El gobernador-policía/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

El gobernador-policía/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Tránsfuga del PRI, alfil de la maestra Elba Esther Gordillo, polémico exdiputado, Miguel Ángel Yunes Linares por fin es gobernador, tras años de obstinación. El jueves 1 rindió protesta. Antes de hacerlo, pactó con dos duartistas y se atribuyó sus primeros logros, que anunció ese día. Y reiteró su decisión de meter a la cárcel a sus predecesores: el prófugo Javier Duarte y el también exgobernador Fidel Herrera, a quienes acusa de corruptos. El antes “innombrable opositor” es hoy un gobernador temido… pero también lo envuelve una cauda de denuncias.

Miguel Ángel Yunes Linares es un hombre temido. Ahora más que nunca. El jueves 1 tomó posesión, por fin, como gobernador de Veracruz. Para lograrlo, esta vez echó mano de todos sus recursos. Sobre todo de su experiencia como Ministerio Público (MP), juzgador fiscal e investigador policial.

Con esas herramientas tejió su campaña política y mediática en contra de la corrupción sin precedentes del ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa. Para armar los expedientes contra el exgobernador y sus cómplices, sacó lo mejor de su perfil de sabueso. Indagó, interrogó, escudriñó en bases de datos nacionales e internacionales, viajó él mismo al extranjero y operó en la prensa de cobertura nacional, electrónica, televisiva e impresa.

Electo gobernador tras los comicios del 5 de junio de este año, afinó la cacería contra los operadores de Duarte y jugó con las complicidades del gobierno federal con el exmandatario.

Cuba después de Fidel/HÉCTOR TAJONAR

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

Cuba después de Fidel/HÉCTOR TAJONAR

“Alguna vez Fidel me había hecho soñar”, escribió Julio Scherer al comentar la segunda entrevista que le hizo a Castro en 1981. Como al fundador de Proceso, el líder de la revolución cubana estimuló la imaginación ideológica de varias generaciones de latinoamericanos que admiraron al guerrillero de la Sierra Maestra, convertido en héroe después de derrocar a Fulgencio Batista y por haberse enfrentado a Estados Unidos durante medio siglo, desafiando a 11 presidentes de esa nación.

Con el deceso de Fidel Castro termina una era de la historia no sólo de Cuba sino de toda América Latina. Tras la muerte del caudillo, la incertidumbre acera del futuro de la isla se acrecienta, sobre todo después de la victoria de Donald Trump. Se romperá de tajo el poder suave utilizado por Barack Obama al reanudar las relaciones diplomáticas con el país caribeño, apoyado por el Papa Francisco.

La obsesión del imperio de acabar con la autocracia comunista de Castro comenzó con la fallida invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, organizada por tropas de cubanos exiliados entrenados por la CIA, y continuó durante más de cuatro décadas a través de diversas tácticas, incluidos unos 600 atentados frustrados contra su vida.

Nueva “operación gatopardo”/JESÚS CANTÚ

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

Nueva “operación gatopardo”/JESÚS CANTÚ

La iniciativa de reforma al artículo decimosexto transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, podría parafrasearse de la siguiente manera: Si queremos que el primer titular de la Fiscalía General de la Nación garantice la impunidad del presidente y su equipo cercano, necesitamos que lo designe el Senado de la República.

Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.

Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.

Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.

El Bronco” no puede con Medina… y ya aspira a Los Pinos

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

El Bronco” no puede con Medina… y ya aspira a Los Pinos/

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, NL.- Al subprocurador anticorrupción nuevoleonés, Ernesto Canales Santos –quien debe cumplir las promesas de combate a la corrupción que hizo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuando estaba en campaña electoral– se le acusa de inepto, pues no ha llevado a la cárcel al exmandatario estatal Rodrigo Medina de la Cruz.

Juzgar y encarcelar a Medina fue una de las promesas del Bronco cuando recorría el estado para buscar el voto que, finalmente, le dieron los nuevoleoneses con una cifra récord.

Durante todo el primer año de gobierno del Bronco, Canales ha tratado de explicarle a los nuevoleoneses que Medina debe pasar por un juicio y cómo los recursos de la defensa del priista hacen que el proceso se dilate, por lo cual estima que transcurrirá al menos un año más antes de que el juez dicte sentencia sobre ese caso.

Pero nadie lo escucha. La mayoría en Nuevo León quiere cárcel inmediata para Medina, porque así lo prometió el ahora mandatario.

“El problema aquí es que la sociedad piensa que porque el gobernador dice que Medina es culpable, ya se le va a meter a la cárcel; no es así. Se necesita un juicio”,  argumenta Canales.

En su defensa, el llamado Zar Anticorrupción señala que el gobierno federal no ayuda en la investigación contra Medina y sus colaboradores. Y por cuestiones legales él no puede acceder a los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni a los del Servicio de Administración Tributaria para seguir la ruta del dinero sucio que habría circulado entre el anterior mandatario y sus presuntos cómplices.

Las fiscalías general y anticorrupción, en el descrédito antes de nacer

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

Las fiscalías general y anticorrupción, en el descrédito antes de nacer/

JENARO VILLAMIL

En lo que constituye una más de las miles de maniobras que el PRI y sus aliados realizan en el Congreso para colocar incondicionales en puestos públicos que exigen imparcialidad e independencia, como en el ámbito de la impartición de justicia, el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue obstinado no sólo en mantener como procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, sino en asegurar que la futura Fiscalía General de la Nación, así como la Fiscalía Anticorrupción, nazcan con las manos atadas.

El 17 de septiembre pasado, semanas antes de terminar su gestión como gobernador  de Chihuahua, César Duarte Jáquez acudió a la Procuraduría General de la República para responder a una denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según la querella, al entonces mandatario se le acusaba de haber adquirido 15% de las acciones de Banco Progreso Chihuahua, así como de colocar cerca de 834 millones de pesos de las arcas estatales a la misma institución crediticia a tasas de rendimiento preferenciales para el banco.

César Duarte se presentó acompañado por uno de sus abogados, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien defendió al general Tomás Ángeles Dauahare y a los familiares del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en junio de 2012.

El abogado también tiene vínculos con el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, según denunció en su portal informativo el activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien inició las denuncias contra Duarte por haber transferido 65 millones de pesos de dinero público para tener participación accionaria en Banco Progreso Chihuahua.

El mismo día que Cervantes Andrade fue electo por la amplia mayoría de senadores como procurador y perfilado para ser fiscal general de la República por nueve años, García Chávez externó en su portal su preocupación “por la cercanía de Cervantes con el exgobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”.