México a examen

México, a examen en derechos humanos
HOMERO CAMPA

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), # 1684, 8 de febrero de 2009;

México se someterá a examen en materia de derechos humanos…Y podría reprobarlo. El martes 10, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, aplicará a México el llamado Examen Periódico Universal (EPU) que evaluará su desempeño en la materia.
Ese día, los 192 representantes de los países miembros de la ONU contarán con tres horas para hacer preguntas, críticas y recomendaciones sobre los derechos humanos en México.
En ese “diálogo interactivo” la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tendrá derecho a defender la política del gobierno de Felipe Calderón en el tema.
El encuentro será moderado por los representantes de Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán, quienes presentarán un informe sobre la sesión el viernes 13. De acuerdo con las reglas del EPU, en ese documento México debe precisar si acepta, rechaza o posterga “pronunciarse” sobre las críticas y recomendaciones que le formulen los demás países.
Pero el examen no acaba ahí. En marzo próximo, el Consejo de Derechos Humanos someterá a debate y aprobación ese informe entre sus 47 miembros. Si es aprobado, México asumiría el “compromiso voluntario” de acatar sus recomendaciones.
Por lo pronto, “el diálogo interactivo” del martes 10 se realizará con base en tres informes que Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, distribuirá previamente a las delegaciones. Uno lo entrega el gobierno de Calderón, otro lo realiza la Oficina de la Alta Comisionada y el último es elaborado con base en los reportes de organizaciones no gubernamentales.
Medio centenar de organizaciones civiles mexicanas y siete internacionales elaboraron un informe especial para el EPU al que se someterá México. Lo entregaron ya a la Oficina de la Alta Comisionada y a diversas delegaciones de países que se reunirán este martes 10 en Ginebra.
Entre esas organizaciones se encuentran la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre.
En dicho informe, México, de plano, sale reprobado.
De entrada sostiene que en el país “se sigue practicando la tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, se limita la libertad de expresión, no se garantiza ni protege ni respeta prácticamente ninguno de los derechos económicos sociales y culturales. Todo esto aunado a una constante impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia”.
El documento reconoce que el Estado mexicano ha firmado y ratificado “numerosos” instrumentos internacionales en la materia y que ha aceptado la competencia de tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, señala que el gobierno no ha firmado o ratificado otras convenciones, o bien les impone reservas. Cita varios ejemplos. Uno de ellos: su declaración interpretativa de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad que limita su aplicación a delitos cometidos después de su entrada en vigor en México, socavando el principio de imprescriptibilidad.
Señala, así mismo, la falta de “armonización” entre las normas internacionales sobre derechos humanos y las leyes federales y estatales de México. Afirma que ello debe empezar por la propia Constitución de la República.
Apunta: “Centenares de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas presentamos ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos”. Ésta, dice, tiene el propósito de “introducir plenamente el concepto de derechos humanos” en la Carta Magna, “garantizar la más alta jerarquía y eficacia normativa a los instrumentos internacionales”, “introducir explícitamente algunos derechos humanos”, así como “fortalecer” otros. Sin embargo, se queja de que hasta el momento dicha iniciativa se mantiene congelada en el Congreso.
El documento recuerda que el 18 de junio de 2008 entraron en vigor diversas reformas constitucionales en materia de justicia penal. Afirma que algunas de ellas son “regresivas”, pues establecen “regímenes de excepción” que violan el principio básico de igualdad ante la ley. Subraya la reforma relativa al arraigo que permite detener “sin las garantías básicas del debido proceso” a una persona acusada de pertenecer a la delincuencia organizada hasta 80 días. “Dicho plazo supera por mucho el período normal de entre dos y siete días de otras democracias”, hace notar el informe.
Advierte que las autoridades tienen la facultad de aplicar con “amplia discrecionalidad” este tipo de “justicia de excepción”, por lo que “resulta preocupante” que pueda utilizarse “para reprimir a manifestantes y movimientos sociales”.
El documento reconoce que varias de estas reformas constitucionales impulsan “un cambio paulatino hacia un sistema oral y acusatorio que incluya la presunción de inocencia y que otorgue valor probatorio sólo a las declaraciones hechas ante un juez”. Sin embargo, pide vigilar que ello ocurra, pues los jueces están acostumbrados a un sistema inquisitivo que otorga valor a las primeras declaraciones de los detenidos –muchas de ellas producto de la coacción o tortura– ante el Ministerio Público y sin tomar en cuenta otras circunstancias.
Señala que, pese a recomendaciones de organismos de la ONU, el Estado mexicano aplica normas que violentan los derechos de los ciudadanos. Es el caso de la “interpretación extremadamente amplia del concepto de ‘flagrancia’ que propicia innumerables abusos y detenciones ilegales y arbitrarias, así como la desproporción de penas y exceso en el uso de la prisión preventiva que saturan el sistema penitenciario nacional”.
Según el informe, el gobierno de Calderón ha enfrentado “la crisis de inseguridad” que existe en el país “con represión hacia amplios sectores de la población, el endurecimiento de penas, el combate militarizado en las calles y otras medidas violatorias de los derechos humanos”.
Precisa: “El gobierno de Felipe Calderón puso en marcha numerosos operativos militares con la justificación de atacar al crimen organizado, los cuales han tenido en común la realización de tareas legalmente reservadas para la policía civil por parte de miles de elementos castrenses, a pesar de las recomendaciones en la materia por mecanismos de la ONU. Dichos operativos han ocasionado un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos. En 2007 y lo que va de 2008, se han registrado más de 50 casos o situaciones generalizadas de abusos por militares, incluidas decenas de muertes (…), así como violaciones y abusos sexuales contra mujeres”.
Afirma que esos casos “suelen permanecer en la impunidad” debido, en parte, “a la extensión ilegal del fuero militar sobre casos de violaciones a los derechos humanos”. Al respecto, señala que el artículo 13 de la Constitución establece que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Sin embargo, apunta, “en la realidad las autoridades del fuero militar investigan casos aun cuando éstos de ningún modo constituyen faltas contra la disciplina castrense, sino violaciones de los derechos humanos de civiles. Cuando las investigaciones sobre abusos militares son conducidas por las propias autoridades castrenses desembocan en opacidad e impunidad”.
Por otra parte, señala que “el marco legal mexicano, tanto a nivel local como federal, no regula puntualmente la utilización de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Dichas omisiones son un punto de partida para un patrón sistemático del uso excesivo de la fuerza, sobre todo como respuesta a la protesta social”.
Así mismo, afirma que en México “la tortura se mantiene como una práctica sistemática, generalizada e impune”. Ofrece un dato: no existe un solo caso en el que un juez haya emitido sentencia por el delito de tortura. (Con información de Juan Gasparini.)