Boletín 331- 07/12/2007;
NO TIENE NINGUNA RAZÓN VALIDA EL EPR PARA SU CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Desde principios de junio, esa organización ha publicado alrededor de 40 comunicados cuyo contenido se reduce a tres aspectos: 1) denunciar la desaparición de dos de sus miembros; 2) exigir su presentación con vida y, 3) amenazar con acciones violentas en contra de los mexicanos si su demanda no es satisfecha.
Analizados en conjunto, el razonamiento de todos ellos es simple: los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta guerra sucia del gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. Los comunicados se complementan con dos grupos de datos o afirmaciones que intentan demostrar: a) la existencia de la guerra sucia, la cual los convertiría en víctimas y b) denunciar la política neoliberal del gobierno, y ello les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.
¿Guerra sucia?
Para "demostrar" la guerra sucia, citan las desapariciones ocurridas en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; y, a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", también incluyen actos inconexos y heterogéneos, como robos comunes; secuestros realizados por taxistas; etc. Para que les cuadre el argumento, aseguran que todos esos eventos fueron ordenados por el Presidente Felipe Calderón o realizados mediante una confabulación -nunca demostrada— entre éste y los responsables directos.
Otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia, es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el consecuente combate al narcotráfico, apoyado por el ejército. De esa voluntad de recuperar el estado de derecho con la participación de una parte de las fuerzas armadas, concluyen, sin más, que el país está militarizado.
Son mencionados también los incidentes en los que algunos miembros del ejército han violado derechos humanos de ciudadanos, los cuales motivaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Éstas han sido acatadas y los responsables están siendo sometidos a la justicia. Como el mismo Presidente de la CNDH lo afirmó, han sido incidentes aislados y de ninguna manera forman parte de una política deliberada del Gobierno Federal en contra de los derechos ciudadanos.
Por desgracia en México aún no existe una cultura de legalidad más arraigada; una parte de la sociedad minimiza la importancia del estado de derecho. Una vertiente muy socorrida de ese desprecio es la convicción de que las causas sociales y/o políticas justifican no sólo violar las leyes, sino incluso usar la violencia. Algunas organizaciones sociales consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia. Desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión.
Sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado "criminaliza" a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia. Esto último es otro de los argumentos de los comunicados en torno a la guerra sucia. Pero en cualquier sociedad democrática, es el Estado quien tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. En la medida que se viola la ley y se ejerce la violencia afectando los derechos de terceros, el Estado tiene la obligación de hacerla valer. No son entonces presos políticos ni de conciencia. De la misma manera, y con mayor rigor, se deben castigar los abusos y excesos reales de los cuerpos policíacos.
En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo. No obstante la magnitud de los actos de sabotaje contra PEMEX y las afectaciones a miles de ciudadanos, el Gobierno Federal no desató una cacería de brujas contra activistas; ni las cárceles están llenas de sospechosos y no existe, a la fecha, ninguna denuncia formal de torturados y desaparecidos vinculados con estos eventos. Se demuestra que la guerra sucia del Gobierno Federal es un invento.
Los desaparecidos
Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados. En su comunicado del 5 de junio, responsabilizaron al Presidente Felipe Calderón y a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública; de la PGR y al Gobernador de Oaxaca. Es decir a todos, de manera genérica, sin ninguna prueba. En el texto del 13 de junio además de los anteriores, también culparon al panismo y al "Yunque".
El 20 junio aseveraron que la desaparición era uno más de los delitos de Ulises Ruiz. El 10 de julio, los responsables eran el Procurador de Oaxaca y el Coordinador Regional del la PFP en Oaxaca; el 30 de julio, afirmaron que la desaparición la acordó el Presidente Calderón junto con la "cúpula de generales". El 3 de agosto Ulises Ruiz y Felipe Calderón fueron señalados como autores materiales de la desaparición.
En el comunicado del 30 de agosto, "integrantes de la AFI y de la PFP" llevaron a cabo la detención; además incluyeron a los generales Alfredo Oropeza y Martín Morfín; a Francisco Garduño y una larga lista de funcionarios federales como cómplices. El 18 de octubre, aseguraron que Genaro García Luna los tenía detenidos y debía entregarlos. Para completar el cuadro de confusión, afirmaron por medio de una organización de derechos humanos que los desaparecidos estaban en el campo militar N° 1; empero, con miembros de la CNDH se revisaron sin resultado alguno esas instalaciones militares. También rechazaron categóricamente algunos señalamientos de que pudieron haber sido secuestrados por el crimen organizado.
La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias. No obstante lo anterior, su conclusión por demás nunca sustentada, es que el Gobierno Federal y el Presidente Calderón son los responsables.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el Presidente Felipe Calderón instruyó al CISEN a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor.
La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos, pues aseguran que desde hace 30 años no saben nada de ellos. Cinco meses después se ha logrado perfilar hipótesis y avanzar en ellas. La ley prohíbe hacer públicos los avances de las averiguaciones previas en curso. El Presidente Calderón, además de asegurar que el Gobierno Federal es completamente ajeno a la desaparición, ha manifestado con palabras y obras su voluntad de resolver el problema. Por consecuencia, los eperristas deben saber también que se está trabajando seriamente en el esclarecimiento del caso de sus compañeros.
Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su "campaña de hostigamiento". En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.
El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho. Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores, y hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables. México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley.
NO TIENE NINGUNA RAZÓN VALIDA EL EPR PARA SU CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Desde principios de junio, esa organización ha publicado alrededor de 40 comunicados cuyo contenido se reduce a tres aspectos: 1) denunciar la desaparición de dos de sus miembros; 2) exigir su presentación con vida y, 3) amenazar con acciones violentas en contra de los mexicanos si su demanda no es satisfecha.
Analizados en conjunto, el razonamiento de todos ellos es simple: los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta guerra sucia del gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. Los comunicados se complementan con dos grupos de datos o afirmaciones que intentan demostrar: a) la existencia de la guerra sucia, la cual los convertiría en víctimas y b) denunciar la política neoliberal del gobierno, y ello les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.
¿Guerra sucia?
Para "demostrar" la guerra sucia, citan las desapariciones ocurridas en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; y, a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", también incluyen actos inconexos y heterogéneos, como robos comunes; secuestros realizados por taxistas; etc. Para que les cuadre el argumento, aseguran que todos esos eventos fueron ordenados por el Presidente Felipe Calderón o realizados mediante una confabulación -nunca demostrada— entre éste y los responsables directos.
Otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia, es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el consecuente combate al narcotráfico, apoyado por el ejército. De esa voluntad de recuperar el estado de derecho con la participación de una parte de las fuerzas armadas, concluyen, sin más, que el país está militarizado.
Son mencionados también los incidentes en los que algunos miembros del ejército han violado derechos humanos de ciudadanos, los cuales motivaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Éstas han sido acatadas y los responsables están siendo sometidos a la justicia. Como el mismo Presidente de la CNDH lo afirmó, han sido incidentes aislados y de ninguna manera forman parte de una política deliberada del Gobierno Federal en contra de los derechos ciudadanos.
Por desgracia en México aún no existe una cultura de legalidad más arraigada; una parte de la sociedad minimiza la importancia del estado de derecho. Una vertiente muy socorrida de ese desprecio es la convicción de que las causas sociales y/o políticas justifican no sólo violar las leyes, sino incluso usar la violencia. Algunas organizaciones sociales consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia. Desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión.
Sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado "criminaliza" a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia. Esto último es otro de los argumentos de los comunicados en torno a la guerra sucia. Pero en cualquier sociedad democrática, es el Estado quien tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. En la medida que se viola la ley y se ejerce la violencia afectando los derechos de terceros, el Estado tiene la obligación de hacerla valer. No son entonces presos políticos ni de conciencia. De la misma manera, y con mayor rigor, se deben castigar los abusos y excesos reales de los cuerpos policíacos.
En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo. No obstante la magnitud de los actos de sabotaje contra PEMEX y las afectaciones a miles de ciudadanos, el Gobierno Federal no desató una cacería de brujas contra activistas; ni las cárceles están llenas de sospechosos y no existe, a la fecha, ninguna denuncia formal de torturados y desaparecidos vinculados con estos eventos. Se demuestra que la guerra sucia del Gobierno Federal es un invento.
Los desaparecidos
Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados. En su comunicado del 5 de junio, responsabilizaron al Presidente Felipe Calderón y a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública; de la PGR y al Gobernador de Oaxaca. Es decir a todos, de manera genérica, sin ninguna prueba. En el texto del 13 de junio además de los anteriores, también culparon al panismo y al "Yunque".
El 20 junio aseveraron que la desaparición era uno más de los delitos de Ulises Ruiz. El 10 de julio, los responsables eran el Procurador de Oaxaca y el Coordinador Regional del la PFP en Oaxaca; el 30 de julio, afirmaron que la desaparición la acordó el Presidente Calderón junto con la "cúpula de generales". El 3 de agosto Ulises Ruiz y Felipe Calderón fueron señalados como autores materiales de la desaparición.
En el comunicado del 30 de agosto, "integrantes de la AFI y de la PFP" llevaron a cabo la detención; además incluyeron a los generales Alfredo Oropeza y Martín Morfín; a Francisco Garduño y una larga lista de funcionarios federales como cómplices. El 18 de octubre, aseguraron que Genaro García Luna los tenía detenidos y debía entregarlos. Para completar el cuadro de confusión, afirmaron por medio de una organización de derechos humanos que los desaparecidos estaban en el campo militar N° 1; empero, con miembros de la CNDH se revisaron sin resultado alguno esas instalaciones militares. También rechazaron categóricamente algunos señalamientos de que pudieron haber sido secuestrados por el crimen organizado.
La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias. No obstante lo anterior, su conclusión por demás nunca sustentada, es que el Gobierno Federal y el Presidente Calderón son los responsables.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el Presidente Felipe Calderón instruyó al CISEN a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor.
La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos, pues aseguran que desde hace 30 años no saben nada de ellos. Cinco meses después se ha logrado perfilar hipótesis y avanzar en ellas. La ley prohíbe hacer públicos los avances de las averiguaciones previas en curso. El Presidente Calderón, además de asegurar que el Gobierno Federal es completamente ajeno a la desaparición, ha manifestado con palabras y obras su voluntad de resolver el problema. Por consecuencia, los eperristas deben saber también que se está trabajando seriamente en el esclarecimiento del caso de sus compañeros.
Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su "campaña de hostigamiento". En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.
El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho. Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores, y hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables. México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley.
Foto: de Héctor Tellez, tomada de Milenio Diario.
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