Rafael Correa

Rafael Correa metió la mano en la asamblea/Joaquim Ibarz, correponsal de La Vanguardia.

Publicado en La Vanguardia (www.lavanguardia.es), 29/07/2008;

Ecuador inicia otra etapa de incertidumbre con la aprobación irregular y apresurada (en una sola noche se refrendaron 33 artículos) del proyecto de Carta Magna. De inmediato se ha planteado una dura polémica por la intervención del presidente Rafael Correa en la modificación del texto aprobado días antes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los diputados del movimiento oficialista Alianza País aceptaron los dictados del ejecutivo y, valiéndose de sus aplastantes mayorías, rediseñaron en las últimas 24 horas la Constitución que debe marcar la vida de los ecuatorianos.
Los ecuatorianos comenzarán ahora a conocer el contenido de los 444 artículos que conforman la nueva Carta Magna, entre los que se incluyen los referentes a la reelección inmediata, un hecho inédito en el inestable país andino en el que en los últimos diez años ningún presidente constitucional logró completar su mandato. Tal como hizo el presidente venezolano Hugo Chávez en 1999, en su primer año de mandato, Correa dio instrucciones a sus diputados constituyentes para que redactaran normas a su plena conveniencia; con la conocida fórmula de "yo me lo guiso, yo me lo como", podrá cumplir diez años en la presidencia (aunque de momento sólo hay una reelección, no se tendría en cuenta la votación del 26 de noviembre de 2006 que le llevó al palacio de Carondelet, casa de gobierno; la Constitución actual no permite un segundo mandato). Y si copia a su incómodo vecino Álvaro Uribe, podría seguir indefinidamente en el poder con sucesivos cambios constitucionales que permitirían nuevas reelecciones.
Correa se ha mostrado como un discípulo aventajado de Hugo Chávez. Afianzado en una sólida popularidad, sin tener enfrente una oposición con credibilidad y con un mínimo de influencia, el presidente ecuatoriano ha seguido fielmente la hoja de ruta trazada desde Caracas, sin caer en las torpezas del boliviano Evo Morales, que tiene la Constitución empantanada. Como ocurre en Venezuela y en Bolivia, la reelección es un punto fundamental del nuevo texto constitucional. Una vez más, en Ecuador se ha olvidado que las constituciones nacidas de la imposición no generan adhesión y subsisten mientras dura el poder, siempre finito, de sus mentores de turno.
Correa se asegura el control de todos los poderes
Correa ha recurrido a artimañas políticas que tanto ha criticado para que todas las instancias del Estado queden sometidas al ejecutivo. Con la nueva redacción de la Carta Magna, el presidente se asegura el control de los poderes del Estado y acota el margen de maniobra de partidos y políticos opositores. Los críticos al Gobierno destacan que los cambios dictados por Correa a los constituyentes pretenden favorecer el autoritarismo y prorrogar ilegalmente el funcionamiento de la ANC. También se echa en cara al presidente que menospreció el papel de la Asamblea al inducir que se modificara la redacción de artículos ya aprobados. El escándalo ha sido mayúsculo. Antes de ser aprobada o rechazada en el referéndum convocado para el 28 de septiembre, la Constitución ya es seriamente cuestionada.
Rubén Darío Buitrón, analista político del diario "Expreso" de Guayaquil, comenta a este periódico que el presidente Correa envío a su principal asesor jurídico (un conocido hombre de derechas) a "pulir" el texto constitucional, que después remitió al plenario sin previo conocimiento de la mayoría de asambleístas. "Es decir, recalca Buitrón, algunos textos ya aprobados en debate final fueron "maquillados". En realidad, muchos artículos se parecen más a una declaración de cómo debiera ser el país ideal que a un conjunto de normas constitucionales".
El diario "El Universo" de Guayaquil, el de mayor tirada del país, denuncia que los ecuatorianos aún no saben qué proyecto de Carta Magna aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), si el que se discutió y redactó en las comisiones y plenarios o el que el presidente Correa indujo a modificar en los últimos días; algunos capítulos habrían sido alterados en forma sustancial. El texto oficial que constaba en la página web de la Asamblea no será el que se distribuirá a los ciudadanos en las próximas semanas, sino otro distinto. "El Universo" denuncia que los ecuatorianos no conocen quién fue el autor de esas modificaciones de última hora, ni con qué atribución legal se hicieron. "La historia reclamará que se registre quiénes y dónde alteraron el proyecto de nueva Carta Magna", plantea el periódico.
Sensación compartida de estupor y fatalidad
La alteración por indicación del presidente Correa del texto constitucional ya aprobado ha causado consternación en sectores independientes de Ecuador. El analista económico Ramiro Crespo declara a "La Vanguardia" que "en Ecuador hay sensación de desasosiego porque somos víctimas de una descarada manipulación. Ya ni les ha importado guardar las apariencias, estamos en un régimen dictatorial. Hay una sensación compartida de estupor y fatalidad. En el referéndum de septiembre probablemente ganará el sí, Correa barrerá con una propaganda masiva. Mantendrá contenta a la gente de Quito que al ser vecina del palacio presidencial es la que bota (echa) a los presidentes".
La confusión causada por los cambios postreros que sufrió el proyecto constitucional delata la falta de transparencia del proceso. El presidente Correa es criticado por meter la mano, y los pies, en las últimas sesiones de la Asamblea. Se achaca a la ANC no haber sabido mantener la dignidad institucional, ya que ha dado la impresión de ser una especie de marioneta manejada desde el ejecutivo. Varios asambleístas denuncian que la fuerte injerencia ejercida desde el palacio de Carondelet sobre la ANC alteró varios artículos de la Constitución que ya estaban aprobados en plenario.
El comentarista Juan Carlos Calderón dice en el diario "Expreso" de Guayaquil que las últimas horas de la Asamblea han sido muy ilustrativas.
"Un Presidente –escribe Calderón- dictando cátedra a los asambleístas, antes de aprobar los textos definitivos. El secretario jurídico de la presidencia, arreglando los textos en el propio seno de la Asamblea en la noche final de la constitución. Solo 72 de 130 asambleístas levantando la mano para aprobar el documento. Un disidente Alberto Acosta, que se había convertido en la conciencia moral de Alianza País, solitario, enviando mensajes electrónicos para poder ser escuchado. Un Rafael Correa acusando a sus coidearios de traidores e infiltrados, por cometer el pecado de discrepar".
La confusión llegó al extremo de que el ex presidente de la Asamblea Alberto Acosta, brazo derecho de Correa hasta que dimitió por pretender mantener la independencia de los constituyentes, se mostró sorprendido cuando le indicaron que el texto definitivo de un artículo determinado no coincidía con la versión final que él había aprobado.
El ex presidente Lucio Gutiérrez, derrocado por un golpe de Estado el 20 de abril de 2005 (Rafael Correa formó parte como ministro de Economía del primer gobierno del golpista Alfredo Palacio), señaló que "cuando a una persona se le dan demasiados poderes y no tiene quien le controle, es tremendamente nocivo para un país y mucho más grave con una personalidad prepotente, como la del presidente Correa". Gutiérrez rechaza la nueva Constitución porque "queremos un presidente democrático y no un monarca en el poder'.
"Una verdadera dictadura, un atropello democrático"
"Lo aprobado a última hora es una verdadera dictadura, un atropello antidemocrático, un vejamen e irrespeto al pueblo que votó por un sueño de cambio", dijo Cristina Reyes, asambleísta del Partido Socialcristiano. Por su parte, el analista Francisco Cuesta afirma que la actuación del presidente Correa "fue desvergonzada, corrigiendo, tachando, suprimiendo, intercalando, vaciando, llenando, conceptuando, tajando, hiriendo y mintiendo con el frenesí que el tiempo requería; esa debe haber sido la tónica de la injerencia gubernamental durante la redacción del texto constitucional".
Los editoriales de la prensa de Quito y Guayaquil denuncian que en las últimas sesiones de la Constituyente se puso en evidencia la injerencia del Gobierno para ajustar los 444 artículos, 30 transitorias y disposición final del proyecto de nueva Carta Magna. La prensa coincide en que una Constitución debe ser aprobada por mayoría, y la minoría debe acatar lo que se resuelva; pero es inaceptable que, aprovechando la confusión, el cansancio y la falta de espíritu crítico, se discutan y aprueben unos textos y a última hora se haga votar otros que nunca se leyeron y discutieron. Los ánimos se caldearon al conocerse la supuesta inclusión de artículos que no fueron aprobados durante los debates y que estarían alterando el texto constitucional en beneficio del gobierno.
"Es lo mismo de siempre, porque votamos una Constitución que ni siquiera conocemos, no hay nuevo país", dijo Pablo Lucio Paredes, del movimiento opositor Futuro Ya.
Más que una Constitución, es un proyecto político del Gobierno
El influyente diario "El Comercio" de Quito no va con medias tintas al afirmar que "las últimas horas de la Asamblea han sido pavorosas". El rotativo señala que el estatuto por el que votó el pueblo "ha sido ignorado" al convertirse en un punto de referencia que algunas veces era válido y otras no. "Las reconsideraciones, variaciones de términos al margen de lo aprobado, los cambios de textos que acordaron las mesas luego del primer debate del Pleno y las maniobras finales evidencian o confirman la sospecha de que nunca se cumplió el mandato popular de hacer un nuevo texto constitucional, sino de aprobar un proyecto político nacido desde el Gobierno y no de la voluntad popular", dice "El Comercio".
En un editorial titulado "Cambios e incertidumbre", "El Universo", dice: "El país pudo ver cómo, en la noche del viernes y madrugada del sábado, el presidente de la Asamblea, con distintas justificaciones, le ordenaba al secretario del organismo que reemplazara los textos que se estaban sometiendo a votación. Según algunos asambleístas, se sustituyeron incluso textos que ya habían sido aprobados en el primer y segundo debate".
"El Comercio" señala directamente a Correa con dedo acusador: "La intervención presidencial en la composición del texto final ha sido abierta y sin rubor, a tal punto que parece que la Asamblea o la Comisión Redactora están instaladas en el palacio de Carondelet (sede del ejecutivo) y no en Montecristi (sede de la ANC)",
Por su parte, el diario "Hoy" de Quito condena en un editorial "la aprobación apresurada y tramposa del proyecto de Constitución". El matutino dice que "mantener los tramposos añadidos resultaría una amarga burla para los ciudadanos que confiaron su representación a los asambleístas, sobre los cuales se termina por imponer una voluntad ajena".
Rubén Darío Buitrón comenta en "Expreso" que "imbuido de su megapoder, Correa no resistió la tentación de dictar cambios, hacer correcciones, imponer artículos y estigmatizar a los militantes que no compartían sus disposiciones". Buitrón subraya: "El presidente nos debe la incoherencia de quejarse de los infiltrados en las filas oficialistas cuando él personalmente armó a la ligera las listas a base de encuestas y cálculos electoreros con caciques locales, ex modelos de televisión, figuras de la partidocracia a la que dice detestar y personajes de la farándula".
El analista de "Expreso" también dirige palabras duras a una oposición que no fue capaz de articular un discurso sobrio, con propuestas que hicieran contrapeso democrático a las presentadas por el oficialismos; y tampoco promovió que emergiera un nuevo liderazgo. "Pablo Lucio Paredes y León Roldós –dice Buitrón- pudieron salvarse de la crítica por su capacidad expositiva, pero debieron abandonar sus actitudes de francotiradores y liderar redes ciudadanas que aportaran a un mejor proyecto constitucional", subraya Buitrón.
En este análisis del inocuo papel desempeñado por la oposición en la Asamblea, Buitrón dice que el Prian (partido del ex candidato presidencial Álvaro Noboa) y los socialcristianos no tuvieron ideas: "Su rol fue tan pobre que apelaron a viejas prácticas (los escándalos, los ataúdes, los disfraces, los carteles, los gritos) para salir en los periódicos y que los invitaran a la radio y la televisión". Subraya el articulista que Lucio Gutiérrez, en un alarde de absurdos, presentó un proyecto de Constitución que ni siquiera sus asambleístas lo defendieron.
La aprobación por la ANC del proyecto de Carta Magna fue recibida inicialmente con satisfacción por un pueblo al que durante año y medio lo han estado bombardeando con mensajes que inducían a creer que el nuevo marco constitucional será la panacea que va a resolver el atraso económico y social del país.
"Esta Constitución firma el acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. Este es un paso decisivo para lograr nuestra segunda y definitiva independencia", dijo el presidente Rafael Correa en la ceremonia de recepción del nuevo texto constitucional. "Esta Carta Magna refleja el espíritu del socialismo del siglo XXI"', recalcó el presidente.
"Una verdadera revolución sin derramar una gota de sangre"
La constituyente Aminta Buenazo, de las filas oficialistas, o en la sesión de cierre de la Asamblea ya hizo propaganda por el sí: "Hemos realizado una verdadera revolución sin derramar una sola gota de sangre. Por eso tenemos que decirle sí a esta Constitución, defensora de los derechos de todos".
Tras una década larga de inestabilidad política, el nuevo texto constitucional genera esperanzas de cambios, tal como repite desde hace meses Correa. Pero no todo es júbilo y confianza. También crece la alarma por los "poderes excesivos" que acumulará el jefe de Estado. Políticos y juristas opositores consideran que el presidente podría instaurar un sistema autoritario; los oficialistas replican diciendo que no hay ninguna "amenaza'' a la democracia ecuatoriana.
Algunos políticos que inicialmente apoyaron a Correa se plantean ahora si no es temerario que todas las instituciones dependan de un jefe de Estado con carácter tan inestable como el que tiene Correa. "¿Está bien que el poder que antes estaba en manos de la partidocracia pase ahora a manos de un solo hombre? ¿Cuáles son los peligros de que todas las instituciones sean controladas por la Corte Constitucional manejada por el Ejecutivo? ¿Quién controlará al Gobierno? ¿Quién le exigirá la rendición de cuentas por el gasto presupuestario de 15.000 millones de dólares al año sin ajustarse a las leyes de licitación y contratación pública?", se pregunta Manuel Maldonado en "El Universo", al plantear los peligros que entrañaría la entrada en vigor de la nueva Constitución.
El proyecto constitucional votado en Montecristi no supone el inicio de una etapa de unidad y reconciliación que permita enfrentar con efectividad los acuciantes problemas sociales de Ecuador. Más bien se pronostica mayor confrontación y división entre los ecuatorianos, que se acentuarán a medida que se acerque el referéndum del 28 de septiembre.
El constitucionalista Marco Morales dice que en la nueva Constitución hay un excesivo fortalecimiento del presidencialismo y un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos con los que el legislativo ponía frenos al ejecutivo. Según Morales, el nuevo esquema no contribuirá a la estabilidad porque "la gobernabilidad no está dada en la concentración del poder, sino en la participación democrática de los estamentos ciudadanos en ese poder".
La entelequia del socialismo del siglo XXI
La retórica de izquierda que emplea Correa al referirse al socialismo del siglo XXI se multiplica al promocionar la nueva Carta Magna. En realidad, ese socialismo del siglo XXI que pregona es la misma entelequia que el socialismo del siglo XXI –hasta el nombre copió- que propugnaba el presidente Hugo Chávez. Nadie sabe ni nadie ha sabido explicar en qué consiste la nueva doctrina. El socialismo del siglo XXI pudiera ser el autoritarismo del siglo XXI.
Correa pretende una mayor presencia del Estado en la economía y terminar –según dice- con "la larga y oscura noche neoliberal". La nueva Constitución otorga al presidente la facultad de dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, reservadas hasta ahora al Banco Central. También podrá disolver el Congreso (una sola vez) y quitar al legislativo la capacidad de designar a los responsables de organismos de control del Estado, como procuraduría y contraloría.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, votará por el no
El opositor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha sufrido duros ataques de Correa; con su conocida prepotencia, el presidente lo descalifica públicamente. Le ha llamado "un pobre hombre que nunca llegará más lejos de ser alcalde y que nunca ganará una elección presidencial". En defensa de su ciudad, Nebot ha anticipado que apoyará el no a la nueva Constitución.
En el aniversario 473 de la fundación de Guayaquil, Nebot fustigó el contenido centralista del texto constitucional "que quita competencias a los municipios". "La Constitución es hija de una Asamblea impopular que no ha batido el récord de los 200 metros planos, sino de los 200 artículos malos", afirma el alcalde.
Aunque fue elegida para redactar una nueva Constitución, la ANC legisló en aspectos clave ajenos a la Carta Magna. Aprovechando las últimas horas de vigencia de los plenos poderes de que ha disfrutado (incluso asumió funciones que estaban por encima de la Constitución vigente), la mayoría oficialista, en calidad de poder legislativo, reestructuró la Corte Suprema de Justicia y reemplazó a un vocal del Tribunal Supremo Electoral. De esta manera, el Gobierno tiene mayor presencia en el máximo organismo rector del voto, lo que puede ser clave cuando se realice el referéndum aprobatorio de la Constitución y se convoquen en el primer trimestre del año próximo elecciones presidenciales anticipadas. La ANC aprobó un régimen transitorio para que, en caso de que gane el 'sí' en la consulta, pueda nombrar una comisión o 'congresillo' para que haga las veces de Parlamento hasta que se elijan los nuevos diputados. Pese a no estar contemplado en sus atribuciones, los constituyentes dictaminaron que hasta la realización de la consulta, podrán ser convocados para cumplir tareas legislativas.
Correa, un ex profesor universitario de economía, ya ha tomado iniciativas para fortalecer el papel y la presencia del Estado en la economía ecuatoriana, que básicamente depende de las exportaciones petroleras y agropecuarias, y de las remesas de los emigrantes. Las nuevas atribuciones del ejecutivo aumentarán la capacidad de maniobra económica del presidente, quien al eliminar la autonomía del Banco Central podrá fijar la política monetaria y crediticia. Desde el 2000, cuando Ecuador dolarizó su economía, el país ha vivido una relativa estabilidad económica con un crecimiento en los últimos cinco años por encima del 3,5 % anual, según datos del Banco Central. Sin embargo, en el primer año de Correa, el crecimiento sólo fue de 1,96 % (uno de los más bajos de América) por problemas en el sector petrolero y porque la política del Gobierno ahuyenta las inversiones.
La nueva Constitución refuerza el poder estatal en la economía y acentúa el centralismo al quitar autonomía a Guayaquil y a otras ciudades. El texto que se someterá a referéndum incluye artículos que fortalecen las atribuciones del Ejecutivo en detrimento de otras instituciones, como Congreso y tribunales, que han sido claves en el derrocamiento de los tres últimos presidentes. Según la oposición, de aprobarse la Carta Magna se iniciará una etapa de hiperpresidencialismo. 19-07-2008
La decisión del oficialismo de retirar el quechua como idioma oficial en la nueva Carta Magna provocó sonadas protestas de los grupos indígenas, que acusaron a Correa de racista por haberse pronunciado despectivamente sobre las lenguas originarias. En los cambios de última hora se introdujo el reconocimiento oficial a las lenguas indígenas..
La oposición teme que con sus nuevos superpoderes, Correa decida seguir los pasos de su mentor, el presidente Hugo Chávez, quien nacionalizó sectores clave de la economía en su intento por implantar un régimen estatista.
León Roldós, ex vicepresidente de Ecuador, renunció a la Constituyente aduciendo que "no seré parte de la última función de la tragicomedia". Roldós denunció lo que llamó "claros sesgos de absolutismo y totalitarismo, de corte fascista" en el partido de gobierno.
Tal como señala el dirigente opositor Carlos Larreátegui (UDC), en la campaña para el referéndum de septiembre no se hablará de las reformas constitucionales ni de sus alcances. Correa tratará de levantar un dilema emotivo entre pasado y futuro, invocando fantasmas de antaño como el Congreso corrupto, la partidocracia, la crisis bancaria; por el contrario, presentará ilusiones del mañana con imágenes y asociaciones positivas. En definitiva, será una campaña dirigida a activar las frustraciones y resentimientos acumulados por el país en los últimos años y que Correa sabe explotar con inteligencia.
La campaña por el no tampoco girará alrededor de la reforma constitucional; más bien se concentrará en el autoritarismo de Correa, el totalitarismo de Alianza País, la supresión de libertades y derechos, las amenazas a la propiedad privada, el modelo económico populista y la legalización del aborto, entre otros.
Larreátegui insiste en que la discusión constitucional no será más que una formalidad para una lucha de poder. Lo que verdaderamente estará en juego en la consulta es la línea y permanencia en la presidencia de Rafael Correa, un líder carismático que dispondrá de una maquinaria electoral bien engrasada con recursos infinitos.