Respuesta de La Crónica

El periódico La Crónica de Hoy publica hoy integra la carta que la envía José Luis Contreras, director de Enlace y Comunicación Ciudadana de la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado con respecto al la respuesta al artículo El colapso de la Fiscalía de Carrillo Prieto.

Además publica dos notas en contra del fiscal, una de José Contreras y otra de srael Yáñez G.

Atoró la Permanente iniciativa del PRD para investigar a Carrillo Prieto; tenía en la nómina a un hermano y a su ex esposa/José Contreras, reportero.

Carrillo. La fiscalía no ha cumplido con los objetivos, aseguran los diputados.

La Comisión Permanente mantiene en la “congeladora” una propuesta del PRD para pedir a la Secretaría de la Función Pública que investigue la gestión del fiscal especial para la investigación de los delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, ya que existe la presunción de que incurrió en diversas irregularidades, como nepotismo.

De acuerdo con la información aportada por los diputados perredistas Isidoro Ruiz Argaiz y Eliana García, el fiscal especial metió en la nómina a su hermano, Carlos Carrillo Prieto, y su ex esposa, Georgina Landa Bonilla, a quien nombró coordinadora de la Fiscalía en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

La propuesta fue presentada por ambos diputados el 17 de mayo del 2006 y fue turnada a la Primera Comisión, en donde no ha sido discutida ni dictaminada hasta el momento.

Según el texto de los diputados, la ex esposa de Carrillo Prieto desarrolló, como coordinadora de la Fiscalía en Atoyac, “un estilo de vida que para los familiares de los desaparecidos fue equivalente a que le hubieran dado unas vacaciones en el mar con todo pagado, a costa del erario”.

Los diputados del PRD señalaron que el fiscal Carrillo Prieto pudo haber incurrido en violaciones al artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y pidieron que sea investigado por la Secretaría de la Función Pública.

En el escrito los perredistas consideraron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) “es una de las dependencias con más signaturas pendientes en materia de derechos humanos de la actual administración”.

A la fecha, dijeron, los resultados de la dependencia no han dado respuestas sobre las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones de las víctimas del periodo que se conoce como la “guerra sucia”.

Mencionaron que entre los objetivos para los que fue creada, se encuentran la localización de los detenidos-desaparecidos, la identificación y sanción de los responsables, la reparación de los daños ocasionados por la represión sistemática del Estado y las medidas de no repetición, lo cual no ha llevado a cabo la Fiscalía.

El fiscal Carrillo Prieto ha sido citado a comparecer por el Senado en al menos tres ocasiones para que explique por qué la dependencia a su cargo no ha dado los resultados esperados, pero no, nunca ha acudido.

Al respecto, el vicepresidente del Senado, César Jáuregui Robles, consideró que la Secretaría de la Función Pública debe investigar y aclarar si el fiscal Ignacio Carrillo Prieto incurrió en irregularidades que dañen el patrimonio nacional.

Apuntó que no es necesario esperar a que la Comisión Permanente apruebe la propuesta de los diputados perredistas para que inicie la investigación, pues la SFP puede iniciar la indagatoria a partir de las denuncias que se han hecho públicas en los medios de comunicación.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Leticia Burgos Ochoa, comentó que los cinco años que lleva la actual administración federal se han producido una serie de acciones que, según el discurso gubernamental, son tendientes a favorecer el esclarecimiento de estos crímenes cometidos en el pasado.

Desafortunadamente, la realidad nos ha demostrado que la orientación y el alcance de estas acciones impulsadas desde el gobierno no logran articularse y mucho menos fundamentarse en el objetivo de realizar el derecho a la Justicia y a la Verdad que las víctimas reclaman, señaló.

Imposibilitado por ley para ser fiscal, dice Coello, nota de Israel Yáñez G.

Javier Coello Trejo, abogado de Miguel Nazar Haro, consideró que no se puede ser “juez y parte” en las investigaciones de los hechos del pasado, como lo hace el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien tiene vínculos familiares con una de las mujeres desaparecidas durante la época conocida como la “guerra sucia”.

Alegó que el fiscal estaba impedido por la ley para encabezar la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), ya que era primo directo de la presunta guerrillera, Denisse Prieto, situación que lo dejaba impedido para formar parte de la investigación.

Precisó que dentro del equipo de trabajo de Carrillo Prieto hay personas como Mario Ramírez, presunto integrante de la entonces Liga Comunista 23 de Septiembre, situaciones que ponen de manifiesto que el trabajo de la Femospp no es imparcial, pues están usando a la institución para sus venganzas personales.

“El acuerdo por el que se creó esa Fiscalía era muy claro, un Consejo Ciudadano con gentes de reconocido prestigio. Pero hay personas que en su momento fueron consignados, y por alguna situación política el estado los amnistió, pero eso no quiere decir que sean inocentes.

Ellos —los presuntos guerrilleros—, en su momento, cometieron delitos en contra de la seguridad nacional y la soberanía de México, que no digan ahora que son inocentes. Fueron detenidos, procesados y tienen antecedentes penales y no podían formar parte de la fiscalía”, acotó el abogado de Nazar Haro.

Después de revisar los expedientes sobre los cargos formulados a mi cliente —dijo el abogado—, se pudo constatar que la Femospp consignó declaraciones “hechizas”, alteradas, en algunos casos de personas que no sabían ni leer ni escribir, a quienes supuestamente se les tomó su testimonio en su casa, sin ninguna persona que lo pudiera certificar.