Colima, candente

Exgobernador muerto, gobernador vivo: vínculos criminalesJorge Carrasco Araizaga
Proceso, # 1778, 28 de noviembre de 2010

Las implicaciones del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos en el contexto de la guerra de cárteles en Colima obligaron a su sucesor, Mario Anguiano, a reconocer que el crimen pudo haberlo cometido una organización delictiva. El problema para el estado es que información documental disponible involucra a parientes y colaboradores de ambos, el gobernador vivo y el exgobernador muerto,  con el crimen organizado.  

La ejecución del exgobernador de Colima Silverio Cavazos Ceballos, ocurrida en el marco de una creciente violencia por narcotráfico en el estado, removió los antecedentes del gobernador Mario Anguiano Moreno y su entorno, ensombrecidos por una historia de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Asesinado la mañana del domingo 21 afuera de su residencia, Cavazos Ceballos, que iba a cumplir 42 años el próximo 15 de diciembre, fue el principal promotor de la llegada al poder de Anguiano Moreno, cuyo primer año de gobierno ha coincidido con la etapa más violenta vivida por la entidad en su historia reciente. 

En tan sólo un año, en el estado han ocurrido 120 ejecuciones, más de 40 desapariciones y el desmantelamiento de una docena de laboratorios de droga sintética, producción que inició la organización de los hermanos Amezcua y se ha desarrollado desde la década de los noventa en la entidad.

El cártel de Sinaloa es el que ha tenido más presencia durante años, aunque en la entidad están presentes varias organizaciones delictivas que tienen como principal centro de operaciones el puerto de Manzanillo, donde no sólo entran sustancias ilegales, sino que de ahí sale dinero en efectivo hacia Colombia. 

Según  la versión difundida oficialmente, Cavazos Ceballos fue asesinado cuando conversaba afuera de su casa con el actual secretario de Fomento Económico del estado, Rafael Gutiérrez Villalobos, quien salió ileso del ataque. 

De acuerdo con el gobernador Mario Anguiano, momentos antes él había tenido una reunión con su colaborador, quien al terminar el encuentro pasó por la casa de Cavazos. Según Gutiérrez Villalobos, quien es uno de los empresarios más cercanos al gobernador y que ha sido señalado como lavador de dinero de los hermanos Amezcua, Cavazos Ceballos estaba en la calle, por lo que detuvo su vehículo y bajó a saludarlo. Fue entonces cuando llegaron los pistoleros y dispararon. 

Cavazos tenía gran presencia política aun después de dejar el gobierno. Varios miembros del actual gabinete habían sido sus colaboradores, entre ellos el procurador Arturo Díaz Rivera, quien a las pocas horas de la ejecución se apresuró a asegurar que el asesinato de su exjefe no tenía relación con la delincuencia organizada. 

Amenazado en febrero del año pasado en una cartulina por la delincuencia organizada, el procurador descartó el narcotráfico como móvil porque el arma utilizada para el homicidio fue una pistola calibre 38 súper, y no armas largas como las que usan los narcotraficantes.

Sin embargo, apenas el 1 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de Justicia del estado informó sobre la detención de un sicario del cártel del Milenio, originario de Colima, dio a conocer que ese mismo tipo de armas se usa en la confrontación de las bandas rivales.

Atribuido por la procuraduría del estado a “un solo tirador”, el asesinato del exgobernador tuvo sus primeros efectos en el gobierno de Anguiano, quien admitió la posibilidad de que el narcotráfico esté detrás del homicidio de su antecesor y padrino político.

Cavazos Ceballos disponía de una escolta de 10 policías para él y su familia, pero en el momento del atentado sólo dos lo acompañaban. Los agentes estaban a cargo también de la seguridad de su casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y cuyo origen fue puesto en duda, incluso en una denuncia penal, por el diputado federal del PAN Leoncio Morán, quien acusó al exmandatario de enriquecimiento inexplicable. 

El posible móvil del asesinato no ha sido la única contradicción de las autoridades. También las hay sobre la actuación de la Policía Estatal Preventiva después de la ejecución. Tres efectivos de esa corporación se saltaron la barda de la casa de descanso del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal y le dispararon porque lo “confundieron” con un sicario.

El mismo domingo 21, la oficina de Díaz Rivera aseguró que los policías le dispararon en la vía pública porque hizo “movimientos sospechosos” al negarse a detener la camioneta en que viajaba junto con su hijo menor de edad en una brecha de la comunidad La Capacha, cerca de la capital del estado.

Fuentes cercanas a la investigación ministerial aseguran que la declaración del hijo fue clave para que el gobierno corrigiera su versión. El testimonio recogido por Proceso dice que el hijo del médico escuchó a los policías reportar por radio: “Ya tenemos a uno, ya lo matamos. Y llevamos a otro más”. Del otro lado del radio escuchó: “Mátenlo de una vez”.

Presionado por la familia y la comunidad médica del estado, el miércoles 24 Anguiano se vio obligado a cambiar la versión inicial de su gobierno: reconoció que tres efectivos del grupo especial Fuerza de Operaciones y Reacción Inmediata se metieron a la casa del médico cuando perseguían a los sicarios, que se habían bajado de la camioneta Jeep Patriot en la que huían y entraron en domicilios particulares. El médico estaba regando su jardín y al ver a los policías encapuchados trató de huir en su vehículo, pero los policías le dispararon. 

Hay una circunstancia adicional: la viuda del médico es prima hermana del gobernador, quien el próximo 18 de diciembre tiene que rendir su primer informe de Gobierno.

El círculo de la sospecha

 Desde que fue presidente municipal de Colima, entre 2006 y 2009, Anguiano Moreno integró a su equipo a personas que públicamente han sido señaladas por supuesta relación con el narcotráfico, como se publicó en marzo de 2009  en el número 1687 de Proceso. Pese a ello, como gobernador incluyó a varios de ellos en su gabinete. 

Cuando era presidente municipal, de acuerdo con el acta número 1 del ayuntamiento de Colima, fechada el 16 de octubre de 2006, hizo un nombramiento que fue ampliamente cuestionado en la capital: el de Octavio García Salazar como oficial mayor del municipio. 

García Salazar, conocido como El Polvaredas, había sido administrador del rancho Ángeles del Infierno, identificado como Las Pilas cuando era propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero. Según una ficha de seguridad, el rancho tenía pista de aterrizaje para aeronaves pequeñas en las que se traficaba droga. 

Otro de los nombramientos que constan en el acta del ayuntamiento es el de los primos del entonces alcalde: los hermanos José Ramón y Óscar Valdovinos Anguiano; el primero, como director general de Tránsito y Vialidad; el segundo, como tesorero municipal. De José Ramón, la misma información de seguridad dice que “sus nexos y apoyos otorgados han sido a favor de la delincuencia organizada”.

Precisa que como director de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del estado “vendía información privilegiada a defensores de delincuentes a fin de evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión”.

Valdovinos Anguiano designó a Gabriel Delgadillo González como director operativo de Vialidad del Ayuntamiento. Delgadillo había sido director de seguridad pública de Ixtlahuacán y, según el documento, en ese municipio “otorgaba protección a cargamentos de mariguana que salían de Michoacán, pasando por el municipio con destino al rancho Ángeles del Infierno”. José Ramón Valdovinos Anguiano permanece en el mismo cargo con el actual alcalde de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

En la nueva administración de la alcaldía también está Óscar Valdovinos Anguiano, quien pasó de tesorero municipal a regidor con Anguiano Moreno.

El gobernador ha trabajado con sus primos más de una década. Incluso, desde agosto de 2009 María del Rocío Valdovinos Anguiano es magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

En la segunda mitad de los años noventa, cuando el hoy gobernador fungía como contador mayor de Hacienda del Congreso del estado, su primo Óscar ocupaba un puesto de mediano nivel en esa dependencia. Cuando Anguiano renunció a la Contaduría en 1999, Óscar fue nombrado subcontador mayor de Hacienda.

Entre 2003 y 2006, Mario Anguiano fue diputado local. Sus principales auxiliares eran Óscar Valdovinos Anguiano, Octavio García Salazar y Tayde Hugo Corona. Ya como presidente municipal, no sólo tuvo con él a sus primos, sino a García Salazar, como oficial mayor, y Hugo Corona como director de Licencias y Reglamentos. 

Antes de ese cargo, Corona ocupó durante dos años el área de Prevención del Delito de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora, el gobernador lo nombró director del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) del DIF estatal. 

No son los únicos casos en los que el narcotráfico rodea al mandatario. En 2003, su hermano Humberto, La Rana, fue detenido por delitos contra la salud y condenado a 10 años de prisión. En abril de este año, poco antes de cumplir siete años de encierro, salió libre de manera anticipada.

Además, su primo Rafael Anguiano Chávez purga desde 1997 una pena de 24 años de prisión en Estados Unidos, acusado junto con otras 16 personas de traficar metanfetaminas a Estados Unidos como parte del cártel del Milenio. 

De acuerdo con los expedientes judiciales estadunidenses, junto con el primo del gobernador fueron procesados Carlos Javier Martínez, Ramiro Ayala, Angélica Ayala, Raúl Arteaga Torres, Isaías Hernández, Mario Chávez Anguiano, Juan Miguel Valdez, Juan Ávalos Martínez, José Martínez, Urbano Ramírez Lucatero, Óscar, David y Eduardo Lepe Torres, Lucio Ríos Rosa, Francisco Chávez Verduzco y Alejandro Ramírez Rodríguez.

En el caso del Polvaredas, oficial mayor del entonces presidente municipal, la información de su ficha policial dice que cuando él administraba el rancho Ángeles del Infierno “se veía a Ramón Margarito Larios Quiroz, El Papo Larios, operador en el municipio de Tecomán coordinadamente con Rafael Cavazos Ceballos”, hermano del exgobernador asesinado.

De acuerdo con esa misma información, el predio había sido comprado por el narcotraficante Germán Torres Anguiano y tuvo como apoderado legal a un hermano del exdiputado priista por Tecomán, Arturo García Arias.

El mismo reporte indica que un hijo de Torres Anguiano, quien fue asesinado en Guadalajara en 2006, se hizo de la disco ICE, de una distribuidora de equipo de telecomunicaciones Nextel y de una agencia de la automotriz Peugeot. Elaborado cuando Silverio Cavazos gobernaba el estado, el documento dice que la agencia “fue vendida a Arturo Velasco Villa, como único propietario, pero es en sociedad con el actual gobernador de Colima”.

En abril de 2009, la Policía Federal detuvo en la ciudad de Colima a José Arturo Baltasar Sánchez, a quien se identificó como el operador en el estado de Ignacio Coronel, entonces responsable del cártel de Sinaloa en la zona. Según informes policiales, Baltasar Sánchez coordinaba a los hermanos del entonces gobernador, Francisco y Rafael Cavazos Ceballos. En julio de 2003 la PGR indició al segundo por delitos relacionados con las drogas (Proceso 1687). 

Funcionarios claves

Entre los colaboradores de Anguiano que también han sido cuestionados está el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, expresidente de la Canacintra en Colima y quien estaba con Cavazos Ceballos durante el crimen. Se presenta como un empresario exitoso, pero sobre él pesa la sombra de los Amezcua.

En una entrevista publicada en diciembre pasado por la revista de negocios Decisión de Empresario, de Colima, explicó que su riqueza fue producto de tres tortillerías que heredó de su padre en 1982, y dos años después puso una pequeña tienda de abarrotes. Luego, compró una bodega de la Conasupo y abrió el Super Abarrotes Gutiérrez. 

Según su propia historia, en los años noventa empezó a distribuir los productos y papeles institucionales de Crisoba en Colima; luego proveyó abarrotes y productos institucionales a otras empresas y al gobierno del estado.

De ahí saltó a lo que ahora es su principal negocio: la venta de seguridad. “A raíz de que empezamos a vender los productos institucionales vimos que a quien le vendíamos requería los servicios de seguridad, y fue cuando abrimos Institucionales Roka, en 1994”. Ahora esta empresa opera a nivel nacional y tiene oficinas en estados del Pacífico: Tijuana y Mexicali, en Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Manzanillo y Colima, en Colima.

De acuerdo con su relato, su primer contrato importante de seguridad fue en el puerto de Manzanillo, donde está a cargo de la vigilancia interna de la terminal portuaria. Ahí se moviliza cerca de 1 millón y medio de contenedores y por carretera se llega en 18 horas a Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

El puerto de Manzanillo fue utilizado por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon para la importación de sustancias que según el gobierno mexicano se utilizaban en la elaboración de metanfetaminas. Además, ha sido escenario de incautaciones de toneladas de droga y millones de dólares. En septiembre de 2009, la Marina confiscó 36 millones que se enviaban a Colombia.

Poco antes, en agosto, en ese mismo puerto el Ejército detuvo a seis integrantes de La Familia michoacana, de quienes el entonces gobernador Cavazos aseguró que estaban “en calidad de turistas” en Manzanillo. 

De la operación del recinto portuario conoce también el actual secretario de Gobierno de Mario Anguiano, Jesús Orozco Alfaro, quien fue encargado de la aduana de Manzanillo, pero salió luego del escándalo que provocó el aseguramiento de droga en los barcos Córdoba y El Chimborazo, poco después del asesinato en Guadalajara de Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco, operador del narcotráfico en la zona y que en Colima se hacía pasar como empresario agroindustrial.

Enrique Armando Salazar Abaroa, asesor de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recuerda que durante los años ochenta El Cochiloco se estableció en el rancho Jayamita, en el municipio de Coquimatlán, donde recibía a narcotraficantes y políticos, incluido el gobernador Elías Zamora Verduzco, quien en su momento aseguró que lo consideraba un empresario.

Según el asesor, tras la muerte de El Cochiloco, en 1991, comenzó a crecer Nacho Coronel. “Se dice que en Colima creció a la sombra de Jesús Antonio Sam López”, comenta en entrevista, en referencia a quien fue procurador general de Justicia del Estado durante los periodos de Carlos de la Madrid Virgen y Fernando Moreno Peña. 

Afirma que la violencia se desató en Colima desde antes de la muerte de Nacho Coronel, ejecutado en Jalisco por el Ejército en julio pasado y quien controlaba Colima para el cártel que encabezan ahora Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.  Además del cartel de Sinaloa y La Familia Michoacana, en el estado también se ha registrado presencia de los hermanos Beltrán Leyva y del cártel del Golfo. 

“Con la presencia de todos los cárteles en Colima por el interés que tienen en el puerto de Manzanillo, lo que ocurre es que nombran un administrador, propuesto tal vez por el cartel más fuerte, el de Sinaloa. Así ha ocurrido desde la época de Caro Quintero. Colima es tierra de todos los cárteles y la muerte de Cavazos puede ser parte de la definición del nuevo administrador. No lo sabemos.”

Salazar Abaroa considera que de ser así y si las investigaciones llevan a establecer vínculos con el narcotráfico, entonces tendría que aplicarse la Ley de Extinción de Dominio y, por lo tanto, confiscarse los bienes del exgobernador, “pero si el procurador dice que no fue el narco, entonces que diga quién fue”. 

Testigos protegidos

Testigos protegidos: creerles a conveniencia... Ricardo Ravelo, reportero

Proceso # 1778, 28 de noviembre de 2010;

Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables…    

Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado y sus jefes,  algunos testigos protegidos han sido asesinados a tiros en lugares públicos; otros han visto cómo sus exsocios cobran venganza matando a familiares, y unos más deambulan por las calles sin dinero, sin protección y atenazados por el temor de ser levantados o ejecutados por los sicarios del narcotráfico.

Y es que, dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, nada parece estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados “testigos colaboradores” sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos cinco años, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en  vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), copias de las cuales están en poder de este semanario.

Pero lo peor es que varios de los testigos protegidos que han proporcionado datos importantes en investigaciones relevantes de la PGR han sido ejecutados presuntamente por los mismos barones de la droga a los que delataron en sus declaraciones ministeriales.

En dichos asesinatos han tenido que ver también los descuidos de la PGR y el exceso de confianza por parte de los testigos. 

La SIEDO descuidó, por ejemplo, la protección de Édgar Enrique Bayardo del Villar –exsubprocurador del estado de Tlaxcala y exinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal–, quien fue ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un café Starbucks de la colonia Del Valle del Distrito Federal.

Bayardo no era un personaje menor: había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tras ser detenido por sus nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, Enrique Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y de inmediato comenzó a declarar lo que sabía sobre los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado.

Sus revelaciones robustecieron la indagación que la propia PGR denominó Operación Limpieza, la cual implicó a altos funcionarios de la SIEDO, entre ellos a su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano –preso ahora junto con otros colaboradores en un penal de Tepic, Nayarit–, a quienes presuntamente el cártel de los hermanos Beltrán Leyva les pagaba medio millón de dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos y detenciones en contra de sus principales cabecillas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo del Villar estaba relacionado con el capo Ismael El Mayo Zambada García. Éste, de acuerdo con la indagatoria, entregaba al agente federal “una cantidad millonaria” para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

De esta forma, las redes de El Mayo Zambada pudieron extenderse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde disponía de múltiples contactos que le ayudaban a salvaguardar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.

Pero el rompecabezas armado por El Mayo Zambada se descuadró tras la detención de Bayardo del Villar, quien fue entregado a la PGR en octubre de 2008 por otro excomisionado de la Policía Federal caído en desgracia: Gerardo Garay, también identificado como hombre de confianza de García Luna y quien, al igual que Bayardo, fue relacionado con el narcotráfico.

Bayardo no dudó en acogerse al Programa de Testigos Protegidos y, como tal, se le asignó la clave Tigre. Meses después, cuando ya se había convertido en testigo estelar, recibió una llamada telefónica, supuestamente de un funcionario de la PGR al que le urgía verlo.

–Necesito verte, es urgente –le dijo el alto funcionario de la PGR, según se asienta en la causa 36/2010 integrada tras el asesinato del colaborador.

Ese encuentro sería en el café Starbucks. Desde que asumió el papel de testigo protegido, era habitual que a Bayardo se le citara para precisar datos sobre la Operación Limpieza y los personajes implicados en las investigaciones.

Por ello acudió al café Starbucks de la calle Pilares –muy cerca de donde había afincado su segundo domicilio en 13 meses de colaboración con la PGR–, y escasos tres minutos después un sujeto vestido de negro abrió fuego contra él con una AR-15. Édgar Bayardo recibió varios impactos en presencia de su ayudante José Solís Castillo, quien nada pudo hacer ante aquella lluvia de balas.

A corta distancia de allí, en el departamento 401 de la calle Heriberto Frías 1515, donde vivía el testigo protegido, Francisco Gutiérrez Estrada, el agente federal que debía custodiarlo, descansaba y escuchaba música grabada en su celular.

De acuerdo con los datos contenidos en la causa penal 36/2010, los dos elementos que lo protegían –Francisco Gutiérrez y Juan Fabricio Ramírez– eran agentes “C”, es decir, no tenían la suficiente preparación para desempeñar la tarea que se les encomendó. Ambos cuidaban a Bayardo en turnos de 48 por 48 horas. Se relevaban a las 9:00 horas de cada tercer día.

Con la endeble protección que le asignó la PGR, como si no se tratara de un testigo relevante y, por lo tanto, como si no pudiera ser blanco de un asesinato, el testigo Tigre llevaba una vida agitada e intranquila.

En el primer domicilio que le asignó la PGR en Santa Úrsula Xitle, adonde llegó el 22 de abril de 2009, tenía como resguardo a militares y marinos. Unos cuatro meses después, el 2 de septiembre, lo cambiaron al departamento de Heriberto Frías. 

Según afirman testigos que lo conocieron, “salía a comer quesadillas a una cuadra del Metro Zapata”. También se le veía en la panadería El Globo y en el Starbucks, donde fue acribillado.

Su escolta Juan Fabricio Ramírez Espinoza refirió que un día, al verlo tan desesperado por el encierro, tomó la decisión de llevarlo al Starbucks, donde Bayardo compró dos cafés y unos cuernitos con jamón, pero de inmediato se regresaron al departamento. 

En otra ocasión, Bayardo fue conducido de emergencia a las instalaciones de la SIEDO, porque la Coordinación Técnica de la misma detectó a sujetos que rondaban el edificio de Heriberto Frías. 

En la SIEDO permaneció del 29 de octubre al 9 de noviembre, fecha en que regresó al mismo departamento. 

Pese a dicha emergencia y los riesgos que entrañaba, la seguridad de Bayardo no fue reforzada y el 1 de diciembre fue ejecutado.

 Extraña muerte

 Un mes antes de la ejecución de Bayardo había muerto, presuntamente por ahorcamiento, Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús El Rey Zambada García y sobrino del capo Ismael El Mayo Zambada.

Zambada Reyes era testigo protegido de la PGR, por lo que tras su detención fue alojado en una casa ubicada en la delegación Tlalpan. Se le atribuye haber declarado en contra de su tío Ismael Zambada García, a raíz de lo cual agentes federales de la SIEDO ubicaron un refugio de éste en Sinaloa, pero no pudieron detenerlo.

Después de ese operativo ocurrió la muerte del testigo Jesús Zambada Reyes. Según la PGR, se suicidó, ya que el cuerpo del llamado narcojunior fue hallado colgado de una cinta amarrada a su cuello en una casa de Santa Úrsula Xitle 87, donde estaba retenido.

Conforme a la necropsia que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por tratarse de un hecho del fuero común, su cuerpo no presentaba lesiones ni signos de forcejeos. Aunque de acuerdo con la PGR había indicios de que el joven de 22 años ya había manifestado deseos de quitarse la vida, no se adoptaron las precauciones necesarias.

Zambada Reyes fue detenido junto con su padre, Reynaldo Zambada Niebla, y otras 14 personas en Lindavista el 20 de octubre de 2008. Ambos eran testigos de cargo en la Operación Limpieza, pues acusaron a varios funcionarios de estar ligados al narcotráfico.

La PGR se hace cargo de otros testigos que se consideran presionados, como es el caso de Odilón, quien el 28 de agosto de 2005 renunció a continuar en calidad de testigo protegido con las siguientes palabras, que dirigió a la PGR en una carta manuscrita: 

Renuncio al plan de testigo protegido, a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenzaban con hacerle daño si no obedecía. 

Cuando ustedes me encontraron tirado y atado de pies y manos, con los ojos vendados, y encontraron ese video en el que me obligaron a decir puras mentiras, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí una llamada para saber de mi hija y mi familia, y ustedes me dijeron (se refiere a los funcionarios de la SIEDO) que no era necesario, y me amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.

También le prohibieron a mi esposa dar información a las dependencias a donde había denunciado mi caso y levantado actas. Me voy porque tengo miedo de que ustedes me hagan daño…

En agosto de 2008 otro testigo protegido, Noé, fue ejecutado junto con los agentes que lo escoltaban, luego de haber delatado la relación de La Familia Michoacana con José Manzur Ocaña, quien fue delegado de la PGR en el Estado de México.

El 5 de julio de 1997 había sido igualmente asesinado Tomás Colsa McGregor, conocido en el mundo del narcotráfico como El Joyero. Formaba parte del cártel de Juárez y fue un testigo clave en el llamado Maxiproceso, integrado en contra de la organización de Carrillo Fuentes.

Alguien que corrió la misma suerte fue Jaime Olvera Olvera, quien formó parte del cártel de Juárez. En su papel de testigo protegido había declarado en contra del entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, a quien vinculó con el cártel de Juárez, pero la PGR desestimó los señalamientos de Olvera al declararlo clínicamente como “mitómano y manipulador” (Proceso 1624).

El caso “Rufino”

Rufino es la clave de un testigo protegido que en el mundo del hampa fue conocido como Paquito y se desempeñó como asistente personal de Osiel Cárdenas. Tras ser detenido, declaró ante la PGR todo lo que sabía sobre el otrora poderoso jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.

El testigo pagó caro su arrojo de hablar ante la PGR, pues tan pronto declaró sobre los refugios de Osiel y dio a conocer la lista de cómplices, varios de sus familiares –sus hijos y hermanos– fueron asesinados. El cártel del Golfo cobró venganza y quemó las propiedades de otros parientes suyos que a la fecha permanecen en calidad de desaparecidos.

La PGR, sin embargo, nada hizo para investigar esos hechos, a pesar de que Rufino fue una pieza importante para que elementos del Ejército Mexicano detuvieran a Osiel Cárdenas, en 2003. El testigo aportó datos relevantes, como el teléfono celular de Celia Marlén Cárdenas, hija de Osiel, el cual fue intervenido y gracias a las escuchas telefónicas se pudo localizar el escondite del capo Cárdenas Guillén.

Actualmente, el testigo protegido estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, es el principal acusador de altos funcionarios, tanto federales como estatales relacionados con el cártel de los Beltrán Leya. Se le identifica con la clave de Mateo. 

Pese a los crímenes mencionados, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR sigue operando sin una ley reglamentaria. Las fallas del sistema son tan costosas como los descalabros que sufre la PGR en los tribunales, en virtud de que la mayoría de los testimonios de los testigos protegidos carecen de veracidad, lo que ya puso en riesgo la Operación Limpieza, una de las investigaciones más importantes encaminadas a sanear la PGR.

¿Pactar con el narco?

Misión 2008: pactar con el narcoAnabel Hernández, reportera. 

Proceso, # 1778, 28 de noviembre de 2010;

En su libro Los señores del narco, la periodista Anabel Hernández hace una sorprendente revelación: a principios de 2008 la Presidencia de la República estableció contacto directo con Joaquín Guzmán Loera, en una operación instrumentada por Juan Camilo Mouriño, entonces el hombre más cercano a Felipe Calderón. La misión era pactar para poner paz entre los cárteles de la droga. Sin embargo, El Chapo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los nombres de los cómplices de su fuga del penal de Puente Grande en 2001 y, sobre todo, para involucrar al propio Mouriño en la “venta” de plazas al narcotráfico. Con autorización de Grijalbo y de la autora, transcribimos fragmentos del volumen de casi 600 páginas, de inminente aparición.

Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,¹ disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente. 

Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también. 

Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño. 

Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo. 

“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México. 

Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia. 

En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante. 

En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.² Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo. 

Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,³ de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA. 

El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad. 

A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil. 

El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.⁴ 

Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón. 

No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad. 

Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales. 

Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X. 

Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011. 

Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre. 

Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida. 

Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México. 

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 Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.

Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.¹¹ Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal. 

La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie. 

En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él. 

El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo. 

En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos. 

En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.¹² 

En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán. 

Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación. 

Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l

  1  Por las implicaciones que tiene esta información narrada por
     fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar. 

  2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001. 

  3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006. 

  4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008. 

11   La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las
      dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas
      de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.

12   La autora tiene copia de dicho documento. 

¿Y Diego...???

Sobrino de Diego confirma liberación
“La información es en línea directa y ya todos estamos tranquilos”, dijo ayer a las 13:50 horas a EL UNIVERSAL el familiar con el que se ha tenido contacto los últimos seis meses
PROTECCIÓN. Por seguridad, la familia de Diego Fernández de Cevallos se opone a revelar donde se encuentra el político, pues asegura que sufre los estragos de casi 200 días de cautiverio
Francisco Reséndiz | El Universal, 28 de novimebre de 2010;
La información publicada por EL UNIVERSAL sobre la liberación de Diego Fernández de Cevallos fue ratificada por uno de los integrantes del primer círculo familiar del ex candidato presidencial.
“La información es en línea directa y ya todos estamos tranquilos”, dijo ayer a las 13:50 horas a EL UNIVERSAL el familiar con el que se ha tenido contacto los últimos seis meses.
Desde el 14 de mayo de 2010 EL UNIVERSAL ha mantenido total cercanía con la familia de Diego Fernández de Cevallos y ofreció su apoyo en los momentos posteriores a que se confirmara que el ex candidato presidencial había sido secuestrado en su rancho La Cabaña.
El integrante de la familia que confirmó y ratificó la liberación es un empresario con quien incluso El Jefe Diego ha realizado negocios y de manera institucional ha apoyado la comunicación entre la familia del queretano y este diario.
A las 0:23 de ayer, el sobrino de Fernández de Cevallos llamó por teléfono para informar que había sido liberado. Durante las siguientes dos horas se realizaron tres nuevas llamadas y en todas confirmó el hecho.
A las 9:47 EL UNIVERSAL nuevamente habló con este familiar de Fernández de Cevallos, quien ratificó la información y advirtió que la familia “no quiere medios... pero es un hecho que él está bien y ya todos estamos tranquilos”, insistió.
A las 13:50 se realizó una nueva consulta con el sobrino del Jefe Diego, quien subrayó:
“La información es en línea directa... no se trata de que se lance una bola en curva... y es un hecho que está (Fernández de Cevallos) bien... en algunos días se confirmará oficialmente porque así se tiene que hacer”.
El sobrino de Diego es la misma persona que precisó a EL UNIVERSAL dónde fue el último lugar que se le vio, confirmó la autenticidad de las dos fotografías difundidas del político con los ojos vendados y desmintió rumores de su liberación.
Además, fue quien precisó que tras entregar el rescate los secuestradores dieron un plazo de 40 días para entregar vivo a su familiar, lapso que se cumplió el pasado 20 de noviembre durante los festejos del Centenario de la Revolución.
En las conversaciones telefónicas declinó precisar dónde se encuentra Fernández de Cevallos, pero deslizó que la familia no lo quiere exponer ante los medios, pues sufre los estragos de casi 200 días de cautiverio.
Al cierre de esta edición ninguna instancia oficial se había pronunciado sobre el tema y tampoco hubo una solicitud de la familia para rectificar.
El ex senador fue secuestrado en su rancho La Cabaña el 14 de mayo y el 14 de octubre se informó que sería liberado en 40 días, fecha que se cumplió el pasado 20 de noviembre.
La familia esperó que el panista fuera entregado por sus captores durante la primera semana de noviembre o los primeros días de la segunda semana.
Esa información tampoco fue desmentida por ninguna instancia federal, pero de manera extraoficial fue validada.
A lo largo de su cautiverio los secuestradores hicieron públicas sus peticiones a través de redes sociales: el 19 de mayo, 26 de julio y 13 de septiembre.
La primera ocasión sucedió seis días después de su secuestro, la noche del 20 de mayo, cuando empezó a divulgarse en las redes sociales una fotografía del político donde aparecía con el torso desnudo, los ojos vendados y un letrero escrito a mano con fecha de 16 de mayo.
Luego de la divulgación de esa fotografía, desde la dirección misteriosos.desaparecedores@yahoo.com, la familia pidió a las autoridades que dejaran de investigar para facilitar las negociaciones con los plagiarios.
La última comunicación pública de los secuestradores fue el 13 de septiembre y los secuestradores hicieron público un comunicado en redes sociales.

¿Dónde está Diego?

Una reflexión en beneficio del lector

El Universal, 28 de noviembre de 2010
El hecho de que la liberación del Jefe Diego, anunciada por este diario en la edición de ayer, haya sido negada de manera extraoficial, hace necesaria una reflexión en beneficio del lector. Primero sobre la procedencia de la información que originó la nota. La fuente es un sobrino de Diego Fernández de Cevallos, un empresario connotado, quien ha estado en contacto con EL UNIVERSAL desde hace meses. En reiteradas ocasiones actualizó a este diario sobre el estado de las negociaciones e incluso hacía las veces de puente entre esta institución y la familia del panista.

Su llamada, pasada la medianoche del viernes y su tono categórico y efusivo, fue asumida razonablemente como un aviso de la familia, aun cuando a esa hora las autoridades no podían confirmar o reiterar el hecho. Acreditada la fuente, sólo podemos especular sobre los motivos de la contradicción de versiones entre distintos círculos familiares. Uno: en efecto el Jefe Diego fue liberado, pero por razones de negociación no puede anunciarse hasta determinada fecha. Dos: el sobrino se equivocó de buena fe, a partir de datos y señales que le convencieron, erróneamente, de un desenlace afortunado. Tres: las versiones encontradas reflejan distintos niveles de involucramiento y/o fricciones entre varios círculos familiares. Cuatro: el Jefe Diego sigue secuestrado, pero una parte de la familia cree que anunciar su liberación ejercerá algún tipo de presión a su favor.

Al cierre de la edición el sobrino insiste en su versión, dos hermanas de Diego consultadas en Querétaro preferían abstenerse de confirmar o negar el hecho. Por su parte José Cárdenas y Milenio han reportado que el círculo más estrecho de Fernández de Cevallos ha negado tal liberación. La Jornada publica en su edición del sábado versiones de seguridad nacional de que el panista estaría en libertad pero en malas condiciones. En las últimas semanas circularon versiones en el sentido de que el ex candidato presidencial estaría en un hospital militar o en el extranjero, atendido por especialistas; EL UNIVERSAL no publicó ninguna de estas especies por no contar con el aval de algún familiar, como sí lo tuvo el viernes. Hasta el momento la familia no ha expresado de manera pública y formal su posición al respecto. Tampoco hay un comunicado oficial de alguna autoridad. La pregunta sigue en el aire: ¿Dónde está Diego?