Conflicto de interés en el TEPJF

TEPJF: el lodo va de regreso

Jorge Carrasco Araizaga, reportero.

Publicado en Proceso, No 1610, 9/09/2007;

El escándalo de corrupción detonado en el TEPJF se complica... De acuerdo con documentos cuya copia tiene Proceso, el denunciante de los presuntos actos ilícitos detectados en el seno del Tribunal Electoral, magistrado Salvador Olimpo Nava, y la actual presidenta de ese órgano, María del Carmen Alanís, incurrieron en conductas irregulares. El caso puede tener repercusiones en el marco de la reforma electoral que se discute en el Congreso…

Al grupo que se quedó con el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), empezando por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, se le ha complicado la acusación que éste lanzó contra la anterior presidencia de la Sala Superior y que sumió en una crisis al máximo tribunal encargado de dirimir las controversias electorales del país.

La principal beneficiaria de la denuncia, María del Carmen Alanís Figueroa, enfrenta el problema de aclarar la imputación que la acaba de encumbrar en la Presidencia del TEPJF, por lo que la Comisión de Administración del Tribunal –que ella preside– le dio 11 meses más de licencia a Norma Inés Aguilar León, la coordinadora de asesores de la anterior presidencia que fue acusada por Nava Gomar de un presunto intento de corrupción.

Orillada por María del Carmen Alanís, el 14 de agosto Norma Inés Aguilar solicitó a la nueva presidenta una licencia de un mes a su cargo de asesora del magistrado Flavio Galván Rivera, luego de que el día 7 había dejado de ser la coordinadora de Asesores de la Presidencia del TEPJF. Una semana después de la solicitud, la Comisión de Administración acordó “concederle” la ampliación de su licencia sin goce de sueldo al mes de agosto de 2008.

A pesar de las declaraciones públicas de Alanís de que “pronto” daría a conocer si existió el intento de aprovechamiento por parte de Aguilar como responsable de buscar la adquisición de un edificio para el tribunal, la comisión extendió la licencia para poder concluir “el proceso de investigación” abierto por la acusación de Nava Gomar.

La investigación, que aún no tiene el carácter de proceso administrativo de responsabilidad, debe corroborar o negar que Aguilar, quien fue la principal asesora del anterior presidente del TEPJF, Flavio Galván Rivera, pretendió cobrar una comisión a cambio del contrato de compraventa de un inmueble. En la denuncia por escrito de Nava que forma parte de la investigación, a la que este semanario tuvo acceso, no se menciona una cantidad específica del alegado beneficio que recibiría la asesora de Galván, como se filtró a la prensa cuando se dijo que se trataba de 5 millones de pesos.

Los documentos demuestran que el denunciante siempre supo que uno de los familiares de él mismo –tía materna– hizo gestiones para la compra del inmueble con el propósito de obtener un beneficio económico, aunque el Código Penal Federal prohíbe procurar ese tipo de ganancias para parientes de funcionarios públicos. No sólo eso, sino que permitió la continuación de la alegada operación ilegal

.Diego Gutiérrez Morales, el secretario administrativo del tribunal y yerno del ministro de la Suprema Corte Juan Silva Meza, le informó a Aguilar mediante un oficio firmado el pasado 3 de septiembre que, por el acuerdo 250/S9 del 22 de agosto, la Comisión de Administración “le concedió licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo” de asesora de Galván “hasta por 11 meses”, contados a partir del vencimiento de la licencia de 30 días que se le dio por la apertura de la investigación.

Además de Alanís, la Comisión de Administración está integrada por el magistrado del TEPJF Constancio Carrasco Daza y tres representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): los magistrados María Teresa Herrera Tello, Elvia Díaz de León D’Hers y Miguel Ángel Quirós.De acuerdo con involucrados en la investigación, los representantes del CJF apoyaron la ampliación de la licencia, pero no definieron el plazo. Aseguran que Alanís y Carrasco fueron quienes fijaron los 11 meses y que incluso éste propuso que la indagatoria se pospusiera hasta después de la reforma electoral que se discute en el Congreso y que incluye el futuro del TEPJF.Aunque el escándalo permitió el arribo de Alanís a la presidencia del TEPJF, facilitado por los problemas de salud de Galván, quien sigue como magistrado, los conflictos aún no terminan pese a los nombramientos hechos bajo la nueva presidencia. Algunos de esos cambios, como el del coordinador de Comunicación Social, fueron inclusive promovidos por Alanís y Nava antes de que estallara el escándalo.

El 2 de mayo, ambos firmaron una comunicación dirigida a los otros cinco magistrados de la Sala Superior en la que propusieron “el procedimiento de selección” de los candidatos a titulares de Informática y de la Coordinación de Comunicación Social.En su propuesta, Alanís y Nava quedaron como los encargados de valorar los currículos, la integración de los expedientes, la concentración de las calificaciones y la notificación del ganador a los magistrados, quienes finalmente autorizaron y expidieron los nombramientos.

Muestra de que los intereses siguen confrontados en el tribunal –de los que no son ajenos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el CJF (Proceso 1607)– es la revisión que se está haciendo de la actuación de Alanís desde que asumió el cargo de magistrada electoral, en noviembre de 2006. En ese análisis, ha quedado de manifiesto su interés por la designación de nuevos funcionarios, la adquisición de vehículos, la contratación de empresas de publicidad y propaganda y el establecimiento de un estudio fotográfico profesional en el TEPJF.

Destaca también un viaje de vacaciones por Europa, incluido un crucero por el mar Báltico, a escasos siete meses de haber sido designada magistrada por el Senado. El viaje comenzó en Londres, y de allí se trasladó, entre el 25 y 29 de junio, a una comisión a Viena, Austria, acompañada por su ahora coordinador general de asesores, Patricio Ballados Villagómez, quien a la sazón coordinaba las relaciones internacionales del TEPJF. Luego de ese servicio, Alanís inició sus vacaciones en Londres, de donde es posgraduada, y a partir del 30 de junio hizo un crucero por el mar Báltico, que se prolongó hasta el 12 de julio.

Alanís compartió espacios y labores con Patrico Ballados en el Instituto Federal Electoral (IFE), donde ella fue secretaria ejecutiva y él su coordinador de asesores, antes de fungir como coordinador de la Unidad Técnica del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en la elección de 2006.

Al igual que Alanís, Ballados tiene un posgrado londinense, y en 2004 fue uno de los fundadores de la Agrupación Política Nacional Iniciativa XXI, que luego conformó el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Conocida su relación personal desde la infancia con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, María del Carmen Alanís Figueroa llegó al TEPJF con el amplio respaldo del PAN en el Senado y con el aval del entonces coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a pesar de los cuestionamientos públicos que le hizo el senador priista Joaquín Hendricks por su cercanía con Los Pinos. En la conformación de su equipo de colaboradores, Alanís Figueroa se ha rodeado de panistas y priistas, aunque los cargos más importantes se los ha dado a quienes han sido parte del PRI. Como secretario particular designó a Enrique Ochoa Reza, quien fue candidato a diputado federal suplente del PRI en 2003 por el principio de representación proporcional.

A finales de 2006, como militante priista, promovió ante el TEPJF un juicio en contra de la decisión del Consejo Político Nacional del PRI de ampliar la permanencia de Mariano Palacios Alcocer y Rosario Green –ahora senadora– como presidente y secretaria general del partido, cargos en los que respectivamente habían sido designados como interinos. La impugnación terminó de sustanciarse en febrero de este año con un juicio a cargo del magistrado Carrasco Daza, quien desechó la queja.Otro priista que Alanís llevó al tribunal es Octavio Mayén Mena, nuevo coordinador de Comunicación Social que en los registros del IFE aparece como contribuyente a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, y que durante décadas trabajó para gobiernos priistas, incluido el del cuestionado Arturo Montiel en el Estado de México. Antes de llegar al TEPJF, Mayén fue director de Comunicación y Relaciones Públicas de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, promotora de la llamada Ley Televisa y ahora defensora del IFE. También fungió como director de Comunicación del Registro Federal de Electores en 1991, cuando éste aún era parte de la Secretaría de Gobernación.

Con el argumento de que el anterior responsable de Comunicación no pudo controlar la información negativa en contra del TEPJF –que fue producto de filtraciones a la prensa como parte de la disputa interna–, la nueva presidenta del TEPJF le dio a Mayén la tarea de mejorar la imagen del órgano. Pero el nuevo funcionario poco podrá hacer ante la crisis de credibilidad del tribunal por las acusaciones de Nava Gomar, que han dado lugar en el Congreso al propósito de remover a algunos de los magistrados electorales y hacer nombramientos escalonados en la Sala Superior del TEPJF.

Los movimientos

Nava Gomar desató el escándalo en la víspera de que Flavio Galván Rivera se ausentara dos semanas del Tribunal por vacaciones (del 7 al 23 de junio) y luego otros 15 días por problemas de salud. El tema, sin embargo, ya lo había tratado Nava con todos los integrantes de la Sala Superior desde el 30 de abril. La noche del 6 de julio Nava presentó al entonces presidente del TEPJF, Galván Rivera, la denuncia de un intento de corrupción por parte de Aguilar, quien estaba a cargo de la adquisición de un edificio para la Sala Regional del Distirto Federal, oficinas administrativas y eventual sede alterna de la Sala Superior.

En su escrito, Nava aseguró que, después del 30 de abril, los magistrados volvieron a discutir la acusación el 4 y el 10 de mayo, así como el 20 de junio, aunque por esas mismas fechas el denunciante estaba tratando con el entonces secretario de Administración, Daniel Tapia Izquierdo –quien ya salió del tribunal–, el uso que tendría el edificio por adquirirse, según consta en un oficio de Nava firmado el 21 de mayo de 2007.

Explicó que, en virtud de que no se tomaron medidas “definitivas” ni se inició una investigación, decidió hacer la denuncia por escrito y entregársela a Galván. Al respecto, éste ha manifestado públicamente que la misma noche en que recibió la denuncia la turnó al contralor interno, Mario Rodríguez Santos, con lo que se inició el “procedimiento de investigación” bajo el expediente TEPJF/CI/DE/003/2207.

Galván había comisionado a Norma Inés Aguilar para la búsqueda del inmueble de referencia, pero en esta tarea se involucraron el esposo de su asesora, Octavio López Guzmán, y la tía de Nava Gomar, Olga Gomar de Zubiaur. La relación entre la tía del magistrado y el matrimonio López Aguilar comenzó el 29 de marzo, cuando éste entró en contacto con la Inmobiliaria Rayo en la búsqueda de una casa, para la que había fijado un rango de 4 a 6 millones de pesos.

Según la denuncia de Nava, el 3 de abril de 2007 Norma Inés Aguilar llamó a Olga Gomar de Zubiaur para pedirle, además de la búsqueda de la casa, un edificio de 7 mil metros cuadrados; “que el precio era lo de menos, que era para el gobierno y que ella manejaba las finanzas y ‘era quien decidía todo aquí’”.

Luego, el 9 de abril, de acuerdo con la acusación, Aguilar pidió a Olga Gomar que la compra del inmueble la tratara con Octavio López, quien una semana después, el día 17, le dijo: “se entiende que en esto vamos todos a mitades, ¿verdad, Olga?”.

Dice Nava: “La señora Gomar llamó a mi madre, quien a su vez llamó al suscrito para denunciar que en el tribunal le estaban pidiendo dinero a mi tía por la operación de compraventa descrita. Pedí que me diera más datos para hacerlo del conocimiento de los integrantes de la Sala Superior”.

Los contactos siguieron y la corredora de bienes raíces les ofreció el edificio del Grupo Monitor ubicado en San Jerónimo, pero, según Nava, Octavio López contactó en forma directa a la firma Richard Ellis, encargada de la venta de ese inmueble, y le insistió a la tía del magistrado que mantuviera la discreción. Algunos magistrados, incluida Alanís, fueron a ver esas instalaciones.

Nava no precisó la cantidad presuntamente requerida por el esposo de la asesora de Galván. Sin embargo, en su último punto de la denuncia asegura: “Nos enteramos después que el C. Octavio López Guzmán, de forma gratuita y por relaciones de amistad, ha participado en la contestación de demandas de conflictos jurisdiccionales de los que el TEPJF es parte… También nos enteramos de la estrecha relación de amistad entre Norma Inés Aguilar, su esposo y el secretario administrativo de este órgano”, Tapia Izquierdo, quien ya fuera del tribunal ha tenido que declarar ante la Contraloría Interna.

El magistrado no sólo entregó copia de su denuncia al resto de sus colegas. También se las entregó a los consejeros del CJF que son parte de la Comisión de Administración.

Casi un mes después de la denuncia, el 2 de agosto y seis días después de haber estallado el escándalo mediante una filtración en el periódico Reforma, Aguilar León recibió una copia del escrito de Nava y fue requerida por el contralor para que diera un “informe pormenorizado” sobre la acusación. Sin embargo, le fue negado el expediente porque se trata de “actuaciones reservadas de un procedimiento administrativo de investigación”, pero también porque “ni siquiera tiene el carácter de presunta responsable” y su comparecencia fue “sólo con el propósito de recabar elementos que permitan determinar finalmente si existe o no responsabilidad administrativa de algún servidor público”. El otro señalado, Octavio López, fue citado a comparecer para el 20 de agosto, pero sólo se le preguntó sobre su relación con Galván y si intervino en las gestiones para la compra del inmueble. Confirmó incluso que acudió con la tía de Nava a ver un edificio en avenida Revolución. Según la documentación con la que cuenta Proceso, López respondió que la tía de Nava Gomar siempre se presentó sólo como Olga Zubiaur, que es su apellido de casada, a quien contactó primero para la adquisición de una casa y luego para el edificio del tribunal.

De acuerdo con la investigación, por lo menos desde el 30 de abril Nava sabía que su tía gestionaba la venta de un inmueble para el TEPJF, lo que está penado en el artículo 220, fracción I, del Código Penal Federal, según el cual un servidor público comete una conducta ilícita cuando por sí y por alguien más realice cualquier acto que produzca beneficios económicos al propio servidor público o a su familia hasta el cuarto grado consanguíneo.