos-en-la-iglesia-amenazan.html#ixzz0jOSz8IRf

Pánico moral

Clima artificial de pánico moral/Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad Complutense y Académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Publicado en EL MUNDO, 22/03/10;
Un Tribunal de La Haya decidió en julio de 2006 que el partido pedófilo Diversidad, Libertad y Amor Fraternal (PNVD, en sus siglas en holandés) «no puede ser prohibido, ya que tiene el mismo derecho a existir que cualquier otra formación». Los objetivos de esta formación eran reducir la edad de consentimiento (12 años) para mantener relaciones sexuales, legalizar la pornografía infantil, respaldar la emisión de porno duro en horario diurno de televisión y autorizar la zoofilia. El PNVD se ha disuelto esta semana. Al parecer, ha contribuido decisivamente la «dura campaña» lanzada desde todos los frentes, internet incluido, por el sacerdote católico F. Di Noto, implacable en la lucha contra la pedofilia.
Esta buena noticia -cuyo protagonista es un sacerdote católico- coincide con otra mala, protagonizada también por sacerdotes de esta confesión. Me refiero a la tempestad mediática desatada por abusos sexuales de algunos clérigos a menores de edad. Los datos: 3.000 casos de sacerdotes diocesanos involucrados en delitos cometidos en los últimos 50 años, no todos declarados culpables por sentencia condenatoria. Según Charles J. Sicluna -algo así como el fiscal general del organismo de la Santa Sede encargado de estos delitos-, «el 60% de estos casos son de efebofilia, de atracción sexual por adolescentes del mismo sexo; el 30%, de relaciones heterosexuales; y el 10%, de actos de pederastia verdadera y propia, esto es, por atracción sexual hacia niños impúberes. Estos últimos, son unos 300. Son siempre demasiados, pero hay que reconocer que el fenómeno no está tan difundido como se dice».
Efectivamente, si se tiene en cuenta que hoy existen unos 500.000 sacerdotes diocesanos y religiosos, esos datos, sin dejar de ser tristes, suponen un tanto por ciento no superior al 0,6%. El trabajo científico más sólido que conozco de autor no católico es el del profesor Philip Jenkins: Pedophiles and Priest, Anatomy of a Contemporary Crisis (Oxford University Press). Su tesis es que la proporción de clérigos con problemas de desorden sexual es menor en la Iglesia Católica que en otras confesiones. Y, sobre todo, mucho menor que en otros modelos institucionales de convivencia organizada. Si en la Iglesia Católica pueden ahora resaltar más -y antes- es por la centralización eclesiástica de Roma, que permite recoger información, contabilizar y conocer los problemas con más inmediatez que en otras instituciones, confesionales o no. Hay dos ejemplos recientes que confirman los análisis de Jenkins. Los datos facilitados por las autoridades austríacas indican que, en un mismo período de tiempo, los casos de abusos sexuales señalados en instituciones vinculadas a la Iglesia han sido 17, mientras que en otros ambientes eran 510. Según un informe publicado por Luigi Accatoli, clásico del Corriere della Sera, de los 210.000 casos de abusos sexuales registrados en Alemania desde 1995, sólo 94 corresponden a personas e instituciones de la Iglesia católica. Un 0,045%.
Me da la impresión de que se está generando un clima artificial de pánico moral, al que no es ajeno cierta pandemia mediática o literaria centrada en las desviaciones sexuales del clero, convertidas en una suerte de pantano moral. Nada nuevo, por otra parte, pero que ahora alcanza cotas desproporcionadas, al conocerse hace unos días los casos ocurridos en Alemania, Austria y Holanda. La campaña recuerda las leyendas negras sobre el tema en la Europa Medieval, la Inglaterra de los Tudor, la Francia revolucionaria o la Alemania nacional-socialista. Coincido con Jenkins cuando observa: «El poder propagandístico permanente de la cuestión pedófila fue uno de los medios de propaganda y acoso utilizados por los políticos, en su intento de romper el poder de la Iglesia católica alemana, especialmente en el ámbito de la educación y servicios sociales». Esta idea es ilustrativa, si se piensa en aquel comentario de Himmler: «Nadie sabe muy bien lo que ocurre tras los muros de los monasterios y en las filas de la comunidad de Roma…». Hoy también se mezcla la información de datos y hechos con insinuaciones y equívocos provocados. Al final, la impresión es que la única culpable de esa triste situación es la Iglesia católica y su moral sexual.
Dicho esto, es evidente que el problema tiene la gravedad suficiente para abordarlo sin oblicuidades. Vayamos a sus causas. Debo reconocer que me llamó la atención el énfasis que Benedicto XVI puso en la reiterada condena de estos abusos en su viaje a EEUU. Los analistas esperaban alguna referencia al tema. Pero sorprendió que cuatro veces aludiera a estos escándalos. Y es que, en realidad, esta cuestión hunde sus raíces en los 60 y 70, pero estalla a principios del nuevo milenio con sus repercusiones patrimoniales y de reparación para las víctimas. Algo, pensaba yo, que pertenece al pasado. A un pasado que coincidió con la llamarada de la revolución sexual de los 60. Por entonces se descubrió, entre otras filias y fobias, la novedad de la pedofilia, apuntando, entre otros objetivos, a la demolición de las murallas levantadas para impedir el contacto erótico entre adultos y menores. ¿Quién no recuerda a Mrs. Robinson y a Lolita? Si se hurga un poco comprobaremos que algunos de los más inflexibles moralistas actuales fueron apóstoles activos de la liberación sexual de los 60/70.
Esta revolución ha marcado a una cultura y a su época, dejando una profunda huella que contagió también a ciertos ambientes clericales. Así, algunas universidades católicas de América y Europa desarrollaron enseñanzas con una concepción equívoca de la sexualidad humana y de la teología moral. Al igual que toda una generación, algunos de los seminaristas no fueron inmunes y actuaron luego de modo indigno. Contra esa podredumbre se enfrentó decididamente Juan Pablo II, cancelando el permiso de enseñar en esos centros a algunos docentes, entre ellos a Charles Curran, exponente cualificado de aquella corriente.
Benedicto xvi, no obstante las raíces antiguas del problema, decidió actuar con tolerancia cero en algo que mancha el honor del sacerdocio y la integridad de las víctimas. De ahí sus reiteradas referencias al tema en EEUU y su rápida reacción convocando a Roma a los responsables cuando el problema estalló en algunas diócesis irlandesas. De hecho acaba de hacerse pública una dura carta a la Iglesia en Irlanda donde el Papa viene a llamar «traidores» a los culpables de los abusos y anuncia, entre otras medidas, una rigurosa inspección en diócesis, seminarios y organizaciones religiosas. Resulta sarcástico el intento de involucrarle ahora en escándalos sexuales de algún sacerdote de la diócesis que regentó hace años el arzobispo Ratzinger. Sobre todo si se piensa que fue precisamente el cardenal Ratzinger quien, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmó el 18 de mayo de 2001 la circular De delictis gravioribus (Crímenes más graves), con duras medidas ejecutivas contra esos comportamientos. El propio hecho de reservar a la Santa Sede juzgar los casos de pedofilia (junto con los atentados contra los sacramentos de la Eucaristía y la Confesión) subraya la gravedad que les confiere, así como el propósito de que el juicio no aparezca condicionado por otras instancias locales, potencialmente más influenciables.
Desde luego, en todas partes cuecen habas. Nigel Hamilton ha escrito sobre la presidencia de EEUU: «En la Casa Blanca hemos tenido a violadores, mariposones y, para decirlo suavemente, personas con preferencias sexuales poco habituales. Hemos tenido asesinos, esclavistas, estafadores, alcohólicos, ludópatas y adictos de todo tipo. Cuando un amigo le preguntó al presidente Kennedy por qué permitía que su lujuria interfiriese en la seguridad nacional, respondió: ‘No puedo evitarlo’».
Ante el problema, la Iglesia es una de las pocas instituciones que no ha cerrado las ventanas ni atrancado las puertas hasta que pase la tormenta. No se ha acurrucado en sí misma «hasta que los bárbaros se retiren a los bosques». Ha plantado cara al problema, ha endurecido su legislación, ha pedido perdón a las víctimas, las ha indemnizado y se ha tornado implacable con los agresores. Denunciemos los errores, desde luego, pero seamos justos con quienes sí quieren -a diferencia de Kennedy- arreglarlos.

Intervenciones telefónicas

El juez ante las escuchas telefónicas/Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra

Publicado en EL PAÍS, 25/03/10;

El proceso judicial relacionado con el entramado de corrupción del llamado caso Gürtel ha cobrado una nueva dimensión. Se trata de la controversia jurídica suscitada a raíz de la decisión, ya tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de anular las pruebas obtenidas tras la orden del juez instructor de interceptar las comunicaciones telefónicas registradas entre diversos imputados por corrupción que están en prisión y algunos de sus abogados, a los que a su vez se les relaciona con actividades de la misma naturaleza vinculadas con la trama presuntamente delictiva.

Se cuestiona la validez constitucional de estas escuchas telefónicas. Al margen de otros aspectos, el caso ofrece especial relevancia en tanto que se arguye que en la instrucción judicial se habría lesionado el derecho al secreto de las comunicaciones y, en relación con ello, también el derecho a la defensa que protagonizan los abogados. Razón por la cual la obtención de las pruebas estaría viciada en su origen por una extralimitación del juez.

Acerca de esta cuestión, es preciso retener la atención sobre la posición del juez ante la atribución constitucional de la que dispone para, en su caso, interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. Esto es, cuáles son los requisitos y condiciones que inciden sobre la limitación de este derecho constitucional de libertad.

Antes hay que recordar que el derecho al secreto de las comunicaciones es una garantía formal de la libertad para comunicarse sin interferencias. Con independencia del contenido de la comunicación, lo que se protege es el continente: la impenetrabilidad de la comunicación para terceros, ya sea un poder público o un particular. Y ello con independencia de que se trate de aspectos íntimos o reservados de la persona. Por tanto, el bien jurídico protegido es el proceso de comunicación mismo.

Ahora bien, la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, “salvo resolución judicial”. ¿Cuáles son las garantías constitucionales que legitiman la intervención de las telecomunicaciones? Con carácter general, son las siguientes: 1) la existencia de una previsión legal de la medida de intervención con suficiente precisión; 2) la autorización judicial de forma motivada y tomada en el curso de un proceso, y 3) la ejecución de la medida de acuerdo a criterios de proporcionalidad, o lo que es lo mismo, que la intervención responda a un fin constitucionalmente legítimo.

La incidencia de estas garantías en el caso Gürtel ofrece las siguientes consideraciones. En relación a la habilitación legal para intervenir las comunicaciones entre presos y abogados, aquella se encuentra en el artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “el juez podrá acordar, en resolución motivada, (…) la observación de las comunicaciones (…) telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”.

Es lo cierto, sin embargo, que el Tribunal Constitucional en su STC 184/2003, FJ 5, ha señalado las insuficiencias de este precepto de la ley, en tanto que no responde a todas las condiciones exigidas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar excesos. Por ejemplo, el hecho de que la ley no establezca un límite temporal para la prórroga de las intervenciones telefónicas. Pero también es cierto que la ley sigue vigente porque el Tribunal no la declaró inconstitucional en este punto, sino que al señalar sus deficiencias ha establecido una doctrina garantista fundada en la jurisprudencia de Estrasburgo (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de febrero de 2003, caso Bugallo Prado c/ España) que los jueces deben aplicar en la actualidad.

Sobre este particular, conviene subrayar que en el caso que ofrece el entramado de corrupción destaca la implicación nada menos que de cuatro abogados de los presuntos corruptos. Lo cual pone de relieve que el abogado, por el hecho de serlo, no puede quedar exento de una intervención judicial de sus comunicaciones, si de su actuación se derivan indicios delictivos. Razón por la cual no es aplicable lo previsto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, que prescribe que las comunicaciones entre interno y abogado defensor “no podrán ser suspendidas o intervenidas, salvo por orden judicial y en supuestos de terrorismo”. Y no lo es si, como es el caso, el abogado también está implicado en una acción delictiva, sin que el precepto de la Ley Penitenciaria pueda invocarse cuando el abogado se encuentre implicado en una causa penal. Sería concebir el derecho de defensa como una patente de corso para el abogado.

Por otra parte, es preciso recordar que el artículo 18.3 de la Constitución no impone ninguna limitación a la intervención judicial de las comunicaciones por razones objetivas (tipo de delito) ni subjetivas (persona afectada).

En cuanto a las garantías constitucionales de la reserva de jurisdicción, es decir, la intervención judicial y la ejecución de las medidas, cabe señalar que la acción del juez ha de venir presidida por el principio de proporcionalidad. Es decir, las intervenciones telefónicas han de limitarse a aquellas que estén dirigidas a un fin constitucionalmente legítimo que pueda justificarlas.

Entre estos fines se hallan la defensa del orden y la prevención de los delitos calificables como graves (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de julio de 1998, caso Valenzuela c/ España). Y la gravedad del hecho no se determina exclusivamente por la pena que merezca el delito, sino también por la incidencia de otros factores, como los bienes jurídicos protegidos y la relevancia social de las conductas (STC 299/2000, FJ 2). Y, desde luego, parece obvio que las conductas corruptas lo son.

La intervención judicial ha de cumplir, asimismo, dos exigencias más: ser motivada y producirse en el contexto de un proceso. En cuanto a lo primero, teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“indicios de responsabilidad criminal”), la jurisprudencia constitucional establece que la resolución judicial ha de explicitar la existencia de indicios, tanto de la existencia de un delito grave como la conexión de la persona investigada con el mismo; indicios que han de ser algo más que simples sospechas, pero algo menos que indicios racionales, que es lo que se exige para el procesamiento judicial (STC 167/2002, FJ 2). Y en cuanto a la intervención en el curso de un proceso, cabe decir que se trata de una garantía que ha de permitir hacer más controlable y eficaz la propia actuación judicial.

Finalmente, el control judicial de la ejecución de la medida obliga a que esta se atenga en su aplicación a los estrictos términos en los que fue autorizada, especialmente en lo que se refiere a su alcance objetivo, a la concreción de las personas afectadas y a su limitación temporal.

En consecuencia, la intervención judicial de las comunicaciones está sometida a unas garantías constitucionales indeclinables que el juez debe tutelar. Pero, a su vez, el abogado transgresor de la ley no puede pretender quedar inmune cuando sobre el mismo recaen indicios de acción antijurídica.

José Barba

Admiten legionarios abusos de Maciel

José Barba aseguró que el pronunciamiento de los Legionarios se trata sólo de un ejercicio retórico.

Demandan castigo para quienes ayudaron al fundador de los Legionarios

Nota de Irene Savio y Leslie Gómez

Reforma, Ciudad del Vaticano (27 marzo 2010).- Los Legionarios de Cristo admitieron ayer por primera vez que su fundador, el padre Marcial Maciel, cometió abusos sexuales contra menores de edad y pidieron perdón a las víctimas por haber ignorado sus denuncias.

"Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fuesen falsas e infundadas...

"Sin embargo, en 2006 (...) la Congregación para la Doctrina de la Fe llegó a una certeza moral suficiente para imponer sanciones canónicas graves, correspondientes a las acusaciones hechas en contra del P. Maciel, entre las cuales se incluían actos de abuso sexual a seminaristas menores.

"Por lo tanto, profundamente consternados debemos decir que estos hechos sucedieron", reconoció la congregación a través de un comunicado difundido en Roma.

"No podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal", agregó.

En el documento, que se divulga cuatro años después de que el Papa Benedicto XVI ordenara a Maciel retirarse a vida privada, los Legionarios y su brazo seglar, Regmun Cristi, ofrecen una disculpa a las víctimas.

"Queremos pedir perdón a todas aquellas personas que lo acusaron en el pasado y a quienes no se dio crédito o no se supo escuchar pues en su momento no podíamos imaginarnos estos comportamientos".

Rechaza disculpa víctima de Maciel

José Barba Martín, ex miembro de los Legionarios de Cristo y víctima de abuso sexual de Marcial Maciel, señaló que la disculpa emitida por la congregación en la que reconocen el daño provocado por su fundado es insuficiente, toda vez que se trata de un ejercicio puramente retórico.

"Se trata de un ejercicio retórico, un documento que a pesar de que está firmado por 16 miembros no es un documento serio", destacó Barba, en entrevista telefónica.

Ayer, los Legionarios admitieron por primera vez que Maciel cometió abusos sexuales contra menores de edad, y pidieron perdón a las víctimas por haber ignorado sus denuncias.

"Estamos profundamente consternados y tenemos que reconocer que son ciertas las acusaciones contra el padre Maciel, entre las que se incluían abusos sexuales a seminaristas menores'', admitió la congregación mexicana a través de un comunicado difundido en Roma.

José Barba Martín sostuvo que el comunicado no habla en ningún momento de reparación del daño, ni del castigo a quienes respaldaron y encubrieron a Maciel.

Exigió que se inicie una investigación independiente, porque no ha habido intenciones de reparar el daño a las víctimas.

Por su parte, Alberto Athié, ex sacerdote que ha denunciado los abusos cometidos por Marcial Maciel consideró que el "perdón" expresado por los Legionarios de Cristo obedece más a una presión del Vaticano, que a una inte ción por investigar los hechos y resarcir el daño.

Athié señaló que la organización debe reunirse con las víctimas y ofrecer una investigación seria que permita conocer cómo la congregación lo protegió.

"Son más de 40 víctimas vivas, este comunicado sale después de muchos años de haberlo negado, finalmente ya hay un reconocimiento explícito de que el padre Marcial Maciel cometió estos abusos, se puede decir que hay un a ance, pero por supuesto esto no es de ninguna manera el paso final de este asunto", destacó.

Agregó que la congregación debe dar a conocer la verdad de lo que ocurrió durante muchos años, debido a que Maciel no sólo cometió abusos a los menores, sino que impuso sobre ellos el silencio.

"Algunos se volvieron cómplices de Marcial Maciel, se convirtieron en victimarios de otros niños, es necesario reconstruir toda la historia y ver todo lo que significa esta relación que construyó el padre Maciel y de qué manera uso esta legión para sus fines y cómo la congregación lo encubrió, lo protegió durante años", apuntó en entrevista.

A pesar de que reconoció que es un paso que los Legionarios admitan los abusos Maciel, no se muestra voluntad para una investigación e incluso una reunión con las víctimas.

"No es sólo pidiendo perdón, sino reconstruyendo la dignidad de las personas, su fama, su honorabilidad, sus daños socioeconómicos obviamente, esto es un paso más, porque de no reconocer absolutamente nada a lo que hoy vemos, se nota un avance, pero ellos han tenido que dar este paso porque se estaba ya responsabilizando al Papa Benedicto XVI de que no hizo nada al respecto", dijo.

Desmentido al NYT

Desmentido de la Santa Sede y la arquidiócesis de Munich

CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 26 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- Las nuevas acusaciones del New York Times contra Benedicto XVI no son más que "mera especulación", aclara la Santa Sede, confirmando que el Papa es ajeno a la reintegración pastoral en la arquidiócesis de Munich de un sacerdote condenado por actos de pederastia.

El diario neoyorquino repitió este 26 de marzo, en un artículo, informaciones que había publicado el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", (Cf. ZENIT, 12 de marzo de 2010), en las que se acusaba al cardenal Joseph Ratzinger de haber asignado a ese sacerdote, conocido como "H.", a la asistencia pastoral en una parroquia de Munich sin ningún límite.

Se trata del segundo artículo, publicado por el New York Times en días consecutivos con el objetivo de atacar directamente a Benedicto XVI. Ambos artículos han sido categóricamente desmentidos por el Vaticano.

En este viernes, el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, ha remitido a un nuevo comunicado de la arquidiócesis bávara en el que se repite que el cardenal Ratzinger no tuvo ningún papel en la decisión de reintegrar pastoralmente a ese sacerdote, que correspondió al entonces vicario general, Gerhard Gruber, quien se ha asumido plena responsabilidad.

Según la arquidiócesis, Ratzinger se había limitado a acoger en la propia arquidiócesis al presbítero, procedente de la diócesis de Essen, en enero de 1980, para ser sometido a una terapia en Munich a causa de sus trastornos sexuales y poder contar con una casa de residencia.

"Más especulaciones" es el título de la breve nota con la que informa sobre esta cuestión el diario de la Santa Sede, "L'Osservatore Romano" en su edición italiana del 27 de marzo.

Según el desmentido de la arquidiócesis de Munich, presentado por el padre Lombardi a los periodistas, que en el Vaticano pidieron una aclaración este viernes, "el artículo del New York Times no contiene ninguna nueva información además de las que la diócesis ha comunicado ya acerca de los conocimiento del entonces arzobispo sobre la situación del sacerdote H.".

"La archidiócesis confirma por lo tanto su posición según la cual el entonces arzobispo no conocía la decisión de reinsertar al sacerdote H. en la actividad pastoral parroquial", sigue diciendo el comunicado. "La archidiócesis rechaza cualquier otra versión considerándola una mera especulación".

"El entonces vicario general, monseñor Gerhard Gruber, ha asumido la plena responsabilidad de la decisión, propia y equivocada, de reinsertar a H. en la pastoral parroquial", concluye la arquidiócesis de Munich.

****