2 ene 2008

Reformas a la justicia penal

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz manifestó que, pese a las críticas la reforma judicial no será modificada.
Señalo en entrevista a la agencia Notimex que será en los próximos días cuando se elabore en San Lázaro el dictamen sobre las modificaciones a la reforma judicial que aprobó el Senado de la República, a cuya minuta no se le hará ningún cambio.
Recordó que la reforma fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, pero debido a que la colegisladora le hizo algunos cambios se tendrá que analizar nuevamente y votar para ratificarla o rechazarla, lo cual consideró poco probable.
Al referirse a la cuestión de los cateos, consideró que hace falta una lectura cuidadosa del texto, toda vez que esa figura está autorizada en la Constitución, y las dos pequeñas modificaciones que se le hicieron fueron para mejorar su operación. Una de ellas, añadió, se refiere a que sea a petición del Ministerio Público porque el texto vigente no lo dice, y la segunda es que la respuesta de la autoridad judicial sea por cualquier medio, ya que la Carta Magna señala que debe ser por escrito.
Subrayó que al quitarle el término "por escrito" se abre la posibilidad de que la respuesta se dé por cualquier vía, siempre que ésta sea verificable.
Camacho Quiroz comentó que otro asunto al que muchos se refieren y que "en el fraseo lo equiparan al cateo es el ingreso a domicilio sin autorización judicial, lo que no es lo mismo que un cateo, el cual tiene que ver con una investigación en curso que está en manos de un juez o del Ministerio Público" .
Resaltó que "es diferente aunque similar cuando se ingresa sin autorización del propietario a un domicilio particular en dos supuestos: uno en la persecución del delito in fraganti, y segundo cuando está en peligro la vida o la integridad física de alguien" .
El legisladorañadió que allanamientos de ese tipo están autorizados por la Suprema Corte, aunque hay dos valores jurídicos en pugna, la inviolabilidad del domicilio y la protección de la vida, y si bien los dos son tutelados por el derecho cuando entran en conflicto el que impera es el de la protección de la vida.
De ahí que lo que se busca, detalló, es elevar a rango constitucional una prerrogativa que debe tenerse para proteger bienes jurídicos superiores.

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