Litigios
lentos... hasta para los jueces/
JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1945, 8 de febrero de 2014;
En
México el principio de justicia pronta y expedita no se respeta para nadie. El
Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración
de los tribunales federales, se sumó al linchamiento público de sus propios
impartidores de justicia –algunos de ellos suspendidos y en la incertidumbre
laboral– aunque durante años no haya podido demostrar su culpabilidad.
En
medio de escándalos mediáticos y presiones políticas por la presunta
implicación de jueces y magistrados en sobornos por parte de abogados,
empresarios o la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF, organismo cúpula del Poder Judicial) mantiene suspendidos a varios de
ellos y sólo en muy contados casos ha concluido los procedimientos
administrativos abiertos en su contra. Y son menos aún aquellos a quienes ha
puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para
consignarlos penalmente.
El
CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en
consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de
comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias
investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos
formales.



