Felipe Borrego en lugar de Vasconcelos

Invita el Presidente Calderón al diputado Felipe Borrego Estrada a asumir la titularidad de la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal
Lunes, 8 de Diciembre de 2008 Comunicado CGCS-234

La Presidencia de la República informa que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa invitó al diputado Felipe Borrego Estrada a asumir la titularidad de la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal. El licenciado Borrego Estrada fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, de 1998 a 2004; candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia en 2004, y se desempeñó como abogado litigante en el Bufete Jurídico Borrego Estrada y Asociados, de 1979 a 1998. Actualmente es Diputado Federal de la LX Legislatura, Secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, en las que se elaboró la Reforma Constitucional Penal, así como representante del PAN ante la Comisión para la Reforma del Estado.

****

Restrospectiva; 26 de febrero de 2008;

Suprimir el párrafo once del 16 Constitucional
Con 462 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial tras suprimir el párrafo once del artículo 16 constitucional que posibilitaba el allanamiento policial sin la orden de un juez.
Clave en el destrabe fue el posicionamiento del Dip. Felipe Borrego Estrada, quien entonces habló a nombre de las comisiones Unidas.

Esta es parte de la versión estenográfica de la sesión de este martes 26 de febrero de 2008;
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta: Esta Presidencia informa que las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores a la minuta con proyecto de decreto son dos párrafos al artículo 16 constitucional. Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada.

El diputado Felipe Borrego: Gracias, Presidenta. Siempre se ha dicho y criticado que el derecho y en concreto las leyes y quienes las elaboran van a la retaguardia; que nunca están a la par en la dinámica de la sociedad. Es más, se nos responsabiliza que somos los legisladores y el derecho en sí, un obstáculo al cambio social.
Ahora que estamos en una reforma moderna, integral, necesaria de la justicia penal y la seguridad, apoyemos la ley idónea y urgente que requiere el país. La reforma es integral y equilibrada en sus objetivos y pretensiones. Permitirá a las instituciones encargadas de investigar, procurar y administrar justicia ser más eficientes en su encargo.Es un dictamen incluyente, resultado de la investigación razonada de diversas iniciativas y propuestas. Estamos proponiendo bases para un nuevo paradigma en la justicia. Sería ocioso repetir las bondades que trae la reforma en su totalidad. Diré algunas y resumidas.
Los juicios orales donde habrá, como en todo Estado democrático, publicidad, inmediatez, igualdad de las partes, presunción de inocencia, defensa profesional, reconocimiento a los derechos de las víctimas, concentración, medios alternativos de solución. En fin, una nueva forma de hacer justicia.La prisión preventiva deja de ser una regla constante para ser una excepción. Por todo esto y más exhortamos a su aprobación. Es la gran oportunidad de dotar a la sociedad de confianza, de transitar de un sistema oscuro, arcaico y anacrónico, a uno nuevo, dinámico, actual, transparente y justo.Veamos las bondades. Tengamos mente abierta y positiva. No tengamos miedo ni temor a lo nuevo, a los cambios. Quitémonos el estigma de que somos los legisladores, y el derecho, un obstáculo al cambio social.
Sabemos quiénes son los auténticos enemigos de México. Enfrentémoslos en el papel que nos corresponde: haciendo leyes y dotando de herramientas a los otros dos poderes para una aplicación y ejercicio en contra de los delincuentes y a favor de las víctimas y a favor de la sociedad.
Los diputados debemos tener sensibilidad social. Saber escuchar y valorar las voces de todos. Por lo mismo, los miembros del Partido de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, del Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional hemos sentido, con responsabilidad, que en este momento se modifique el dictamen y se suprima el párrafo 11, el del llamado "allanamiento". (Que dice: "La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente." ).
En este momento me permito entregar a la Secretaría el texto como se está proponiendo.(Se hace entrega del documento a la Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez)

Cabe señalar que estamos convencidos de que es una figura importante que el Estado cuente con ella, pero también con conciencia estamos convencidos de la oportunidad debida.Ya existe la jurisprudencia 2107 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se permite y autoriza.

Lo que proponemos en estas fracciones, es, en este momento, no elevarla a rango constitucional y suprimirla. Con esto y escuchando voces de la academia, de investigadores y a algunos actores de la sociedad, respondemos a un mandato democrático. Queremos actuar con prudencia política.Otra razón es que ha existido desinformación sobre el tema. Lo que valoramos sería inoportuno en estos momentos que, sin la información debida, se legisle sobre el tema.

Recordemos que dentro del dictamen ya se contempla, por ejemplo, la capacitación y certificación a los policías. Éste es un gran avance que viene a beneficiar la gran reforma y en consecuencia a la sociedad.
Diario escuchamos el clamor social que demanda al Estado seguridad personal y patrimonial, tranquilidad y paz. Por ello nosotros, los representantes de esa sociedad, no podemos permanecer inmóviles. Debemos acometer con sentido de responsabilidad nuestro compromiso con valentía y altura debida.
Es tarea de todos, hombres y mujeres, el hacer posible la convivencia digna y sobre ella abrir las puertas para la auténtica reforma que México necesita y todos anhelamos.
Con la supresión del párrafo que comento, los invito —por el bien del país— a apoyar la nueva forma de hacer justicia en México. Hagámoslo por México. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta: Gracias, diputado Borrego. Por favor, instruyo a la Secretaría a que dé lectura al documento que ha presentado el diputado Borrego.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame:

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad, con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que puedan exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días.Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que haya de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.

En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.

Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la modificación propuesta por el diputado Felipe Borrego Estrada, a nombre de las Comisiones Unidas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Felipe Borrego Estrada, a nombre de Comisiones Unidas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
Retiro de votos particulares

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En razón de las modificaciones propuestas por las Comisiones Unidas en voz del diputado Felipe Borrego Estrada y que esta asamblea ha aceptado, se consulta al diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, si mantiene su intervención para exponer su voto particular.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): En virtud de que tanto el Grupo Parlamentario del PAN como del PRI han reconocido su lamentable error de pretender incluir el cateo de domicilios sin orden judicial y el allanamiento, solicito se retire el voto particular presentado por un servidor y publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se retira la participación del diputado Victorio Montalvo.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Pido la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul de la diputada, por favor.La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. El Grupo Parlamentario del PRD celebra que hayamos retirado una gran aberración que íbamos a cometer en un texto constitucional.Por eso se inscribió la moción suspensiva por parte del grupo parlamentario. Pero ahora, con esta modificación, que además es muy económica en términos del proceso legislativo y que tendríamos que atender que se tendría entonces que regresar a comisiones, porque están todavía los transitorios que no se han comentado; que además se recorren, como lo hizo el Senado en su fe de erratas.

Y también saludar y agradecer la sensibilidad que hubo para que se hicieran cargo todos los diputados y diputadas de esta Cámara, de las observaciones que enviaron Amnistía Internacional, la ONU y, como lo dijo el diputado que presentó la modificación, fueron muchas voces: fueron académicos, fueron legisladores y legisladoras que estuvieron señalando esto constantemente. Pero también allá afuera el Frente Nacional contra la Represión están haciendo un llamado a las puertas de este Congreso, precisamente para que se retomen ésta y otras observaciones que todavía quedarían en esta reforma, como el arraigo, la extradición y la ambigüedad con la que se está definiendo la delincuencia organizada.

Por eso quedaríamos satisfechos, por el momento, con esta eliminación de una gran aberración que querían pretender en la reforma constitucional.

Pero no quiero dejar de señalar que hay un proceso legislativo viciado y que necesitamos hacernos cargo de que una reforma constitucional no puede entrar, no puede salir así de estas Cámaras, tanto del Senado como la de Diputados.Y que además hay que señalar todavía los transitorios como quedarían, porque entonces por eso señalamos, en su momento, lo de la fe de erratas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se retira, entonces, la participación que había presentado a esta Mesa la diputada Aleida Alavez, para presentar una moción suspensiva en la discusión del dictamen.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, le dan sonido a la curul del diputado Gerardo Villanueva, por favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Con su permiso, diputada Presidenta.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Quiero únicamente comentar que retiro la reserva presentada del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional del dictamen en discusión, toda vez que se queda sin efecto.Y también quiero felicitar de manera muy especial al diputado Andrés Lozano Lozano, y a los diputados del PRD de la Comisión de Justicia, por convencer finalmente acerca de esta disposición que sin duda alguna ponía en riesgo la seguridad de las personas en este país. A la luz de los muy cercanos y dolorosos acontecimientos de violación a los derechos humanos, tanto en Oaxaca como en Atenco, así como ciertos abusos de las propias fuerzas del gobierno federal en lo largo y ancho de la república.

Agradezco de esta manera a los compañeros diputados de mi grupo parlamentario por la lucha dada y por el logro que este día de hoy se alcanza, con el retiro de esta situación aberrante para el derecho mexicano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, agradezco sus palabras. Sin embargo, para que quede constancia también en la versión estenográfica, desde el inicio se le dijo que no se había aceptado su reserva. Vamos a continuar la sesión, por favor.

Posicionamientos de todas las bancadas....,

Al final, lea propuesta del Diputado Borrero se aprobó con 462 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones. Mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Háganse las adecuaciones a los artículos transitorios del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal.
Esta Mesa Directiva hace un reconocimiento a los diputados que impulsaron esta importante reforma y se congratula de la sensibilidad que ha prevalecido para llegar a los acuerdos que hoy hemos votado aquí y que van a beneficiar, a mejorar nuestro sistema de seguridad pública y de procuración de justicia.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal. Se devuelve al Senado para sus efectos constitucionales.