Monterrey, campo de batalla

Monterrey, campo de batalla,
Luciano Campos Garza, reportero.
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1668, 19 de octubre de 2008;

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Tony Garza, y del zar antidrogas John P. Walters, considera el ataque a su consulado en Monterrey como un desafío y le ofrece a la delincuencia organizada dos opciones: la cárcel o la muerte. La sede diplomática se convierte así en un importante núcleo de la guerra de los dos países contra los cárteles del narcotráfico, y la administración de Natividad González Parás intenta presentar dicho atentado como "un incidente menor".

MONTERREY, NL.- El atentado a balazos y con una granada al consulado de Estados Unidos en Monterrey, la madrugada del domingo 12, evidenció la libertad de que gozan los pistoleros en Nuevo León y la falta de confianza entre las corporaciones policiacas de la entidad.
Sin que el gobierno mexicano hiciera un pronunciamiento oficial, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y abrió la averiguación previa 3048/D/2008.
La sede de una misión diplomática en el país nunca había sido objeto de un ataque como éste, según el diputado local Fernando Kuri Guirado.
El miércoles 15, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, afirmó que los culpables del tiroteo no quedarán impunes. Pero no bien había difundido su amenaza, el jueves 16 se reportó que la supuesta persecución de un grupo de narcotraficantes por efectivos del Ejército Mexicano desató una balacera cerca del consulado, lo que ocasionó que Garza ordenara suspender las actividades en la oficina diplomática hasta que se analizara bien la situación.
Esa noche el gobierno de Nuevo León comunicó que no había evidencia de un intercambio de disparos y que, por lo tanto, fue una falsa alarma. Sin embargo, el viernes 17, una fuente oficial de la representación estadunidense confirmó: "Todavía no hay un reporte oficial. Todo está pasando muy rápido. Hubo disparos cerca del consulado, pero no sabemos si los disparos estaban dirigidos al consulado o no".
El mismo viernes, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el llamado zar antidrogas de Estados Unidos, John P. Walters, amenazó a los integrantes de la delincuencia organizada mexicana: "Se rinden y se someten a la justicia o se mueren".
Walters, quien encabeza la Oficina Nacional para el Control de Drogas de su país, explicó que los criminales no acostumbran rendirse de manera pacífica, por lo que en su confrontación con los gobiernos de México y el de Estados Unidos esos grupos sólo pueden terminar "encarcelados o morir".
En contraste, el gobierno de Nuevo León minimizó el tiroteo del domingo 12. Afirmó que el ataque no dejó lesionados y que el problema "será atendido de acuerdo a leyes internacionales".
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que resguardan el consulado estadunidense, ubicado en la avenida Constitución, hacían su rondín al momento de los disparos y no vieron a los pistoleros; por lo tanto, no hubo persecución.
Además, el titular de la corporación, Aldo Fasci Zuazua, declaró el lunes 13 que el atentado fue "un incidente menor", ya que los disparos en la fachada del consulado corresponden a una pistola calibre 45, no a alguna de las armas largas que utilizan los narcotraficantes, y la granada que arrojaron no explotó.
"Esperemos que sea un asunto menor. Desde luego que si hubiera sido delincuencia organizada yo creo que hubieran activado el artefacto (la granada) o hubieran disparado con otro tipo de arma. Vamos a esperar qué nos dicen las autoridades competentes", dijo Fasci.
El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey está ubicado a la orilla del río Santa Catarina, en el 411 de la avenida Constitución, entre las calles Juan Aldama y Francisco Zarco, en el centro de la ciudad. Atrás del edificio se encuentra el de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
El inmueble se inauguró en 1969 y, de acuerdo con la página de internet del consulado, ahí se tramitan más visas estadunidenses que en cualquier otro lugar. No es para menos, ya que atiende gestiones de la región conformada por Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La madrugada de aquel domingo las balas dañaron la parte frontal de la reja que circunda las instalaciones, un letrero con los requisitos para expedir la visa y algunos cristales. A las 6:30 horas ya estaban en Monterrey agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la agencia federal antidrogas, la DEA, para llevar a cabo sus propias indagatorias.

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos aclaró en un comunicado que dos sujetos se aproximaron al edificio; uno disparó, "impactando la reja frontal y vidrios del recinto. El segundo hombre lanzó una granada que rodó por el piso pero no fue activada". En el lugar se encontraron seis casquillos de bala calibre 45.
Aunque se desconocen los motivos de la agresión, se reforzó la seguridad en toda el área circundante y se están revisando los videos de vigilancia para recabar pistas.
Concluye el boletín oficial estadunidense: "Esta representación diplomática desea expresar su profunda preocupación en torno a este incidente. Confiamos en su pronto esclarecimiento y agradecemos la preocupación de la ciudadanía, así como la rápida respuesta de las autoridades mexicanas".
Justificaciones
El 6 de agosto pasado, un comando armado colocó una narcomanta frente al palacio de gobierno de Nuevo León, bajo la estatua ecuestre de José María Morelos que está en la Macroplaza.
A las 20:45 horas, los transeúntes observaron la llegada de tres camionetas blancas, de las que bajó un grupo de hombres con armas largas. Mientras algunos de ellos les apuntaban a los guardias de la sede gubernamental, sus compañeros colocaron una manta con mensajes amenazantes para la organización criminal conocida como La Familia y firmados por el cártel del Golfo.
Interrogado al respecto el lunes 13, tras el ataque al consulado, el secretario de Seguridad Pública justificó la inacción de los agentes: "No podemos poner a policías sin la capacidad de armamento a enfrentar a comandos armados, eso yo creo que cualquiera lo puede entender".
Sobre el caso del consulado, Aldo Fasci dijo que la averiguación le corresponde a la PGR, que la atrajo, y al gobierno de Estados Unidos, porque técnicamente el edificio se considera territorio de ese país.
Cuando le preguntaron por qué vigilaba los alrededores la policía de San Pedro y no la estatal o la regiomontana, el funcionario negó que haya desconfianza hacia estas últimas:
"(La protección) la pidieron directamente los funcionarios (del consulado) a San Pedro, que es lo más lógico, y estamos trabajando junto con ellos. Nos está ayudando mucho San Pedro, ya que ellos apoyan como escoltas en los traslados, y ya que llegan ahí se quedan las patrullas para ayudarnos en la seguridad perimetral."
Tronó: "O sea aquí el asunto es que no hay información y se hace una bola de chismes, pero estamos trabajando unidos. Y vuelvo a insistir, desde hace muchos años la seguridad interna la tiene el estado, no se cobra un cinco por ello y ahí tenemos unidades del grupo SWAT" (policía de élite).
Agregó que 37 agentes estatales resguardan el interior del consulado. Una fuente de la SSP local especificó que ellos se coordinan con integrantes del cuerpo de Marines de Estados Unidos, que están a cargo de la seguridad del edificio.
La versión oficial fue reforzada por Amador Medina Flores, secretario de la Policía Preventiva de Monterrey, quien también explicó la presencia de las patrullas de San Pedro Garza:
"Toda la gente que viene del vecino país (y trabaja en el consulado) reside en San Pedro, donde ellos hacen su vida mientras que están trabajando en la ciudad de Monterrey. Normalmente, la relación del consulado con San Pedro es mucho más fuerte que con cualquier otro municipio."
Este jefe policiaco reveló que, tras la balacera, fueron alertadas las policías de los municipios que integran el área metropolitana. Agentes de Monterrey hallaron un automóvil al parecer relacionado con los hechos, y le informaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Posteriormente esta dependencia turnó a la PGR las pruebas periciales recabadas en el coche y otras relacionadas con el ataque. La dependencia federal terminó por atraer la investigación.
El martes 14, el gobernador González Parás rindió su quinto Informe de Gobierno. Por la mañana lo hizo ante el Congreso local y por la noche en una reunión con personas de su círculo cercano en el Palacio de Gobierno.
En esos dos discursos afirmó que el crimen organizado es un problema nacional. Les dijo a los legisladores: "Señalo (en el informe) cómo este fenómeno de pronto invadió al país, cómo nos tomó desprevenidos a los gobernadores de los estados, cómo por faltas de atención del Estado nacional a un problema grave, de delitos del narcotráfico, federales, el cáncer de la delincuencia empezó a contaminar todo el tejido social.
Al día siguiente contradijo a su secretario de Seguridad Pública al admitir ante la prensa que la delincuencia organizada estaba detrás del ataque al consulado. Cuando se le preguntó si el incidente afectaba la imagen de Monterrey, el gobernador respondió: Creo que cualquier acción del crimen organizado que ponga en riesgo la seguridad de las personas o que afecte a las instituciones también afecta al país".
Ese miércoles 15 el embajador Garza visitó Monterrey. Luego de agradecer a las autoridades mexicanas su participación en las investigaciones, anunció el aumento de las medidas de seguridad en el consulado y el incremento de la cooperación entre los dos países "para llevar ante la justicia a los autores de este acto, quienes descubrirán que fue un error atentar contra un consulado de Estados Unidos... Nadie debe creer que puede atacar un recinto del gobierno de Estados Unidos impunemente".
Cerco de balas
Tras la balacera del domingo, efectivos de Seguridad Pública estatal, así como de las policías de Monterrey y San Pedro "blindaron" el consulado. No obstante, el jueves 16 la violencia rondó de nuevo la sede diplomática.
De madrugada, a las 2:30 horas, policías federales catearon una bodega en el 650 de la avenida Bonifacio Salinas, colonia Central de Carga, de San Nicolás, donde detuvieron a una persona e incautaron siete toneladas de mariguana y varias granadas de fragmentación.
A las 10:30, en el exclusivo fraccionamiento Contry La Silla, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP) localizaron a un número indeterminado de presuntos narcotraficantes en la residencia marcada con el 783 de la calle Fernández de Lizardi, entre Paseo Las Américas y Einstein, lo que desató una balacera.
Varios domicilios contiguos al refugio de los presuntos narcos resultaron dañados por los proyectiles.
Ante el riesgo de quedar copados, los pistoleros abandonaron el inmueble en una camioneta Jeep negra con placas SCV9746 de Nuevo León, cuyo blindaje resistió las balas de los soldados. Posteriormente los fugitivos cambiaron de vehículo y huyeron.
Versiones extraoficiales señalan que las fuerzas federales persiguieron a los pistoleros hasta la colonia Pío X. Ahí, a las 11:37 hubo otro enfrentamiento, en la avenida Morones Prieto. El lugar se encuentra a la altura del consulado, pero del otro lado del río Santa Catarina, a unos 300 metros de distancia. Al parecer los sospechosos lograron escapar.
Hubo todavía otro reporte de disparos en la zona hotelera que está en el cruce de Hidalgo y Garibaldi, donde fuerzas federales y municipales improvisaron un retén para revisar vehículos, sin resultados.
Incluso la SSP estatal confirmó que a las 10:50 policías y delincuentes intercambiaron metralla en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Gonzalitos, sin que hubiera lesionados ni detenidos.
Al mediodía, unos 50 soldados rodearon el consulado estadunidense. Luego arribaron como apoyo unos 10 elementos de la PFP en tres patrullas, lo mismo que varias decenas de agentes de la AEI y municipales. En total, más de un centenar de agentes armados protegieron el edificio.
A las 12:50 horas la policía municipal de Guadalupe encontró abandonado en las avenidas Olmeca y Morones Prieto un coche Ford Contour guinda, sin placas de circulación, que presentaba numerosos impactos de bala. Al parecer fue usado por los pistoleros para escapar durante alguna de las balaceras.
Poco después el embajador Antonio O. Garza anunció que se suspendían de inmediato las labores del Consulado General de Monterrey y que las citas ya establecidas se reprogramarían.

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“¿Quién se siente seguro aquí?
Arturo Rodríguez García, reportero.
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1668, 19 de octubre de 2008;

MONTERREY, NL.- Ante el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en su lucha contra la inseguridad, los empresarios mexicanos que han decidido quedarse y no abandonar el país llegaron al límite y, en una reacción inusitada dentro de este sector, truenan contra la administración federal, el sistema de justicia y la inoperancia de los penales.
Los agremiados de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), en voz de su presidente nacional, Ricardo González Sada, no sólo cuestionan los operativos federales en los que interviene el Ejército, sino también la falta de controles en las corporaciones policiacas y la ausencia de instrumentos para desarticular las redes financieras de la delincuencia.
Luego de que, el pasado 1 de octubre, González Sada manifestó en Hermosillo que "al declararle la guerra al narcotráfico" el presidente de México "se aventó como El Borras", el dirigente empresarial precisa en entrevista con Proceso que Calderón salió "a dar palos, no totalmente a ciegas, pero sí con una visibilidad muy limitada".
Explica: La contaminación de las agencias de inteligencia y el desmantelamiento de sus capacidades para recabar información y alimentar a las fuerzas de seguridad -lo cual se produjo sobre todo durante "la mala administración" de Vicente Fox-, pudo llevar a asumir al actual gobierno, equivocadamente, que con la fuerza aplastante y la participación masiva del Ejército y las policías federales se iba a poder contener el problema de la inseguridad.
-Pero la Coparmex parecía tener mucha empatía con Calderón y con Fox. ¿En qué momento cambió su posición? -se le pregunta.
-La empatía de la Coparmex es hacia el país. Si hay un gobierno de PRI, PAN o PRD, lo que debe motivarnos a aplaudir, señalar o criticar se relaciona con "el deber ser", porque hay gente muy competente en el PRD, en el PT, en el PRI, en el PAN, y gente muy inepta en todos esos institutos políticos. Tenemos que analizar las propuestas y las acciones. No somos comparsas de nadie, pésele a quien le pese -responde, y recuerda que la Declaración de Principios de la Coparmex define al organismo como apartidista y no confesional.
En lenguaje empresarial, González Sada califica a la delincuencia como "una actividad de alto rendimiento y bajo riesgo", ya que de 98 a 99% de los delitos quedan impunes.
Critica los modelos y los cuerpos de investigación policiaca, infiltrados y corrompidos, que carecen de equipos confiables de inteligencia; señala que los Ministerios Públicos no sólo no investigan, sino que desestimulan la denuncia, volviendo los procesos un calvario para las víctimas, amén de que son incapaces de integrar averiguaciones sólidas.
A ellos les siguen los jueces, quienes, en caso de que lleguen a iniciar un proceso, se corrompen para luego absolver; o bien, cuando dictan sentencias condenatorias, los delincuentes son enviados a un sistema de readaptación social que prácticamente les instala oficinas en el interior de los penales, donde siguen operando, y muchas veces salen preliberados con demasiada anticipación y sin evidencias de readaptación.
Por eso sentencia: "La impunidad es el fundamento del crimen: hay rentabilidad, porque es actividad de bajo riesgo y no pasa nada. Ese es un incentivo muy perverso. En términos generales, la base está, estadísticamente hablando, en que a 98% de los delincuentes no les ocurre nada. Y eso invita a delinquir".
"El gobierno debe hacer su chamba"
La inseguridad y el miedo en que viven los empresarios los han llevado a marchar con la demanda de erradicar la violencia, a hacer propuestas de mejora a las políticas de seguridad, a la creación de observatorios ciudadanos y, en algunos casos, a la salida de territorio nacional.
Así, luego de incontables secuestros e intentos de extorsión en el país, como los casos de Fernando Martí y Silvia Vargas, el presidente de Femsa, José Antonio Fernández, interrogado sobre si se sentía seguro en Monterrey, respondió: "¿Quién se siente seguro aquí?", mientras que al presidente y director general del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, se le atribuyó una carta donde indicaba que para salvaguardar la integridad de su familia y no comprometer la línea editorial de su empresa periodística, a causa de la inseguridad, se había mudado a Texas.
En la carta, dada a conocer el 12 de septiembre por la revista digital Reporte Índigo y presuntamente dirigida al gobernador Natividad González Parás, se atribuyeron a Junco de la Vega, entre otras, las siguientes frases:
"Estaba en un dilema: comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a la familia a un lugar seguro. Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la han perdido y han emigrado."
A su vez, Federico Toussaint Elosúa, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), que aglutina a la mayoría de los industriales de esta ciudad, advirtió en una entrevista con el reportero Juan Carlos Rodríguez que la ola de secuestros puede afectar las inversiones.
"Tenemos los reportes -de empresarios maquiladores- de secuestros y robos y, con ello también, el aviso de que posiblemente cierren si no se hace algo al respecto."
También presidente y director general del Grupo Lamosa, Toussaint Elosúa ha mantenido una postura crítica ante las políticas oficiales de seguridad, especialmente en el estado de Nuevo León, donde se integró un centro independiente financiado por empresarios dedicado a temas relacionados con la inseguridad.
Por su parte, Ricardo González Sada manifiesta que la situación actual tiene un fuerte impacto en las inversiones. "Se percibe -expresa a Proceso- un ambiente en el que, al igual que en otras entidades, existe incertidumbre y, obviamente, eso merma el grado de optimismo y de agresividad de los proyectos de inversión".
Los empresarios, continúa, están destinando más recursos para monitorear el transporte de mercancías e insumos, instalar cámaras de vigilancia en las rampas de embarque y recepción, aumentar el número de veladores, pagar mayores primas de seguro por robo... y todo eso está representando un gasto más elevado debido al incumplimiento del pacto social".
Además, los empresarios sienten desconfianza e incertidumbre con el Acuerdo Nacional por la Seguridad que firmaron con Felipe Calderón, ya que, afirma González Sada, "no hay fechas, no hay compromisos concretos que permitan medir el cumplimiento de las metas específicas, y tampoco existe claridad en las consecuencias que se tendrían en caso de que los responsables no cumplan con el encargo".
A eso se debe que las familias de empresarios, residentes en su mayoría en el municipio de San Pedro Garza García, hayan impulsado la creación de un Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C-4) que, por sus características, ha sido rechazado por diversos organismos civiles de derechos humanos y asociaciones de abogados.
Leonel Jasso, de Protección Jurídica Monterrey, refiere que, para echar a volar el C-4, el gobierno del estado tuvo que proponer y conseguir la aprobación de una Ley de Seguridad, con el fin de dar fundamento jurídico a una base de datos que integraría a todos los que hayan cometido desde faltas administrativas y de tránsito hasta delitos graves. Considera que esto es anticonstitucional.
El C-4 fue inaugurado por Felipe Calderón el 17 de septiembre, con una inversión de 111 millones de pesos, aportados por el ayuntamiento y el gobierno federal. Cuenta con equipo para un monitoreo inteligente apoyado por 2 mil cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, y será integrado al Programa Nacional Plataforma México.
Pero Consuelo Morales Elizondo, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), advierte que la creación del "Registro de la Estadística Delictiva", que pretende incluir la información de procesados, el tratamiento de menores, asuntos atendidos por jueces calificadores estatales y municipales, reportes de incidencias, averiguaciones previas, víctimas de delito, entre otros, se debe considerar violatoria del derecho a la intimidad, además de que conductas antisociales no graves de menores de edad pueden ser automáticamente equiparadas con delitos.
Para Ricardo González Sada, lo que ocurre es que hay psicosis, puesto que la inseguridad es generalizada: "desde la muchacha que asaltan al bajarse del transporte público hasta los delitos contra gente con mayores recursos".
Esto, afirma, obliga a los ciudadanos a pagar doblemente la seguridad, ya que mientras el trabajador destina una cantidad importante de su salario o ahorros para poner rejas en las ventanas de su casa, personas de mayores recursos procuran de múltiples formas sus medidas de seguridad.
Los empresarios del país, dice, apuestan por un fortalecimiento del estado de derecho, no por emprender por su cuenta la persecución de delincuentes y mucho menos juzgar fuera del estado de derecho. "Esto es clarísimo. Y tampoco debemos sumarnos a esos comentarios que a veces se hacen, en el sentido de que resolver el problema es responsabilidad de todos. No. La responsabilidad es de la autoridad; la de la sociedad, es exigir a la autoridad que haga su chamba". l