Debate en San Lázaro

Debate en San Lázaro, reformas constitucionales justicia penal
Versión estenográfica del miércoles 12 de diciembre de 2007
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, permítame. Estamos en votación. Sonido a la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Había una solicitud, señor Presidente, de que este estudio estuviera en nuestra curul antes de que pudiéramos discutir.
Yo no me niego lo que la soberanía de esta Cámara de Diputados decida por mayoría, y si por mayoría decide darle obviedad a la primera y segunda lectura y entrar en debate, adelante. Pero me parecería muy sano, porque si no, no tiene sentido haber pagado más de 400 mil pesos de recursos públicos de un estudio al que no tenemos acceso todos los diputados, los 500 diputados de esta Cámara.
Digo, ¿de verdad hay tanta prisa como para que no tengamos conocimiento de un estudio?, ¿qué sentido tiene? Nada más para que lo conozcan unos cuantos.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente, aclaro mi solicitud. Mi solicitud no es frenar la discusión. Mi solicitud es que preventivamente, todos los diputados, los 500 —y se asegure eso—, tengamos conocimiento de este estudio que tiene que ver con esta discusión.
Me parece que hay tiempo suficiente, acabamos de iniciar la sesión y bien se podría entrar a discusión en una hora y media, en dos horas, ya que todo mundo tengamos nuestro estudio.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Correcto. A ver, diputada, estamos en otro tema. Pero le vuelvo a decir: los estudios no son vinculatorios. Permítame tantito. Los estudios no son vinculatorios.
Segundo. Para la cuestión del trámite que estamos dando no tienen una injerencia directa y sí consideramos, esta Presidencia, consideró oportuno que los diputados conozcan este estudio. Por tanto, que no lo tenemos en la Mesa Directiva, le pediría que nos lo haga llegar para que… y estamos instruyendo para que se pueda reproducir y se pueda entregar a todos los señores diputados para que estén enterados del estudio que se mandó a realizar. ¿De acuerdo? Continúe con la votación, por favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado César Camacho Quiroz, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado César Camacho Quiroz: Gracias compañeras, compañeros diputados.
Decenas de miles en prisión padecen un sistema absurdo que penaliza la pobreza y la condición social más que los actos de esas personas. Procesos penales gravosos y largos, formalismos que rayan en el absurdo llegan a poner en situaciones vergonzosas a las víctimas de los delitos.
Peligrosas organizaciones criminales que le han robado la tranquilidad a la población, cada vez se hacen más fuertes, aprovechando cuantiosos recursos mal habidos. Es evidente el agotamiento del sistema de justicia, encuestas y testimonios muestran que nadie está conforme, ni las víctimas que no encuentran protección y difícilmente la reparación del daño sufrido, ni los inculpados, cuyos derechos son frecuentemente atropellados en juicios incomprensible para ellos.
El entramado jurídico y las instituciones que lo aplican, creadas para hacer justicia, se han vuelto paradójicamente injustas. Esta gran nación afronta el desafío y habrá de salir avante. Esta compleja circunstancia por supuesto que tiene solución.
Es así que a partir del dictamen que discutiremos enseguida se propone reformar integralmente el sistema de justicia penal, migrando del actual modelo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, adaptado a las condiciones y la cultura jurídica mexicanas y orientado, por la urgente necesidad de abatir los alarmantes índices de delincuencia y evitar la impunidad, garantizando el respeto por los derechos de todos.
Estamos, y no es un exceso retórico, creando un nuevo modelo, el modelo mexicano de justicia penal. Pero la cuestión no es precisar los objetivos de la justicia, sino la manera razonable y eficaz de realizarlos, como aseguró con razón Norberto Bobbio, al reflexionar sobre el futuro de la democracia. En México, la afirmación era válida hasta hoy.
El dictamen que se somete a su consideración es suma de voluntades. En él se expresan las principales preocupaciones que legisladores, como titulares, e integrantes de otros poderes públicos, incluso organizaciones de la sociedad civil, plasmaron en sus propuestas, creyendo interpretar el deseo vehemente de los mexicanos.
No sólo tiene el valor de las aportaciones, posee también el valor de las sesiones. Sobre esa voluntad colectiva se construyó un consenso, tratándose de un asunto complejo técnicamente hablando y socialmente sensible, la unanimidad alcanzada entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras es digna de subrayar. 10 iniciativas modifican una docena de artículos constitucionales para lograr que el sistema de justicia penal mexicano sea garantista, pero sobre todo más eficaz.
Garantista al inscribirse dentro de las recientes expresiones de la filosofía contemporánea en la medida que fija límites a los poderes públicos en la misma proporción que amplía el espectro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así pone fin a los abusos de la policía, a la que al mismo tiempo dota de mejores instrumentos jurídicos; pero contempla a la vez medidas eficaces de control.
Es eficaz al establecer nuevos dispositivos para que el Estado enfrente al crimen organizado, por cierto el más peligroso y el que más agravia. Atacarlo, enfrentarlo con recursos jurídicos y materiales más adecuados para que obtenga mejores resultados.
Queremos contar desde luego con un Ministerio Público fuerte, pero no omnipotente ni menos avasallador. No más policías que detienen para investigar y sí a las autoridades que investigan para detener.
Como se aprecia, el dictamen implica un cambio de paradigma, el nuevo sistema impide penalizar la pobreza, es haz de luz sobre los oscuros entresijos de los procesos judiciales. Otorga fuerza a las autoridades; pero se reserva su control a las instituciones.
La reforma sin excesos es un hito en la historia del derecho penal en México. Sin mezquindad, sin medro político, legisladores y autoridades nos abocamos a trabajar en lo que más que un mandato se ha convertido en clamor popular: que la justicia realmente sirva a la nación.
Es el momento de impulsar y aprobar el dictamen de manera definitiva, pues como afirmó José Martí: en la justicia no cabe demora. Quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Ésta es una reforma para el reestablecimiento del tejido social, para que instituciones y autoridades cumplan con las nuevas disposiciones y al hacerlo estén en condiciones de recuperar la confianza ciudadana.
Hoy entregamos a México uno de los resultados más esperados de este Poder Legislativo. El Estado mexicano emprende la recuperación de su razón de ser, que es la tranquilidad de las personas y de sus familias. El poder público tiene una deuda con la nación mexicana. Hoy empezamos a pagársela. Gracias.
Señora Presidenta, le haré llegar un documento de las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales, en el que se efectúan un par de precisiones, un par de precisiones al texto normativo de adiciones, y algunos argumentos adicionales en la parte considerativa, para que en el momento legislativamente oportuno pueda ponerlas a consideración del pleno y que se integren al texto principal del dictamen cuya discusión nos ocupa. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, antes le pedimos que, en todo caso, usted presente la propuesta de modificaciones. Sin embargo, antes nos está pidiendo la palabra el diputado Javier González Garza.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Con gusto.
El diputado Javier González Garza (desde su curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Estamos en medio de un asunto que es de trascendencia nacional y me parece que es una reforma constitucional necesaria. Es una reforma constitucional en donde se ha avanzado en muchas cuestiones.
Mi grupo parlamentario pide que podamos discutir este asunto después, porque tenemos puntos absolutamente insalvables que tienen que ver con las libertades de la gente, que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con los allanamientos, que tienen que ver con los derechos humanos y, por tanto, que nos permitan una discusión. Todavía no estamos listos para esto. Que se discuta el día de hoy, pero que nos den un rato para poder discutir con las demás fracciones parlamentarias.
Entonces, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito aprobar moción suspensiva —para el día de hoy— al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política. Atentamente, Javier. Que se posponga un rato esta discusión. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Javier González Garza; estimado compañero y líder de mi bancada —para que no se vaya a enojar por lo que le voy a decir—, pueda ser que en lugar de moción suspensiva, se pueda pedir una suspensión de dos horas para que se pueda tratar de lograr un acuerdo en el grupo y todos los que tienen alguna cuestión de inconformidad.
Ya no pasaría a fundamentar ahorita las propuestas, alternativas que tiene el diputado César Camacho y la Comisión. También seguiría el posicionamiento del diputado Lozano a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales después de las dos horas. Mientras vamos a seguir desahogando otros asuntos aquí en la plenaria nosotros. ¿Alguien estaba pidiendo el uso de la palabra, perdón?
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Cuando reinicie va a pasar el diputado César Camacho primero a fundamentar las propuestas que están haciendo en la comisión, para conciliar las diferencias que había y también pasaría el diputado Andrés Lozano.
(Después de varias horas)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ….,El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, nos hacen la observación aquí en la mesa que ya se había incluso votado la segunda lectura. Como vamos a comenzar en donde nos quedamos, vamos a dar por hecho que esos trámites ya los habíamos realizado y vamos a dar el uso de la palabra al diputado César Camacho Quiroz, para fundamentar los cambios al dictamen que estaba realizando en el momento en que se suspendió la presentación.
El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
El diputado César Camacho Quiroz: Compañeras, compañeros, hemos elaborado un documento, dirigido a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y algunos integrantes de las mismas, a efecto de hacer del conocimiento de la Presidencia, y a través de ella al pleno, de una serie de adiciones al texto normativo y también a la parte considerativa del dictamen en los términos que de manera directa referiré.
Las modificaciones que se proponen son las siguientes. En el proyecto de decreto. En el artículo único del proyecto, visible en la página 38, se reforman —para evitar una alusión de carácter general de artículos de la Constitución se precisa— los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
En el B se adiciona la característica de confidencial al X párrafo adicionado al artículo 16, visible en la página 39, que reza de esta manera:
"En los casos de delincuencia organizada el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito".
c) Se modifica el párrafo XII adicionado al artículo 16, visible en la página 39, como sigue:
"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo IV de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente".
d) Se modifica el segundo y último párrafo del artículo 18, visibles en las páginas 40 y 41, como sigue:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales.
Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos.
Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley.
e) Se modifica el último párrafo del artículo 73 reformado —visible en la página 45.
B. En los considerandos del dictamen.
a) La modificación en la redacción del párrafo sexto de las consideraciones en la página 12.
"De manera adicional, también es importante señalar que Luis Maldonado Venegas, el 4 de noviembre de 2003, presentó una iniciativa en materia de seguridad penal, turnada a las Comisiones Unidas que hoy dictaminan, y además a la de Seguridad Pública, por lo que si bien no puede dictaminarse formalmente, se recoge su esencia, pues es coincidente con la materia que nos ocupa".
b) La modificación en la redacción del párrafo tercero sobre la facultad de acceder a información clasificada en casos de delincuencia organizada, en la página 18.
"Es así que por el carácter central de las investigaciones en esta materia y lo delicado de acceder a registros confidenciales y reservados se estima pertinente establecer que será el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, el único en poder acceder de manera inmediata a la información, con el deber de los poseedores de esa información de brindarla en forma inmediata siempre que los requerimientos sean conforme a la normatividad aplicable".
c) La inclusión de dos párrafos finales en la página 18, en el apartado relativo a la definición de delincuencia organizada, que dice:
"Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado".
Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que éstas son expresión del estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.
d) La inclusión de un párrafo penúltimo en la página 20, en el rubro relativo al ingreso a domicilios sin orden judicial.
"Es pertinente señalar que por domicilio, para efectos de esta disposición, debe entenderse todo inmueble particular que no sea de libre acceso, toda vez que en caso contrario es innecesaria la aplicación de este precepto".
e) La inclusión de un párrafo final en la página 23, en el rubro relativo al cambio de denominación de pena corporal. Asimismo, dice: No tienen derecho al deporte, lo cual sería benéfico, pues a través del mismo se fomenta la reinserción a la sociedad, pues se trata de una conducta sana que muchas veces sirve para reencausar las emociones y fortalecer el sentido humanizado, evitando la violencia.
f) La inclusión de un párrafo cuarto en la página 31, en el rubro relativo al artículo 21 recorriéndose en su orden los siguientes.
Asimismo, se establece en las bases mínimas a que deberán sujetarse las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán ser de carácter civil sin perjuicio de la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas en la materia, lo cual es acorde a la letra y espíritu constitucional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad, 1/96.
Y el último, la modificación en el párrafo primero de la página 24, en el rubro de Centros de alta seguridad para delincuencia organizada y otros internos que requieran seguridad especial.
Dice el texto en la parte considerativa conducente: "ahora bien, la pena de prisión afecta a uno de los mayores bienes que tiene el ser humano; su libertad; sin embargo, en ocasiones el ciudadano que viola la ley debe ser sancionado restringiéndole ese preciado bien.
Los penales de máxima seguridad deben estar reservados para aquellos procesados o sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Con éste último supuesto nos referimos a los casos en que el delito no sea de los previstos para el régimen de delincuencia organizada, pero que tal medida pueda justificarse dada la capacidad del interno para evadirse de la acción de la justicia o para seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios; así como cuando algún interno pueda correr peligro por la eventual acción de otros, como en el caso de ex miembros de instituciones policíacas o que sufra de un trastorno que pueda poner en riesgo al resto de la comunidad penitenciaria, entre otros supuestos, sin que nada pueda ser pretexto para aplicar este tipo de medidas especiales a luchadores sociales, por el sólo hecho de serlo.
Todo lo anterior deberá estar previsto en la legislación secundaria. Es todo, señora Presidenta. Lo que le ruego es considerar lo incorporado a la minuta que se ha de poner a la consideración de los legisladores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Camacho Quiroz.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado César Camacho Quiroz.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado César Camacho, a nombre de las comisiones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia está a discusión, en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y diputados: la diputada Marina Arvizu Rivas, la diputada Mónica Arriola, el diputado Silvano Garay Ulloa, la diputada Patricia Castillo Romero, el diputado Francisco Elizondo Garrido, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, el diputado Andrés Lozano Lozano y el diputado Felipe Borrego Estrada.
Por tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, para el Grupo Parlamentario de Alternativa el tema de justicia es fundamental, junto con la reforma electoral, la reforma en materia fiscal y la Ley del ISSSTE.
Ésta es una de las reformas más trascendentales para la consolidación de la reforma del Estado, no sólo porque regula la libertad de los individuos que delinquen, sino porque afecta de manera notable el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que son víctimas de delitos y, en particular, de las mujeres.
Es de una enorme responsabilidad lo que vamos a discutir y a votar en esta materia, porque estamos legislando sobre la impartición de justicia, que es un derecho fundamental de la persona y una obligación primaria del Estado, al igual que la seguridad.
Uno de los puntos nodales que presenta esta propuesta, de acuerdo con el grupo parlamentario al que represento, se centra en el relativo a la introducción de medios alternativos de solución en materia penal.
Al respecto, queremos señalar que, en general, estos medios son viables siempre cuando se apliquen a delitos y problemáticas adecuadas, no se puede generalizar su uso como pretende la reforma; por ello, nos preocupan las repercusiones que este punto genera en materia de violencia intrafamiliar.
Los medios alternativos hacen referencia a la conciliación, negociación y en especial a la mediación; sin embargo, éstos están contraindicados por las Naciones Unidas y mediante los tratados internacionales que México ha signado para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y de delitos sexuales.
Así lo recoge la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recién aprobada por esta Legislatura, quedando en la propuesta tan minados los derechos de las víctimas del delito que ni siquiera se regulan las órdenes de protección que se prevén en esta ley.
No es posible regular como una medida de impartición de justicia, que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero, que los conmina a no repetir tales conductas. No podemos permitir que ninguna ley, y menos la Constitución, contenga disposiciones que representen un retroceso tan terrible contra la seguridad jurídica de las mujeres.
La Convención que busca la eliminación de la discriminación contra las mujeres de la ONU, la CEDAW que nuestro país suscribió y ratificó, ha dado 36 recomendaciones que México deberá cumplimentar antes del 2010. Ahí se establece con claridad, que el estado debe buscar la igualdad sustantiva, la igualdad de facto, de la cual la igualdad entre hombres y mujeres es sólo una parte.
Y prevé justamente la diferenciación entre todas y cada una de las normas que afecten a las mujeres, de no hacerlo estamos, con la neutralidad y la generalidad, haciendo una discriminación indirecta de acuerdo con la propia organización de las Naciones Unidas.
Los medios alternativos de solución tratan a las personas como igual entre sí y no podemos tratar a los desiguales como iguales, tal es el caso del ejercicio de poder en materia de violencia familiar y sexual, como lo señala Naciones Unidas.
Tal como lo contempló el legislador de 1917, entre patrones y obreros al establecer la suplencia de la queja a favor de los obreros que no tienen el mismo poder que los patrones, esta Legislatura no debe perder la memoria legislativa.
En este punto, y no obstante que en una mesa amplia de debate y análisis, el Grupo Parlamentario de Alternativa hizo la propuesta de colocar en el texto de la norma la excepción correspondiente, nos fue argumentado que no es posible hacer un catálogo de excepciones por delito específico, y que por lo tanto ése es un tema susceptible de regularse por la legislación secundaria.
Sin embargo, como la facultad de legislar en materia penal del fuero común es de los estados, nada nos garantiza que no aplicarán estas disposiciones de la Constitución en materia de penas alternativas para el caso de violencia intrafamiliar.
Yo les pregunto, en qué ley secundaria vamos a poder nosotros, como Poder federal, regular la excepción de aplicar medidas alternativas en materia penal para el caso de violencia intrafamiliar. No nos permitieron que se asentara el argumento ni siquiera en la exposición de motivos.
Para Alternativa Socialdemócrata es fundamental, para votar cualquier reforma, que se garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Ése es y ha sido nuestro compromiso con las mujeres de este país y no cejaremos en nuestro empeño de defender tales derechos.
Es de la mayor relevancia garantizar las condiciones de seguridad para las víctimas del delito, que también quede en entredicho en la reforma y garantizar la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Establecer las excepciones indispensables para el caso de las penas alternativas en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, incluyendo tales excepciones en los juicios orales. Es necesario además que la iniciativa recoja los compromisos internacionales que en materia de perspectiva de género ha signado México.
Por todas las razones antes esgrimidas, y haciendo un reconocimiento al acuerdo que llegaron todos los grupos parlamentarios y al trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y al diputado César Camacho, por estas razones Alternativa se ve obligado a emitir su voto en abstención. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, la justicia es el tema central y de mayor interés para los mexicanos. El sistema de impartición de justicia se encuentra en entredicho, ya que no garantiza la confiabilidad que la sociedad mexicana exige y merece.
La actuación de las autoridades genera varios problemas: que las víctimas no acudan al Ministerio Público a denunciar los delitos; que gran número de los delincuentes no terminen condenados; que las audiencias en los procesos penales se desarrollen sin la presencia del juez; que las órdenes de aprehensión no sean ejecutadas; que haya una gran cantidad de detenidos que nunca hablaron con el juez que dictó su condena, vulnerándose así sus garantías constitucionales de audiencia y debido proceso, y que a los sujetos que son detenidos en la averiguación previa nunca se les haya designado un abogado que los defendiera.
El aumento de la delincuencia supera por mucho al aparato estatal. Basta ver las estadísticas de la gran cantidad de agentes policiales y ministeriales consignados como presuntos responsables del delito ante la autoridad judicial.
De diciembre de 2000 a junio de 2006 se puso a disposición de jueces penales a 7 mil 571 agentes preventivos y a mil 424 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. El INEGI reportó una tasa del 4 por ciento de crecimiento promedio anual de los principales delitos denunciados; y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad reveló en su IV Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, que en promedio 2 de cada 10 habitantes, de las 17 ciudades analizadas en este estudio, han sido víctimas por lo menos de un delito en su vida.
Es preciso y urgente rediseñar el sistema de procuración y administración de justicia para brindarle a la sociedad plena certeza de que sus derechos están garantizados, no sólo dentro del marco jurídico, sino también por las autoridades responsables de aplicarlo.
En Nueva Alianza estamos conscientes de que la reforma judicial es una de las más urgentes para nuestro país, pero ésta no debe ser el resultado de acuerdos políticos que atropellen los derechos de los ciudadanos. En el combate a la delincuencia organizada este dictamen propone elevar a rango constitucional la penalización de esta modalidad, cambiando la jerarquía normativa del tipo penal en la Carta Magna, garantizándole a la ciudadanía que el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, está obligado a velar por su bienestar social.
Resulta positiva, por no decir oportuna, la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitirá disminuir el uso de la prisión preventiva de la que los agentes del Ministerio Público han abusado. Según cifras oficiales, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir 90 mil, no han recibido sentencia.
En suma, en el Grupo parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen en lo general, haciendo las precisiones que consideremos oportunas a fin de evitar el menoscabo de garantías individuales, producto de un proceso histórico y demandas sociales por el pleno respeto y defensa absoluta de los derechos humanos.
Esperando que la aprobación del presente dictamen se traduzca en un instrumento que dé respuesta a las demandas de seguridad pública, traduciéndose en una eficaz y eficiente impartición y administración de justicia. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo esta conciente de la demanda de la sociedad mexicana de que los órganos del Estado combatan la delincuencia.
Los mexicanos nos sentimos indefensos ante los delincuentes, ya que no obstante sufrir una afectación en nuestra persona o bienes, sabemos que al acudir al Ministerio Público a denunciar los hechos, la tortura empieza en ese momento ante la ineficacia de este órgano investigador para perseguir a la delincuencia.
Por su parte, los delincuentes tienen a su favor, en el mejor de los casos, la negligencia, si no es que la complicidad de las autoridades. La delincuencia goza de una total impunidad actualmente.
En diferentes legislaciones del Poder Legislativo se ha dotado a la autoridad administrativa jurisdiccional de los instrumentos legales que les permiten combatir la delincuencia.
En esta ocasión se nos presenta un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna.
Es del conocimiento público que actualmente las cárceles están sobrepobladas y que muchas personas se encuentran allí porque no tienen recursos para contratar un defensor privado; en consecuencia, tuvieron que optar por un defensor de oficio.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma los abogados van a ser ahora defensores públicos y van a tener un sueldo no menor al de Ministerio Público. Es decir, en esta reforma avanzamos en la materia en cuanto a defensores de oficio. Hoy van a ser defensores públicos.
Algo también muy importante es que actualmente cualquier ciudadano es presunto responsable. A partir de esta reforma va a ser presunto inocente. Esto queda establecido en el artículo 20, apartado B) de la fracción I.
En el artículo 16 se plantea, en el séptimo párrafo, la posibilidad de que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo a una persona, tratándose de delitos de delincuencia organizada. Este arraigo no podrá exceder de 40 días y de existir causa fundada podrá llegar hasta un término igual sin que sea de 80 días.
Dada la complicidad de la actuación de la delincuencia organizada, en términos de las disposiciones vigentes resulta complicado para la autoridad ministerial integrar debidamente las averiguaciones previas y en las mismas incorporar elementos que acrediten la responsabilidad penal de los ciudadanos.
Con este nuevo instrumento el Ministerio Público contará con el tiempo suficiente para acreditar a plenitud la responsabilidad de las personas que realicen una actividad.
Ahora bien, señalamos que la delincuencia organizada opera con una gran red de contactos prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional y que los recursos ilícitos que obtiene deben de ser limpiados.
Por ello la propuesta contenida en el décimo párrafo del artículo 16 constitucional, en el que se faculta al Ministerio Público de la Federación a que pueda tener acceso directo a documentación fiscal, fiduciaria y financiera. Es de vital importancia para poder desarticular y consignar ante autoridad competente y procesar a esos delincuentes. Desde luego, en esas investigaciones, para estos fines específicos, no aplica el secreto bancario ni fiduciario.
En el párrafo quince de este mismo artículo se prevé que el Poder Judicial de la Federación, los correspondientes en las entidades federativas y el Distrito Federal, contarán con los denominados "jueces de control", que tendrán la facultad para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares, por medidas precautorias y técnicas de investigación en autoridad que requiera autorización del Poder Judicial.
La figura de estos jueces de control garantiza la legalidad de la actuación de la autoridad investigadora, ya que ésta por sí misma no podrá arrogarse la facultad de investigación sin ningún límite judicial.
El artículo 17, párrafo tercero, prevé la existencia de mecanismos alternativos de solución y controversias.
De nada sirve tener cárceles llenas cuando a los sujetos pasivos de la comisión de delitos no se les garantiza la reparación del daño. Con la propuesta que contiene el dictamen se podrán establecer mecanismos de conciliación; sin que el sujeto activo pueda estar en la cárcel se garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su actividad ilícita.
Por su parte, el artículo 20 se reforma de manera total en tres grandes apartados. Un aspecto de suma relevancia es el que se refiere al proceso penal que será acusatorio y oral.
Una de las grandes críticas a los procesos penales en los términos vigentes es su opacidad, ya que los jueces no conducen por sí mismos las audiencias, sino que los secretarios son quienes las llevan a cabo.
A partir de la aprobación de esta reforma se establecen en el país los juicios orales con presencia no sólo de las partes, sino de todos los interesados en las audiencias presentes.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Silvano Garay Ulloa. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Patricia Castillo Romero: Gracias, señora Presidenta. Desde su origen, Convergencia tiene un compromiso con la sociedad y a la sociedad le debemos un estado de derecho sólido y comprometido con su seguridad.
Por esa razón, nuestra fracción parlamentaria en la pasada legislatura, a través del licenciado Luis Maldonado Venegas, presentó una propuesta de reforma integral al sistema de procuración y administración de justicia con una visión garantista a favor de los ciudadanos.
Nuestro partido reconoce el esfuerzo que en este momento estamos realizando todas las fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo tenemos la obligación de señalar lo que a nuestro juicio no corresponde a lo que debe de ser una auténtica reforma a favor de la ciudadanía.
La referida propuesta de Convergencia proponía la ciudadanización de la justicia. Nosotros no podemos comprar el falso debate entre libertad y seguridad. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de la ciudadanía para que ésta pueda ejercer plenamente su libertad.
Sin embargo es de reconocer que en un tema que ha lastimado tanto a nuestro país y que ha sido una asignatura pendiente, hoy los diputados tenemos un acuerdo.
La realidad es muy dura, 11 millones 800 mil delitos se cometen anualmente en México. Sólo un millón 400 mil se denuncian ante el Ministerio Público, es decir, un pobre 12 por ciento.
El MP sólo consigna a 248 mil 600 delitos, o sea, el 18 por ciento. De los 248 mil delitos consignados ante jueces, sólo 190 mil obtiene sentencia condenatoria, es decir, el 76 por ciento.
Quiere decir, compañeras diputadas, compañeros diputados, que en nuestro país el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes. Las víctimas se ven envueltas en un procedimiento eterno, reiterativo y humillante; el procesado puede pasar años en prisión antes de ser condenado o exonerado.
Como consecuencia de este sistema tan injusto, las cárceles de nuestro país se hallan al mismo tiempo saturadas de procesados y sentenciados.
Las estructuras policiacas se organizan sobre la base de un sistema vertical y autoritario… Diputada ¿pudiera pedir la atención?
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, compañeros diputados…
La diputada Patricia Castillo Romero: Muchas gracias, diputado Diódoro, gracias, diputado Camacho.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Por favor si le ponen atención a la oradora.
La diputada Patricia Castillo Romero: Gracias, señora Presidenta. Las estructuras policiacas se organizan sobre la base de un sistema vertical de autoridad que exige obediencia incondicional hacia sus jefes. El sistema permite ejercer toda capacidad de corrupción e impunidad.
El MP a través del monopolio de la acción penal es brazo ejecutor de las políticas de seguridad selectiva y de la represión. Dicha institución dueña y titular de la acción penal puede perseguir o encubrir al delincuente o bien inventar chivos expiatorios. Lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Puede defender a la víctima, abandonarla o castigarla a su pleno arbitrio y sin control alguno de la legalidad.
Podemos defendernos ante los jueces en materia civil, laboral, mercantil, pero en materia penal se nos había despojado de ese derecho.
Por todo esto es trascendental la reforma a la justicia penal en México. Sabemos que aún no son suficientes las reformas que hoy se hacen y también que tendremos que dar una gran lucha en la legislación secundaria. De igual forma revisaremos si los cuerpos policiacos que hoy tenemos cubren un perfil profesional, ético y moral, capaz de respetar los derechos humanos.
No podemos entregar cheques en blanco ni hacer un sistema solamente policial. No todos los ciudadanos son delincuentes organizados. Y la frágil frontera entre el combate a la delincuencia y la represión debería quedar perfectamente establecida. No volvamos a otorgar el control a quienes ostentan el poder público y a ser nuevamente un sistema dictatorial, abusivo y vertical.
En aras de cambiar un sistema obsoleto y arbitrario, Convergencia votará a favor de este dictamen con convicción y responsabilidad.
Quiero rescatar lo más importante de esta reforma. Esta reforma representa un cambio radical al procedimiento para la persecución de la delincuencia y la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables. Debemos ver en la reforma la intención del legislador de transitar hacia un sistema integral que privilegia las libertades y los derechos de las personas y quienes las transgredan tendrán un mecanismo eficaz para ser sancionados.
Establecer constitucionalmente el principio de persecución de inocencia, que redundará y generará la obligación de policías mejor capacitados y de investigación, para que el auto de vinculación a procesos suceda siempre y cuando se tengan pruebas suficientes que motiven su detención y, con ello, evitar procesar a inocentes.
La oralidad y la contradicción son dos principios fundamentales que inspiran esta reforma. La virtud es que los procesados en todo momento del juicio estarán frente al juez y el desahogo de las pruebas deberán ser siempre frente al inculpado, lo que le permitirá confrontar las acusaciones que el Ministerio Público haga sobre él y presentar las propias para su defensa. Una asignatura pendiente seguirá siendo la autonomía del Ministerio Público; pero esto será parte de lo que tendremos como retos en las próximas reformas.
Compañeras y compañeros, es trascendental esta reforma. Y permítanme decirles que me da mucho gusto cuando el hemisferio de acuerdos de esta legislatura se pone de acuerdo porque trabaja por el bien de México. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Patricia Castillo Romero. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las propuestas de reformas constitucionales que hoy se someten a nuestra consideración son un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas en la administración de justicia, quienes son las depositarias de la seguridad de nuestro país.
En este sentido, considero oportuno señalar que México necesita más que nunca de unos procesos judiciales ágiles que propicien certeza jurídica a los gobernados. Es por ello que en este dictamen se implementan elementos vanguardistas como la oralidad en los juicios, así como el proceso penal acusatorio.
El Partido Verde Ecologista de México apoya que la justicia sea pronta y expedita. Y para que esto sea posible se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, quienes deben cumplir con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos, que permitan construir el México que nuestros jóvenes desean.
Por ello, es necesario construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales. Esta reforma constituye un avance en los mecanismos de persecución del delito ya que de forma innovadora define acertadamente lo que se entiende por delincuencia organizada; proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias; asegura la reparación del daño con la posibilidad de que ésta sea supervisada judicialmente.
El procurador general de la república, cuando se trate de delincuencia organizada, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga el carácter de reservada, con la finalidad de complementar su investigación. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales tienen que ser explicadas en una audiencia pública. También se establece el sistema penal acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; ello se traduce en unos procesos más ágiles. Como podemos ver dichas reformas revolucionan el sistema de justicia penal mexicano.
Así, pues, este proceso de reformas constitucionales en materia de reforma penal constituye un hecho inédito en la historia de nuestro país. En su proceso existieron diferencias, acuerdos y debates, todos ellos con un solo propósito: la creación de un marco normativo que otorgue certeza jurídica a nuestros gobernados.
El resultado, un marco constitucional que exige a las instituciones judiciales establecer mecanismos de profesionalización para que éstas cuenten con los medios humanos y materiales necesarios para el combate a la delincuencia, tema que ha sido, ya desde hace mucho, prioritario en la agenda nacional.
Compañeros legisladores, la reforma constitucional en materia de justicia penal es un exhorto a todas las fuerzas políticas a lograr un consenso en los temas prioritarios de la agenda nacional y, en este sentido, dicha reforma debe ser congruente con las necesidades actuales de nuestro país.
Por ello, nos sumamos al compromiso social que generan estas nuevas reglas; por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Elizondo Garrido. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: A nombre de la fracción parlamentaria del PRI comparezco ante esta suprema tribuna para reiterar nuestro apoyo a este dictamen, a esta iniciativa que pone en México un nuevo sistema moderno, transparente y que me consta que está hecho, está redactado por excelentes legisladores.
El lunes por la noche asistí al debate de la reunión plenaria en la que se discutió este dictamen y quiero reconocer el trabajo de César Camacho, del diputado Raymundo Cárdenas, de Paty Castillo, de Felipe Borrego, de Andrés Lozano y de tantos compañeros que, en una dedicación y profesionalismo absolutos, hicieron posible esta reforma que hoy deben aplaudir los colegios de abogados, las facultades de derecho, los miembros de la Judicatura; porque marcan una nueva etapa de la justicia penal mexicana.
Quiero dirigirme también a aquellos compañeros abogados que han criticado, posiblemente sin leer, sin conocer a fondo estas disposiciones, diciendo algunos que está redactada por diputados que jamás fueron litigantes.
Yo entiendo a estos detractores, a estos críticos, porque también, como litigante y abogado del foro, por muchos años tuve mis dudas al principio; sobre todo, en las medidas cautelares, en la facilidad para darle la libertad al detenido.
No confiábamos plenamente en esas medidas pero tuve la fortuna de colaborar en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, y ver la pasión con que los jueces de Chihuahua, los jueces de Nuevo León, los jueces de Chile y de Colombia defienden el sistema de los juicios orales.
Quiero expresarles que hace 15 años la mediación y el arbitraje eran reprobados por muchos juristas en nuestro país y ahora son la base de la solución de muchísimos problemas.
El sistema jurídico mexicano en el orden penal requiere de una asistencia técnica esencial; sobre todo tratándose de detenidos que no tienen recursos, que son sujetos a procesos inadecuados donde jamás conocieron al juez, no saben quién los va a juzgar.
Si acaso hay visitas a los centros de reclusión para informarles cómo van sus procesos, pero dentro de las primeras instancias del procedimiento jamás conocieron al juez que los está juzgando, fueron atendidos por un escribiente y por un secretario, no se les informó de sus derechos y sus defensores fueron personas que ni siquiera tenían títulos.
Esta reforma impone la obligación del equilibrio económico entre el defensor y el fiscal, porque tienen la misma responsabilidad. Uno, de acusar, de señalar, de consignar. Y el otro, de defender al detenido.
En otros países se contrata a despachos privados, incluso, para defender a los detenidos y se le da un margen de 30 a 40 casos para defender a personas que no tienen recursos para hacerlo.
México tiene derecho a esta justicia y cualquiera de nosotros puede tener la desgracia, en un momento dado, de caer en un proceso penal por un accidente vial, por un delito no doloso y es ahí cuando vamos a conocer las miserias del derecho procesal penal. Por eso necesitamos reformar y actualizar nuestras leyes.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Perdón, diputado. ¿Diputado Javier, me permite que termine el orador? Gracias. Por favor, continúe.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Necesitamos reformar nuestras leyes. Yo entiendo las inquietudes de algunas compañeras, como Silvia Oliva, como Layda Sansores, que esa discusión velaba por los derechos humanos.
Estamos de acuerdo en que la institución de los derechos humanos ha fallado en nuestro país. Necesitamos un verdadero defensor de los derechos humanos, no simulacro de defensores, porque hay que sancionar a los malos funcionarios, hay que exhibirlos, pero también hay que darle facultades a la policía y a los investigadores. Que no tengan más ventajas los delincuentes que las víctimas.
Necesitamos fortalecer el Sistema Nacional de Derecho Penal Mexicano para que haya un equilibrio. Hay temas que son polémicos, las intervenciones de carácter telefónico. En esta reforma se está autorizando la investigación de la delincuencia organizada para intervenir los teléfonos, pero también se está previendo que cuando hay dos personas que tienen relaciones y están comunicadas, una puede exhibir una grabación derivada del otro.
Para poner un ejemplo: la esposa se pelea con su marido y el marido le confiesa que tiene una amante o que tiene hijos. Si la señora gravó esa conversación puede ser elemento para una prueba, pero no puede gravar conversaciones de terceros. Eso es lo que protege la ley.
El otro tema polémico es que el policía se meta a una casa a sacar a un delincuente. Tenemos que ver la realidad, estamos viviendo un verdadero problema con la delincuencia organizada.
A veces, en persecuciones se pierde el delincuente y se mete a una casa, no lo sacas, para solicitar una orden de cateo se tardan 48 horas a veces los jueces y salen ya con un amparo. Tenemos que ver la realidad, tenemos que certificar a la policía para tener verdaderos elementos.
A partir de mañana, la Comisión de Seguridad que presido, voy a solicitar a mis compañeros que iniciemos las reformas de la base de seguridad en el país, para certificar a los policías, para certificar a los jueces, desde el más alto hasta el más bajo, porque la corrupción permea a todos los niveles de gobierno, ahí es donde debemos de poner el énfasis en defender la honestidad de los servidores públicos, principalmente de los jueces.
Felicito a Puntos Constitucionales y a Justicia por este trabajo. Y es una fiesta para todos los abogados del país. Muchas gracias y votará mi fracción por esta reforma.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Sí, le dan sonido a la curul del diputado Javier González, por favor.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Hoy, cuando empezamos la sesión hice un planteamiento de moción suspensiva y acepté una propuesta de usted en donde daba un par de horas para que fuéramos a discutir, cosa que agradezco profundamente. No se dio trámite. Lo acepté así, a la moción suspensiva.
Quiero decir que en mi grupo parlamentario tenemos, todavía, enormes dificultades. Enormes dificultades porque estamos en un país que en estos momentos tenemos más de 900 presos políticos.
Nos importa enormemente el problema de los derechos humanos. Es fundamental que entendamos que todos estamos de acuerdo en la modernización del sistema judicial, en su limpieza; pero también es fundamental que se entiendan los reclamos en el país por salvaguardar los derechos humanos. Nosotros no podemos cerrar los ojos a los mismos. Por tanto, pido que se dé trámite a la moción suspensiva con el propósito de seguir discutiendo.
Nos interesa discutir con la sociedad, nos interesa tomar en cuenta los puntos que ahí están y que son fundamentales. No queremos frenar una reforma que nos parece fundamental para el país. Lo que nos está preocupando enormemente es que se judicialice la protesta, los movimientos sociales, y que sigamos teniendo presos políticos en este país.
Por tanto, para dar trámite a esa discusión, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, le pido que someta a consideración una moción suspensiva para discutir esto en el siguiente período de sesiones. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier González Garza.
El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Le dan sonido a la curul del diputado César Camacho, por favor.
El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Yo quiero decir que no sólo a los diputados y a las diputadas del PRD les importan los derechos humanos. Nos importan a todos, por supuesto, y estamos de acuerdo, desde luego, en acotar los alcances de la delincuencia organizada y salvaguardar el ejercicio libre de los derechos políticos de los mexicanos como está establecido en la parte considerativa del dictamen a discusión, como se concretó en un acuerdo franco y abierto con todas las fracciones de esta Cámara de Diputados.
Coincidimos en no judicializar la política, y esta reforma justamente va en ese rumbo. Efectivamente tenemos que discutir, a eso venimos a San Lázaro, a discutir. Discutamos, démosle trámite y que la mayoría decida, como ocurre en las democracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Camacho.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se toma en consideración la propuesta hecha de moción suspensiva.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se toma en consideración la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta realizada de moción suspensiva. Vamos a continuar con los oradores en lista. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano Lozano.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Para el Grupo Parlamentario del PRD, ésta ha sido una gran discusión que hemos dado respecto del tema de la justicia y la seguridad pública desde hace meses.
La moción suspensiva solicitada tiene que ver con razones fundadas, porque existe, de parte de algunos compañeros integrantes de mi grupo parlamentario, la razón fundada de la opresión que se sigue viviendo y del abuso policial que se sigue dando en nuestro país.
Y entonces la pregunta para nosotros es: ¿y cómo vamos a ir en una reforma al sistema de justicia y en una reforma constitucional si las instituciones y las personas que encabezan estas instituciones no cambian?
La reforma tiene bondades destacadas y comentadas por el de la voz, a través, incluso, de las iniciativas. Nadie puede negar las bondades del proceso penal acusatorio. Nadie puede negar las bondades de tener una defensoría pública, sólida y bien pagada, un mejor sistema penitenciario y que la ejecución de las sentencias sea controlada por los jueces. Nadie puede negar las ventajas de transitar por un sistema garantista.
El problema es que también quedaron atrás las propuestas para reformar la autonomía del ministerio público. Tenemos, compañeros, razones fundadas porque actualmente en las cárceles, con el argumento de crimen organizado, existen personas que están purgando una sentencia y que les fueron fabricados los elementos para caer en el escenario del crimen organizado.
Sabemos que en la exposición considerativa de este dictamen se agregó que no se entendería por delincuencia organizada a los luchadores sociales, a quienes tienen un interés legítimo que defender, a quienes expresan su voluntad y la representación de una comunidad, pero también es cierto, decirlo, que hay duda suficiente de que esto pueda suceder.
También hay duda cuando el proceso penal acusatorio llevará su tiempo y llevará su trámite, pero algunas de las medidas a las que me refiero, entrarán en vigor de manera inmediata.
Por supuesto que preferimos una policía, que como lo establece esta reforma, sea profesional y esté certificada. Por supuesto que reconocemos que debe existir la definición de la propia seguridad pública y las bases mínimas de coordinación de un sistema nacional.
Darle el carácter de civil a las policías y no quedarnos en el escenario de la militarización. Por supuesto que esas son aportaciones del PRD, y aportaciones recogidas en este dictamen, pero también entiéndannos, compañeros, hay elementos suficientes que puedan dar lugar también a una opresión, a una persecución.
Por eso, compañeros, nuestra reflexión de últimos días, y todavía del día de hoy, ha sido ésa y reconocemos algunos avances mínimos como en el caso del allanamiento, algunos candados mínimos a esta posibilidad de que se pueda generar un abuso policial.
Los reconocemos, pero realmente han sido no del todo suficientes, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por eso, y de cara a la sociedad, decimos que sí por un sistema de justicia penal y acusatorio más ágil, que sí por un sistema de justicia más cercano a la gente, que sí por una policía más controlada, pero también desde ahorita advertimos, y de cara a la sociedad, que tenemos el inminente peligro de que si esto, si esta reforma no se transita con el cuidado suficiente, estemos ante un escenario de peligro de opresión de exceso y abuso del poder.
Ésta es nuestra preocupación, compañeros, y por eso el voto del Grupo Parlamentario del PRD se da en libertad de cada uno de los legisladores que lo integramos. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Andrés Lozano Lozano. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada.
El diputado Felipe Borrego Estrada: Con su permiso, Presidenta. Uno de los principios fundamentales por el que desde sus orígenes ha luchado el Partido Acción Nacional es, sin duda, la justicia. Entendida ésta como la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos de las personas y la comunidad. Además de ser condición necesaria para la armonía social y el bien común.
Por ello, los legisladores de Acción Nacional, conscientes de la realidad que atañe a nuestro sistema de justicia penal y de la alta responsabilidad conferida por la ciudadanía a la que representamos, pugnamos por alcanzar, de manea óptima, este principio fundamental a través de un adecuado diseño constitucional que garantice mayores y mejores condiciones de justicia.
El día de hoy, al discutir las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad, los diputados no sólo hacemos política, antes bien contribuimos en la construcción de una sociedad más justa, donde se privilegia el papel de la persona como fundamento y ser del estado democrático de derecho.
Es incuestionable que nuestra legislación penal es obsoleta y no está a la par de los cambios sociales, culturales y democráticos que se vienen presentando en el país. El diseño actual, además de serias carencias, tiene falta de credibilidad por una deficiente relación con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de delincuencia en su conjunto, amén del gran número de delitos que ni siquiera son denunciados.
Durante la construcción del proyecto que presentamos, tanto en lo personal como por las distintas expresiones de los grupos parlamentarios, teníamos posiciones en realidad opuestas, ópticas encontradas; pero esa diversidad no fue obstáculo, no había sido obstáculo. Con voluntad supimos que eran complementarias y vinieron al final a enriquecer el proyecto.
Supimos que lejos de cuestiones partidistas o ideológicas debía prevalecer el interés general, logrando un sistema de enjuiciamiento funcional respetuoso de los derechos humanos y sustentado en principios de legalidad, transparencia, objetividad y particularmente de justicia.
En ese sentido, debemos señalar que la reforma que nos ocupa presenta múltiples bondades. Se logra descongestionar el trabajo de los tribunales con medidas alternativas al juicio. Por primera vez las víctimas pueden ejercer la acción particular, impugnar las resoluciones del Ministerio Público. Estas fórmulas permitirán dedicar las energías del sistema judicial a los casos verdaderamente complejos. Un éxito del sistema oral es que la gran mayoría de los casos penales se resuelven antes de llegar a juicio.
Otra de las bondades, además de la aplicación de principios de presunción de inocencia, concentración, contradicción, inmediación, publicidad y oralidad, es que tanto el imputado como la víctima pueden contar con una defensa técnica que garantice una asesoría realmente profesional, comprometida con la causa y que vele por los derechos de sus defendidos.
Con este nuevo modelo de justicia desaparece la premisa consistente en que toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, para transitar a su antítesis: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Máxima prevaleciente en todo Estado democrático de derecho.
Se realiza un replanteamiento de las causas de procedencia de la acción preventiva, estableciendo las bases constitucionales que deberán observarse en la legislación secundaria, a fin de evitar excesos por parte del legislador al regular esta medida en las leyes procesales correspondientes.
De igual forma, otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad.
Por ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los exhorto a que dotemos a nuestro sistema de justicia del cambio estructural que necesita. No ignoremos a una sociedad que demanda justicia. Hagamos que el pueblo de México crea en sus instituciones de procuración y administración de justicia; que se sienta seguro. Hagámosle saber que la delincuencia no controla las calles.
Por ello, los exhorto a trabajar con responsabilidad, con profesionalismo, pero todos con la común intención de perfeccionar el actual sistema de justicia. Votemos a favor de la necesidad de transformar nuestro sistema.
Hoy sometemos a su consideración la voluntad de muchas de las fuerzas políticas del país para avanzar de manera conjunta sobre un tema que, de suyo, siempre ha sido polémico y controversial. Refleja la sensibilidad con la que los legisladores hemos acometido la gran encomienda del pueblo mexicano: un reclamo de justicia con enfoque humanista. Justicia transparente, justicia accesible, justicia expedita y eficiente con la configuración de instituciones democráticas con perfil garantista y respetuoso de los derechos humanos, porque sabemos que no hay justicia sin democracia.
Termino citando a Carlos Castillo Peraza: "Es tiempo, sí, de responsabilidad política en la que el Estado y el sentido de pertenencia a éste pueden crear fortalezas necesarias para afrontar los desafíos del presente y del futuro. No es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salva el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable del presente". Gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.
Se han inscrito en contra, el diputado Mario Enrique del Toro, y el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
Se han inscrito para hablar a favor, la diputada Layda Sansores San Román, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, el diputado Jesús de León Tello, el diputado Carlos Navarro Sugich, el diputado Alfredo Ríos Camarena, el diputado Rogelio Carbajal Tejada. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Enrique del Toro
El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Seguramente que el tema de ayer, de la reforma electoral, tuvo algún perjuicio para los partidos, para algunos ciudadanos, pero esta reforma de justicia penal y de seguridad va a tener un impacto directo en los ciudadanos.
No habla en menoscabo del trabajo de las comisiones, porque es de reconocerse, llevan más de seis meses trabajando intensamente en lograr esta importante reforma, que por supuesto nos interesa a todos.
Pero considero que no está por demás que nos demos un mes y medio más para poder adecuar algunos aspectos que me parecen importantes. Por supuesto que estamos a favor de los juicios orales, esto es un reclamo de los ciudadanos y que definitivamente no puede postergarse. Tampoco hay que esperar mucho de esta figura porque en el estado de México ya se instrumentó y sin embargo, hay un grave problema: falta infraestructura. No hay los suficientes juzgados para atender la gran demanda que hay todos los días en materia penal.
Por eso es importante que nos demos una oportunidad, porque así como hay aspectos importantes como ya se han mencionado, hay aspectos delicados. El simple hecho de que facultemos a nuestras policías, que no gozan de un buen prestigio y sabemos la calidad moral con la que se desempeñan, ponemos en riesgo a los ciudadanos de que el día de mañana a alguien le siembren alguna droga y con ese pretexto puedan meterse a su domicilio.
Salir a la calle para cualquier ciudadano no solamente es preocuparse de los delincuentes comunes, sino también de los policías. Y mientras no tengamos policías con un espíritu y una convicción adecuada a lo que los ciudadanos reclaman, no podemos ampliarle sus facultades.
Considero que lo que ya se tiene está muy bien; hay que modificar esos pequeños detalles y hay que asumir el compromiso también de entrarle de una vez por todas a temas tan importantes como la independencia de la procuraduría y a la integración de los jurados populares.
No se le puede dejar a un solo juez el reparto, la distribución o la administración de la justicia. Son aspectos torales señores diputados, que les exhorto a que hagamos esa reflexión y que evitemos a toda costa tener gente inocente en la cárcel y tengamos a tantos delincuentes en la calle. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Mario Enrique del Toro. Tiene el uso de la tribuna la diputada Layda Sansores San Román, para hablar en pro.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: Compañeras, compañeros, a mí me rebela la simulación de donde venga. En Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Andrés Lozano fue el más ferviente defensor de esta reforma judicial. Plantearon hace unas horas algunos argumentos que se consideraron durante cuatro horas y se les dio respuesta puntual.
Ahora resulta que ya salieron nuevas inquietudes. ¿Por qué no son más honestos y nos dicen que esto es una estrategia para usar como moneda de cambio la reforma judicial tan importante para la vida del país, para que se puedan escoger consejeros que a ustedes les convenga? Yo creo que esto es lo que no se vale.
Nosotros no podemos exponer una reforma de justicia tan importante, por intereses de partido o por malas estrategias y malas negociaciones que se hicieron. Creo que es una reforma trascendente. En lo que se refiere a juicios orales es un parteaguas en la vida del país. Se va a hablar antes y después de estas reformas y que claro, a todos nos quedan inquietudes.
Nosotros estamos en contra de que se haya constitucionalizado el arraigo. Nos molestó muchísimo que no se haya contemplado, porque no preocupa, porque era un punto fundamental, que no se haya contemplado en el proyecto la audiencia de control de la detención.
Porque ¿qué pasa? Aquí en México lo que necesitamos es que cuando a una persona se le detenga, inmediatamente se le lleve al juez. Aquí se le lleva al ministerio público y ya sabemos cómo se la gasta el Ministerio Público. Tienen tan poca credibilidad, casi tan poca como la que tenemos los diputados.
No se preocupe que todavía no nos gana. Pero entonces ellos son juez y parte y en México nosotros no podemos pedir menos que lo que ya se aprobó en las convenciones internacionales de derechos humanos desde 1956. No tenemos por qué llevar al Ministerio Público para que durante 48 horas, si así se les da la gana, puedan torturar a los detenidos.
Las encuestas que se llaman cárceles de 2005, del CIDE, muestran que el 43 por ciento de la gente fue coaccionada en el Ministerio Público y el 39.81 dice que confesó porque fue torturado o porque fue presionado.
Creemos que era muy importante tener los jueces de control. Esto será tema para adelante. Seguiremos insistiendo. Pero entendemos que éste fue un producto de largas discusiones y que había que sacar un promedio y manejarse la teoría de los inconvenientes. Y se sacó el promedio entre la iniciativa del Ejecutivo que tenía verdaderas aberraciones contra los derechos humanos y la que expusieron académicos y gentes responsables, que fueron motivadores en esta —permítame terminar— reforma.
En Convergencia nos quedamos con lo mejor de este esfuerzo y nos motiva que esta iniciativa tiene un color ciudadano. Y esto tiene que ser ejemplo y contagio para otros grupos ciudadanos que tienen inquietudes. Y quiero mencionar, porque es un acto de justicia, a quienes fueron el carburante que movió voluntades en muchos puntos del país: al ministro Juventino Castro, al ex ministro Miguel Ángel Garcíam, Luis Maldonado, Ernesto Canales, Miguel Ángel Treviño, Ana Laura Magaloni, Lucy Thatcher, Miguel Sarre, Emilio Rabasa, Miguel Carbonel, Carlos Ríos, Roberto Hernández, Layda Negrete. Y a César Camacho le valoro su vocación de tejedor de consensos políticos.
Y ya para terminar quiero decir que esta reforma tiene omisiones, en algunos casos debilidades y decisiones tibias, pero es un avance; es un paso importante que termina con la injusticia o terminará con la injusticia institucionalizada en nuestro país. Creo que es lo más luminoso que nos hemos dado los diputados en esta legislatura. Enhorabuena.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Es lamentable que las fracciones del PRI y del PAN no hayan tenido la sensibilidad para buscar y aceptar la propuesta que hizo nuestro coordinador, de una moción suspensiva que nos permitiera sacar con consenso una reforma que todos estamos de acuerdo en que tiene muchas cosas positivas.
Y que hay aspectos que tendríamos que afinar y que ésa era la intención de nuestra propuesta para buscar los consensos, y que saliera con el acuerdo de consenso de toda la Cámara de Diputados; sin embargo, las prisas llevaron a votar mayoritariamente porque hoy decidiéramos estos aspectos que son trascendentales.
Sin embargo, y quisiera decirlo porque nuestra compañera que me antecedió acaba de decir que la propuesta del PRD era porque estamos queriendo hacer tiempo para los consejeros. Eso es falso.
La preocupación de nuestro partido, y lo expresó nuestro coordinador, es el tema de los derechos humanos. Lo de los consejeros, compañeros, ya calificaron en la comisión. Los comisionados calificaron a los consejeros o a los aspirantes a consejeros y creo que ahí tendrán que haber las propuestas, porque fueron muchos candidatos con las capacidades para ser consejeros. Yo creo que ése es un tema aparte.
La preocupación de nuestro partido tiene que ver con derechos humanos; por tanto, quisiéramos dar el posicionamiento de nuestra fracción parlamentaria, de los que pensamos que este punto deberíamos haberlo discutido y haber aceptado una moción suspensiva para buscar un consenso.
Mucho le ha costado a nuestro país avanzar paulatinamente hacia formas más democráticas de relación y convivencia. Estos avances han ido teniendo su expresión a través de la construcción de una normatividad constitucional y secundaria que permita rebasar aquellas prácticas que, tanto en la vida política como en el sistema de justicia, han impedido la vigencia de la ley y un Estado democrático y social de derecho.
La impunidad sigue siendo patente de corso en nuestra vida cotidiana. La reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que hoy estamos discutiendo, sin dejar de ser un imperativo para la seguridad humana y ciudadana, tiene su base en la necesidad de Felipe Calderón de llevar a rango constitucional una serie de medidas de excepción para justificar las acciones, esencialmente mediáticas, que han venido impulsando en materia de seguridad pública.
Nuestra crítica fundamental es la propuesta de incorporar a la Constitución un régimen de excepción bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, lo que abre la puerta a la implantación de otras medidas de excepción que irán implantando la base para justificar el estado policiaco, sobre la que se ha ido asentado el Ejecutivo federal, su legitimidad y la comisión de grandes arbitrariedades.
No es un nuestra intención oponernos a la lucha en contra de la delincuencia organizada que ha puesto en jaque a las instituciones, muchas de ellas infiltradas del Estado. Sin embargo, nos oponemos a que se constitucionalice la violación de garantías y derechos, pues dejan en total vulnerabilidad no sólo a quienes pertenecen a los grupos de delincuencia mayor, sino a millares de ciudadanos que no podrán ejercer uno de los más importantes instrumentos del derecho positivo mexicano, en el caso de que se violenten sus garantías y al derecho de amparo.
Ninguna sociedad democrática en la que imperan sistemas de justicia y de seguridad pública modernos deja sin derechos a sus ciudadanos, ni siquiera a los más peligrosos delincuentes.
Actualmente existe una legislación secundaria en relación con la delincuencia organizada y es ahí donde se debieran atender las preocupaciones de la sociedad y de los órganos del Estado, dejando a salvo las garantías que establece nuestra Carta Magna.
El diputado Andrés Bermúdez Viramontes (desde la curul): Tiempo.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Ya lo escuché, diputado Tomatero.
La ineficiencia de los aparatos de seguridad del Estado no debe ser justificada con el argumento de que la legislación vigente en materia penal y de seguridad pública es deficiente.
La legislación actual no impediría que los grandes capos del narco-negocio estuvieran presos. En la operación de la lucha contra los jefes de las redes de delincuencia organizada se debería empezar por terminar con la impunidad de los enormes niveles de corrupción existentes en el aparato del Estado mexicano.
Son los arraigos, el allanamiento y la incomunicación, los elevados a rango constitucional con la consecuente anulación al derecho al amparo, lo que contribuirá a hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya diputado, por favor.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Permítame concluir, diputado. Reconocemos que en el proceso de construcción del dictamen de discusión se incorporan importantes avances que han sido demandados por juristas, organismos civiles y sociales tanto nacionales como internacionales, en derechos humanos, así como propuesta de nuestro propio partido, como son los principios para la implantación futura del proceso penal acusatorio, con base en la oralidad, la presunción de la inocencia y otros principios del derecho al debido proceso, la defensoría pública profesional.
Sin embargo, en el artículo Transitorio segundo se acordó encorchetar la vigencia de estos principios hasta un plazo de hasta 8 años, en el entendido de que tendría que irse construyendo tanto a nivel federal como a nivel estatal el nuevo sistema, lo cual es comprensible dada su complejidad, pero no hubo congruencia con el espíritu de incorporar estos principios al texto constitucional al permitir que todas las medidas violatorias a las garantías…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya el orador, por favor.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: … que implican la incorporación a la Carta Magna de un régimen de excepción así, si entran en vigor en el momento de publicarse el derecho.
El diablo está en los detalles. Y los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 contienen elementos que hacen nulas las garantías y por ello nuestro voto en lo general será un voto en contra.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, ha concluido su tiempo.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Compañeros, sería importante que entráramos a debatir lo que tiene que ver con derechos humanos. En esta situación están incluso, los debates de Oaxaca, los debates que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a muchos problemas sociales nacionales y ésa es la preocupación de nuestro partido.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya, diputado, si es tan amable. Su tiempo ha terminado.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Entonces, entremos a debatir estas situaciones y no a estar chiflando.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: El tema de seguridad y justicia es uno de los más importantes y uno de los que más preocupan a todos los hombres y mujeres de todas las épocas. Sin justicia y seguridad no hay paz social ni convivencia digna entre hombres y mujeres, y ésta no sería posible sin estos factores.
Por ello, en la reforma del Estado, sin una reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública, estaríamos hablando de una reforma parcial, de ahí la importancia de que la reforma que el día de hoy se somete a consideración de esta soberanía, la cual propone un replanteamiento integral de las bases sobre las que descansa el actual sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país, con el fin de lograr un equilibrio entre los actores que intervienen en dicho sistema, tiene un doble aspecto.
Por una parte, el tránsito a un sistema penal mixto preponderantemente inquisitivo, hacia un sistema acusatorio, acorde con un Estado democrático de derecho, pero por otro lado también el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado en las labores propias de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada.
Se ha dicho aquí que hay una negativa a tener un consenso y diálogo entre los partidos y entre las fuerzas políticas. Señores, parece que nos hemos olvidado que el tema lleva discutiéndose meses, que el tema estaba también en la mesa para la reforma del Estado, que hoy, por cierto, ya hubo una suspensión del procedimiento y que tuvimos más de tres horas trabajando, buscando consensos.
Solamente me gustaría destacar algunos aspectos importantes de esta reforma, abundaría en cuanto a este tema. En la importancia que tiene la adopción de este sistema con la aprobación de una reforma de tal magnitud, una reforma que parece que está cuestionándose, pero que es una reforma que permitiría el establecimiento de bases constitucionales de un sistema de justicia eficaz, equilibrado, inmediato, expedito, transparente y, en todo momento, respetuoso de la plena observancia de las garantías fundamentales de toda persona.
Que garantice a la víctima u ofendido del delito el acceso pleno a la justicia, la debida atención y protección jurídica por parte del Estado y la restitución real de los daños ocasionados por la comisión del ilícito, privilegiando aquellos casos en que resultan aplicables criterios de justicia retributiva, la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflicto.
Revisemos la reforma en integralidad, revisemos los conceptos positivos que tiene la misma. No podemos negarle al país la oportunidad de contar con un sistema de justicia mejor. No podemos negar a nuestro país una reforma que implanta bases en el sistema de seguridad de justicia que tanto demanda nuestra sociedad.
Por eso, hoy, reiteramos nuestro voto a favor de la presente reforma y, en consecuencia, solicitamos su voto. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada María del Pilar Ortega. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Othón Cuevas Córdova.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Compañeros y compañeras, en nombre de mis compañeros diputados federales del Partido de la Revolución Democrática de Oaxaca, hago uso de esta tribuna para reconocer, en efecto, como ya lo han hecho otros compañeros, el esfuerzo para poder estar discutiendo hoy aquí una iniciativa de fundamental importancia.
Sin embargo, quiero reiterar que la moción solicitada por nuestro coordinador, en ningún momento quiso tratarse de una acción dilatoria ni mucho menos un voto negativo a priori, habida cuenta del resultado de haber desechado esta moción suspensiva y advirtiendo un voto por consigna que seguramente va a aprobar esta iniciativa, quiero dejar muy bien expresado el planteamiento que los diputados del PRD, de Oaxaca, tenemos al respecto.
Y para ello quiero llamar su atención sobre un hecho que se vio recientemente en Oaxaca, y que por no advertir y dar más espacio al diálogo para que esta iniciativa impida este tipo de situaciones, ahora no solamente se van a seguir llevando a cabo, sino ahora tendrán, incluso, un cobijo legal.
Compañeros y compañeras, el jueves 4 de octubre, a las ocho de la noche, producto de una llamada telefónica, llegó personal de la AFI, de la policía ministerial, auxiliados con el Ejército mexicano, a derribar la puerta de una casa ubicada en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca. Se encontraba ahí adentro un grupo de personas celebrando un cumpleaños. Pasaron las horas reglamentarias para ser puestos en libertad y esto no sucedió. No fue sino hasta cuando el juez cuarto de distrito dictó auto de libertad absoluta, en este caso; y el lunes pasado, exactamente, fueron puestos en libertad por falta de pruebas.
Quiero decir que en esta acción ilegal, ahora la policía ministerial dice que no entró al domicilio; sin embargo —concluyo, señor Presidente— en el informe del Ejército mexicano se declara que sí entraron al domicilio sin la orden de cateo correspondiente, sembraron armas, sembraron cocaína, sembraron cartuchos útiles para justificar la detención.
Cuando se les dejó en libertad, el lunes pasado, había fallecido dentro del penal, por falta de atención médica, el señor Octavio Vera Vázquez. Éste es el tipo de violaciones que se han cometido en el estado de Oaxaca y son las violaciones que quedarían amparadas por no darnos el tiempo, compañeros, de revisar esta parte. Luego entonces, los diputados oaxaqueños no podemos llegar a nuestro estado con una ley que va a permitir este tipo de abusos.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús de León Tello.
El diputado Jesús de León Tello: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Jesús de León Tello: Si en Oaxaca, suponiendo sin conceder, sucede lo que dijo el preopinante, es porque no existe esta reforma constitucional. México no está para mociones; México está para acciones.
Esta reforma constitucional en materia penal tiene más tiempo que las otras reformas que hemos aprobado en debate. Tiene años discutiéndose en la academia. Tiene años discutiéndose en las diferentes Cámaras del Congreso de la Unión, y hoy que tenemos una oportunidad de dotar de instrumentos jurídicos a los ciudadanos para que se defiendan contra las autoridades, pedimos que se suspenda la aprobación de esta reforma trascendental.
Yo les pido, compañeros, que mediten su voto y que se pongan a pensar un poco en el drama penal que viven las víctimas del delito, y con esta reforma, no solamente les vamos a dotar de una defensoría pública de calidad. No solamente vamos a garantizar que se les repare el daño sin que tenga que salir el delincuente antes de que esto haya sucedido.
Yo les pido, que pensemos en los más de 90 mil internos que están así por no contar con el mecanismo de la prisión preventiva.
Les pido que pensemos mejor en aquellos ciudadanos que duran más de 60 meses sin que se les dicte una sentencia, que pensemos en aquellas personas que durante todo el proceso no pueden ver a la cara al juez, mucho menos cuando se les dicta una sentencia. Por qué no pensar en la impunidad que se genera cuando en la integración de la averiguación previa lo hace el Ministerio Público a la espalda del ciudadano.
Por qué no pensar que al momento en que se dicta una sentencia no lo hace un juez, lo hace un secretario basándose en simples fojas, en un expediente, sin la inmediatez que estamos proponiendo en esta reforma.
Yo les pido, compañeros diputados, que en esta ocasión pensemos en México y que votemos ya esta reforma en materia de justicia penal, para garantizarle al ciudadano la defensa adecuada de sus garantías. Creo que es importante aprobarla y de serlo así, tengan por seguro que en el mediano plazo van a estar agradecidos los ciudadanos con este Congreso por haberla aprobado y por no haber suspendido sin justificación su aprobación. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Jesús de León Tello.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Octavio Martínez Vargas, para argumentar en contra.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero Presidente. El problema, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que hemos puesto la iglesia en manos de Lutero.
Quien está estructurando y coordinando estos trabajos es el principal violador de los derechos humanos, de las garantías constitucionales en el estado de México. Cuando el diputado Camacho fue gobernador se armó un movimiento en el estado, en donde por ejemplo en Texcoco, los ejidatarios y los comuneros fueron detenidos y procesados por delincuencia organizada, por secuestro, etcétera.
Cuando el diputado Camacho fue gobernador, en el municipio de Ecatepec más de 135 adultos mayores fueron golpeados, maltratados, ultrajados y, por ende, procesados por delincuencia organizada, por impedir el desarrollo de un proyecto habitacional de funcionarios del gobierno del estado.
Él es quien estructura esto y trata de justificar la incapacidad del gobierno federal. El gobierno federal no ha tenido el más mínimo interés de entrarle con seriedad a este tema. Ha eludido recurrentemente su responsabilidad como Estado para verdaderamente combatir a la delincuencia organizada, al crimen organizado, el combate al narcotráfico, etcétera. Y hoy pretenden y nos vienen diciendo que con esto lo vamos a lograr.
Grave error, los antecedentes históricos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en materia judicial a la Constitución siempre se ha dicho lo mismo: ahora sí, ésta es la buena, con esto los vamos a detener, vamos a combatirlos y no se ha avanzado de manera sustantiva. Y lo que sí estamos logrando es dar un paso muy equivocado para ir en violación permanente y flagrante contra los derechos humanos, compañeros.
No nos equivoquemos, no nos vengan con vaciladas. Y hay antecedentes de las personas que suben a tribuna, de los que están ahora diciendo de la gran reforma vanguardista. Equivocación, equivocación.
Por eso, amigas y amigos, creo que debemos reflexionar minuciosamente sobre este tema. No nos equivoquemos, no se requieren reformas de esta naturaleza constitucionales para verdaderamente combatir. Se requiere voluntad, eso es lo que se requiere y no reformas que van a ir en perjuicio —termino, amigos—, no modificaciones que van a ir en perjuicio de los que hoy ocupan la comunidad más amplia de los reclusorios en nuestro país.
Que la historia nos juzgue, compañeros de la derecha y compañeros que cuando fueron ejecutivos fracasaron. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Rogelio Carbajal Tejada, para argumentar en pro.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Desde luego votaremos a favor de esta reforma.
Y extraña, extraña en esta tribuna quienes se opongan a una reforma que protege a las víctimas de los delitos. Extraña quienes se oponen a esta reforma porque es una reforma garantista. Extraña quienes se oponen a esta reforma porque entonces se oponen a los derechos humanos que se están tutelando en este sistema de justicia penal que se está proponiendo en esta reforma constitucional.
Por eso extraña la posición de quienes se oponen a una reforma que es de avanzada, que moderniza el sistema de justicia penal y que garantiza para los mexicanos y para las mexicanas un bien esencial, que es el de la seguridad pública.
Estos dos pilares, el de la seguridad, pero también el de un sistema de justicia penal adversarial, oral, con todos los principios que esto conlleva, no es otra cosa sino darle dos pilares esenciales al Estado democrático mexicano.
Por eso los diputados y las diputadas de Acción Nacional votaremos a favor de esta iniciativa que reforma una serie de artículos de la Constitución. Votaremos a favor porque estamos de acuerdo con un juez de control que garantice los derechos del ofendido, pero también que garantice los derechos de quien presuntamente puede ser un delincuente.
Votaremos a favor porque esta reforma sin duda alguna establece un avance fundamental para proteger los derechos de las víctimas, los que siempre han sido olvidados en los juicios penales. Votaremos a favor porque estamos de acuerdo en medidas alternativas para la solución de conflictos.
Votaremos a favor, amigas y amigos diputados, porque creemos en una máxima fundamental que desde luego respeta los derechos de todos y que implica investigar para detener y no detener para investigar. Por eso votaremos a favor.
También votaremos a favor porque sí creemos en un régimen especial contra la delincuencia organizada. No nos equivoquemos, esta reforma es contra la delincuencia y esa batalla los diputados de Acción Nacional la vamos a seguir dando desde esta trinchera.
La vamos a seguir dando porque estamos con el presidente de la república y porque creemos que la principal atentación contra la soberanía es justamente el crimen organizado. Por eso votaremos a favor.
Votaremos a favor —y con ello concluyo— porque este régimen de justicia penal que se propone, y porque este régimen de seguridad pública que se propone, es un régimen moderno para un Estado democrático como es el Estado mexicano. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Rogelio Carbajal Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, Presidente. La justicia es uno de los valores fundamentales del género humano y cualquier paso que demos por conseguirla acreditará nuestra calidad de legisladores que entendemos el problema.
No llegará la justicia a México, menos la justicia social en un país de desigualdad; pero sí podemos avanzar sólidamente en reformas constitucionales que hemos discutido en la Comisión de Justicia y en la de Puntos Constitucionales, y donde todos mis compañeros del PRD, del PAN y de otros partidos votaron a favor. Hoy me extraña que a este dictamen aprobado por todos se le ponga una moción suspensiva.
Pero, finalmente lo importante es que este trayecto de reformar la Constitución nos conduce en dos ejes sustanciales: uno, el combate severo, firme, duro, contra la delincuencia organizada y contra el crimen organizado. No tenemos que darles flores a los que todos los días decapitan, asesinan, matan y secuestran.
Tenemos que apoyar al Estado mexicano para una política de combate verdadero y auténtico en contra de quienes se han apoderado de las instituciones sociales y han desbordado el entorno del contexto de un Estado que está obligado a garantizar la justicia. Ésa es una parte de la reforma que debemos apoyar.
El otro, habla de una justicia moderna. Habla de una posibilidad nueva, habla, sí, de garantizar no los derechos humanos, compañeros, ésos no existen en la Constitución. Las garantías individuales… los derechos humanos son género; pero las garantías individuales son especie legislada en el derecho positivo y es a las que tenemos que atender y a las que debemos defender.
Esos dos ejes nos permiten construir un dictamen que tiene muchas deficiencias, tiene muchas faltas. No aprovechamos esta oportunidad para dar la autonomía al Ministerio Público y evitar que el Ministerio Público fuera un arma política del Ejecutivo en turno, como lo he repetido reiteradamente en ésta y en otras tribunas.
Nos quedamos cortos. Es una reforma imperfecta, es una reforma tronchada, pero finalmente es una reforma posible.
Y en la pragmática del consenso de las fracciones parlamentarias, esto fue lo mejor que se pudo hacer.
Mi facción seguirá insistiendo en la reforma al Ministerio Público y en muchas más que no están contempladas en ésta; pero por el momento votemos ésta para ir hacia adelante en el camino de la justicia mexicana. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alfredo Ríos Camarena.
No habiendo más oradores inscritos… Le dan sonido a la curul del diputado Gómez Pasillas, por favor.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Solicito se me permita razonar mi voto desde mi lugar, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Gracias. Quiero solamente expresar que votaré, junto con mis compañeros diputado de Nueva Alianza, a favor del dictamen, porque es indudable su positividad en lo general y en el contenido de su articulado. Pero quiero dejar explícito, que considero —en lo personal— insuficiente la modificación de agregados en la redacción del párrafo doce del artículo 16, para acotar la autorización a la policía para ingresar sin orden judicial a un domicilio. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Queda asentado en el Diario de los Debates y se toma en cuenta su posición.
No habiendo más oradores inscritos se considera suficientemente discutido y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la asamblea ha reservado los siguientes artículos: 16, párrafo séptimo; 16, párrafo trece; 16, 17, 18, 19 y 20; 16, párrafos diez, once y doce; 16, párrafos ocho, doce, trece y quince; 16, párrafos dos y doce; 16, párrafo segundo; 16, párrafo doce; 16, párrafo doce; 16, párrafo quince; 16, párrafo quince; 16, párrafo quince; 16, párrafo ocho; 16, párrafo 10, suprimir; 16, párrafo 13, suprimir; 17, 18, 19 y 20; 18, párrafo noveno; 18, párrafo octavo y noveno; 18, último párrafo; 19, 19,párrafo sexto; 20, 21, párrafo primero; 21, párrafo primero; 21, párrafo séptimo; 21 párrafo primero; 73, fracción vigésima primera; segundo transitorio; segundo transitorio; adición de un transitorio.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Compañeros, vamos a rectificar, son 10 minutos la votación para dos tercios, por favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artrículo161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
(Votación)
¿Falta algún diputado de emitir el sentido de su voto? Ciérrese sistema de votación electrónico. Se emitieron 366 votos en pro, 53 en contra y 8 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 366 votos. Esta Presidencia informa, vamos a dar oportunidad de que festejen todos los compañeros. Yo también estoy contenta compañeros. Muy bien.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos, por los siguientes diputados: Artículo 16, párrafo séptimo, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; artículo 16, párrafo trece, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; artículos 16, 17, 18, 19 y 20, diputado José Manuel Del Río Virgen; artículo 16, párrafos diez, once y doce, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 16, párrafos octavo, doce, trece y quince, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 16, párrafos dos y doce, diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla; artículo 16, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 16, párrafo segundo, diputado David Mendoza Arellano; artículo 16, párrafo doceavo, diputado Rodolfo Solís Parga; artículo 16, párrafo doce, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo; artículo 16, párrafo quince, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera; artículo 16, párrafo quince, diputado Carlos Altamirano Toledo; artículo 16, párrafo quince, diputado Armando Barreiro Pérez; artículo 16, párrafo 8o., diputado Alberto Amador Leal; artículo 16, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido; artículo 16, diputado Alberto Amador Leal, párrafo 10.
¿Sí, diputado? Le dan sonido, por favor, a la curul del diputado.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Presidenta, antes de continuar con la lista de quienes se reservaron artículos, creo que, de acuerdo con la Constitución de la República debe usted hacer la declaratoria de que se cumplimentó con las dos terceras partes de legisladores presentes.
No sólo el número, sino que quede asentado y así lo diga la Secretaría, que fue aprobado por las dos terceras partes que señala la Constitución de la República. Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con fundamento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, damos fe que en esa asamblea se votó reglamentariamente por 366 votos la reforma al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliéndose con las dos terceras partes reglamentarias que exige esta ley, este decreto.
Artículo 16, párrafo 13, suprimir el párrafo 13, del diputado Alberto Amador Leal; 17, y 18, 20 y 21 de la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa; artículo 18, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 18 párrafo IX, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 18, párrafo VIII y IX, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 18, último párrafo, diputado David Mendoza Arellano; artículo 19, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 21, párrafo I, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 21, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículos 20 y 21, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido; artículo 21 párrafo I, diputado Carlos Altamirano Toledo; artículo 21, párrafo VII, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 21, párrafo I, diputado Armando Barreiro Pérez; artículo 73, fracción XXI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 2o. transitorio, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo… Perdón, 2o. transitorio, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: adición de un transitorio, diputado Silvano Garay Ulloa.
Tiene el uso de la palabra para fundamentar su reserva el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Compañeros, antes de dar inicio, quisiéramos apelar a su sensibilidad para este pleno. Dadas las condiciones en que hemos estado sesionando, que se puedan ustedes tomar más tiempo quizás, para poner exponer de una sola vez todas sus reservas para que se puedan ir votando una por una, por supuesto; pero que de una vez pudieran fundamentar todas.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De acuerdo, Presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para referirme al artículo 16, párrafo VII, y al artículo 16, párrafo XIII.
Me refiero al párrafo VII del artículo 16. El primer párrafo del artículo 5o. del proyecto de la Constitución Mexicana de 1857 decía: "Todos los habitantes de la república, así en sus personas, así en sus familias, como en su domicilio, papeles y posesiones están a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa; excepto en los casos prefijados por las leyes y con las indispensables condiciones de que se proceda racionalmente y que la autoridad competente exprese en su mandamiento escrito la causa probable del procedimiento".
Traigo a colación esta cita porque entonces Ponciano Arriaga aclaraba con este artículo que quería evitar de manera bárbara y salvaje que, como en México, se hace en las prisiones y cómo toda clase de autoridades maltratan y atropellan a los ciudadanos.
¿De entonces a ahora qué ha cambiado? ¿Acaso los maltratos y atropellos de las autoridades han disminuido, se han atenuado? Pregunten en todo caso los recientes conflictos en Atenco, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas.
Con estos antecedentes, de verdad queremos darle oportunidad al agente del Ministerio Público de que pueda solicitar el arraigo de un ciudadano sospechoso de delincuencia organizada.
Es nuestra obligación pensar que las autoridades encargadas de administrar la justicia penal, sin menoscabo de la capacitación y de planes de superación que se tienen para ellos, no van a cambiar de actitud de la noche a la mañana y van a dejar de lado esa especie de furor que utilizan para maltratar a los ciudadanos.
Es nuestra obligación pensar mal, porque como legisladores tenemos el deber de asumir la naturaleza imperfecta de ser humano. No nos toca a nosotros asumir la buena fe irrestricta de la autoridad.
Por lo anterior, proponemos a esta soberanía la supresión del párrafo séptimo, del artículo 16. Me refiero al artículo 16, párrafo décimo tercero. Coincidimos en que el modelo de justicia penal vigente ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos, como sostiene el propio texto del dictamen en cita, dentro de sus consideraciones. Y coincidimos que es hora de impulsar una reforma en tal sentido.
Sin embargo, ni los jurisperitos más audaces pueden dejar de advertir que quienes pretenden elaborar leyes —y éste es nuestro caso— no pueden limitarse a la copia de modelos exitosos en éste u otro lugar. Es indispensable ser conscientes del contexto nacional de las costumbres y de la idiosincrasia mexicana.
No podemos considerar que, por desgracia, para vergüenza de nuestro sistema de justicia, los órganos gubernamentales de investigación y policía hayan sido empleados consistentemente como aparatos represivos.
He manifestado que estoy de acuerdo con la necesidad de mejorar el sistema de justicia íntegramente. Y me consta que en el marco de la Ley para la Reforma del Estado se han realizado foros y mesas de trabajo, pero ante una adecuación de una parte de la Constitución, ante un caso evidente de ingeniería jurídica constitucional, ¿por qué correr este riesgo?
Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, proponemos que se suprima el párrafo décimo tercero del artículo 16. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 16, párrafo séptimo, hecha por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo séptimo, propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta…
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Denle sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo, por favor.
Compañeros, antes de la participación, les aclaro, que la diputada se tarda porque normalmente ella cuenta, por eso se tarda para dar la determinación. Créanmelo que cuenta, por eso se tarda un poco para dar la votación; pero, adelante diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada. Solamente para solicitarle que al reservarse para votarse en lo particular, este artículo se vote de manera separada, nominal, si es tan amable, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con eso quedaría resuelta la duda de la votación, diputado? Al final se votaría por separado. Claro.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la modificación del artículo 16, párrafo trece, que ha hecho el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del artículo 16, párrafo doce…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A ver, permítanme diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, al artículo 16, párrafo trece. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, es serio. De verdad que la diputada trata de contarlos para que no tenga problemas con ustedes, con nadie, problemas con nadie, pero principalmente con quienes reclaman la votación. Continuamos.
Se desecha la propuesta y continuamos con el siguiente orador.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, para fundamentar las reservas al artículo 16, 17, 18, 19 y 20.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma judicial representa una de las grandes reformas que requiere el país, pero vengo a llamar su atención de varios temas de los que luego nos podemos arrepentir; es más, hay hasta párrafos que ya están en la ley y que se busca que se inscriban dentro del texto constitucional.
Por eso, porque creen que levantando el dedo y votando por mayoría se puede resolver. Por eso tenemos tantos problemas. Y por ese motivo las cosas no van como se quieren en este país.
La reforma es buena, se trabajó a profundidad. Se pueden hacer otras cosas, pero les voy a hacer un comentario. Miren ustedes, el addendum que mandaron dice: "la policía podrá ingresar sin orden judicial cuando existe información o conocimiento". Pregunto: ¿la reforma da capacidades de persecución a la policía, pero no establece medidas para combatir la incapacidad de los agentes para realizar, bajo los preceptos de la ley, su trabajo para erradicar la corrupción?
Es más, compañeras y compañeros, ¿cómo es posible que a la policía le demos esa facultad cuando no está capacitada para distinguir cuándo una amenaza es real, actual o inminente, ni cuando exista flagrancia, cuasi flagrancia o flagrancia equiparada?
Ése es un dato que a todo mundo puede afectar. Otro dato más, compañeros. En el proyecto quieren que se defina "delincuencia organizada". ¿Para qué, si el texto constitucional no es un catálogo de definiciones jurídicas? Es más, ya está este texto en el artículo segundo y lo definen los mismos términos, ¿para qué motivos?
Otro comentario más, compañeros, el párrafo 6 y el párrafo 15 se podrían en un solo párrafo, redactar para que quedara de la siguiente manera: "En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con reservas de ley. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación…". Y dejaré el texto, porque no da tiempo de leerlo.
Compañeras, compañeros, el artículo 16 constitucional también habla del arraigo de una persona que puede resultar inocente. Esto ya ha sido declarado en una controversia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidentemente inconstitucional. Ello no refleja más que la incapacidad de combatir la delincuencia organizada. El párrafo 134 del Código Penal de Procedimientos Penales habla y particularmente se refiere a este tema.
Por otro lado, el Ministerio Público tiene durante la instrucción del proceso 10 días más para ofrecer pruebas. La verdad es que se podría redactar un artículo 16 con varios señalamientos que a todos dejara satisfecho, sobre todos dejara satisfecho a los justiciables.
Del artículo 17 —Presidenta, para que sea en una sola exhibición— del artículo 17 comentaría lo siguiente: prevé la instauración de mecanismos alternativos de solución de controversias como la restauración de la justicia, mediación y conciliación entre las partes.
Pero, podría quedar de otra forma redactada de tal manera que permitiera que todo justiciable tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso, desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar a un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público, también derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ése tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera y la federación, los estados y el Distrito Federal, garantizarán… A ver, infórmele al diputado escandaloso que está ahí, que son varios artículos, Presidenta.
Así es que se puede redactar de otra manera. El artículo 18 también puede quedar salvado de otra forma, de tal manera que quede: lo que se debe de tener mucho cuidado es que una prisión de ejecución de la pena…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Efectivamente, el diputado está presentando varias propuestas, entonces permítanle, por favor, terminar de exponerlas. Está tratando de hacerlo lo más resumido posible, por favor.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Lo que se debe cuidar es que la prisión, que la ejecución de la pena, no consista en tratamientos lesivos a los derechos de las personas privadas de su libertad, lo cual implica el rechazo a medios que ofendan su dignidad.
Compañeras y compañeros, en el artículo 20 se propone una redacción que diga: a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Sin embargo, se agrega un periodo gramatical que desconcierta, dice: mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Esto último perturba porque no tiene el mismo significado jurídico la presunción de inocencia y la presunción de inculpabilidad. La tesis según la cual el indicado o procesado no tiene en su favor la presunción de inocencia, sino de inculpabilidad, es veraz.
La diferencia puede parecer pequeña, pero desde el punto de vista procesal arroja una diferenciación gradual entre ambas, puesto que la inculpabilidad se actualiza desde la averiguación previa pasando por el procedimiento de primera instancia y culmina con la sentencia definitiva emitida en la apelación, al no existir más recursos ordinarios que lo confirmen, modifiquen o reformen, el principio de inocencia, el momento procesal en que puede promoverse de acuerdo a los artículos 94 y 98 del Código Penal Federal, es después de haber dictado sentencia irrevocable.
Así es que la verdad es que se podría redactar de otra forma y darle a la nación lo que está esperando: una reforma judicial que sirva a la sociedad y que no abuse de su buena fe,. Sin embargo, ésa es la potestad de ustedes, votarla como quieran. Incluso, algunos porque les ordenan. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta al artículo 16, realizada por el diputado José Manuel del Río Virgen.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen al artículo 16. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 17.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen al artículo 17. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta al artículo 18.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18, propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan. Consulte las modificaciones al artículo 20, por favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20 por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte por favor si se acepta a discusión la modificación al artículo 19.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19 por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias, Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reservan los artículos para su votación al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, para presentar su fundamentación a las reservas del artículo 16, párrafos décimo, onceavo y doceavo; diez, once y doce.
Nos comentan que la diputada Silvia Oliva va a presentar también en esta exposición las modificaciones que ella pretende presentar. Es al 18, párrafo noveno; al 21, párrafo primero y al segundo transitorio, además de los ya mencionados.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias, diputada Presidenta.
En el artículo 16, párrafo décimo, en esta propuesta se está permitiendo que en los casos de delincuencia organizada el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por la Procuraduría General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga el carácter de reservada, a nosotros nos parece que el acceso directo no debe estar en esa ley. Tiene que ser con una orden judicial, por lo cual consideramos que es necesario que esa solicitud se haga al juez y que el juez determine.
El proceso de delincuencia organizada lleva bastante tiempo y no nos parece que sea la práctica inmediata y directa la que corresponda a que se tenga acceso directo a estos documentos.
En el párrafo décimo segundo del artículo 16, también tenemos que este párrafo, aún con las modificaciones que se pretenden hacer en cuanto a que la policía podrá ingresar sin orden judicial, no podemos aceptarla. Consideramos que este párrafo debe eliminarse porque las adecuaciones que se le hicieron nos parece que son insuficientes.
En cuanto al párrafo décimo primero, lo único que se está solicitando es que quede una palabra como está actualmente en la Constitución y es que en toda orden de cateo se pida que sea por escrito, como actualmente lo dice la Constitución, porque en la reforma le quitan que sea por escrito.
También dentro de estas reformas consideramos que en el artículo 21, en el texto reformado, se le da a las policías toda la facultad de investigación. Nos parece que en la actualidad las policías tienen muchos problemas; han sido bastante represivas y esa facultad, que se les puede dar, puede traer consecuencias muy graves. En ese sentido, a pesar de que fuera bajo la dirección, bajo la petición del Ministerio Público, necesita la creación de una policía científica.
No todas las policías, porque se lo pide el Ministerio Público y aun cuando en el texto se dice que se van a certificar y que se van a capacitar estas policías, creo que es insuficiente y son algunas de las cuestiones que no podemos dejar así tan general, que las policías tengan la facultad de investigación.
Por eso, el texto que propongo es que sea únicamente la policía científica, que realmente se capacite, una policía que pueda investigar todo lo que son los delitos y que tenga una formación adecuada.
Finalmente, el segundo transitorio es muy importante porque dice que algunos artículos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial. Si se pretende que las policías, ya sea con la modificación o como el mismo texto, si no pasa esto, inmediatamente estén al servicio ya del Ministerio Público, qué capacitación tienen.
Entonces, la propuesta es que en el párrafo segundo se pueda decir que entren en vigor estas modificaciones del artículo 21 párrafo primero, hasta que esté la ley secundaria. Si no, resulta que es una falsedad de que haya policías capacitadas si esto entra en vigor inmediatamente. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada ¿fundamentó el segundo transitorio que reservó?
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Sí.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, al artículo 16 párrafo décimo, undécimo y duodécimo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo décimo, undécimo y duodécimo, por la diputada Silvia Oliva Fragoso.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta realizada por la misma diputada al artículo 18 párrafo noveno.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al articulo 18 párrafo noveno.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21 párrafo primero.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21 párrafo primero.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al segundo transitorio.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo segundo transitorio. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputad Aleida Alavez Ruiz, para presentar las propuestas de modificación al artículo 16, párrafo octavo, duodécimo, decimotercero, decimoquinto. Y también va a presentar en esta exposición la propuesta al 18, párrafo noveno; 19, párrafo sexto; 21, párrafo séptimo, 73, fracción XXI.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta. La reserva al artículo 16, tiene las siguientes
Consideraciones
La enmienda constitucional en materia jurídica que discutimos el día de hoy es una reforma que institucionaliza la violencia de Estado. La posibilidad de que la policía ingrese a los domicilios de la población sin orden judicial pone en riesgo la seguridad y certeza jurídica de las familias. Casos como las reiteradas violaciones a la garantías individuales que suceden en los estados de Oaxaca, México, Guerrero, Michoacán, Puebla y Chiapas, tendrán la legitimación necesaria para el uso de la fuerza bajo el pretexto de la persecución de la delincuencia organizada.
La criminalización de la lucha social es una estrategia de Estado que no sólo implica la modificación y el uso de leyes para detener y condenar con altas penas a luchadores sociales. También se manifiesta en otras medidas que fuera de la ley señalan, hostigan, persiguen, encarcelan y torturan, y asesinan a quienes luchan por mejores condiciones de vida, comparándolos con delincuentes y terroristas.
El gobierno de Calderón continúa reforzando las estrategias represivas que comenzaron durante el último año de la administración de Fox. Un año después del rescate de Atenco, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusados de secuestro, fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión.
En Oaxaca a la ocupación policiaco militar de 2006, siguieron detenciones y desapariciones selectivas previas a la elección del Congreso local, como la detención de concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la desaparición forzada de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, la muerte de dos personas a causa de un conflicto agrario en San Isidro Aloapam, la desaparición de dos mujeres vinculadas al movimiento de unificación y lucha trique y la represión contra la celebración de la Guelaguetza popular, en la que resultaron varios heridos de gravedad, 12 indígenas loxicha permanecen presos desde hace 11 años acusados, sin pruebas, de pertenecer al EPR.
Estos datos son muestra de lo que puede suceder a gran escala si no ponemos freno a la discrecionalidad de la aplicación de estas nuevas medidas. Es indispensable llamar la atención y señalar que estas reformas se dan en el marco del inicio de la llamada Iniciativa Mérida, como parte de los acuerdos del gobierno federal con el de Bush.
Artículo 16, párrafo octavo. Es de todos sabido que nuestra ley fundamental se encuentra dividida en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es aquella que establece las llamadas garantías individuales y los derechos humanos, es decir, el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con las de otras personas y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos en cada estado.
La parte dogmática de la Constitución, contenida desde el artículo 1o. al 29, tiene como característica fundamental proponer y perseguir como fin último del Estado y de su organización institucional la defensa de los derechos y libertades del hombre, limitar al Estado y dar seguridad al individuo frente a él.
En este sentido, la propuesta de adición del párrafo ocho para establecer en esta parte la definición de delincuencia organizada es contraria a toda técnica legislativa; aunado que nuestra Constitución no tiene por qué establecer definiciones de lo que debe entenderse por "ciertas conductas ilícitas".
Si bien es deber de esta soberanía establecer todos los mecanismos necesarios para el combate a la delincuencia organizada, no por el hecho de establecer en nuestra ley suprema la definición de la misma vamos a contribuir a su combate y erradicación. Para ello, es necesario modificar un sinnúmero de leyes secundarias que ayuden a todas nuestras instituciones de seguridad a la persecución de los delitos.
No podemos olvidar que ya existe la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aunado a que se corre el riesgo de que, establecer un régimen especial para combatir la delincuencia organizada podría dar lugar a, que las autoridades federales, el argumento legal mediante el cual se podrían aplicar medidas judiciales y castigos penales a líderes sociales.
Un ejemplo claro es el ocurrido con los habitantes de San Salvador Atenco y Texcoco, quienes, por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo del año próximo pasado, en defensa de su tierra, fueron acusados del delito de delincuencia organizada; tres de ellos encarcelados en un penal de máxima seguridad, compurgando penas privativas de libertad de más de 67 años.
Artículo 16, párrafo trece. El artículo 16, párrafo trece del dictamen establece que las comunicaciones son inviolables y que la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella.
En ese tenor encontramos una contradicción, ya que por un lado, se establece una prohibición y, por otro, se faculta a particulares a que intervengan cualquier comunicación privada en cualquier materia; y las hacemos legales siempre y cuando las aporte alguno de los particulares que participen en ellas.
Además, se les otorga de cierta manera valor probatorio, ya que se deja al juez la valoración y el alcance de las mismas; siempre y cuando tengan relación con la comisión de la misma.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser una unidad. No podemos establecer como poder revisor de la Constitución una contradicción. Por un lado, establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en contrapartida, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernadores de respetar dicha prerrogativa; y, por otro, facultar al gobernado a realizar la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso irrefutable de los que la entablan. Es decir, ¿a qué incurrir en un ilícito constitucional?
Por ende, si dentro de un juicio en cualquiera de sus especies una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho. Por tanto, no debe…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera, ¿me permite? Compañera diputada, ¿me permite? Diputada, vamos a dar oportunidad a que usted tenga el tiempo de tres minutos por cada una de las propuestas; porque ahorita ya lleva más de cinco minutos, siete minutos en una sola propuesta.
Entonces no procede, en términos de tiempo que hayamos hecho la reserva, en una exposición todas las reservas. Vamos a sujetarnos mejor al tiempo con las exposiciones que usted deba hacer.
Ahorita usted ha fundamentado los artículos 16, 8o, 12o. y 13o. nada más, desde nuestro punto de vista. Entonces, no procedería que nosotros tuviéramos que presentar por paquete; en realidad no estamos ahorrando nada de tiempo.
Le pedimos, por favor, si puede usted concretar su propuesta ya de este artículo ya para que lo votemos y pueda seguir en la lista de oradores y en el momento que le vayan tocando los artículos reservados vaya usted teniendo la posibilidad de presentarlos, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿O sea, que entonces no presente todos en ésta?
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es que usted había dicho que iba a presentar todos en esta exposición, pero no lo ha hecho así. Entonces yo le pido que pueda concluir ya esta presentación del primer artículo, se pueda votar y continuemos posteriormente.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien. La propuesta es que se elimine del artículo 16 la parte en donde se define la delincuencia organizada, la posibilidad de que entren las policías sin órdenes de cateo.
Y del último párrafo donde dice: "las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas". Que se elimine: "excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguna de las particulares que participen en ellas".
Y el último es que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por escrito. Ésa es la propuesta, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas al artículo 16, por la diputada Aleida Alavez Ruiz.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafos octavo, doce, tres y quince, por la diputada Aleida Alavez Ruiz.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas presentadas al artículo 16. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, para presentar sus propuestas al artículo 16, párrafos segundo y duodécimo.
El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla: Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla: Por obvio de tiempo, compañeras y compañeros, solamente mencionaré los aspectos relevantes. Estoy tocando el artículo 16 en sus párrafos segundo y duodécimo.
1. Por lo que respecta a la reforma propuesta del segundo párrafo del artículo 16, es importante resaltar que vía reforma, escúchese bien, pretende eliminar la necesidad de que el Ministerio Público tenga y presente elementos que acrediten el cuerpo del delito, lo que significará un enorme retroceso en materia de justicia penal. Ya que si bien es cierto, que el juez será el que otorgue la orden de aprehensión de un presunto responsable de la comisión de un delito, es importante reflexionar sobre esta eliminación, ya que el Ministerio Público conserva la titularidad del ejercicio de la acción penal como regla general.
Debemos recordar que durante las 48 horas siguientes a la detención del presunto responsable, el Ministerio Público debe acreditar este requisito del cuerpo del delito. Y es verdad que en muchos casos este lapso puede resultar muy corto.
Sin embargo, parece completamente absurdo que ahora se pretenda con esta reforma mejor quitarle ese requisito procesal a las solicitudes de las órdenes de aprehensión, ya que ello puede propiciar que exista abuso por parte de los agentes del Ministerio Público al solicitarle a los jueces, sin elementos objetivos de la presunta comisión del delito, dicho orden puede traducirse en excesos en perjuicios de los ciudadanos.
Así entonces, es necesario mantener el requisito mismo de la acreditación del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado, para que podamos hablar de verdaderas garantías de los gobernados, en específico de las personas que son señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito.
2. Artículo 16, párrafo duodécimo. En relación con la propuesta en este aspecto, es decir, el autorizar el ingreso de la policía a los domicilios particulares sin la necesidad de una orden judicial, evidentemente esto constituye un acto de autoritarismo represor del cual no es posible que en un estado de derecho se tenga tal pretensión, ya que como lo evidencia esta propuesta, todos los habitantes de la República Mexicana nos encontraríamos en estado de indefensión si algún cuerpo policiaco pretende ingresar a nuestro domicilio.
Compañeros legisladores, no podemos permitir que sean disminuidas las garantías individuales de las personas que representamos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante este honorable pleno, modificar el artículo 16, párrafo segundo y decimosegundo para quedar como sigue:
Artículo 16, párrafo segundo. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado como pena privativa de libertad y existan elementos que acrediten el cuerpo del delito, y que exista también la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Artículo 16, párrafo duodécimo. La policía podrá ingresar solamente con orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas; así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo.
Por su atención, gracias, muy amables. Y le solicito, de favor, a la Mesa Directiva, que se inserte íntegramente el contenido de estas reservas. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas por el diputado Gutiérrez Calzadilla, al artículo 16, párrafos segundo y decimosegundo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, al artículo 16, párrafos segundo y decimosegundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta.
Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, para presentar la propuesta de modificación al artículo 16. Diputado Othón, me dice que va a pasar el diputado Tonatiuh en lugar de usted, ¿sí?
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Sí, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante. ¿Dieciséis? Así es. Tiene el uso de la palabra, el diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Compañeras diputadas y compañeros diputados, no sé si estamos conscientes de que por vez primera se está modificando un artículo que representa una garantía individual y que desde la Constitución de 1917 había permanecido respetado en sus contenidos, no solamente dogmáticos, sino que forma parte del pacto social que ha dado estabilidad y garantías a este país. No es posible que aceptemos que pueda ser modificada la garantía individual de inviolabilidad del domicilio particular.
La fuerza del Estado en muchos casos está intervenida, coludida, mediatizada, corrompida o atemorizada por el crimen organizado, en cualquiera de sus formas, sea el narcotráfico, sea cualquiera de las múltiples formas de asociación delictuosa presentes hoy en día.
El Ejecutivo federal en los últimos sexenios ha reconocido la abierta penetración en las policías de todos los niveles por el poder de este crimen organizado. Somos testigos de cómo operativos de los últimos 20 años han levantado delegaciones federales de la Procuraduría General de la República en estados y han sido consignados por colusión con la delincuencia organizada.
La pregunta es: ¿si estas policías son las que ahora estamos autorizando constitucionalmente a que puedan violar o presentarse en los domicilios particulares bajo la figura o las figuras que se establecen en el proyecto de reforma?
Se parte del criterio de que hay una diferencia clara y definida entre buenos y malos, entre policías y delincuentes, entre el Estado bueno y la delincuencia mala. Pero esto no es así, no hay diferencia en una franja de la realidad, no hay diferencia. Es decir, la realidad nos ha demostrado que hay regiones dominadas por el crimen organizado, que tienen policías propios, que tienen bandas armadas que son las que controlan esos territorios, o bien, que tienen policías que están totalmente inhabilitados para poder intervenir por riesgo a sus propias familias o a su propia integridad.
Entonces, compañeras y compañeros legisladores, no es posible que nosotros estemos abriendo la puerta para acabar con una de las garantías individuales que son fundantes del pacto social y me extraña, sinceramente se los digo, de todos los diputados, pero en particular de los diputados que forman parte del Partido Revolucionario Institucional. Si algo le dio paz a este país, si algo le ha dado legitimidad a la Revolución Mexicana, fue precisamente el haber conquistado las garantías individuales y entre ellas, la garantía de inviolabilidad a los domicilios particulares.
Por eso, mi propuesta es muy sencilla, apelo a las diputadas y los diputados que defienden los principios constitucionales del 17. Apelo a las diputadas y los diputados que han reconocido en sus gobiernos y han pedido la intervención federal, porque no pueden en sus estados, sus policías, precisamente con la fuerza del crimen organizado. Apelo a todas las diputadas y los diputados a que defendamos la garantía individual de la inviolabilidad del domicilio particular.
Estoy cierto que no van a violar el domicilio particular de los 10, 20 o 200 ricos más grandes del país. Pero sí les aseguro que vamos a dejar expuesta a nuestra población, a la mayoría de los mexicanos, los vamos a dejar expuestos en lo más sagrado, sus domicilios particulares y sus garantías individuales.
Mi propuesta es muy sencilla, que no se modifique en esto el actual texto constitucional que tiene y que ha dado paz y forma parte del pacto social. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Tonatiuh Bravo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Tonatiuh Bravo al artículo 16. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Desechada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para exponer reserva al artículo 16.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática compartimos la preocupación de la mayoría de los legisladores por modernizar nuestro sistema penal mexicano. Estamos conscientes de la importancia que representa el proyecto de reformas que hoy se debate.
Todo trabajo o proyecto siempre estará sujeto a la perfección y el dictamen de análisis no es la excepción. Contempla grandes reformas que modernizan nuestro sistema de justicia penal, empero también contempla algunas propuestas que considero no son merecedoras de un proyecto tan ambicioso y completo.
Por tal razón considero necesario reservar la aprobación de los artículos 16 párrafo XII; 20 apartado c, inciso 4), y 21 párrafo I y IX del proyecto de iniciativa en estudio.
En primera instancia quiero referirme al artículo 16, que varios de los compañeros se han referido, relacionado con que la policía podrá ingresar sin la orden judicial correspondiente a su domicilio.
Al respecto, considero importante destacar el grave riesgo que puede implicar facultar a los cuerpos policiacos para violentar un domicilio, so pretexto de estar en la persecución de un delincuente en flagrancia.
Todos conocemos los excesos y abusos de muchos cuerpos de seguridad, bajo el argumento de investigar un delito, evitar su comisión o perseguir a un delincuente. Si bien es cierto, debemos proporcionar a los policías un marco jurídico apropiado para el buen desempeño de sus funciones, también lo es que debemos ser muy cuidadosos para evitar violaciones graves a la esfera jurídica de los ciudadanos.
Considero que no es necesario otorgar esta facultad a la policía, toda vez que ya están protegidos legalmente ante un caso de fuerza mayor, donde tengan que intervenir y su participación pueda violentar un bien jurídico tutelado, como lo señala la seguridad domiciliaria, tal y como lo señalan también las causas de exclusión del delito que se encuentran contempladas en el Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción VI, que a la letra dice:
"Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que éste último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro".
Luego entonces, si ya existe disposición expresa en una ley secundaria, no agravemos el problema y pongamos dentro de la Constitución General de la República una disposición que entraña más riesgos que beneficios.
En lo relativo al artículo 20, apartado C, fracción VI), relativo a los derechos de la víctima o del ofendido, para que se le repare el daño en los casos en que sea procedente, señala el dictamen que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador, dice: "no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria".
Al respecto, es pertinente señalar que en los últimos años se han hecho esfuerzos extraordinarios para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y evitar una doble victimización. Dentro de ello han sido fundamentales las reformas legales al numeral 20 de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, en esta loable labor se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia, se sancione al inculpado a la reparación del daño dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho que debería tomar en consideración el juez al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño como pudieran ser…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concluya su intervención, diputado.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Le repito que estoy reservando tres artículos y. por tanto, solicito el tiempo correspondiente, muy atentamente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Continúe.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: … como pudieran ser:
Inciso a) Existen casos legales donde el inculpado debe ser sancionado penalmente y absuelto de la reparación del daño. Tal puede ser el hecho del robo de un vehículo —delito que, por cierto, se persigue de oficio— y que cuando se recupera el automotor la unidad no haya sufrido daño alguno, entonces el juez, ¿de qué daño habrá de condenarlo al pago?
b) Que la autoridad jurisdiccional cuente con elementos para cuantificar el monto. No es suficiente con solicitar la reparación del daño; se deben aportar al juez los elementos indispensables para su cuantificación atendiendo a la naturaleza del hecho delictuoso, ya que en muchas ocasiones legalmente procede la condena respecto a la reparación del daño, pero no se cuenta con los datos y elementos para sostener una pena en este rubro.
Por tanto, no es factible que la norma contemple una hipótesis que en la práctica de hecho no se da, por lo que se sugiere suprimir la última parte de la fracción de referencia.
En lo relativo a lo que también varios compañeros han expresado a la reforma del primer párrafo del artículo 21 de nuestra Carta Magna, cabe señalar que la misma se retoma de la redacción que este numeral tenía para el año de 1996. Es decir, en ese entonces la facultad de investigar los delitos competía al Ministerio Público y a la policía.
No dejemos de lado la mala experiencia cuando el viejo modelo de presunción, abusos, prepotencia, corrupción, impunidad, tortura y violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos eran comunes para los ciudadanos, donde fácilmente se creaban delitos, se sacaban confesiones y se suscitaban desapariciones forzosas.
Por tanto, nuestra propuesta es conservar la facultad de investigar y perseguir exclusivamente al Ministerio Público, los delitos. Y aún más. En el artículo 21, párrafo noveno, contempla algo más grave, señala que la policía podrá investigar y perseguir los delitos, en términos generales. Entonces vamos a encontrarnos en el supuesto de que las policías, porque así lo dice la reforma, las policías tendrán más facultades que el propio Ministerio Público.
En el dictamen se establece que el Ministerio Público podrá investigar delitos. Y en esta parte, en la fracción IX, las policías podrán investigar y perseguir los delitos.
Ya he señalado de manera muy general parte de estos inconvenientes para que la policía realice labores de investigación. Esta hipótesis es muy diferente entonces de lo que inicialmente establece la propuesta de reforma, por ello vemos inconveniente que cualquier cuerpo policiaco, sin contar con la especialización debida tenga labores de investigación y mucho menos de persecución, pues ésta es una facultad exclusiva del Ministerio Público.
Por lo anterior, nuestra propuesta es que el Ministerio Público sea la única autoridad que pueda realizar tareas de investigación y persecución de los delitos, para lo cual contará con auxiliares que son la policía investigadora o ministerial.
Por tanto, mi propuesta es que se conserve el párrafo propuesto por nuestro grupo parlamentario que a la letra señala: "La seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la integridad de las personas y el ejercicio de sus derechos, así como preservar las libertades y el orden público". Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Arellano Pulido a los artículos reservados 16, 20 y 21.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 16, 20 y 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se desechan y se reservan los artículos para su votación al final. Se concede el uso de la palabra al diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo segundo.
El diputado David Mendoza Arellano: Diputado Presidente, expondré dos reservas en una sola intervención, para que sean consideradas.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.
El diputado David Mendoza Arellano: En primer lugar me gustaría hablar sobre la reserva al artículo 18. Hemos dado un paso muy importante al aprobar, en esta parte, restringir las comunicaciones de las personas inculpadas o sentenciadas por delincuencia organizada que se encuentran en algún centro de reclusión. Me parece entonces que si ya hemos dado el paso sería importante que lo termináramos de dar completo.
Y por eso quiero proponer que a la redacción original se pueda adicionar un párrafo donde especifiquemos qué restricciones estamos aplicando. Y quedaría entonces de la siguiente manera: "Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes deberán restringir las comunicaciones". Y lo que estoy proponiendo es que pongamos: "electrónicas, telefónicas y personales", para que esto nos permita dejar en claro que lo que pretendemos es que esta delincuencia organizada que opera desde los centros de reclusión pueda seguir teniendo contacto con la sociedad y estar, a través de esa comunicación, operando para sus fines.
Esto es en términos generales la propuesta de modificación que quiero proponer a esta asamblea.
En lo que se refiere al artículo 16, en la anterior redacción estaba la palabra probabilidad. En la actual redacción me parece que la palabra probabilidad sale del contexto. Y voy a permitirme apoyarme en la definición del diccionario y la definición de esta palabra nos dice que: "Es cualidad de probable; que puede suceder".
Es decir, que la probabilidad es algo que puede suceder y, en las circunstancias actuales, cualquier mexicano en circunstancias específicas puede cometer un delito y, por lo tanto, el criterio para este asunto no es que sea probable.
Quiero proponer que seamos más específicos y que hagamos la siguiente redacción: "No se podrá librar orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista el indicio de que cometió o participó en la comisión del delito". Es decir, sustituir el término probabilidad, por el que exista indicio, que también, apoyándome en el diccionario, nos habla de que es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro fenómeno que no ha sido percibido con claridad.
Me parece que estas dos precisiones ayudarían mucho para terminar de dar el paso que hemos dado al aprobar esta reforma. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Agradezco su brevedad diputado Mendoza Arellano. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado David Mendoza Arellano, a los artículos reservados 16, párrafo segundo y 18, último párrafo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado David Mendoza Arellano, al artículo 16, párrafo segundo y al artículo 18, último párrafo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Desechada la propuesta. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo duodécimo.
No estando en el salón, se le concede el uso de la palabra a la diputada Allieth Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, quien ha declinado, por lo que el artículo 16, párrafo segundo, se reserva para su votación al final. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo decimoquinto.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Reiterando lo que quienes me han antecedido en el uso de esta tribuna en relación a diferentes inquietudes y propuestas para mejorar esta reforma constitucional, quiero llamar la atención en el párrafo quince del artículo 16, en el cual se está concediendo a una figura necesaria sí, el juez de control. Pero se le está otorgando el que por cualquier medio pueda resolver en forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requiere este control judicial.
Consideramos que el espíritu de esta propuesta de, por cualquier medio, tiende a eficientar el trabajo de estos jueces de control. Sin embargo, es menester señalar que esto estaría vulnerando uno de los principios sustantivos de nuestra jurisprudencia. Es decir, por cualquier medio va a permitir que sea de manera verbal y esto, en un momento dado, puede generar incertidumbre jurídica y está violentando ese principio que estipula la necesidad del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de un procedimiento, tal cual sea una medida cautelar, providencia precautoria o técnicas de investigación.
Por ello, y tomando en cuenta que esta definición de los medios que podrá utilizar el juez de control puede llevarse a un ordenamiento secundario, estamos solicitando que ese párrafo decimoquinto del artículo 16 suprima esta frase de "por cualquier medio" y quede "que se resolverán en forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de las víctimas u ofendidos y los derechos de los indiciados".
Ésta última parte es también propuesta de modificación, ya que entendemos que en esta ley se hace fundamentalmente esta reforma para garantizar la certidumbre de víctima u ofendido, y en prelación consideramos que es necesario que se estipule en este mismo párrafo que lo primero que se garantiza son los derechos de víctimas u ofendidos, y posteriormente, derechos de los indiciados y no en el orden de prelación que se estipula en la actual redacción. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Suárez del Real y Aguilera al artículo 16, párrafo decimoquinto reservado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo decimoquinto, hecha por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Cristián Castaño Contreras: Desechada la propuesta. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, para expresar su reserva al artículo 16, párrafo duodécimo.
El diputado Rodolfo Solís Parga: Con la venia de la Presidencia. Una disculpa a la Presidencia, a la Mesa Directiva y a la asamblea porque estábamos discutiendo el tema con los autores de la ley, de la reforma, tanto los amigos del PRI, como del PRD. Casi llegamos a un acuerdo.
La idea de la reforma, de la propuesta de modificación que se hace y en la que nos acompaña la diputada Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza también, es eliminar el aspecto de la subjetividad en el caso del allanamiento, que indica la redacción que se propone la posibilidad de que algo pueda ocurrir y alguien pueda informar y alguien de las policías se puede enterar de la posible, probable, presunta, supuesta e inminente comisión de algún delito.
De esta suerte, entonces lo que estamos proponiendo es eliminar todo vestigio de subjetividad para, incluso, elevar a rango de ley constitucional, a rango constitucional los criterios que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto, en razón del allanamiento y de la detención de inculpados.
De tal suerte, estaremos proponiendo a esta honorable asamblea y a los autores de la reforma de la ley, de la comisión, que el párrafo doce del artículo 16 quede como sigue: "la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio en caso de flagrancia o cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente".
De esta suerte, entonces cualquier viso de subjetividad sería eliminado, quedaría fuera del criterio discrecional de la policía, de cualquier policía, de cualquier elemento de la policía, ya fueran de cualquier corporación, el decidir si pudiera haber alguna amenaza a alguna persona que pusiera en peligro su vida en algún lugar, en algún domicilio, para que quede el asunto estricto de la flagrancia, esto es cuando se comete un delito, ya fuera éste, por supuesto, la doctrina prevé la comisión de delitos en grados de tentativa.
De esta suerte, entonces se estaría acotando a que los allanamientos no fueran un asunto de discrecionalidad y fueran un asunto que tuviera que ver con la punibilidad de los actos. Y por cuanto a la figura de la persecución se separa, para que sean dos hipótesis en el mismo numeral, en el mismo párrafo.
De esta suerte solicitamos de esta honorable asamblea, su voto a favor de esta modificación al párrafo doce del artículo 16, que es el que preserva tradicionalmente, desde la Constitución del 17, el principio de la legalidad de los actos de autoridad. Es cuanto y por su atención, paciencia y el obsequio de la Mesa Directiva, agradezco su atención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al contrario, gracias a usted, diputado Rodolfo Solís Parga. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Solís Parga.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia se admite a discusión la propuesta hecha por el diputado Solís Parga.
El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Con qué objeto, diputado Gildardo.
El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): Presidente, únicamente con el objeto de pedirle una votación nominal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado, ha sido certificada la votación por el diputado Secretario y la propuesta se admite a discusión. Está a discusión la propuesta.
Diputados que quieran inscribirse para la discusión. Diputado Tonatiuh Bravo, ¿a favor de la propuesta o en contra de la propuesta?
El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor de la propuesta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Alberto Esteva.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): A favor de la propuesta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Miguel Ángel Jiménez.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor de la propuesta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Hay tres oradores a favor. ¿Algún diputado inscrito en contra de la propuesta?
Se le concede el uso de la palabra al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, a favor de la propuesta.
El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputado Presidente. La esencial coincidencia con la propuesta del diputado preopinante, estriba en garantizar la garantía individual de inviolabilidad del domicilio particular. No se puede admitir que frente al crecimiento de la delincuencia organizada votemos por vulnerar los derechos fundantes del Estado mexicano como pacto de la Constitución de 1917, para garantizar los derechos de la policía para que combata a la delincuencia organizada sobre la base de afectar a millones de mexicanos en su garantía individual, que precisamente le da respeto y garantías del Estado en relación con lo más sagrado que tiene para su familia, que es su domicilio particular.
En el momento en el que nosotros aprobemos que este derecho quede vulnerado, dejamos en la indefensión a millones de mexicanos y lo único que vamos a propiciar es que una parte de la delincuencia organizada, vestida —en algunos casos— con uniforme de policía, o bien tras el cobijo del madrinazgo de las mismas, puedan afectar a las ciudadanas y ciudadanos, afectándoles su derecho y sin ninguna posibilidad de defensa frente al atraco que representa la violación del domicilio particular.
Por eso, estoy de acuerdo en la propuesta de acotamiento que aquí ha sido hecha. Y me parece que lo que debemos valorar todos cuantos estamos aquí, es justamente que esta garantía es una garantía del Estado mexicano, producto de la Revolución Mexicana. Es una garantía que no se ha tocado desde 1917. Y es una garantía que forma parte de la gobernabilidad, del pacto social que ha mantenido la paz social en nuestro país, la precaria paz social, en muchos casos, pero paz social al fin y al cabo, en nuestro país desde ese tiempo.
Por eso yo les pido, compañeras y compañeros, que votemos y aprobemos en favor la propuesta de cambio que aquí ha sido planteada por el preopinante cuando menos porque modifica en lo esencial, lo que se está violentando en el nuevo texto constitucional que se propone aprobar. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Alberto Esteva Salinas, a favor de la propuesta.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la Presidencia y de los integrantes de esta Mesa Directiva. Quiero llamar la atención de esta asamblea para comentar a ustedes que nosotros apoyamos esta reserva en virtud… y voy a poner un ejemplo, que ilustra completamente, aunque para ello tenga que referirme por novena ocasión al autoatentado en Oaxaca, del entonces gobernador José Murat, hoy diputado federal.
Era el 18 de marzo de 2004, cuando él argumentó un autoatentado o un atentado a su persona que después quedó acreditado que había sido un autoatentado, cuando se atrevió, siendo Ejecutivo, a meter a nuestros domicilios a la fuerza pública con armas largas, argumentando que en nuestros domicilios se encontraban los sicarios que habían querido terminar con la vida del Ejecutivo del estado.
Resta decir, que en uno de nuestros domicilios, por cierto, el domicilio de nuestro actual diputado local Benjamín Robles Montoya, se encontraba su esposa con infarto cerebral, convaleciente.
No importando que no existiera una orden judicial para entrar a los domicilios, 60 elementos armados con armas largas, y por instrucción del entonces gobernador y hoy diputado José Murat, del PRI, intervino el domicilio, lo que provocó tres meses después que le amputaran las piernas a la esposa de nuestro hoy compañero diputado, por un coma diabético, y dos meses más tarde, su muerte.
Esto, definitivamente ilustra por qué razón Convergencia apoya esta reserva. Felicidades al proponente. Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, a favor de la propuesta.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su permiso, señor Presidente.
La necesidad de intimidad y el respeto a la vida privada es inherente a las personas. México, desde el 57, desde 1957, ha acreditado y tutelado las libertades de los individuos, la inviolabilidad del domicilio.
Para que la personalidad se pueda desarrollar libremente es necesario mantener alejadas injerencias no deseadas e indiscreciones abusivas. De esta forma la protección a la intimidad, al domicilio, se constituye como un criterio de carácter democrático de toda una sociedad.
Sin duda alguna, el respeto a la privacidad tanto personal como familiar de los ciudadanos y las ciudadanas, es un valor fundamental del ser humano, razón por la cual se hace indispensable tutelarlo y dictar medidas para evitar tentaciones de violación al principio de legalidad que queda en entredicho en los términos en que actualmente se nos presenta el artículo en discusión del dictamen.
El derecho al respeto a la vida privada y a la intimidad son considerados derechos humanos fundamentales establecidos por diversos instrumentos internacionales, los cuales México ha ratificado.
De acuerdo a lo anterior, la legislación de distintos países regula y protege la inviolabilidad del domicilio, que en términos generales significa que nadie puede ingresar o permanecer en la vivienda de una persona sin su consentimiento.
En nuestra historia, como un país libre y soberano, hemos visto cómo a través de procesos complicados se han protegido en nuestra Carta Magna las garantías individuales, mismas que han sido un logro como nación en beneficio de los mexicanos.
El artículo 16 constitucional vigente señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
De tal forma que es por demás incongruente e insensato y por demás absurdo, carente de conocimiento legal, que en el marco de la reforma del Estado en materia judicial, entre los cambios más significativos se encuentre la propuesta que se discute para que la policía pueda ingresar sin una orden judicial a un domicilio, cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado.
Casos, anécdotas conocemos en todos y cada uno de los rincones del país. Muchos de nosotros, compañeros legisladores, hemos sido sujetos de la arbitrariedad de la autoridad, tendremos que avanzar en la tutela de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, pero sobre todo, también de igual manera, en la profesionalización de los cuerpos policíacos. Una cosa sin la otra es un contrasentido.
México no necesita un gobierno que a través de sus cuerpos policiales violente las garantías individuales, no podemos permitir retrocesos, por ello el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que siempre ha alzado la voz a favor de los grupos desprotegidos del país, exhorta a todos los compañeros y compañeras legisladores a ser respetuosos y responsables, por lo que votaremos esta enmienda en los términos de mi compañero legislador que me ha antecedido, a favor. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez.
Se ha agotado la lista de oradores. No habiendo ningún otro orador… diputado César Camacho, no quiere hacer uso de la palabra.
Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aceptarse las propuestas hechas por el diputado Rodolfo Solís Parga. Permítame, diputado Secretario.
Diputado César Camacho, ahora sí quiere hacer uso de la palabra.
El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señor Presidente. El único interés del de la voz es a efecto de que le quede claro a la asamblea por qué estaría votando en uno y en otro supuesto.
Le quiero rogar que le pida a la Secretaría lea el contenido del adendum que presenté hace ya muchos minutos a la consideración de esta asamblea, que ya forma parte de la minuta aunque no esté publicado en esos términos en la Gaceta. Como está escrito en el adendum.
Que también, a efecto de claridad, se lea la propuesta del señor diputado Rodolfo Solís Parga, para enseguida estar en condiciones de votar como usted ya lo ha puesto a la consideración de todos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Pido a la Secretaría, en virtud del objeto para ilustrar a la asamblea, dé lectura al artículo 16, párrafo doce, en términos del adendum y posteriormente a la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Inciso c) de la propuesta del diputado presidente de la comisión: Se modifica el párrafo doce, adicionado al artículo 16, visible en la página 39, para quedar como sigue:
La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se está persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuatro de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente.
La propuesta del diputado Rodolfo Solís Parga. Artículo 16, párrafo doce: "la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio en caso de flagrancia o cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente". Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Secretario. Continúe la Secretaría consultando a la asamblea si es de aceptarse la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado Rodolfo Solís Parga.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Presidente, yo envié una propuesta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Jiménez, está llegando después de la votación económica. Me la están entregando en este momento.
Ha sido certificado por el diputado Secretario que la asamblea no ha aceptado las adecuaciones propuestas por el diputado Solís Parga y entonces quedaría en los términos propuestos por el presidente de la comisión.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para expresar su reserva al artículo 16, párrafo decimoquinto y artículo 21, párrafo primero.
El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, señor Presidente. No voy a fundamentar el párrafo quince del artículo 16, en virtud de que ya lo hizo mi compañero diputado Suárez del Real. Voy a fundamentar el artículo 21.
Compañeras y compañeros diputados, es muy importante que al darle herramientas al Estado para enfrentar la seguridad pública, tengamos el cuidado de que las garantías constitucionales queden salvaguardadas. La urgencia de atender los temas de seguridad pública y justicia no debe llevarnos a poner en riesgo las libertades de cada ciudadano.
No debe aceptarse que las policías distintas a las ministeriales realicen investigación de los delitos. De aprobarse el proyecto en el artículo 21, cuerpos de policía que no tienen la naturaleza ni la capacitación adecuada van a realizar investigaciones con muy poca calidad.
Por ejemplo, la policía preventiva integrada por soldados con uniforme gris, estaría habilitada para realizar investigaciones. Los policías preventivos municipales y estatales, que en promedio tienen escolaridad básica, serán los nuevos investigadores con los que se pretende enfrentar la delincuencia.
El problema no se resuelve con certificaciones; tiene que ver con la naturaleza de las instituciones, por lo que no debe remitirse a la legislación secundaria de manera ambigua. De aprobarse el proyecto sin cambios cualquier policía podría realizar investigaciones y perseguir delito.
Existe consenso en que se requiere aumentar la eficacia, el profesionalismo y cuidar la integridad de las funciones ministeriales, pero esta necesidad no debe llevar a que policías que no son de naturaleza adecuada para la investigación asuman estas tareas.
Por lo anterior expuesto, planteo la siguiente modificación para que quede de la siguiente forma.
Artículo 21. "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías ministeriales, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función". Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Carlos Altamirano Toledo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Carlos Altamirano Toledo, al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se desecha y se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para expresar sus reservas en conjunto al artículo 16, párrafo decimoquinto y al artículo 21, párrafo primero.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados, proponemos y ponemos a su consideración el respaldo para las modificaciones a esta reserva del artículo 16, bajo las siguientes
Consideraciones
El párrafo decimoquinto del artículo 16 del presente dictamen establece los denominados jueces de control quienes se abocarán fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de alguna diligencia, lo que sin lugar a dudas representa un aporte trascendental para el sistema de justicia en nuestro país.
Sin embargo, dicho precepto establece un requisito demasiado amplio y discrecional para los jueces al señalar que: "estos resolverán de forma inmediata y por cualquier otro medio aquellas medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial".
Consideramos que el término "por cualquier otro medio" es muy discrecional y abierto, lo que en su momento podría llegar a ser violatorio de las propias garantías individuales.
Por tanto, propongo a esta soberanía la siguiente reserva al párrafo decimoquinto del artículo 16 que incluye el
Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Articulo 16. Del párrafo primero al decimocuarto queda igual, y en el siguiente:
Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y cumpliendo con las disposiciones de esta Constitución, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
En mi reserva al artículo 21, que ya ha sido abordada por mi compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y que se refiere específicamente a las policías, queremos nosotros ampliarlo en los siguientes términos:
En nuestro sistema jurídico, conforme al artículo 21 de la Constitución, la investigación de los delitos que se le encomienda exclusivamente a un órgano del Estado, denominado Ministerio Público, es que de ahí tradicionalmente se ha entendido que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la acción penal. Lo que conlleva que la única vía de acceso al proceso penal es a través de una resolución que determine el propio Ministerio Público.
Es evidente que en este dictamen se propone, para el artículo 21, la existencia de una nueva coordinación entre Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública en torno a la investigación de los delitos, además de la investigación de inteligencia y la preventiva.
Destaca la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; la cual es de las aportaciones para la seguridad pública en el país y, en consecuencia, los policías que realicen la función de investigación deberán estar capacitados, certificados y deberán ser estos: la policía ministerial a la que se ha hecho alusión anteriormente y tener no sólo los conocimientos y habilidades para desarrollar técnicamente la función, sino la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos, en función de investigación.
Sin embargo, no encontramos en el dictamen las razones que llevaron a las comisiones dictaminadoras a eliminarle al Ministerio Público la persecución de los delitos, para dejarle únicamente la investigación de los mismos.
Por lo mismo, proponemos a esta soberanía la siguiente reserva al primer párrafo del artículo que incluye el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona estas disposiciones y quedarían como sigue:
Artículo 21. La investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías ministeriales, las cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquél, en ejercicio de esta función.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo16, párrafo décimo quinto.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Armando Barreiro Pérez al artículo 16, párrafo décimo quinto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 21, párrafo primero.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21, párrafo primero. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta y se reserva el artículo para votarse en sus términos. Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, para fundamentar reservas al artículo 17, 18, 20 y 21. Diputada permítame un momento.
Informo que la propuesta del diputado Alberto Amador Leal, se declina, por eso no la mencioné.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Hemos reservado los artículos 17, 18, 20 y 21 porque, además de compartir las preocupaciones que diversos grupos parlamentarios hemos señalado en esta tribuna en relación con el dictamen en discusión, nuestras reservas pretenden privilegiar la atención a las víctimas del delito y la impartición de justicia a favor de las mujeres.
Uno de los puntos nodales del dictamen se centra en los medios alternativos de solución en materia penal. Al respecto, queremos señalar que en general estamos de acuerdo con la pertinencia de la propuesta, siempre y cuando se establezcan dos excepciones indispensables.
Las penas alternativas hacen referencia a la conciliación, negociación, y en especial a la mediación; sin embargo, todos estos medios están contraindicados por las Naciones Unidas para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y delitos sexuales.
Así lo establece la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que votamos este año y, además, que sería contradictoria con ello.
No es posible regular como una media de impartición de justicia que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero que los conmina a no repetir tales conductas.
No podemos permitir que ninguna ley, menos aún la Ley Suprema, contenga disposición alguna que represente un retroceso en contra de la seguridad de las mujeres; por lo que hemos incluido en las reservas las excepciones necesarias para que, conservando la disposición sobre penas alternativas, éstas no apliquen en los casos señalados.
Además, se pueden fortalecer los elementos de protección y seguridad a las víctimas del delito, por lo que proponemos incluir que los fondos federales se destinen no sólo a la seguridad pública, sino a la atención de las víctimas del delito como una medida mínima de garantía a la reparación del daño.
Finalmente, incluir la perspectiva de género en esta reforma es una muestra de congruencia ante los compromisos internacionales suscritos por México; por ejemplo, la de acatar las 36 recomendaciones de la CEDAW antes del 2010. Por lo que incluimos que el actuar de los cuerpos de seguridad se dé sin discriminación alguna y desde una perspectiva de género.
Cada una de las propuestas que presentamos abona a una mayor equidad en la impartición de justicia y sabemos que en este punto todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara coincidimos.
Las propuestas que hacemos, señora Presidenta, son agregar al artículo 17, párrafo III, lo siguiente: "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias". Y el agregado sería el siguiente: "salvo en los casos de violencia familiar o sexual".
Artículo 18, párrafo VIII. Agregar un párrafo IX para quedar como sigue: "Esta disposición no aplicará en casos de delincuencia organizada, delitos de carácter sexual y respecto de otros internos que requieran medidas de seguridad".
Artículo 20. Reforma a la fracción VII, del Apartado A, para quedar como sigue, igual un agregado en el último renglón de ese párrafo: "La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, salvo los delitos de violencia familiar o de carácter sexual".
Y finalmente, artículo 21. Reforma los incisos c) y e) del párrafo X, para quedar como sigue. En el inciso c) agregar lo siguiente: "La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y el actuar de los cuerpos de seguridad, sin discriminación de ningún tipo y desde una perspectiva de género".
Y en el e): "Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública y la atención a víctimas del delito a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios, para ser destinados exclusivamente a estos fines". Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Vamos a votar, diputada, uno por uno? ¿O quiere usted que se voten las reservas en conjunto, como usted las planteó?
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: No. Uno por uno.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Uno por uno. Okey. Vamos a votar las reservas de la diputada Elsa Conde. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la modificación al artículo 17.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 17. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte la Secretaría, en votación económica, las propuestas hechas al artículo 18.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas. Ahora consulte, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas al 20.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora el artículo 21, la modificación propuesta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reserva para votarse al final en sus términos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, para fundamentar reservas que hizo al artículo 18. Va a presentar todas en una sola exposición. Son los artículos 18, artículo 19, artículo 20 y artículo 21.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Había originalmente propuesto reservas a los artículos que ya ha mencionado la diputada Presenta, pero también del artículo 16 que finalmente lo hizo excelentemente bien el compañero Tonatiuh Bravo.
Sin embargo, quisiera nada más comentar que lamento que esta asamblea haya hecho caso omiso de lo que diferentes fracciones venimos a plantear respecto a este artículo 16 ya discutido.
Ejemplos como el que puse de lo sucedido en Oaxaca y ejemplos como el que puso el diputado Alberto Esteva, ilustran la situación que puede venirse en estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, en donde se ha hecho uso faccioso de la justicia.
Para fundamentar las modificaciones que propongo a los artículos 18, 19, 20 y 21, quiero manifestar nuestra preocupación de que estamos incorporando a la Constitución un régimen de excepción y esto me parece sumamente grave, porque abre la puerta, compañeros y compañeras, a la implantación de otras medidas de excepción que irán sentando las bases para justificar el Estado policiaco sobre el que ha ido asentando el Ejecutivo federal su legitimidad y esto es muy grave.
Ninguna sociedad, ninguna, en la que imperan sistemas de justicia y de seguridad pública modernos, sobre todo, en ninguna sociedad democrática se deja sin derechos a sus ciudadanos ni siquiera a los delincuentes más peligrosos.
Deseamos, compañeros, con esta propuesta de modificación quede claramente establecido que la reinserción social de los reos es la función primordial del sistema penitenciario, por lo que es necesario incluirlo en el artículo 18 y más adelante señalaré textualmente mi propuesta.
Es necesario también agotar todas las instancias del Poder Judicial en nuestro país, antes de entregar a cualquier detenido para que sea juzgado en otra nación; por ello, solicitamos también, la modificación que más adelante señalaré textualmente del artículo 19.
Nos preocupa mucho que exista amplia discreción en las policías para realizar sus trabajos, por lo que es imperativo señalar que sólo la policía investigadora, pero una vez certificada, sea la que realice la investigación de los delitos, como quedó asentado en el diagnóstico de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en México; de ahí entonces nuestra propuesta de modificar el artículo 21.
No son los arraigos, el allanamiento, la incomunicación, elevados a rango constitucional con la consecuente anulación del estado de amparo, lo que va a contribuir a hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Amigos, amigas, con estas reservas estaremos salvando la parte más relevante del presente dictamen, a la vez que fortalecemos el carácter garantista de la Constitución, así como la protección de los derechos humanos.
En consecuencia, de lo anteriormente expuesto propongo modificar el párrafo octavo para quedar como sigue: "los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social".
Artículo 19; en este artículo proponemos eliminar el párrafo sexto.
Artículo 20 del dictamen; se propone eliminar el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B.
Artículo 21 del dictamen; se propone reformar el primer párrafo para quedar como sigue: "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público bajo cuyo mando estará la policía certificada".
Se propone reformar el décimo párrafo para quedar como sigue: "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos a través de su investigación para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala; la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos".
Es cuanto, compañera Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Othón Cuevas Córdova.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 18 presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte ahora, si se admiten a discusión las reservas al artículo 19.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas. Consulte ahora las propuestas de modificación al artículo 20.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan. Consulte ahora, por favor, sobre las propuestas del artículo 21.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reservan para sus votaciones en sus términos los artículos que se habían reservado. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar modificación al artículo 18, párrafo octavo y noveno.
Diputada, me informa el diputado Luis Sánchez, que va a presentar usted en paquete las propuestas en no más de 10 minutos, me dijo. Entonces va a presentar la compañera también, modificaciones al 19, párrafo sexto, y al 21, párrafo séptimo, y también 73, fracción XXI. Adelante, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta.
En efecto, son todas ya en una sola exposición. Espero puedan poner atención porque el conteo que llevan es muy desafortunado, en ese tipo de mofas que hacen los diputados.
Nuestro país tiene el devenir de una historia de larga cadena de atropellos y abusos a las garantías individuales. La discrecionalidad para la aplicación de la ley es un severo daño a la población, sobre todo a la más humilde, la que carece de recursos económicos para la debida defensa de sus derechos, por lo que el acceso a la justicia se presenta como una aspiración muy difícil de alcanzar en nuestra sociedad.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos administre justicia de manera igualitaria. La facultad de la autoridad para distinguir entre a quienes puede darse un tratamiento especial teniendo como marco regulatorio su percepción de las cosas nos plantea un escenario poco alentador.
Ejemplo del ejercicio actual de la facultad discrecional es el caso de la retención en penales federales de alta seguridad de los presos políticos de Atenco, como Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, o como en su momento pasó con los hermanos Erick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio.
No debemos institucionalizar en nuestra Carta Magna a la máxima de la injusticia, a mis amigos la ley y la gracia, a mis enemigos la ley a secas.
Las medidas que se proponen en estos dos párrafos dejan abierta la puerta a la discrecionalidad, pues el ánimo de ésta es sancionar a los miembros de la delincuencia organizada. Por eso no debemos dejar la puerta abierta a que de manera injusta se ocupe esta medida como medio de represión política, como ha quedado ejemplificado en los caso de los luchadores sociales antes referidos.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de los párrafos octavo y noveno del artículo 18, del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada.
La propuesta es suprimir esto que precisamente no quedaría en el resguardo de las garantías es, "y respeto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Si ya se incluye delincuencia organizada, por qué también este párrafo, esta frase en donde dice que otros puedan requerir estas medidas especiales. Ésa es una discrecionalidad que estamos dejando en esta medida.
También suprimir en el segundo párrafo, que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en esos establecimientos. Hasta ahí está bien, pero hay que suprimir: "lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad".
Del artículo 19 las consideraciones son. Los contenidos de este párrafo propuesto en el dictamen deben preocuparnos seriamente y si nos ostentamos como verdaderos garantes de los intereses de la nación debemos enmendar la redacción y cerrar el paso a la cesión de nuestra soberanía.
La persecución del terrorismo en Estados Unidos no es razón para que abdiquemos a nuestra soberanía. La propuesta de reforma constitucional que debatimos el día de hoy, de aprobarla en sus términos en reflexión de este pleno implicaría la impunidad para los delincuentes que sean solicitados por el gobierno extranjero, pasando por encima de la jurisdicción nacional.
Según se desprende de la exposición de motivos de esta reforma, la propuesta en general tiene por necesidad impedir la prescripción para la persecución de los delitos de miembros de la delincuencia organizada que evadan la acción de la justicia, lo cual es indispensable; sin embargo, supeditar a que el reo cumpla su proceso en México, país que ya invirtió en su búsqueda, captura y proceso, debemos cuando sea solicitado, entregarlo a un gobierno extranjero, entendiéndose Estados Unidos, para que sea juzgado, dejando a los tribunales mexicanos en espera a que se lo regresen. Significa simplemente relegar nuestra soberanía.
Se puede conceder la extradición, pero siempre condicionada; es decir, primero se deben cubrir las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mexicanos, principio necesario de nuestra independencia. Una vez cubierta esta condición, en este momento el peticionario podría gozar de la extradición.
Permitir la extradición de reos a países extranjeros antes de que concluyan sus procesos o sentencias, aún se les puede castigar allá. Los delitos cometidos en México quedarían impunes, hecho de gravedad para nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente modificación:
Artículo 19. Si con la posterioridad a la emisión del acto de vinculación a proceso de delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia —aquí es donde proponemos que se suprima— o es puesto a disposición de otro juez que lo reclama en el extranjero. Ésa es la parte que queremos suprimir.
Del artículo 73, las consideraciones son. La soberanía de los estados en México es un principio fundamental de la forma de gobierno del país. Desde 1824 los mexicanos hemos tratado de ir configurando los alcances de dicha soberanía mediante un pacto fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución como pacto entre las entidades federativas no ha sido analizado con la gravedad que merece y en consecuencia no se han definido sus características. La naturaleza del pacto federal descrita en la Constitución Política, sus alcances también deben derivarse de la interpretación constitucional.
El artículo 40 de la Constitución prevé que todo el pueblo mexicano acepta la forma republicana de gobierno y que el país se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental.
Con la reforma que se cuenta al arrogar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, vulneramos la autonomía y soberanía de las entidades federativas, pues la sometemos a una intervención de la federación en el orden interno de las entidades.
La federalización de los delitos de orden común siempre ha sido una constante que ha traído no muy gratos resultados. La modificación que el día de hoy se pretende hacer a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, ya tiene un antecedente peligroso en las reformas controvertibles de 1996, las cuales fueron receptoras de una mala solución al problema de la delincuencia organizada.
Con esta propuesta se pretende subordinar la competencia de las entidades federativas y del Distrito Federal en materia de delincuencia organizada a la competencia constitucional de la federación, lo cual sin duda puede ser un hecho peligroso. Hoy se necesita más que una concentración de facultades a la federación para el conocimiento de este tipo de delitos, una verdadera política de seguridad pública y criminal consistente en que todos los órdenes de gobierno confluyan para evitar estos ilícitos.
Nuestro sistema federal debe descansar en el principio de que jerárquicamente la autoridad federal y local tienen la misma jerarquía con diferente ámbito de competencia. Hoy, con esta reforma no podemos ni debemos echar abajo el pacto federal y concentrar todas las facultades en la federación, dejando nula la actuación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la materia. Esa no es la esencia que dio lugar al pacto del Estado mexicano desde 1824.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de la fracción XXI del artículo 73 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución para quedar de la siguiente manera:
Artículo 73, fracción XXI, dice: "Para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que por ello deban imponerse —la idea es suprimir esta parte que dice—, así como legislar en materia de delincuencia organizada". Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Aleida Alavez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas de modificación al artículo 18, párrafos octavo y noveno.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas al artículo 18, párrafos octavo y noveno. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las propuestas al artículo 19, párrafo sexto por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19, párrafo sexto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las modificaciones al artículo 21, párrafo séptimo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21, párrafo séptimo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las propuestas al artículo 73, fracción XXI.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 73, fracción XXI. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Se reservan los artículos para su votación en sus términos al final.
Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, para presentar una propuesta de adición de un transitorio. Sería nuestro último orador en reservas.
El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para fundamentar la adición de un artículo transitorio duodécimo al dictamen que se discute el día de hoy.
Por ser materia penal en el ámbito en el cual se puede afectar la libertad personal de los gobernados, esta reforma ha generado una gran polémica, qué bueno que así sea. Se ha argumentado que el contenido del dictamen que discutimos el día de hoy puede ser violatorio a los derechos del gobernado.
Sin embargo, hay que tomar en consideración que en la legislación secundaria que al efecto se expida se precisarán todas las hipótesis y aplicación a la norma.
Por esta razón proponemos que se adicione un artículo transitorio, que sería el duodécimo, donde se establezca de manera expresa que en toda la legislación que se expida se deberá de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y que la misma se deberá expedir en un plazo no mayor de un año.
Consideramos que una propuesta como la que sometemos a su consideración puede ayudar a darnos confianza en que los derechos humanos que estén debidamente salvaguardados.
Por estas consideraciones sometemos a su consideración la siguiente propuesta.
Artículo 12. "La legislación secundaria que se expide con base al presente decreto, en todos los casos deberá garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados y deberá expedirse en un plazo no mayor de un año". Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición de un transitorio, realizada por el diputado Silvano Garay Ulloa.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Vamos a realizar dos votaciones. No habiendo más reservas realizadas, queda suficientemente discutido y vamos a hacer una separación que pidieron al principio y se admitió, de votar el artículo 16 párrafo séptimo, en una votación que pido a la Secretaría se instruya se abra el sistema electrónico por tres minutos para tener la votación en lo específico de este artículo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del artículo 16, párrafo séptimo, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Enrique Benítez.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Patricia Villanueva.
La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Eduardo de la Torre.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Pedro Pulido.
El diputado Pedro Pulido Pecero (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Mauricio Duck.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Por la afirmativa.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Fuentes Ortiz.
El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Contreras Coeto.
El diputado José Luis Contreras Coeto (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Rafael Ramos.
El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul) En contra.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Alfonso Bello.
El diputado Alfonso Othón Bello Pérez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se emitieron 271 votos en pro, 114 en contra y 1 abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el artículo 15, párrafo séptimo, en términos del dictamen, por 271 votos. Mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes.
Ahora vamos a abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para la votación con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea en términos del dictamen, según corresponda, de los siguientes artículos: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, de las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea, en términos del dictamen, según corresponda a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio.
(Votación)
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte primero diputada. Están votando.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Nadie más falta de votar? Está abierto el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 301 votos en pro, 94 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los artículos 16 y 18 con las modificaciones presentadas por la comisión y aceptadas por la asamblea, y los artículos 17, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio, en términos del dictamen, por 301 votos. Mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
No quiero concluir sin hacer un reconocimiento especial, y me parece que ahí vamos a coincidir todos, a los siguientes compañeros diputados que trabajaron esta reforma: Armando García Méndez, Layda Sansores, Patricia Castillo, Miguel Ángel Arellano Pulido, Victorio Montalvo, Andrés Lozano, Mónica Arriola, Jesús de León Tello, Gustavo Parra, Rogelio Carbajal, Pilar Ortega, Felipe Borrego, Violeta Lagunes, Jorge Mario Lescieur, Francisco Rivera Bedoya, Raúl Cervantes, y por supuesto, al coordinador del grupo de trabajo de la reforma al Poder Judicial de la CENCA, el compañero diputado César Camacho. Muchas felicidades a todos ellos.