Exoneran a fiscal de guerra sucia
Jorge Ramos Pérez, reportero
El Universal Sábado 9 de febrero de 2008
Los expedientes, al archivo; “están definitivamente concluidos”
La Función Pública ‘falla’ en favor del ex titular del despacho para atender crímenes del pasado. Determina que no hubo quebranto millonario en su gestión y ordena cerrar los procesos
La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró de la presunción de quebranto público por más de 21 millones de pesos a Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de la desaparecida fiscalía para la guerra sucia, creada por el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) investigó, entre otros casos, la matanza del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971.
EL UNIVERSAL posee copia de las resoluciones a los expedientes 40/2005, 39/2005 y 36/2005, en los que determina que no se impondrá sanción alguna a Carrillo Prieto y algunos otros ex funcionarios de la fiscalía, por lo que se pide archivar los expedientes como asuntos “total y definitivamente concluido(s)”.
La gestión de Ignacio Carrillo Prieto, cuya fiscalía operó de enero de 2002 a noviembre de 2006, se desarrolló en medio de acusaciones de nepotismo y excesos en gastos administrativos, según documentó este diario desde marzo de 2006.
En el caso del expediente 39/2005 resuelto el30 de marzo de 2007 se imputó un presunto quebranto por más de un millón de pesos de los ejercicios 2002-2003 en el rubro de alimentos.
Por ejemplo, hubo pagos de comida —uno de ellos en el restaurante La Cava, al sur de la ciudad de México— de 32 mil pesos, el 15 de noviembre de 2002, sitio de la predilección del ex funcionario.
En tanto, el expediente 40/2005 concluido el 22 de noviembre de 2007 se refiere a un monto de 20 millones de pesos para gastos de investigación en los años 2002 y 2003, en los que se presumía irregularidades.
La Secretaría de la Función Pública no encontró evidencia para sancionar a Carrillo Prieto por irregularidades en recursos erogados para el pago de testigos protegidos e “investigaciones especiales”, motivo por el que investigaban gastos por 20 millones de pesos.
Fuentes consultadas informaron que Carrillo Prieto realizó pagos en efectivo a testigos de casos de la guerra sucia de los años 70, sobre todo en el estado de Guerrero, donde la gente le pedía dinero hasta para instalar un molino a cambio de testificar.
El tercer expediente resuelto el 19 de diciembre de 2007 se refiere a la estructura organizacional creada por Carrillo Prieto. En ella, la Función Pública tampoco encontró elementos contra el ex fiscal.
Se cuestionaba, por ejemplo, que tenía a su hermano dentro de su equipo de colaboradores; además, se le criticó el haber empleado a Georgina Landa, su ex esposa, quien se desempeñó desde un inicio como coordinadora de la oficina alterna del fiscal en Atoyac de Álvarez y Acapulco, Guerrero.
La Función Pública aún tiene abiertos los expedientes 37/2005 y 38/2005, por gastos de viáticos de más de 50 ex funcionarios de la desaparecida fiscalía, en los que, según fuentes oficiales, no está involucrado Carrillo Prieto.
El único ex funcionario de la Fiscalía que ha sido inhabilitado para laborar en el servicio público durante 10 años es José Sotelo Marbán —podrá trabajar como funcionario público hasta el 29 de septiembre de 2017—, a quien se encontró responsable de entregar a los medios de comunicación un informe de la propia Fiscalía.
Jorge Chabat, experto en seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que se generaron muchas expectativas de los resultados que daría la Fiscalía sobre hechos como el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia de esos años.
“Al final no pudieron procesar prácticamente a nadie, quizá un par de personas ahí, pero ninguna figura importante del pasado. Nunca quedó claro si fue porque efectivamente de manera legal había problemas de prescripción, pero se generaron demasiadas expectativas, al final no pasó nada y fue uno de los puntos que el gobierno de Fox prometió en su campaña”, recalcó Chabat.
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Desairó Rosario Ibarra al órgano: Carrillo Prieto
Jorge Alejandro Medellín, reportero.
El Universal Sábado 9 de febrero de 2008
La activista siempre se desmarcó del órgano, afirma en libro
Rosario Ibarra de Piedra, la luchadora social que por mas de 30 años ha exigido a diferentes presidentes y gobiernos la presentación de su hijo Jesús Piedra, tuvo una actitud de “negativa constante” a cooperar con la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, asegura el ex funcionario en su libro Memorias de un fiscal, próximo a publicar.
En una parte del texto acusa a Rosario Ibarra de haber agraviado “a las víctimas y ofendidos” de la guerra sucia con su ausencia en los grupos de trabajo que intentaron esclarecer los llamados delitos del pasado.
Carrillo Prieto afirma en una primera entrega del texto enviada a varios reporteros que intentó acercarse tres veces a Ibarra de Piedra para explicarle cuál sería su plan de trabajo.
La luchadora y activista social fue clara al delimitar cada vez más su postura y su certeza en que la fiscalía para delitos del pasado era una instancia en la que no se podría confiar.
Fueron tres las conversaciones telefónicas —cada una más breve que la otra— sostenidas con Rosario Ibarra, señala Carrillo Prieto.
El ex fiscal destaca textualmente: “Una tercera llamada telefónica clausuró para siempre nuestra comunicación, y su ausencia fue agravio para las víctimas y ofendidos que pusieron su tiempo sin tasa y en este esfuerzo inconcluso”.
En el fragmento del libro sobre sus intentos de sumar a Rosario Ibarra al trabajo de la fiscalía, Carrillo Prieto relata que la activista rehusó aceptar la invitación porque la organización Eureka —creada en los años 70 para aglutinar demandas de presentación de desaparecidos políticos— es una “federación democrática”.
Antes debía consultar una decisión tan trascendental como la de ser parte de un ente surgido precisamente de la Procuraduría General de la República (PGR), que en aquellos años sucios formó parte de la estructura paramilitar que persiguió y desapareció a más de530 personas entre guerrilleros, activistas y simpatizantes de izquierda, según datos de diversa organizaciones sociales.
Carrillo señala también que desde el inicio hubo un boicot a la fiscalía, y una noche antes de que la Femospp fuerta presentada en sociedad, tres de quienes iban a ser sus primeros integrantes habían desairado al entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha.
Al quite entraron entonces el ex líder estudiantil del 68 Luis González de Alba, el politólogo Rolando Cordera Campos y el jurista Miguel Arroyo Ramírez, ex alumno de Carrillo Prieto y experto en temas de seguridad.
En su libro, señala también que de entrada la denominación de la fiscalía (Fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado), era ya una “cosa confusa e impronunciable”.
Carrillo, quien estuvo bajo investigación por supuestos malos manejos presupuestales en la Femospp, señala en su libro que “si el nombre era larguísimo, el edificio cortísimo y vergonzante”.
¿CARPETAZO A LA GUERRA SUCIA?
La reciente visita de la señora Louise Harbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a nuestro país coincidió (¿) con dos acciones gubernamentales que indudablemente guardan relación:
Por un lado la PGR, después de haber clausurado la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ha emprendido diligencia ministerial en Atoyac de Alvarez, Guerrero, para exhumar restos de desaparecidos y militantes de movimientos subversivos de los años setenta, utilizando incluso el georradar que negó en su momento a la Fiscalía.
Por otra parte, se produce la exoneración del ex Fiscal, quien ha sido nombrado, en Ginebra Suiza, miembro del Consejo de Ginebra para los Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles más prestigiadas de aquél país.
¿Puede advertirse la relación que guardan los hechos con la voluntas aparente de dar carpetazo final al inconcluso tema de la guerra sucia?
Grave cuestión que pone en marcha otro destacamento de impunidad (posiblemente por negociaciones políticas), mala noticia para el endeble Estado de Derecho mexicano.
¿Se monta un escenario que oculta a la sociedad mexicana el fondo de este problema aun no resuelto?
¿Se puede ingenuamente pensar que estas maniobras darán por saldada esa deuda histórica?
¿No habrá un toma y daca con la inminente sentencia contra Luis Echeverría Alvarez?
Ignacio Carrillo Prieto
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