Sesión en San Lázaro

Versión estenográfica de la sesión de Congreso General del primer periodo de sesiones delsegundo año de ejercicio de la LX Legislatura, celebrada el sábado 1 de septiembre de 2007
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 457 diputados y diputadas.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide al Secretario de la honorable Cámara de Senadores haga del conocimiento de esta Presidencia la asistencia de senadoras y senadores.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo: Señora Presidenta, con base en el registro previo de asistencia de la Secretaría, están presentes 112 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (A las 17:12 horas): Se abre la sesión de Congreso General.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy primero de septiembre de dos mil siete, el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura. Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.
(Himno Nacional)
Se pide a los presentes ocupar sus lugares. Se pide a la Secretaría dar lectura a las comisiones de cortesía designadas por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Comisiones de cortesía. Para acompañar al Presidente de la República de Palacio Nacional a Palacio Legislativo.
Senadores:
José Julián Sacramento Garza,
Guillermo Padres Elías,
Mario López Valdez,
Rogelio Rueda Sánchez,
Manuel Velasco Coello.
Diputados:
María de los Ángeles Jiménez Castillo,
Francisco Javier Murillo Flores,
José Rubén Escajeda Jiménez,
Alan Notholt Guerrero,
Mónica Arriola,
Armando García Méndez,
Félix Castellanos Hernández.
Para recibir al Presidente de la República en el pórtico del Palacio Legislativo y acompañarlo a la tribuna del recinto.
Senadores:
Raúl Mejía González,
Adriana González Carrillo,
Andrés Galván Rivas,
Jesús Dueñas Llerenas,
Fernando Eutimio Ortega Bernés,
Arturo Escobar y Vega.
Diputados:
Dolores María del Carmen Parra Jiménez,
Jorge Alejandro Salum del Palacio,
David Figueroa Ortega,
Gerardo Sosa Castelán,
Sergio Augusto López Ramírez,
Blanca Luna Becerril,
Armando García Méndez.
Para acompañar al Presidente de la República de regreso a Palacio Nacional después de la entrega del Informe.
Senadores:
Luis Alberto Villarreal García
Guillermo Anaya Llamas
Adolfo Toledo Infanzón
Javier Orozco Gómez
Diputados:
Dolores de María Manuell-Gómez Angulo
Armando Jesús Félix Holguín
Gerardo Octavio Vargas Landeros
Carlos Alberto Puente Salas
Ariel Castillo Nájera y
Armando García Méndez
Cumplida su instrucción, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia invita a los legisladores integrantes de las comisiones procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus Cámaras.
En atención al artículo 7o., numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibieron diversas comunicaciones de los grupos parlamentarios a fin de declinar su participación. De enterado.
Tiene la palabra el senador Dante Delgado, del grupo parlamentario de Convergencia. Se ruega a todos los presentes escuchar con atención al ponente.
El senador Dante Delgado Rannauro: Honorable Congreso de la Unión. No compartimos el pacto del silencio complaciente porque el Congreso es el espacio del diálogo y del debate.
No compartimos el pacto del silencio complaciente porque debilita el ejercicio republicano al que nos debemos como representantes de la sociedad. La crisis política que partió al país el 2 de julio no se ha resuelto y no se ha resuelto porque las condiciones que la generaron no han cambiado.
El secuestro y manipulación de las instituciones por parte de los poderes fácticos que actúan por encima de cualquier arreglo republicano, comprando conciencias y vendiendo parcelas de poder; todo ello a espaldas de la sociedad.
En Convergencia hemos insistido y seguiremos insistiendo en que es necesario más sociedad y menos gobierno, más ciudadanía y menos partidocracia. En ello estriba que acabemos de desmantelar los resabios del autoritarismo político que se practica nítidamente aún en varias entidades de la federación. El régimen que imperó en el país durante decenios y del cual no acabamos de salir, debe ser modificado. En estas condiciones, el Congreso debe tomar la iniciativa como espacio de amplia negociación y construcción de verdaderos acuerdos.
En este sentido, es apreciable que sea el Legislativo quien continúe impulsando una reforma del Estado necesaria y urgente. Pero esta reforma sólo cumplirá su objetivo en la medida en que sea incluyente.
Si el modelo democrático por el que optamos se obstina en coartar las grandes expresiones sociales, si se les niega a éstas el derecho a expresar su confianza en líderes sociales que ya hoy se sitúan por encima de los partidarios, estaremos conculcando el derecho de la sociedad a renovar su organización social y política, para consolidar un Estado democrático y garante del bienestar social.
La construcción de un nuevo pacto social debe imponer el respeto irrestricto de todos a las leyes, porque como bien señala Luigi Ferrajoli, el paradigma del estado de derecho es el desarrollo de una esfera pública que tutele el conjunto de derechos fundamentales, estipulados en esos pactos fundadores de la convivencia social que son las constituciones como objetivo o razón de ser del derecho y del Estado. Ésa es la tarea fundamental a consolidar en la reforma del Estado.
Pero advertimos: si la reforma del Estado en curso se limita a un arreglo entre grupos políticos para mantener los privilegios que conlleva el poder por sí y para sí, no será sino una nueva edición del autoritarismo. Será otra reforma pactada de espaldas a la sociedad.
Y si de lo que se trata es de reemprender cuanto antes la transición democrática, hoy truncada, bien tenemos que avanzar en una reforma que devuelva la confianza en las instituciones y en los procedimientos electorales.
Nunca más elecciones de Estado. Nunca más árbitros parciales. Nunca más triunfos electorales basados en el poder económico y a espaldas de las mejores propuestas y de los mejores ciudadanos.
La reforma electoral no debe conculcar derechos políticos de la ciudadanía. Debemos romper con los lastres institucionales que, por acción u omisión, son cómplices de la insoportable desigualdad y exclusión social de millones de mexicanos.
Los partidos no podemos suplantar la voluntad popular que se ha manifestado abiertamente por defender el pluralismo y el multipardismo, motores de una democracia moderna que se oxigena con la presencia de expresiones políticas.
Por ello, Convergencia se pronuncia abierta y decididamente por las candidaturas ciudadanas, por la reducción de los más de 70 procesos electorales que se celebran cada 6 años a únicamente 4 jornadas, que permitirían fijar un día anual de elecciones, con el propósito de evitar el dispendio de recursos económicos como hoy se practica, con el ánimo de evitar contaminación visual y, sobre todo, degradar permanentemente a la política.
Los costos de los procesos electorales son enormes. Hoy México paga la democracia más cara del mundo. Por ello debemos eliminar el poder del dinero en las elecciones.
Demos equidad a la contienda. Privilegiemos el debate de las ideas. Demos a las fuerzas políticas la verdadera representación que les dan las urnas. Mantengamos la pluralidad y seamos incluyentes. De otra manera sólo confirmaremos una contrarreforma partidocrática.
Ese mismo ánimo de construcción debe impulsar cualquier otra reforma que emprendamos en el Congreso. Ya en el anterior periodo de sesiones vimos las consecuencias de los acuerdos parciales, como una reforma de la Ley del ISSSTE que no incluyó a todas las voces y, por tanto, carece de aceptación de los propios trabajadores al servicio del Estado y de la educación.
Si la reforma fiscal que hoy se prefigura crea nuevos impuestos, será un castigo al pueblo de México. Si no los destina al desarrollo social y regional con transparencia, será una burla para la ciudadanía. Si no se modifica el régimen fiscal de Pemex, la soberanía nacional sobre hidrocarburos será un espejismo.
Una política fiscal recaudatoria como la que hoy se discute, se limita a tomar de la sociedad sin que necesariamente se retribuya a la ciudadanía.
No más gasto burocrático que impida inversión urgente para reactivar una economía nacional insuficiente.
No puede haber un poder legítimo si por la vía de los hechos seguimos excluyendo socialmente a millones y millones de mexicanos. Sobre todo a aquellos a los que la pobreza y la desigualdad así como la falta de oportunidades de trabajo los obliga a emigrar a los Estados Unidos en busca de empleo y una vida digna.
Hoy todos somos Elvira Arellano, esa valiente mexicana que desafió el poder del gobierno estadounidense. El mejor homenaje que podemos brindar a esta mujer es evitar a toda costa que continúe la desintegración de las familias mexicanas y combatir las causas del éxodo de nuestros compatriotas.
Compañeras y compañeros legisladores, Convergencia no puede convalidar el déficit democrático en el país. No aceptamos la regresión autoritaria que pretende terminar de tajo con la incipiente transición a la vida democrática del país. Estamos profundamente comprometidos con los millones de ciudadanos que confían en el Congreso. Somos indeclinablemente responsables con las tareas que la nación ha puesto en nuestras manos.
Convergencia y los grupos parlamentarios actuamos con la mayor convicción para defender los intereses de la sociedad tejiendo acuerdos a favor de la mayoría y del desarrollo económico del país.
Por ello Convergencia lo reitera, queremos más sociedad y menos gobierno. Luchamos por un nuevo rumbo para la nación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Dante.
Señoras y señores legisladores, ciudadanas y ciudadanos, como Presidenta del Congreso de la Unión quiero reafirmar que cumpliré con el mandato que me da la Constitución.
Estoy obligada a actuar con responsabilidad, institucionalidad y con apego a las leyes, garantizando los principios de imparcialidad y objetividad en la conducción de esta sesión.
El Congreso es un lugar de debate y de acuerdos. Es la representación de la pluralidad y representatividad. Ha llegado la hora de reformar al Estado y a sus instituciones, que ya no responden a los nuevos tiempos de México.
Hago un llamado a seguir impulsando sin dudas ni titubeos las transformaciones que nuestro país requiere y que la población nos exige.
Las circunstancias y formas en las cuales hoy concurrimos a esta sesión, demuestran que la vieja ceremonia de entrega del Informe Presidencial ha caducado y ahora debe construirse una nueva relación republicana entre los Poderes de la Unión. Por eso, cumpliendo con el mandato legal, esta soberanía deberá recibir el Informe correspondiente.
En consecuencia, con fundamento en mis atribuciones legales, instruyo al Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cristián Castaño, asista a esta Presidencia en sus funciones y actúe dignamente al frente de los trabajos de este pleno.
Ahora bien, apelo a la generosidad de mis compañeras y mis compañeros legisladores para que comprendan que soy una mujer de convicciones y principios, promotora de procesos electorales democráticos transparentes, equitativos y de respeto al voto.
Les comunico que procederé a retirarme de esta tribuna. No puedo aceptar recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos.
Por su comprensión muchas gracias. Se decreta un receso de 15 minutos.
(Receso ,17:32 horas)
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (17:40 horas): Se pide a todos los presentes ocupar sus lugares.
Se reanuda la sesión.
Se le concede el uso de la palabra al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: Honorable Congreso de la Unión. Mexicanas y mexicanos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplo con mi deber de asistir a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, y presento un informe, por escrito, en donde manifiesto el estado general que guarda la administración pública del país.
Hago entrega al señor Presidente en este acto. Pido a usted se sirva dar cuenta del contenido a las señoras y los señores legisladores, y dar por cumplida esta obligación constitucional del Presidente.
También manifiesto a ustedes que he instruido a los secretarios del Despacho del Gobierno de la República para que se presenten ante este Congreso a rendir un informe del estado que guardan sus ramos, en los términos y cuando así lo determine la Cámara de Diputados o el Senado de la República.
Finalmente, reitero mi respeto y consideración absolutos a los legisladores del Congreso de la Unión. Y quedo a la espera y a las órdenes de lo que este honorable Congreso de la Unión determine para tener un diálogo público y directo sobre el estado que guarda la nación. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia recibe del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el informe del estado general que guarda la administración pública del país, tal como lo mandata el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, en los próximos días las cámaras se habrán de abocar al análisis del informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo federal respecto a las materias de política interior, política económica, política social y política exterior.
Se invita a la comisión de cortesía designada para tal efecto, se sirva acompañar al Presidente de la República a salir del salón de sesiones cuanto éste decida retirarse. Se declara un receso
(Receso 17: 48 horas)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (17:54 horas): Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta sesión.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Acta de la sesión de Congreso General celebrada el sábado primero de septiembre de dos mil siete, correspondiente a la apertura del primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado. En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de 457 diputadas y diputados, y de 112 senadoras y senadores, a las diecisiete horas con once minutos del sábado primero de septiembre de dos mil siete, la Presidenta declara abierta la sesión de Congreso General.
Puestos todos de pie, la Presidenta declara: "El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy primero de septiembre de dos mil siete, el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura". La asamblea entona el Himno Nacional Mexicano. La Secretaría da lectura a las comisiones de cortesía designadas por la Cámara de Senadores y de Diputados para la presente sesión, y la presidenta le solicita proceder en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado.
En atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta informa a la asamblea que se recibieron diversas comunicaciones de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, a fin de declinar de su partición, de enterado.
Se le concede el uso de la tribuna al senador Dante Delgado Rannauro, de Convergencia. La Presidenta emite un mensaje a la asamblea. Posteriormente a las diecisiete horas con treinta y dos minutos decreta un receso.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras. A las diecisiete horas con cuarenta minutos se reanuda la sesión. El Presidente otorga la palabra al Presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para presentar su primer informe de gobierno.
El Presidente del Congreso recibe del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el informe del estado general que guarda la administración pública del país y anuncia que las Cámaras se habrán de abocar al análisis del informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo federal respecto a las materias de política interior, política económica, política social y política exterior.
El Presidente solicita a las comisiones designadas para el efecto acompañar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a retirarse del Palacio Legislativo. A las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, el Presidente decreta un receso.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado. Se reanuda la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos. La Secretaría da lectura al acta de la presente sesión y la asamblea la aprueba en votación económica.
Voy a poner a consideración de las y los legisladores, en votación económica, el acta de esta sesión. Está a discusión el acta.
Se pone a consideración de las y los legisladores la lectura que se dio de la misma: los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobada, señora Presidenta, por unanimidad.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (18:00 horas): Aprobada. Se invita a los presentes a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.
(Himno Nacional)
Se levanta la sesión del Congreso General.

Primer informe de Gobierno

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Planeación, presenta al Honorable Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno.

En este documento se da cuenta del estado general que guarda la administración pública del país y se informa sobre las decisiones y acciones tomadas entre el 1o. de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007.

Discurso en el pleno:

Honorable Congreso de la Unión:
Mexicanas y mexicanos:
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplo con mi deber de asistir a la apertura de las Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso y presento un informe por escrito en donde manifiesto el estado general que guarda la Administración Pública del país.
Hago entrega, señor Presidente, en este acto y pido a usted se sirva dar cuenta de su contenido a las señoras y los señores legisladores y dar por cumplido esta obligación constitucional del Presidente.
También manifiesto a ustedes que he instruido a los secretarios del despacho del Gobierno de la República para que se presenten ante este Congreso a rendir un informe del estado que guarda su ramo en los términos y cuando así lo determine la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Finalmente reitero mi respeto y consideración absolutos a los legisladores del Congreso de la Unión y quedo a la espera y a las órdenes de lo que este Honorable Congreso de la Unión determine para tener un diálogo público y directo sobre el estado que guarda la Nación.
Muchas gracias, señor Presidente.

Informe completo; http://www.informe.gob.mx/
1.- Estado de Derecho y Seguridad
Una de las demandas más sentidas de los mexicanos ha sido la de vivir en un país libre de violencia, en un país seguro en donde las generaciones de hoy y de mañana puedan desarrollarse y ejercer a plenitud sus libertades y derechos.Como respuesta a esta justa demanda, el Gobierno de la República ha actuado con firmeza y decisión para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad en todo el país. Esto es fundamental para que los mexicanos vivamos mejor, así como para propiciar un ambiente más adecuado a la inversión y la generación de empleos.Sabemos que sin la plena vigencia del Estado de Derecho, ninguna nación puede forjarse un futuro de desarrollo y prosperidad, que la única vía para impulsar una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas es la de la legalidad.Este capítulo contiene una descripción de las principales acciones que el gobierno ha puesto en marcha para garantizar la seguridad de los ciudadanos e impulsar el desarrollo nacional mediante el combate a la corrupción y el cumplimiento irrestricto de la ley. Se pone especial atención a las acciones realizadas de manera conjunta por los cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades locales con el fin de preservar elorden y la legalidad en zonas del territorio nacional que se encontraban amenazadas por la delincuencia organizada.Estos son los primeros pasos de una política integral y con visión de largo plazo, que tiene como objetivo avanzar en la construcción de un país que avance firme hacia el porvenir por la vía de las libertades, de la seguridad pública, del orden y la paz social.

1.1.5 Derechos Humanos
El compromiso que este gobierno asume con el respeto pleno de los derechos fundamentales de las personas que consagran la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se cristaliza en el diseño de políticas públicas con la concurrencia y responsabilidad de todas y cada una de las áreas del Estado mexicano, hecho que le ha permitido obtener la distinción de presidir el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
1.1.5.1 Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Como parte del compromiso de gobierno para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa, el Ejecutivo Federal ha iniciado los trabajos para elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) conforme a los lineamientos de la Ley de Planeación y en apego a la metodología que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Al mes de julio de 2007 se diseñó la versión ejecutiva del Programa, que contiene el marco de referencia, así como los objetivos generales y las estrategias a seguir y se instaló la Red de Enlaces de la Administración Pública Federal (APF), que tendrá por objeto ejecutar líneas de acción específicas en el ámbito de sus respectivas dependencias, así como el Seminario Retos y Desafíos del PNDH, con la participación del representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en México así como del grupo Ginebra por los Derechos Humanos.
• Con el propósito de actualizar el marco normativo y responder a las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, el 17 de abril de 2007 se reinstaló la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH), como un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia, a partir de las cuales se realizaron las siguientes actividades:
– Para armonizar la legislación nacional con los compromisos asumidos por el Estado mexicano con el exterior, las subcomisiones temáticas que forman parte de la CPGMDH llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo en materia de atención a grupos vulnerables; desarrollo de los pueblos indígenas; protección de los derechos humanos de migrantes, niños y mujeres; fomento a la educación en materia de derechos humanos y políticas gubernamentales de respeto a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los mexicanos.
• En el marco de la Subcomisión de Armonización Legislativa se definió la agenda de trabajo para adecuar la legislación nacional con los instrumentos internacionales en la materia firmados por México. Al respecto, se acordó presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General de Cooperación con los Órganos del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; y revisar la legislación federal en materia de tortura y desaparición forzada de personas para ajustarla con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

• Con base en el Convenio Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos, suscrito entre la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, de diciembre de 2006 a agosto de 2007 destacan las acciones siguientes:
– Se asesoraron a 25 entidades para la elaboración de diagnósticos y programas estatales de derechos humanos.
– El 29 de marzo se llevó a cabo la Sesión del Comité de Seguimiento del Convenio Marco en donde se presentaron avances por estado en la materia, asimismo, dicho documento se publicó en periódicos y gacetas oficiales de 21 entidades con la intención de que los ayuntamientos conozcan los compromisos adquiridos por los gobiernos estatales. – Se realizaron seis sesiones de capacitación para integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, en las que se invitó a que se especializaran en la defensa de los derechos de niños, mujeres y migrantes, donde participaron organizaciones de Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Asimismo, en marzo se impartió un curso sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos.
• A fin de priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se firmaron dos convenios para la protección de niños migrantes que viajan solos en el Estado de Chiapas.
• Para difundir el alcance de los derechos humanos, de manera que todos los ciudadanos los conozcan y exijan su respeto, la SEGOB diseñó y puso en marcha la campaña “Vamos Derecho por los Derechos Humanos”, que en la primera etapa comprende inserciones en medios impresos, con mensajes dirigidos a grupos vulnerables: mujeres, migrantes, indígenas, niños, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, se iniciaron los trabajos de la campaña de difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para personas de lengua indígena.
• En el ámbito internacional, México mantiene como una prioridad la protección y promoción de los derechos humanos.
– El 18 de junio de 2007, culminó exitosamente la gestión mexicana en la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con la celebración de cinco periodos ordinarios de sesiones y cuatro sesiones extraordinarias, se alcanzó un acuerdo de consenso en torno a la construcción institucional de dicho órgano. Con ello, se establecieron las herramientas para consolidar a la Asamblea General como el órgano responsable de los derechos humanos de las Naciones Unidas. La conducción del proceso por parte de la Presidencia mexicana fue objeto de reconocimiento de todos los Grupos Regionales y por representantes de la sociedad civil.
– En el marco de la política de apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, el Gobierno de México recibió en abril la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mayo la del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil y en agosto la del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
– En cumplimiento de los compromisos adquiridos por México con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (22 de junio de 2006), el Gobierno de México invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de nuestro país, por lo cual la Comisión estableció un sistema de visitas periódicas a lugares de detención para prevenir la tortura.
– Entre los principales instrumentos y acuerdos internacionales ratificados por México, destaca el aprobado en mayo de 2007 por el Poder Legislativo, la adhesión de México al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, cuyos instrumentos de ratificación serán depositados por nuestro Gobierno próximamente en las sedes de los organismos correspondientes.
– El 6 de febrero de 2007, en París, Francia, México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mismo que se encuentra en proceso de ratificación por parte del Senado.
1.1.5.2 Atención y Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
• Entre diciembre de 2006 y junio de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió 10 recomendaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales en su totalidad fueron aceptadas. Resultado que significa una disminución del 33.3% a lo observado en el periodo anterior.
– Los conceptos más recurrentes de violación a los derechos humanos fueron: el de legalidad, seguridad jurídica y la protección de la salud, mismos que se encuentran en vías de cumplimiento por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Marina. – La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, dio seguimiento a las recomendaciones de la CNDH al Gobierno Federal, con la finalidad de atenderlas oportunamente, diseñar medidas preventivas y delinear acciones correctivas para los funcionarios que incurran en la violación de los derechos humanos
• Por otra parte, se instrumentaron diversas medidas cautelares y provisionales a favor de personas, organizaciones y defensores de los derechos humanos. En este sentido, durante la presente Administración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado mexicano la adopción de tres medidas cautelares, las cuales se implementaron en beneficio de 73 personas y 11 familias. Dichas medidas de protección consisten en el otorgamiento de aparatos telefónicos para realizar llamadas en caso de alguna emergencia, contacto directo con servidores públicos federales y locales, rondines policíacos en los domicilios de los beneficiarios, ayuda humanitaria, así como el seguimiento puntual de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes sobre los hechos que generaron la instrumentación de estas medidas.
* La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Fuente: Presidencia de la República

Amnistía y el aborto

21 de agosto de 2007
Declaración de Amnistía Internacional en respuesta al secretario de Estado del Vaticano
Ayer, 20 de agosto, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, comentó la política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos –incluida la política sobre aspectos seleccionados del aborto– y dijo que la opinión del Vaticano es que el aborto no debe ser una posibilidad a disposición de las víctimas de violación.
La política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos no promueve el aborto como derecho universal, y la organización guarda silencio sobre la bondad o maldad del aborto. La política reconoce los derechos humanos de las mujeres a no sufrir temor, amenazas o coacción al abordar todas las consecuencias de la violación y de otros graves abusos contra los derechos humanos.
Amnistía Internacional mantiene su política, adoptada en abril de este año, cuya finalidad es respaldar la despenalización del aborto para garantizar que las mujeres tienen acceso a servicios de salud cuando surgen complicaciones derivadas del aborto, y para defender el derecho de las mujeres al aborto –dentro de los límites razonables que impone la gestación– cuando su vida o su salud corren peligro.
En su Reunión del Consejo Internacional, celebrada en México la semana pasada, los dirigentes de Amnistía Internacional manifestaron el compromiso de la organización de reforzar su trabajo sobre la prevención de los embarazos no deseados y otros factores que contribuyen al recurso de las mujeres al aborto, y afirmó resueltamente la política de la organización sobre aspectos seleccionados del aborto. A la reunión asistieron más de 400 representantes de Amnistía Internacional procedentes de más de 75 países –de muy diversa nacionalidad, origen étnico, edad, religión y cultura– que reafirmaron el compromiso de la organización para con los derechos humanos de las mujeres.
La primera vez que Amnistía Internacional consideró la cuestión de si había aspectos de derechos humanos implicados en la cuestión del aborto fue hace dos años, como parte de su trabajo en la campaña global de la organización "No más violencia contra las mujeres". La postura de Amnistía Internacional coincide con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y se ha adoptado tras amplias consultas con su membresía. Amnistía Internacional exploró activamente cuáles son los aspectos de derechos humanos relacionados con el aborto, y concluyó que:
• en países como Nigeria, tras juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, se condena a muerte a mujeres por hacerse practicar un aborto;
• se detiene, procesa y encarcela a mujeres acusadas de hacerse practicar abortos pese a que las pruebas respaldan su alegación de que han tenido un aborto espontáneo;
• se niega una intervención médica que podría salvarles la vida a mujeres con embarazos ectópicos (embarazos en los que el embrión se implanta en la trompa de Falopio y no tiene posibilidades de prosperar, pero que cuando no son tratados pueden hacer reventar la trompa, poniendo en peligro la vida de la mujer y, si ésta sobrevive, su fertilidad).Además, Amnistía Internacional documentó casos de violencia sexual en conflictos armados que tuvieron consecuencias devastadoras para las mujeres y las llevaron al ostracismo. Este trauma y esta exclusión se vieron agravados cuando la violencia sexual (que normalmente adopta la forma de violación en grupo) dio lugar a un embarazo no deseado. Mujeres y niñas que habían sido violadas, incluso por miembros de su familia, en situaciones que no eran de conflicto se vieron también forzadas a llevar a término su embarazo.
Amnistía Internacional supo también que, al contrario de lo que sucede en cualquier otra situación, los profesionales de la medicina a menudo se niegan a tratar a mujeres que sufren complicaciones derivadas de un aborto. No existe ningún caso análogo, es decir, ningún caso en el que se niegue la atención médica porque se crea que la persona que la necesita ha cometido un delito. Las personas con sobredosis de drogas que se consideran ilegales reciben tratamiento, al igual que lo reciben los sospechosos de delitos violentos que han sufrido heridas de arma de fuego o de otro tipo en el transcurso del delito o los soldados fuera de combate en conflictos armados. Sin embargo, a las mujeres se les niega este tratamiento, lo que refleja la excepcionalidad de la cuestión del aborto.
Amnistía Internacional considera inaceptable que se encarcele a mujeres por tratar de conseguir un aborto o hacérselo practicar, o que se les niegue el acceso a servicios de aborto pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo consecuencia de la violencia sexual en un conflicto armado es una forma de tortura, y a que en situaciones sin conflicto esa obligación constituye trato cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional considera inaceptable la muerte evitable de 70,000 mujeres al año, y también la negación de servicios médicos en una serie de circunstancias, desde los embarazos ectópicos hasta las complicaciones derivadas de abortos poco seguros. Se trata de una violación del derecho a la vida, a la salud, a no sufrir tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante, y a no sufrir discriminación.
En respuesta a la postura del secretario de Estado del Vaticano, Amnistía Internacional señala el derecho del Vaticano a expresar sus opiniones sobre el aborto y reconoce que hay cuestiones de derechos humanos sobre las que ambos mantienen una opinión común, como el trabajo contra la pena de muerte, la liberación de presos de conciencia y la abolición de la tortura. Amnistía Internacional defiende enérgicamente y respeta el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y de asociación. La decisión individual, de las personas de cualquier credo, de estar a favor o en contra de la política de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye aspectos seleccionados del aborto, depende de cada persona y debe ser respetada.
Si desean más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos sexuales y reproductivos, :http://web.amnesty.org/actforwomen/sexual_and_reproductive_rights-eng

La pobreza y los derechos humanos

Liberación de la pobreza/Miguel Concha
Tomada de La Jornada, 01/08/2007;
Amnistía Internacional (AI), el movimiento de derechos humanos más grande del mundo, acaba de anunciar en un comunicado muchos cambios en la manera de realizar su trabajo. Dicho comunicado se emitió oficialmente en el contexto de la clausura de la 28 reunión de su Consejo Internacional, que se llevó a cabo del 12 al 17 de agosto en Cocoyoc, Morelos, con la participación de más de 400 delegados de 75 países, con el propósito de planificar, revisar y tomar decisiones respecto a su trabajo.
La dirección mundial de AI declaró que “en un mundo maltrecho a causa de la división y la discordia, avivadas por la desigualdad y la impunidad”, concluía la reunión de su Consejo Internacional “con el compromiso rotundo de abordar la pobreza y la desigualdad como los grandes peligros mundiales que amenazan los derechos humanos universales”.
Los cambios no son nuevos en la organización. El año 1976, al anunciar en Estados Unidos que extendería su trabajo para oponerse a todos los casos de condenas a muerte en el mundo, perdió un porcentaje importante de su membresía. Años más tarde, y después de una serie de debates muy intensos, AI amplió su mandato por la visión de un mundo en el que “todas las personas disfruten de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales”. Esto incluye abordar la problemática desde una perspectiva integral, que permite investigar todo tipo de violaciones, sin limitarse a sólo algunas de ellas.
Para ser congruentes con los principios que ahora rigen a la organización, AI ha venido estudiando su forma particular de actuar con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. La decisión no es fácil, y en numerosas ocasiones este trabajo se ve limitado por lo difícil que es abordar con una misma perspectiva los derechos económicos, sociales y culturales en todos los países del mundo, a pesar de que las violaciones a éstos son las que afectan a un inmenso porcentaje de la población mundial, y están detrás y muchas veces ocasionan otro tipo de violaciones.
Desde hace algunos años AI ha trabajado en favor de presos de conciencia o de presos políticos que defienden esta clase de derechos. Como ejemplo tenemos el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Montiel, Cabrera y Arreaga, encarcelados injustamente por defender los bosques. Sin embargo, en esos casos la organización se limitaba a denunciar las violaciones a sus derechos civiles, como consecuencia de sus acciones por reivindicar derechos económicos, sociales o culturales. Ahora AI se plantea directamente su forma de trabajar este tipo de violaciones, al afirmar en su comunicado que “la dignidad humana de todas las personas es la base de la causa de los derechos humanos”; y que, “al trabajar por la liberación de los presos de conciencia, o de los presos de la pobreza, los prejuicios y la violencia, permanecerá fiel a su misión de defender la dignidad de los marginados”.
Promover la dignidad de las personas que a causa de la pobreza y los perjuicios tienen un acceso mínimo a los derechos humanos, añade, “es la tarea más apremiante que se le presenta a Amnistía Internacional”. “Como líderes de este movimiento mundial de defensa de los derechos humanos –expresó en esa ocasión Irene Khan–, reiteramos nuestra convicción y determinación de hacer todo lo posible por levantarnos y defender los derechos humanos universales de todas las personas en todo el mundo”.
¿Cuál va a ser la forma como la organización actúe frente a las injusticias económicas que se dan en el mundo, de manera que pueda incidir en las condiciones inequitativas existentes entre estados y dentro de los mismos, para que disminuyan? Son preguntas muy serias que los miembros de AI se han venido formulando, y cuyas respuestas apenas se han empezado a discutir en la reunión última de su Consejo Internacional. Sin embargo, el movimiento mundial de derechos humanos no puede dejar de congratularse de que AI decida apoyar el trabajo a favor de la solución de esta problemática, que es ya parte fundamental de la agenda de una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, nacionales e internacionales. Su aportación será, sin duda, de gran ayuda para que estos derechos puedan hacerse exigibles y justiciables, atendiendo a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La pobreza es, en efecto, la expresión de una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, y resulta inaceptable permanecer indiferentes frente al abuso de poder y la discriminación en las oportunidades para alcanzar una vida digna que se dan entre nosotros. A este respecto, las palabras de Nelson Mandela son una ilustración perfecta para el anuncio que ha hecho AI: “Al igual que ocurre con la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es algo natural. Es el hombre quien la crea, y son las acciones de los seres humanos las que pueden vencerla y erradicarla. Vencer la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Constituye la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida digna”.

Posible encuentro Chávez-Tirofijo

El presidente Hugo Chávez, reveló ayer que tiene el visto bueno de su colega colombiano, Alvaro Uribe, para recibir en Caracas, a un delegado oficial de las FARC, con el propósito de negociar la liberación de 45 secuestrados. ''El presidente Uribe ha visto con buenos ojos que yo reciba en Venezuela a un enviado de las FARC para hablar de este tema'', precisó.

Y ha trascendido que el delegado de las FARC podría ser el mismo Manuel Marulanda "Tirofijo". ''Ojalá lo fuera, a mí me gustaría mucho conocerlo'', pues se trata de "un hombre de mucha experiencia en la lucha política y luego en las FARC'', dijo Chávez.

Chávez también se reunirá con delegados del ELN, segunda guerrilla colombiana, con el objeto de tratar de destrabar el inicio de un proceso de paz que actualmente negocian en La Habana, Cuba, delegados de esa guerrilla y del gobierno colombiano.
''Más allá de cada posición, que respetamos, hay soluciones'', dijo Chávez anoche en una rueda de prensa convocada al final de una reunión de siete horas con su colega colombiano en la hacienda presidencial histórica de Hatogrande, al norte de Bogotá.
''Iré a donde haya que ir a hablar con el que haya que hablar, a la hora que sea'', así haya ''pirañas y caimanes'', declaró.
Chávez también ratificó que acababa de indultar a 41 paramilitares colombianos que hace tres años viajaron clandestinamente a ese país para intentar un atentado contra él, y, en un mensaje directo a las FARC, dijo estar seguro de que "liberación llama liberación''.
El mandatario venezolano reveló que apenas horas antes de emprender viaje a Bogotá en la mañana de ayer, recibió un mensaje de las FARC sobre el que no quiso dar detalles. ''Estoy seguro que el mensaje que envié llegó a Marulanda y que el mensaje que me llegó viene de Marulanda'', declaró Chávez.
Al término de la cumbre presidencial que revivió las esperanzas de Colombia por conseguir la liberación de 45 secuestrados de cerca de cinco mil que hay en Colombia, muchos de los cuales llevan 10 años en poder de las FARC, Chávez si dirigió a la cada de la embajada de su país en Bogotá, en donde extraoficialmente se dijo que lo esperaban parientes de algunos de los 500 guerrilleros de las FARC que serían liberados, con el beneplácito de Uribe, a cambio de los secuestrados de las FARC.
El presidente Uribe reconoció que todos los días les pide a los militares y policías de Colombia que ''avancemos en el rescate de los secuestrados'' ante la imposibilidad de liberarlos por medios pacíficos.
Uribe declaró que la gestión mediadora que hará Chávez frente a las dos guerrillas más grandes de Colombia, cuenta con su confianza y su respaldo. En estos temas hay que ser constructivo pero para ser constructivo no se puede ser hipcórita. Yo tengo que ser igualmente franco ante cualquier auditorio y si algo ha contribuido a crear en estos cinco años una amistad de confianza patriótica con el presidente Chávez ha sido la mutua sinceridad, declaró Uribe.

agradeció el interés de su colega venezolano de ayudar a Colombia en este y otros temas, pero le aclaró que él mantiene dos puntos inamovibles: no al despeje y la condición de que los guerrilleros liberados no se reincorporen a las FARC. No obstante, dijo que también les entregó "herramientas" al presidente Chávez y a la senadora Piedad Córdoba para que hallen la 'fórmula mágica' que ayude a encontrar un entendimiento con las FARC, que tienen 45 políticos y militares secuestrados para hacer un canje.

En el encuentro de ayer, Chávez y Uribe suscribieron dos acuerdos comerciales y de cooperación agrícola.

Las cuatro anécdotas más llamativas de la cumbre:

Chávez pidió la receta de las empanadas colombianas
Fiel a su estilo de romper el protocolo, Chávez dijo que se negaba a irse de Colombia sin conocer la receta de las empanadas que le ofrecieron. Uribe le advirtió que no le fuera a dar empanadas a Manuel Marulanda sin antes recibir un gesto humanitario. Chávez dijo que a Marulanda le daría una con picante y Uribe le respondió: "Eso sí me gusta".
Presidentes con sus propios siquiatras en el gobierno
En este encuentro quedó al descubierto que ambos mandatarios tiene sus propios siquiatras, dentro de sus más cercanos funcionarios. Cuando Uribe le presentó a Chávez al comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, le dijo que "no sé como esos bandidos no han enloquecido a este psiquiatra". De inmediato Chávez le confesó que "yo tengo de siquiatra a mi vicepresidente (Jorge Rodríguez ). Algunos dicen que lo pusieron allí para que me controlara". Uribe le regaló un cuadro de Maripaz Jaramillo
Durante toda la gira, Uribe aprovechó la pasión de Chávez por la historia de Simón Bolívar. No solo escogió como sitio de encuentro a Hato Grande, hacienda que Bolívar la regaló a Francisco de Paula Santander, sino que le obsequió un cuadro de Maripaz Jaramillo, en el que aparecen los dos próceres de la Independencia.
Además, José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, le regaló un libro sobre Antonio Nariño escrito por Enrique Santos Molano, que el mandatario venezolano prometió leer pronto.
Chávez llegó de rojo y se fue de azul
Llamó mucho la atención entre los asistentes a la cumbre en Hato Grande, que el presidente Hugo Chávez llegó al encuentro con su tradicional camisa roja, prenda de 'combate' que usa para sus correrías en Venezuela. Pero fue tan larga la reunión y tanto el frío que hizo en la tarde y la noche en la sabana de Bogotá, que el Jefe de Estado venezolano tiritaba de frío. No le quedó más remedio a la comitiva del vecino país que prestarle una chaqueta azul, con la que se le vio en la rueda de prensa de las 7 de la noche.

Fuente: El Nuevo Herald y El Tiempo