Hacia el Servicio de Protección Federal

Sobreprotección importada
J. Jesús Esquivel, reportero

Revista Proceso, 1638, 23/03/2008;

Por primera vez el gobierno de México solicitó al de Estados Unidos ayuda para proteger al presidente de la República y a los miembros de su equipo de Seguridad Nacional de eventuales atentados del crimen organizado. Durante reuniones celebradas en Washington, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pidió formalmente que el Servicio Secreto de ese país entrene a militares del Estado Mayor Presidencial. Diligente, Washington ofreció a México cursos en la academia militar de West Point, Virginia.
WASHINGTON.- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) de México, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que el Servicio Secreto de este país imparta cursos de adiestramiento para miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) con el propósito de fortalecer la seguridad del presidente Felipe Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional.
García Luna hizo la solicitud en reuniones secretas que sostuvo en esta ciudad, a la que viajó en la semana del 29 de enero al 1 de febrero de este año con funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“El gobierno de México pidió al Servicio Secreto apoyo para programas de entrenamiento en materia de seguridad del presidente (Calderón) que se impartirán en la base militar de West Point (Virginia)”, dice a Proceso un vocero de ese servicio, quien pidió el anonimato con base en la política de comunicación de su agencia y en las leyes de Estados Unidos que impiden revelar la identidad de sus miembros.
“Esta es la primera ocasión que el gobierno de México solicita este tipo de apoyo al Servicio Secreto”, subraya. Y explica que “es una práctica normal” el hecho de que “impartamos cursos de capacitación solicitados por autoridades de varios países”, aunque –reitera– “es la primera vez que nos lo pide el gobierno mexicano”.
El vocero, sin embargo, no quiso ofrecer detalles sobre los cursos en West Point para integrantes del EMP.
El emisario
García Luna hizo la solicitud de entrenamiento para miembros del EMP a pesar de que es un funcionario ajeno al área militar. Ello se debió a una cuestión de protocolo: el Servicio Secreto es una agencia civil y los contactos oficiales de los militares mexicanos deben hacerse con sus contrapartes estadunidenses, es decir, los funcionarios del Departamento de Defensa (Pentágono), el cual no tiene a su cargo de manera directa la protección del presidente de Estados Unidos.
Durante su estancia en Washington García Luna no informó a los corresponsales de medios mexicanos acreditados en esta ciudad sobre la petición que hizo al Servicio Secreto ni de las reuniones que sostuvo con funcionarios de la CIA y del FBI.
Consultado por Proceso, Arturo Cano, director de Comunicación Social de la SSP, no quiso hacer comentario alguno en torno de la petición que hizo García Luna en Washington, pero un importante funcionario del gobierno de Felipe Calderón dijo al corresponsal: “No lo desmiento, pero tampoco lo confirmo”.
El Servicio Secreto es el encargado de la seguridad personal –dentro y fuera de Estados Unidos– de los más importantes miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de este país: el presidente de la nación, el vicepresidente, los secretarios de Estado, los líderes de los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso Federal, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los expresidentes y el presidente de la Reserva Federal.
Esta agencia también es la encargada de la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno que visitan Estados Unidos.
Centenares de sus miembros custodian permanentemente las sedes de los poderes estadunidenses: la Casa Blanca, los edificios de las secretarías de Estado, el Capitolio y la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, desde el techo de la Casa Blanca sus agentes vigilan la periferia de este edificio y desde ahí controlan el Capitolio. Cuentan con sofisticados equipos de comunicación y con poderosas armas, como misiles de la clase Minuteman.
Amenazas
La seguridad del presidente Felipe Calderón se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la residencia oficial de Los Pinos, donde se han reforzado las medidas de seguridad y vigilancia, incluso con servicios privados (Proceso 1628).
El 22 de marzo de 2007, Calderón declaró a la agencia de noticias Reuters que él y su familia habían recibido amenazas debido a los operativos de su gobierno contra el narcotráfico y a la extradición, en enero de ese año, de varios narcotraficantes a Estados Unidos.
“No sabemos si (las amenazas) sean ciertas o falsas, pero evidentemente eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber”, dijo Calderón a la agencia británica.
La reportera Lilia Saúl, del diario El Universal, solicitó a la Presidencia de la República –por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental– datos sobre dichas amenazas. Sin embargo, Los Pinos le respondió que esa información está clasificada como “reservada”, según publicó el periódico el pasado 4 de enero.
El 19 de febrero –dos semanas después de la visita a Washington de García Luna– se realizó una reunión en Los Cabos, Baja California Sur, en la que funcionarios del Servicio Secreto; de la CIA; del FBI; del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y del Departamento de Seguridad Interior se reunieron con funcionarios mexicanos de la Secretaría de Gobernación, de la SSP, de la PGR y con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del EMP.
En Washington, John Walters, director de la Oficina Nacional para el Control de Narcóticos de la Casa Blanca –conocido como el “zar antidrogas”– declaró en conferencia de prensa con medios mexicanos que ese encuentro en Los Cabos tenía como objetivo preparar la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se llevaría a cabo una semana después en ese lugar de Baja California Sur.
Sin embargo, un funcionario del ATF que estuvo presente en la reunión de Los Cabos revela a este semanario que ahí se afinaron detalles respecto del entrenamiento que ofrecería el Servicio Secreto a personal del EMP.
Señaló que entre los temas abordados estuvo el relacionado con el intercambio bilateral de información de inteligencia, y el relativo a la seguridad de funcionarios mexicanos que han recibido amenazas de cárteles de drogas se consideró “prioritario”.
“En estos tiempos el tema de la seguridad e integridad física de los presidentes y de secretarios de Estado es ya un asunto altamente prioritario para México y Estados Unidos”, aseveró el funcionario de ATF.
El gobierno mexicano no informó sobre los acuerdos alcanzados con las agencias estadunidenses durante esa reunión en Los Cabos.
Apenas el pasado 6 de marzo, el periódico Reforma informó que el Ejecutivo federal prepara la publicación de un decreto presidencial para crear el Servicio de Protección Federal, un cuerpo que se dedicará a la protección de los funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional. Como titular del Ejecutivo federal, Calderón preside ese gabinete.
Además, lo integran los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Relaciones Exteriores, así como de Comunicaciones y Transportes. El procurador general de la República y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional también son miembros de esa instancia. (Con información de Jorge Carrasco.)