Discurso de Medina Mora

Urge PGR a aplicar reformas penales

En estos momentos México carece de un sistema de aplicación e impartición de justicia que responda a las actuales necesidades ciudadanas. Por ello, la nueva reforma a la Ley de Justicia Penal debe ponerse en práctica sin dilaciones, en defensa de los derechos ciudadanos.
Así lo aseguró el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, al inaugurar el simposium binacional Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal En México.
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Versión estenográfica del discurso del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, al inaugurar el Simposio Binacional “Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal en México”, en el Inacipe.
México, DF, a 9 de febrero de 2009.
Muchísimas gracias a todos, muy buenos días.
En primer término, quiero agradecer y dar la bienvenida a los muy distinguidos ponentes que nos acompañan del Reino Unido para hacer posible este Simposio, muchísimas gracias por su participación y su apoyo en este evento.
Saludo al distinguido señor Chris Rawlings, director general del Consejo Británico en México, y le pido que trasmita nuestro aprecio y gratitud al embajador Giles Paxman, quien siempre se ha caracterizado por dar a estos temas un apoyo verdaderamente significativo. Lamento que no esté aquí pero está aquí ciertamente de corazón, porque este evento es posible, entre otras cosas gracias a su compromiso reiterado con el Inacipe y con este esfuerzo que México tiene por delante en la instrumentación de la reforma de justicia.
Querido amigo Felipe Borrego Estrada, secretario técnico para la implementación de la Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia, un aliado fundamental ciertamente en este trabajo de transformar a la justicia y a la seguridad, para dar a los ciudadanos mexicanos certidumbre y transparencia en el manejo de las instituciones públicas responsables de estos temas.
Saludo también a todas las personas, representantes de las procuradurías generales de justicia de los estados, de los tribunales superiores de justicia, queridos amigos que nos han ciertamente acompañado en estos esfuerzos conjuntos.
Y al final, pero no al último a mi amigo Gerardo Laveaga, Director General del Inacipe, de nuestro Instituto, quien sin duda ha sido un entusiasta promotor de estos cambios fundamentales para nuestro México y el alma en muchos sentidos de esta institución.
Por esto es muy satisfactorio para mi inaugurar, junto con ustedes, en este nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Simposio Binacional Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal en México. Es sin duda un encomiable esfuerzo de colaboración del Reino Unido con nuestro México, en el marco de los múltiples trabajos que hemos emprendido para transformar nuestro sistema penal.
Agradezco además del señor embajador y del Consejo Británico, el respaldo de esta iniciativa del Inacipe y como dije al principio, aunque creo que no pasó por el micrófono, la presencia muy destacada de nuestros ponentes británicos que enriquecen profundamente el desarrollo de estos trabajos; también el interés y la colaboración de las distintas instituciones públicas y privadas que aquí están representadas y desde luego, como siempre, al propio Inacipe por su cálida hospitalidad y la pertinencia en estos trabajos.
Como ya lo decía el señor licenciado Borrego, la reforma del sistema penal, la reforma constitucional que se concretó el año pasado, es el esfuerzo de cambio jurídico e institucional más grande y más importante que haya ocurrido en nuestro México desde la promulgación de nuestra Constitución Política de 1917.
Su propósito es de contar con un sistema de seguridad, procuración e impartición de justicia eficaz, en el que los ciudadanos encontremos verdadera protección para la defensa de nuestros derechos.
Como sabemos, el cambio responde al retraso de un sistema penal que no ha podido garantizar a todos internamente el derecho a la seguridad de sus personas y propiedades ni a las garantías individuales y derechos humanos que nuestra Constitución consagra.
Hablamos de un sistema insuficiente para cumplir con la primera obligación del Estado, la que le caracteriza como tal, que es brindar certidumbre y seguridad jurídica a la población y así respaldar su desarrollo productivo, su formación integral y su bienestar cotidiano, con sus familias y en sus comunidades.
Ésta es la importancia de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que se publicó en el Diario Oficial el 18 de junio del año pasado, por el presidente Felipe Calderón, que modificó de manera sustancial diez artículos de nuestra Carta Magna.
La reforma se dirige a ajustar del sistema dos principios de un estado democrático de derecho: como el valor superior que debe asignarse a las garantías de las víctimas y acusados y a la imparcialidad de los juicios.
Como es evidente, para quien se tome el tiempo de conocerla, se trata de una reforma eminentemente garantista, donde las garantías individuales constituyen el eje del proceso penal a partir del principio procesal de presunción de inocencia, ahora elevado a mandato constitucional.
Los principios de publicidad, mediación, concentración, contradicción y enfoque hacia una justicia restaurativa, favorecen sin duda la transparencia, la equidad, la rapidez y la eficiencia de los juicios.
La reforma permite al mismo tiempo ajustar nuestras leyes penales a las prácticas internacionales más reconocidas y a los compromisos asumidos por nuestro México ante la comunidad de naciones. Uno de ellos es el de dotar al Estado mexicano con herramientas funcionales que hace tiempo se utilizan en otros países para someter a uno de los flagelos que más dañan a la humanidad: a la delincuencia organizada, especialmente a la que se dedica fundamentalmente, pero no sólo al narcotráfico.
Las nuevas disposiciones en materia de delincuencia organizada se dan en un contexto que les da todo su valor. Por primera vez está enfrentando a las organizaciones criminales con una estrategia integral, con todos los recursos y desde todos los ámbitos del Estado, no únicamente para combatir sus efectos, sino para atacar e inutilizar las cadenas operativas en que se reproducen.
Con frecuencia, la reproducción o testimonio mediático que se da en los niveles de violencia que sin duda son inusitados en nuestro país, esconden lo que está detrás; esconden el fenómeno de la descomposición de las organizaciones criminales, de la reducción de su capacidad de reproducir en el tiempo su modelo criminal, aunque esto implique necesariamente malas noticias en un corto plazo.
Los niveles de violencia que enfrenta nuestro país son sin duda altos desde nuestra perspectiva histórica, aunque puede explicarse desde el punto de vista estadístico como una reducción desde los años 90 en los que teníamos en los índices de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. de 18 homicidios dolosos violentos el año pasado, 2007 que fue el pico de la violencia de la delincuencia organizada apenas superamos los diez por cada cien mil habitantes.
Hay otros estados que sin duda han dado la vuelta ya a la curva de la violencia como es el caso de Colombia, que en el año 2007 registró 33 homicidios dolosos violentos por cada cien mil habitantes. Uno es demasiado, y eso está claro, pero lo que tenemos que entender es que esta violencia inusitada que se da entre estos grupos, responde esencialmente, a su descomposición, a su capacidad perdida delimitada, limitada, reducida, para reproducir su modelo criminal y este es el propósito también de las herramientas que se dan en el Estado en materia de combate a la delincuencia organizada.
La reforma, yo creo, es el más importante paso para hacer que nuestro sistema de justicia sea eficaz, cercano a las víctimas, quienes son quizá las personas que menos leen en el actual libro de la justicia y sobre esta base es importante subrayar los mecanismos alternativos para la resolución de controversias que nos permitirán, eminentemente aplicando principios de oportunidad, satisfacer a las víctimas y resolver las consecuencias jurídicas de conductas antisociales de una manera mucho más eficaz y mucho más transparente.
Los jueces de control y de ejecución de penas, las técnicas de argumentación y litigio de un proceso oral e incluso el impacto de los medios de comunicación en los juicios, son innovaciones de la reforma que se van a analizar aquí en este Simposio.
Desde que se publicó la reforma se han venido modificando leyes secundarias y se siguen generando y discutiendo modificaciones a muchas otras, tanto del orden federal como el local.
El proceso, sin duda, frente a nosotros va a ser arduo y complejo, va a llevar tiempo. Pero en el estamos comprometidos los tres poderes de la República, los tres órdenes de gobierno, las instituciones académicas, la sociedad civil y los medios de comunicación.
Por eso, en un proceso de esta dimensión resulta crucial la actualización de todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la implementación de la Reforma.
Miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los tres órdenes de gobierno, de las instituciones policiales, procuradores, representantes del ministerio público, peritos y personal de apoyo, abogados postulantes, instituciones de educación y de investigación, maestros y estudiantes, jueces y personal de los juzgados, tenemos la obligación de acelerar nuestra preparación y mantenernos al día en todos estos cambios.
Hablaba precisamente Felipe Borrego de las resistencias pero yo creo que las resistencias vienen, en muchos sentidos, del desconocimiento de las enormes virtudes en la implementación de un sistema de esta naturaleza tiene para ayudarnos a ganar eficacia. Desde luego requiere nuevas habilidades, nuevas aptitudes y esto es precisamente lo que tratamos de lograr con estos eventos como este simposio. De la manera en la que implementemos la Reforma Constitucional podremos construir un sistema transparente ágil, eficaz, cercano a los ciudadanos o podemos colapsar el sistema que hoy tenemos que es sin duda ineficiente, pero de alguna manera funciona.
Sobre esta base necesitamos enfocarnos hacia trabajar conjuntamente en todos los órdenes y en todos los niveles para este propósito.
Aquí tenemos mucho que aprender de los estados de la República que han avanzado ya en la implementación de reformas de esta naturaleza, particularmente Nuevo León, Chihuahua, de manera más reciente el Estado de México, Oaxaca, Zacatecas.
Ciertamente que la experiencia centenaria que ha tenido el Reino Unido en esta materia resultará muy provechosa para respaldar el ejercicio profesional y ético del derecho penal fundado en el rigor jurídico. El conocimiento por si solo es poder, decía el destacado jurista y filósofo inglés Francis Beicon.
Conocer y comparar el funcionamiento del sistema acusatorio en otras latitudes, contribuirá sin duda a esclarecer el horizonte de un cambio que a todos nos compete y compromete.
Multiplicar esfuerzos como este, que nos une hoy, a fortalecer nuestro Estado social y democrático de derecho, para que todos en México podamos ejercer plenamente nuestros derechos que con todo sacrificio hemos conquistado a lo largo de casi 200 años de vida independiente.
Esta podrá ser una gran aportación de los juristas mexicanos a la celebraciones del Bicentenario de nuestra Independencia. Si entre todos llevamos a buen puerto la Reforma, conforme a los tiempos que en ellos mismos se establecieron, si lográramos este gran cambio en nuestro país, estoy cierto de que será la base más firme para crear, extender y consolidar una verdadera cultura de la legalidad. Muchas Gracias.
Los invito a ponerse de pie para que hagamos la declaratoria formal de inauguración. Siendo las 10:40 horas de este día lunes 9 de febrero de 2009, en este Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la ciudad de México, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Simposio Binacional: Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal en México.
Enhorabuena, les reitero mi gratitud, les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.