Publicado en el portal de El Nuevo Herald, 13 de enero del 2009
Juez español investigará matanza de jesuitas en El Salvador
Por JORGE SAINZ
The Associated Press
MADRID --
La justicia española anunció el martes la apertura de una investigación judicial a 14 militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes católicos jesuitas y dos empleadas domésticas en San Salvador en 1989.
El presidente salvadoreño Tony Saca señaló que remover el caso no contribuirá en nada al desarrollo democrático de su país, mientras que organismos de derechos humanos lamentaron tener que acudir a otras naciones "para lograr justicia".
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco admitió la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
El magistrado desestimó de momento la imputación del ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani. Sin embargo, precisó que podría procesar al mandatario según las pruebas que pueda ir recabando.
El caso entró ahora en una fase de toma de declaración de testigos y acusados y estudio de pruebas, que podría alargarse durante meses.
"Nuestro papel es seguir ejerciendo como acusación popular", explicó a AP uno de los abogados de la acusación, Manuel Ollé. "Impulsaremos y contribuiremos al esclarecimiento de los hechos".
Los jesuitas y las dos trabajadoras fueron asesinados en noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador durante una ofensiva guerrillera.
Cinco de los jesuitas eran españoles. Entre ellos se encontraba Ignacio Ellacuría, rector de la UCA entonces, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
En la demanda se acusa a los 14 militares salvadoreños de participar directamente en la muerte de los jesuitas, mientras que a Cristiani, de 60 años, se le considera "encubridor".
Entre los acusados están el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso.
Saca lamentó en rueda de prensa la muerte de los jesuitas, pero señaló que "los países se administran para adelante, se administran viendo al futuro".
"Los militares defendieron en aquel momento al país, de una agresión comunista. Y yo creo que este tipo de acciones (judiciales), aunque la respeto, en nada contribuyen al desarrollo democrático del país", señaló.
Los demandantes argumentaron en su escrito que bajo el principio de justicia universal, estos asesinatos quedaron impunes en El Salvador.
"La rápida decisión del juez subraya la importancia de este caso, no sólo para los familiares de las víctimas y los ciudadanos de El Salvador, sino también para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo", señaló a través de un comunicado la directora del CJA, Pamela Merchant.
La justicia española podría solicitar la extradición de Cristiani y del resto de los acusados, aunque las probabilidades de que se celebre un juicio en España son bajas.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental de El Salvador dijo a la AP que es lamentable tener que acudir "a otros países para lograr justicia".
La Comisión espera que "en El Salvador se cierre definitivamente las heridas (del pasado conflicto), pero que estas heridas deben de cerrarse a partir del juzgamiento y del perdón que pueda existir", añadió.
La Audiencia Nacional ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Por JORGE SAINZ
The Associated Press
MADRID --
La justicia española anunció el martes la apertura de una investigación judicial a 14 militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes católicos jesuitas y dos empleadas domésticas en San Salvador en 1989.
El presidente salvadoreño Tony Saca señaló que remover el caso no contribuirá en nada al desarrollo democrático de su país, mientras que organismos de derechos humanos lamentaron tener que acudir a otras naciones "para lograr justicia".
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco admitió la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
El magistrado desestimó de momento la imputación del ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani. Sin embargo, precisó que podría procesar al mandatario según las pruebas que pueda ir recabando.
El caso entró ahora en una fase de toma de declaración de testigos y acusados y estudio de pruebas, que podría alargarse durante meses.
"Nuestro papel es seguir ejerciendo como acusación popular", explicó a AP uno de los abogados de la acusación, Manuel Ollé. "Impulsaremos y contribuiremos al esclarecimiento de los hechos".
Los jesuitas y las dos trabajadoras fueron asesinados en noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador durante una ofensiva guerrillera.
Cinco de los jesuitas eran españoles. Entre ellos se encontraba Ignacio Ellacuría, rector de la UCA entonces, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
En la demanda se acusa a los 14 militares salvadoreños de participar directamente en la muerte de los jesuitas, mientras que a Cristiani, de 60 años, se le considera "encubridor".
Entre los acusados están el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso.
Saca lamentó en rueda de prensa la muerte de los jesuitas, pero señaló que "los países se administran para adelante, se administran viendo al futuro".
"Los militares defendieron en aquel momento al país, de una agresión comunista. Y yo creo que este tipo de acciones (judiciales), aunque la respeto, en nada contribuyen al desarrollo democrático del país", señaló.
Los demandantes argumentaron en su escrito que bajo el principio de justicia universal, estos asesinatos quedaron impunes en El Salvador.
"La rápida decisión del juez subraya la importancia de este caso, no sólo para los familiares de las víctimas y los ciudadanos de El Salvador, sino también para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo", señaló a través de un comunicado la directora del CJA, Pamela Merchant.
La justicia española podría solicitar la extradición de Cristiani y del resto de los acusados, aunque las probabilidades de que se celebre un juicio en España son bajas.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental de El Salvador dijo a la AP que es lamentable tener que acudir "a otros países para lograr justicia".
La Comisión espera que "en El Salvador se cierre definitivamente las heridas (del pasado conflicto), pero que estas heridas deben de cerrarse a partir del juzgamiento y del perdón que pueda existir", añadió.
La Audiencia Nacional ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
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