Presupuesto 2011

Todos contentos... menos el paísCarlos Acosta Córdova

Revista Proceso # 1777, 21/10/2010;

Una vez más se cumplió el ritual: el Ejecutivo propuso un presupuesto y los legisladores de oposición lo impugnaron acremente… para al final aprobarlo con cambios mínimos. Todo queda igual y todos están contentos con un sistema impositivo obsoleto y un Presupuesto de Egresos que no sirve a la economía, sino a los intereses partidistas.

Aprobado en las primeras horas del martes 16 el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se había cumplido al pie de la letra el ritual de cada año.

El 8 de septiembre el gobierno envió al Congreso el grueso legajo que contenía el programa económico para 2011, con sus dos grandes apartados de ingresos y egresos. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo definió como un programa “responsable, que garantiza crecimiento económico, que no pone en riesgo la credibilidad de México en el mundo, (sino que lo exhibe) como un país viable, solvente, que tiene lo suficiente para enfrentar sus retos”.

Además, decía Cordero, “no se incurre en sobreendeudamientos excesivos” y “da certeza fiscal” porque no trae cambios en el marco tributario: ni nuevos gravámenes ni cambios en las tasas impositivas.

En materia de gasto el programa, decía el secretario, “trae un presupuesto responsable, austero, que atiende las principales necesidades del país; con recortes importantes al gasto público, (pues) el gobierno se está ajustando el cinturón, para darle prioridad a la construcción de infraestructura, a las pequeñas y medianas empresas, a la seguridad, a la agenda social, a la educación, a la atención médica de las familias más pobres de México”.

Un paquete económico, pues, perfecto, a decir del gobierno. Como lo hace cada año. Y también, como cada año, la oposición partidista se encargó de hacer el mayor ruido posible y descalificar el plan del gobierno.

Amagaron con bajarle un punto porcentual a la tasa del IVA y dejarlo en 15%; también con modificar radicalmente el paquete económico.

Los encontronazos

La Cámara de Diputados –y en menor medida el Senado– es siempre el escenario de los “encontronazos”. Cuando el secretario de Hacienda compareció ante el pleno, el pasado 14 de septiembre, para defender el programa económico, todos los partidos distintos del PRI lo atacaron. Pero el PRI se fue a la yugular.

El diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien el año pasado fue crítico, pero cortés y mesurado, esta vez trocó en un rudo diputado priista. Le dijo a Cordero que el presupuesto del gobierno no era austero ni reducía el gasto corriente ni tenía como prioridad el bienestar de la población.

Más entrón, y hasta bravucón, fue el diputado David Penchyna. Con el programa económico que están presentando, le dijo al secretario, ratifican que “ustedes enarbolan una política económica que no resuelve la pobreza, que no genera empleo y cancela las oportunidades de desarrollo del país”.

Remató: “Haremos los cambios y las modificaciones para no permitir que la población sea afectada”.

Pero la amenaza de enmendarle la plana al Ejecutivo, que cada año hacen los priistas desde que el PAN es gobierno, se queda sólo en eso, en amenaza. El PRI incluso debió retractarse de la propuesta de regresar el IVA a 15% (y 10% en la frontera) que cacareó desde el 26 de agosto.

Fueron los gobernadores priistas quienes frenaron a sus líderes parlamentarios y partidistas. La reducción al IVA implicaba perder por recaudación hasta 35 mil millones de pesos y, por tanto, serían menores las transferencias federales a estados y municipios. Y en ello los gobernadores, de cualquier partido, nunca dan un paso atrás.

Humillados, los legisladores priistas vieron en los huracanes de la temporada su tabla de salvación. El agua que devastó poblaciones en varios estados les resultó “bendita”, pues fue el pretexto para desistirse de su intentona de bajar el IVA.

En la parte de ingresos los diputados poco le hicieron a la propuesta oficial. Se fueron por la vía de modificar algunos supuestos macroeconómicos, subir algún impuesto de fácil aceptación social, por mayor endeudamiento y por seguir dependiendo del petróleo. Nada que cambie la estructura de los ingresos.

El gobierno propuso, como base de todo el planteamiento macro para 2011, un precio del crudo de 63 dólares por barril; los diputados lo subieron a 65.4 dólares. El gobierno decía que el balance entre ingresos y egresos, como porcentaje del PIB, excluyendo la inversión de Pemex, no podía ser mayor de 0.3%; los diputados dijeron que el déficit fiscal aguantaba hasta 0.5% del PIB.

El gobierno proyectaba un crecimiento económico para 2011 de 3.8%. Los diputados dijeron que no, que ya el Fondo Monetario Internacional había subido sus proyecciones para México y que –ahora sí había que hacerle caso al Fondo– debía ser 3.9% la estimación de crecimiento del PIB. 

Los diputados también decidieron aplicarle un impuesto de 25% a las bebidas energizantes y subirle el precio a los cigarros, de seis centavos que ellos mismos habían aprobado desde el año pasado, a 35 centavos por unidad, lo que da un aumento de siete pesos por cajetilla de 20 cigarros. Sólo el aumento al tabaco dejará al fisco 12 mil millones de pesos.

Por estos aumentos y los cambios virtuales de los supuestos macroeconómicos, los ingresos públicos del país aumentarían 68 mil 230 millones 100 mil pesos. 

Pero a esto habría que descontarle casi 7 mil 630 millones de pesos que dejará de recibir el erario por los apoyos fiscales que se darán a los patrones que contraten a trabajadores de primera vez. También habrá que restar 50 millones de pesos que dejará de recibir el fisco por apoyos a la producción teatral.

Los ingresos adicionales netos “logrados” por los diputados fueron de 60 mil 550 millones 200 mil pesos. Así los ingresos totales para el próximo año serán de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos. Un “espectacular” 1.8% más de lo que preveía el gobierno.

Cálculos políticos

 Si el Ejecutivo no se animó a hacer propuesta alguna en el ámbito impositivo –que es la única fuente segura, permanente y sana de ingresos para cualquier gobierno–, menos los diputados. Otra vez imperó el cálculo político: el próximo año se definen seis gubernaturas estatales y el siguiente es la elección presidencial. Entonces nadie se mueve.

Quedaron intocados los vicios, las insuficiencias del sistema fiscal.

Estudios académicos del CIDE, del ITESM y del ITAM han dado cuenta de que de una fuerza laboral de casi 47 millones de personas, sólo 14 millones pagan impuestos sobre el ingreso (renta); de ellos, 80% son asalariados a quienes se les retienen los impuestos. 

También que la evasión fiscal, aunque se ha ido acotando, sigue elevada, muy por encima de parámetros internacionales: cercana a 3% del PIB y alrededor de 23% de la recaudación potencial: de cada 100 pesos que podrían recaudarse, 23 se pierden porque simplemente no se pagan. En términos del PIB, a precios actuales, significa poco menos de 400 mil millones de pesos.

Y una vez que ni gobierno ni diputados hicieron nada por cambiar la estrategia fiscal, que descansa prácticamente en los contribuyentes cautivos –los trabajadores asalariados–, pasaron a discutir el siempre conflictivo Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Obviamente los diputados se olvidaron de amagues y amenazas y de promesas de hacer un presupuesto orientado a la inversión productiva y al crecimiento económico. Operaron como siempre: a la bolsa de 60 mil 550.2 millones de pesos que lograron hacer con cambios a los supuestos macroeconómicos le agregaron otros 35 mil 416 millones de pesos, producto de recortes a varias partidas. Acumularon 95 mil 996.2 millones que destinaron a hacer ampliaciones en algunos rubros y reasignar recursos a otros.

Reparto de lo sobrante

De un presupuesto de 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos, lo que estuvo en disputa fue cómo repartían esos casi 96 mil millones –2.8% del total– no para hacer un presupuesto que impulsara de manera decidida la economía, sino para que todos los intereses, de gobierno y de partidos, más o menos quedaran satisfechos.

Donde más aplicaron la tijera fue en el servicio de la deuda pública (casi 6 mil millones de pesos), en aportaciones a seguridad social (casi 5 mil 500, gran parte de ellos para pensiones de extrabajadores de Luz y Fuerza), a la CFE le quitaron poco más de 4 mil 700 millones de los 32.8 mil que quería aumentarle el gobierno y al Consejo de la Judicatura le recortaron 3 mil 487 millones, 10% de la asignación que proponía el Ejecutivo. 

La mayoría de esos recortes los impulsó el PRD apoyado por el resto de las bancadas.

Además del Consejo de la Judicatura sólo la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvieron recortes en su asignación propuesta: 191 millones la primera y 76.6 millones la segunda. De cualquier manera ambas tendrán un presupuesto mayor que el aprobado para este año: casi 500 millones adicionales para los diputados y 106 más para la ASF.

También las dependencias federales fueron objeto de la tijera, pero en porcentajes que en su mayoría no llegan a 1% de la propuesta original para 2011; aun así todas tendrán más presupuesto que este año.

Por el lado de las ampliaciones presupuestales, de acuerdo con un comparativo hecho por el economista Juan Moreno, asesor parlamentario del PRD y quien participó en las discusiones del presupuesto, el mayor incremento absoluto, de casi 20 mil millones de pesos, se lo llevó el sector de Comunicaciones y Transportes, que es donde se dan los jaloneos cada año por el tema de las carreteras.

Luego, con casi 16 mil millones de pesos, el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, en el que se incluyen partidas siempre disputadas por gobernadores y alcaldes, como los fondos metropolitanos, el regional y el de pavimentación a municipios. 

En esta partida quedó incluida una asignación de 4 mil 500 millones de pesos del nuevo Fondo Nacional de Reconstrucción (que constará de casi 50 mil millones), propuesto por el PRI, a cambio de desistirse de su propuesta de reducir el IVA.

Otra ampliación importante fue la de casi 15 mil millones para la Secretaría de Agricultura; de ellos buena parte se juntaron con recursos de otras dependencias para darle al Programa Especial Concurrente (PEC, el siempre conflictivo presupuesto del campo) casi 34 mil millones de pesos.

A la SEP, 12 mil 621; a la Semarnat, 9 mil 255, y a la Secretaría de Salud, 9 mil 242 millones de pesos más.

En números gruesos, los ganones fueron los de siempre: los que se pelean cada año por más recursos para carreteras, para apoyos al campo y para suplir sus deficiencias recaudatorias. Recursos que, en su mayoría, caen en el limbo de la opacidad. 

Un caso concreto es el de los gobiernos estatales y municipales. El gobierno federal proponía para 2011 un gasto federalizado de 992 mil 32 millones 600 mil pesos, un aumento de casi 20 mil millones respecto de lo que ejercerán este año.

Pero los gobernadores presionaron a sus diputados para que jalaran más recursos. Se llevarán otros 20 mil millones; es decir, 40 mil millones más que en 2010, pues los diputados aprobaron un presupuesto para las entidades por 1 billón 12 mil millones 48 mil 100 pesos.

Casi 30% de todo el presupuesto. Los 20 mil millones adicionales (a la propuesta oficial) que se llevarán es, también, la tercera parte de los 60 mil millones que obtuvieron en la parte de ingresos.

Y todo concluyó como siempre: felices y contentos, todos satisfechos. El gobierno en primer lugar. Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “Mi reconocimiento a los diputados de los grupos parlamentarios que aprobaron un presupuesto responsable. En especial a sus coordinadores”.

Y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –quien en sus comparecencias ante la Cámara de Diputados fue cuestionado severamente– no reparó en elogios: “Reconozco y felicito al Congreso de la Unión por haber analizado, discutido y aprobado este paquete económico con responsabilidad y con altura de miras”.

La política se impone. Las expectativas, los anhelos y percepciones de la población son lo que menos importa en las discusiones del presupuesto. 

Ni siquiera por asomo fue tema el de los ya reconocidos abusos en el presupuesto, como las voluminosas partidas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los altos sueldos de sus funcionarios, los de los altos mandos públicos y de los legisladores.

Todo esto fue defendido y justificado por el secretario de Hacienda. En conferencia de prensa, el martes 16, para detallar la aprobación del presupuesto argumentó: “Los sueldos que reciben los funcionarios del IFE (…) es nada comparado con los servicios que le dan a la sociedad”. Ellos, agregó, responden “básicamente a los intereses de su conciencia y velan por un juego democrático”.

Señaló que los sueldos de ministros y funcionarios de la Corte “son muy pequeños comparados con el provecho que le dan a la sociedad (…) si eso se refleja en sus salarios, nosotros no le vemos mayor problema”. 

Subasta del SAE

En la oscuridadJosé Gil Olmos
Revista Proceso # 1777, 21/11/2010;
El jueves 18 y el viernes 19, el gobierno federal realizó en un salón del hotel María Isabel Sheraton una subasta pública que hubiera sido como tantas otras si no fuera porque ahí se ofrecieron desde juguetes y maquinaria agrícola, hasta helicópteros y carísimas joyas presuntamente incautadas a los jefes del narcotráfico en operativos recientes. Y aunque presumieron de transparencia, los funcionarios se empeñaron en ocultar la identidad de los dueños originales…

Tres veces llamó el subastador a los 800 asistentes que llenaron el salón del lujoso hotel María Isabel Sheraton, pero nadie alzó su paleta. El silencio reinó hasta que, con un golpe seco de su martillo de madera, el pujador retiró de la venta el anillo masculino de oro y diamantes con un precio inicial de 1 millón 400 mil pesos, que bien pudo alcanzar un precio comercial de más de 2 millones de pesos.

Esa narcojoya era la pieza maestra del primero de los dos días de la “gran subasta pública SAE 2010”. “Ni quién se atreva a comprar ese anillo entre tanta gente”, espetó uno de los participantes.

En esa subasta pública se pusieron a la venta 150 lotes de relojes finos y joyería decomisados al crimen organizado, decenas de autos, tres avionetas, dos helicópteros que eran propiedad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y otros bienes confiscados, con los que se esperaba recaudar 80 millones de pesos.

El amplio salón estaba completamente lleno desde temprano. Además de los 424 postores, que depositaron en garantía un total de 60 millones de pesos para participar, había muchos otros curiosos que asistieron a la subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda), organizada por la empresa de subastas CARASA, a la que le pagaron un porcentaje de la venta total, que rebasó los 100 millones de pesos.

Al principio había expectación por ver los lotes de narcojoyas y a los compradores que abarrotaron el salón, rebasando las expectativas del director del SAE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo. Este funcionario se ufanaba de conducir la subasta con transparencia, pero cuando se le preguntó a qué narco le decomisaron el anillo de oro y diamantes que nadie compró, se defendió: 

–Yo me entero hasta el final del proceso. Si en la causa penal se procedió a decomisar, entonces en el expediente me entero cuál fue la causa penal que generó el aseguramiento. O también cuando lo tengo que devolver a la persona que estaba involucrada. Hasta entonces tengo la información y no tendría problema en darla a conocer, pero nosotros no participamos en las acciones en contra del crimen organizado, el SAE no está hecho para eso. 

“A mí simplemente la PGR me dice: aquí están estos bienes, te los entrego en administración, resguardados, y el día de mañana te informo cuál es el resultado de las acciones criminales. Cuando hay operativos muy importantes sabemos el origen y se nos da el resguardo de esos bienes, pero en la gran mayoría no tengo la información de su procedencia.”

–Pero no le afectaría en nada al SAE tener esa información y manejarla públicamente…

–Tampoco me ayudaría, porque no participo en esos procesos. Me parece que quien debería hacer pública esa información es la PGR o, en su caso, las propias aduanas del país. 

Lo cierto es que entre los probables compradores de varios estados del país que acudieron al Sheraton había precaución, incluso miedo. “No queremos que nos confundan con prestanombres de algún narco o que sepan que alguno de nosotros compró un reloj o una pulsera que querían mucho y luego quieran recuperarla”, confió uno de ellos.

Esto puede explicar por qué nadie respondió a los dos llamados a realizar ofertas por el anillo de oro y diamantes: entre los asistentes se especuló que pertenecía a un capo abatido este año.

 Fuera cámaras

 En los primeros minutos de la subasta los fotógrafos y camarógrafos pudieron tomar aspectos generales de la puja, y hasta se hizo un breve simulacro para mostrar cómo sería la compra de los bienes. Sin embargo, los participantes pidieron que no se captaran sus rostros, porque temían que algún jefe del crimen organizado viera en sus manos alguna prenda codiciada.

Después, las autoridades pidieron que las cámaras salieran y sólo se quedaran los reporteros para atestiguar el desarrollo transparente de la venta.

Instalado tras un atril, sobre una plataforma en la que había también una larga mesa con funcionarios del SAE, la Comisión Nacional Bancaria y la empresa subastadora, el rematador anunció con potente voz la compra de los relojes y la joyería. De éstos sólo se mostraron imágenes en las pantallas gigantes. 

De inmediato, edecanes vestidas de negro se distribuyeron por el salón. Cada una portaba su paleta amarilla con un sol pintado para señalar a los pujadores. Y aunque ya se han llevado a cabo otras subastas públicas, e incluso vía electrónica se realizan cada 15 días, ésta era la primera vez que se abrió relativamente a los medios de comunicación.

“Reloj para caballero marca Rolex, con caja de oro de 18 kilates, con incrustaciones de 70 diamantes corte baguette en bisel y 241 diamantes corte princesa en el pulso… Precio inicial, 65 mil pesos. ¿Quién da más?”, gritó el subastador a pesar del micrófono de diadema que le dejaba las manos libres para señalar a quienes levantaban su paleta.

Había toda clase de público: amas de casa interesadas en adquirir un auto, comerciantes apasionados por los relojes, parejas jóvenes en busca de un anillo de compromiso, joyeros deseosos de un lote de alhajas a buen precio, un líder de vendedores ambulantes ansioso por conseguir la esclava de diamantes y personajes que rehuían las miradas cada vez que levantaban la paleta con su número de registro para comprar un reloj Corum de oro blanco, con diamantes incrustados y una calavera en la carátula. 

Uno a uno los relojes Rolex de todos los modelos y tamaños, Wyler con caja de oro, Girard-Perregaux, Chopard, Ulysse Nardin, Graham, Versace, Carrera, Hublot Genève, Franck Muller, IWC, Daniel JeanRichard, Jaeger-LeCoultre, Richard Mille, Panerai, Patek Philippe, Roger Dubuis, Romain Jerome, Cartier, Charriol, Bvlgari y un Audemars Piguet que causó sensación.

Este reloj rosado del modelo Royal Oak salió en el lote 75 con un precio base de 520 mil pesos. Su caja de oro rosado de 18 kilates, y la carátula, las costuras y el pulso de piel negra sedujeron a los prospectos de compradores. Comenzó la puja y el precio alcanzó 880 mil pesos, arrancando el aplauso del comprador con la paleta 346, cuyo nombre quedó en el misterio, igual que el de su dueño original. 

“Esto es por seguridad de los compradores”, aclaró el director del SAE, quien explicó que para asegurar que el dinero de un cliente no provenga del crimen organizado ni se realizara “lavado de dinero” comprando sus propias alhajas, se exige un depósito en cheque de caja.

–¿Funcionan esos candados? –se le pregunta. 

–Me parece que la pregunta es si el sistema bancario tiene los controles suficientes para detectar si recursos del crimen organizado se están limpiando a través de la banca. Yo creo que el Estado mexicano ha caminado muy bien en una serie de medidas para evitar esto. Hay reportes que tienen que presentar los bancos por operaciones que rebasan un monto determinado y todas esas operaciones se reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera; por supuesto, son investigadas,  se cruzan bases de datos para saber quiénes están atrás de esas cuentas bancarias. 

“Creo que lo que debe seguir haciendo el SAE es utilizar al sistema bancario como seguro de cualquiera que vaya a adquirir un producto y que los recursos vengan de procedencia lícita. Dejamos esos trabajos a la Comisión Nacional Bancaria, que transparente esas acciones; ellos tienen las herramientas para garantizar que esas operaciones son de procedencia lícita.

–Aún así queda la duda, ¿no? 

–Me parece que cualquier criminal puede intentar utilizar el sistema bancario, pero estaría incurriendo en riesgos muy importantes porque toda esa información se va acumulando y es una forma de detectar sus operaciones. 

–En el caso de las subastas, donde se venden bienes caros, ¿se hace una investigación de los depósitos?

–Nosotros no hacemos investigación, dejamos que el sistema financiero corra con todas ellas. Por supuesto que si alguien compra un cheque de caja de 500 mil pesos, el banco tendrá que reportar esa operación a las instancias correspondientes. Me parece que el sistema bancario ha hecho muy buen trabajo en la detección de operaciones dudosas.

Otro lujo: el silencio 

Después de cinco horas del primer día de subasta, los funcionarios del SAE ya se daban por bien servidos por el éxito de la venta pública de más de 600 piezas confiscadas al crimen organizado y a deudores de la banca.

Además de los relojes de marca, algunos con carátulas especiales, como era el Jean-Richard con la figura del equipo América “Campeonato 2005” –que  salió con un precio inicial de 25 mil pesos y se vendió al doble–, o el Rolex de oro blanco con 48 diamantes y 12 zafiros que alguien compró en 305 mil pesos, también había lotes de alhajas con gargantillas, pulseras, o la medalla conmemorativa con la imagen del Papa Juan Pablo II en una de las caras y en la otra la Virgen de Guadalupe.

Ninguna de esas piezas fue llevada al salón. Se mostraron sus fotografías en un folleto finamente impreso que se regalaba a los compradores, y en las pantallas gigantes. 

Había prendas extravagantes, como unos aretes en forma de cabeza de felino en oro amarillo de 14 kilates, con 70 diamantes corte brillante, dos esmeraldas y ocho rubíes; una pulsera con figuras de panteras, también en oro amarillo pero de 18 kilates y con incrustaciones de oro blanco.

En la subasta la religiosidad no estaba peleada con el lujo: se ofreció un rosario de estilo antiguo, con cuentas esféricas, cinco medallones y un crucifijo, todo en oro de 18 kilates y platino, con un peso de 332 gramos y 770 diamantes en corte de brillante; igual que tres cruces de oro blanco de 18 kilates en diferentes estilos, adornadas con ocho zafiros, 75 y 130 diamantes cada una; o la medalla con la figura de la Virgen de Guadalupe formada con 76 diamantes, 10 esmeraldas y 28 rubíes.

Al final del primer día se informó que el SAE ya había recuperado 55 millones de pesos y se esperaba rebasar los 80 millones inicialmente previstos.

En el segundo día la puja siguió con la venta de automóviles y  aeronaves. El primer helicóptero, con precio de salida de 1 millón 600 mil pesos, se vendió en 3 millones 200 mil; el segundo, con precio inicial de 1 millón 350 mil, fue adjudicado en 2 millones 550 mil. En tanto que la primera avioneta Cessna salió con un precio de 30 mil pesos y fue comprada en 80 mil, la segunda, de 30 mil pesos, se vendió en 440 mil; y la tercera, de 30 mil pesos iniciales, se asignó por 300 mil.

Dos señoras esperaban el final de la subasta: la venta de vehículos importados (Audi, Alfa Romeo, Land Rover) y nacionales en buen estado. Algunos comerciantes esperaban los lotes de autos chatarra, de los que se ofrecieron decenas, igual que lotes de bicicletas para niños, tractores y hasta herramienta agrícola decomisada.

El pacto de silencio se mantuvo hasta el final. Nadie dijo de quiénes eran las alhajas, los autos, aviones y relojes decomisados, ni se reveló el nombre de los compradores.

Con los ojos

"...Aún más que con los labios

hablamos con los ojos;

con los labios hablamos de la tierra,

con los ojos del cielo y de nosotros...Manuel Acuña.

El senador Anaya Llamas

El compadre de Calderón doblega a un tribunal

Revista Proceso # 1777, 21/11/2010SALTILLO, COAH.- En su intento por desmentir una presunta relación con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el senador José Guillermo Anaya Llamas demandó por daño moral al corresponsal de Proceso en Nuevo León, Arturo Rodríguez García. Le exige cerca de 3 millones de pesos como reparación, el pago de gastos y costas judiciales, más la publicación de una carta aclaratoria en todos los medios locales y los de circulación nacional.

Exdiputado y exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya es compadre del presidente Felipe Calderón, fue secretario general del Comité Nacional del PAN con Germán Martínez Cázares y actualmente es senador de la República, donde pertenece a la Comisión de Justicia.

Su administración en Torreón fue cuestionada por presuntos hechos de corrupción, que mantuvieron al Congreso local entretenido en revisar sus cuentas públicas por varios meses en 2006. Asimismo, tuvo frecuentes polémicas por violación de derechos humanos, como la persecución a la comunidad gay en 2003 y la detención arbitraria de la diputada perredista María Beatriz Granillo Vázquez en 2005. 

En cambio, Anaya Llamas construyó una fructífera relación con el entonces gobernador priista Enrique Martínez y Martínez, que antes de concluir su sexenio, en 2005, le otorgó al panista un fiat notarial.

En 2006, Anaya era senador electo cuando el presidente Felipe Calderón aceptó ser padrino de su hija. El bautizo se llevó a cabo en la zona más lujosa de Torreón, con vigilancia del Estado Mayor Presidencial. 

El 4 de marzo de 2007, en la edición 1583 de Proceso se publicó el reportaje Infiltración total, de Patricia Dávila. Un párrafo se refiere al bautizo:

“Antes de que Felipe Calderón asistiera a la boda mencionada (la del diputado panista Jorge Zermeño), realizó otra visita a Torreón, el 24 de agosto pasado, para bautizar a la hija del panista y exalcalde Guillermo Anaya Llamas, protegido de Jorge Zermeño. Entre los invitados se encontraba Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana de Guillermo Anaya Llamas.” Por ese párrafo, el senador demandó al corresponsal de Proceso, Arturo Rodríguez.

La demanda fue interpuesta el 12 de noviembre de 2007, ocho meses después de que este semanario publicara el reportaje, y lleva la firma del “Senador José Guillermo Anaya Llamas”, quien designó como abogado patrono al entonces diputado José Ignacio Máynez Varela, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local.

A través de un Juicio Ordinario Civil, el senador reclamó la reparación del daño moral procedente de supuestos hechos ilícitos y, como consecuencia, el pago de una indemnización (cuantificándola en los ingresos totales por la venta de esa edición de Proceso) y demás accesorios legales. El expediente (1715/2007) fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Saltillo.

Para justificar la demanda civil, el senador Anaya citó los artículos del Código Penal relativos a difamación y calumnias, que para entonces habían sido derogados. Unos meses antes de que interpusiera dicha demanda, el 12 de abril de 2007, su compadre Felipe Calderón presumió ante empresarios y directivos de medios de comunicación que esos apartados se habían derogado para evitar que los periodistas fueran perseguidos por la vía penal y así contribuir a la libertad de expresión. 

El propio José Ignacio Máynez Varela fue uno de los legisladores que aprobaron, a finales de 2008, la derogación de los artículos de difamación y calumnias en el Código Penal del estado, mientras en su faceta de litigante los utilizaba contra el corresponsal. 

En cuanto a Anaya Llamas, ni en el texto de la demanda ni a lo largo de todo el proceso judicial negó el parentesco político con Adolfo Villarreal Barragán, sino sólo la presencia de Sergio Villarreal en el bautizo.

Sobre el matrimonio de Adolfo Villarreal y Elsa María Anaya, en marzo de 2007, el senador aseguró en diferentes entrevistas que estaban divorciados y que su hermana había perdido contacto con él desde hacía tres años. El divorcio no estaba anotado en el Registro Civil y los medios locales mostraron imágenes de un año antes, en las que Adolfo y Elsa María posaban juntos para la sección de sociales de un diario local.

Sentencia torcida

 Para justificar la demanda contra el corresponsal, Anaya Llamas expresó que al finalizar el reportaje se lee: “Con información de Arturo Rodríguez”, por lo que sin mayor probanza infirió ante el juez que el corresponsal era el autor de toda la publicación.

Para su propósito, Anaya intentó comprobar que había sido objeto de daño moral, convocando a cuatro testigos que afirmaron ser ciudadanos coahuilenses, que no lo conocían personalmente, y quienes supuestamente cambiaron la opinión que tenían del senador después de la publicación del reportaje motivo de la demanda, según expusieron en una diligencia efectuada el 26 de mayo de 2008. En esa misma ocasión, tres de ellos aceptaron ser abogados, compartir domicilio con el abogado patrono y con el propio senador, con lo que quedó expuesta su maniobra y el engaño al juez.

Anaya Llamas aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo, uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León, con lo que desvirtuó la declaración del senador panista.

En la diligencia se le preguntó al senador si el texto lo relacionaba con la delincuencia organizada o asentaba una asociación delictuosa de él con Sergio Villarreal. El panista tuvo que admitir que no era así. 

El abogado Ricardo Dávila Rodríguez, que encabeza la defensa del corresponsal, hace un recuento de los procesos a que se le ha sometido:

El 13 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil emitió sentencia considerando que el senador no acreditó la autoría del texto al demandado, por lo que no entró a decidir si hubo daño moral o no, según el expediente 1715/2007.

Anaya Llamas apeló el 3 de febrero de 2009 ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), que el 19 de junio de ese año confirmó la absolutoria (Toca Civil 210/2009).

Dávila Rodríguez explica que el senador promovió amparos sucesivos que llevaron a la Sala Civil del TSJE a decidir en tres ocasiones sobre el mismo asunto, confirmando siempre la absolutoria, debido a que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito regresaba el expediente por “incumplimiento”.

El pasado 8 de octubre, con una prisa inusual, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Édgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano resolvieron analizar el expediente “con plena jurisdicción” y orientar la modificación de la sentencia amagando a los magistrados estatales con destituirlos.

Así, en su cuarta decisión sobre el caso, la Sala Civil del TSJE decidió condenar al corresponsal el pasado 12 de octubre, con lo que según Ricardo Dávila se violaron los artículos 14 y 16 constitucionales. 

Para condenar al demandado, afirma el litigante, la Sala Civil debió acreditar la existencia de un hecho u omisión ilícita, que la ilicitud de la conducta hubiera causado un daño moral al senador, además de la relación de causalidad entre el hecho o conducta ilícita y el daño moral.

“La Sala Civil valoró que el corresponsal admitió haber aportado información para el artículo, pero en ningún momento el senador acreditó que la información aportada haya sido precisamente aquella de la que se duele, y sobre el demandante recae la probanza, no sobre el demandado.

“Pero, sobre todo, Anaya Llamas en ningún momento aportó pruebas para demostrar que Sergio Villarreal Barragán no hubiera estado invitado al bautizo de su hija, por lo que se deja la carga de la prueba sobre el demandado sin comprobar el daño”, explica.

En su resolución, la Sala Civil afirma que, al combatir los aspectos de la demanda del senador en el juicio, el corresponsal “hizo suyo” el artículo, sin que se exigiera al senador que comprobara sus dichos.

Otra consideración de la Sala Civil es que la circulación de la edición de Proceso fue valorada en 76 mil 410 ejemplares, pretendiendo así acreditar el daño, lo que –según el abogado defensor– es insuficiente.

Por lo anterior, sostiene Dávila, la causalidad entre el hecho ilícito y el supuesto daño no tiene sustento ni motivación, más allá de inferencias, por lo que la Sala Civil, con su nueva sentencia, incurre en violación a garantías del reportero.

El abogado Dávila Rodríguez recuerda que el propio senador “admitió que el artículo en cuestión no lo relaciona ni lo acusa de ilícito alguno, y menos aún con personajes del narcotráfico, por lo que no es jurídicamente posible determinar ni la ilicitud del acto ni la existencia del daño moral”.

El jueves 4, la defensa del corresponsal interpuso una demanda de amparo directo por la violación de sus garantías constitucionales ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito, precisamente el que forzó a la Sala Civil del TSJE a condenarlo. l

Alías "El Grande"

Testigo EstelarRicardo Ravelo, reportero 
Revista Proceso # 1777, 21 de noviembre de 2010;

Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos. Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.

Tras su detención el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva. 

A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

A la PGR le urgía incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuraduría.

Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.

En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales. 

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó. 

Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: “Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El presidente contestó: “Igualmente”. 

Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

Mateo también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.

La versión de “Mateo”

En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.

El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo. 

Mateo expuso: ... que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.

Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel... Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

En otro apartado señaló que otro funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí, que a los del gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.

Los pasos de “El Grande” 

Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

En sus declaraciones, mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:

El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones. 

Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie. 

En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

Información clasificada 

Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores”, no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.

Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla. l