Onésimo Cepeda S.

Columna PLAZA PÚBLICA/Obispo millonario o tramposo
Miguel Ángel Granados Chapa
Publicado en Reforma (www.reforma.com), 16 de octubre de 2008;

Onésimo Cepeda Silva fue ayer denunciado de endosar un pagaré que habría garantizado un préstamo de 130 millones de dólares, documento presuntamente hecho con posterioridad porque no habría habido tal crédito
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, fue denunciado ayer en la Procuraduría del Distrito Federal por la probable comisión de un delito llamado fraude procesal, consistente en "simular un acto jurídico" y/o "alterar otros elementos de prueba". En su caso, endosó en propiedad un pagaré que en abril de 2003 habría firmado la señora Olga Azcárraga de Robles León para amparar 130 millones de dólares que el obispo habría prestado a una sociedad anónima, cuyos representantes demandan acción penal contra Cepeda Silva y su presunto cómplice, Jaime Matute Labrador. Sostienen que ese préstamo jamás se realizó y el pagaré fue elaborado para, como en efecto ha ocurrido, iniciar acciones legales contra la sociedad presuntamente endeudada.
La denuncia presentada ayer argumenta la imposibilidad de que el prelado entregara aquella abultada cantidad (incrementada en 40 millones de dólares por intereses), tanto por imposibilidad de la presunta acreditada como por falta de recursos del obispo denunciado, alegada por él mismo en un juicio civil, uno de los varios a que dio lugar el fallecimiento de la señora Azcárraga el 21 de noviembre de 2003. La fortuna de esa prominente dama consistió principalmente en una colección de pintura mexicana, que ella había aportado a la constitución de una empresa denominada Arthinia, SA, constituida en Panamá, que es formalmente la propietaria del conjunto de piezas artísticas. Con el pagaré que le endosó Cepeda Silva, Matute Labrador ha emprendido acciones civiles contra aquella empresa, después de que congruentes decisiones judiciales (en materia civil y de amparo) declararon la nulidad de un testamento de la señora Azcárraga en que lo declaró heredero universal. El hermano de la testadora, Rogerio Azcárraga Madero y otros parientes lograron probar que la voluntad de doña Olga no era beneficiar a su cercano colaborador, nombrado sólo albacea en un primer testamento.
La averiguación previa que siga a la denuncia de ayer establecerá la presunta responsabilidad de Cepeda Silva y Matute, y en su caso los consignará a la justicia penal. Mientras eso ocurre, o se determina no ejercer acción penal contra ellos, conjeturemos que el pagaré endosado por el obispo al fallido heredero universal corresponde a la realidad, es decir que Cepeda Silva efectivamente entregó aquella cuantiosa suma a la señora Azcárraga, a la que asistía espiritualmente y el tenedor del documento tiene, por lo tanto, derecho a cobrar los 130 millones de dólares más los intereses pactados.
La aceptación de ese hecho abre muchas interrogaciones, la principal de las cuales es de dónde el señor obispo hubo esa fortuna, probablemente parte de otra en tal medida mayor que permitiera dedicarla a una operación de crédito. Es difícil admitir que un capital de ese tamaño resulte del trabajo profesional de su presunto tenedor. Es bien sabido el hecho de que Cepeda Silva se hizo sacerdote ya adulto (como resultado de una vocación tardíamente aparecida o reconocida y acatada a destiempo), y que al hacerlo interrumpió una carrera productiva, como funcionario bancario y agente de bolsa. Pero ese lapso fue breve, se extendió apenas por ocho años (de 1958 a 1966) y puede razonablemente suponerse que, salvo en su último tercio, no fue muy rentable. Cuando a sus 21 años cursaba el segundo año en la Facultad de Derecho de la UNAM, el joven Cepeda Silva fue gerente del departamento fiduciario del Banco de Londres y México y ejecutivo en un fideicomiso del Banco de México. Convocado en 1963 por el entonces principal capitán del manejo de dinero privado, Carlos Trouyet, contrató para mexicanos créditos de la Alianza para el Progreso. Y en 1964 se asoció con su amigo el ingeniero Carlos Slim para participar en el incipiente mercado de valores a través de la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, SA, la misma Inbursa que al paso de los años es el instrumento financiero de los negocios de Slim.
Cepeda, que ya en 1961 había comenzado a estudiar filosofía se decidió por el sacerdocio en 1966, y en la Universidad Pontificia de Friburgo se licenció en teología, con el mayor honor académico, el magna cum laude. En octubre de 1970 fue ordenado sacerdote. Durante un cuarto de siglo actuó en la diócesis de Cuernavaca y en 1995 fue nombrado obispo de Ecatepec, diócesis creada en ese mismo año. Es de suponerse que desde su ingreso a Friburgo hasta 2003, cuando apareció capaz de manejar 130 millones de dólares, se dedicó a sus estudios y a su ministerio, por lo que hemos de suponer que su riqueza se forjó en sus años de bolsista o agente de crédito al servicio de Trouyet y que, bien administrada, creció hasta los niveles de que estamos hablando.
Podemos conjeturar también que la fortuna del prelado le viene de familia, por herencia, o que no facilitó a la señora Azcárraga dinero suyo, sino que actuó en nombre de un tercero, como intermediario a título gratuito u oneroso. Aun en esos casos sería cuestionable su proceder, pues dedicaría parte de su tiempo y sus capacidades a negocios que nada tienen que ver con su ministerio, salvo que, también en el campo de las hipótesis, comprometiera en esa operación recursos de su diócesis o de la Iglesia.
Cualquiera de esas posibilidades y la denunciada ayer en la PGJDF dejan en mal, aunque en grados diversos, al jocundo obispo rico de una diócesis donde "el nivel económico de la población es bajo" y donde "hay muchas zonas de pobreza y más aún de pobreza extrema", según su caracterización oficial.
Cajón de sastre
Nacido el 22 de febrero de 1919, el domingo pasado murió el licenciado Antonio Mena Brito, miembro de una generación de priistas que buscaba fundar en la razón y el derecho el ejercicio de la política. Nacido en Mérida pero radicado en el Distrito Federal, fue director del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana bajo el gobierno de Ruiz Cortines y luego senador de la República. Su participación más brillante en ese periodo ocurrió con motivo de la mexicanización de las empresas eléctricas y la respectiva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en que desarrolló la idea de que el servicio público (el suministro de electricidad en este caso) sólo puede ser prestado por el Estado, porque debe ser permanente, continuo, eficiente y seguro y los particulares pueden no cumplir esas condiciones.
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