¿Incursión de tropas de EE UU a México?

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) será la instancia que continúe con la investigación de los atentados en contra de objetivos policiacos de ayer en Uruapan por ser actos derivados de crimen organizado.

La SIEDO trasladó a la Ciudad de México a dos hombres que fueron detenidos por su presunta relación con los atentados; sus nombre Noel Santibáñez Castro y Homelio Álvarez Arreola, quienes son señalados como posibles autores materiales de los ataques con granadas registrados durante la madrugada del lunes contra objetivos policiacos.

El lunes se realizaron ataques simultáneos en la casa del director de Seguridad Pública, Adolfo Mejía Olivos y en las instalaciones de la Policía Municipal con un saldo de 4 policías heridos y daños en al menos 7 vehículos en Uruapan, Michoacán, según autoridades municipales.
Al respecto, legisladores del PRI, PAN y PRD condenaron lo ocurrido en Uruapan. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), señaló que el crimen no se ha podido controlar, y aunque se han hecho los esfuerzos pues “no se logra dar el zarpazo final y creo que ya no es como dice la canciller que solo en algunos estados”.

En tanto, el secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño Contreras (PAN), aseguró que el ataque está catalogado como terrorismo, por lo que se deben tomar las medidas por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), así como del Consejo de Seguridad Nacional.
Las decisiones que se tomen, consideró, se deben enfocar en resguardar la integridad de los michoacanos, además de garantizar la seguridad pública en algunos municipios donde se registran mayores índices de violencia.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas (PRD), aseguró que el reciente ataque con granadas de fragmentación son una respuesta a las acciones del gobierno estatal y federal en contra del crimen organizado. Afirmó que “estas granadas son una respuesta a la acción del gobierno del estado y del gobierno federal para combatir a las bandas, particularmente, a “los Zetas” y “la Familia”, las cuales están concentradas en ese estado”.
El legislador aseveró que “el gobierno de la República debe llamar de inmediato al gabinete de seguridad a efecto de redefinir este tema, y hacer una evaluación de número de muertes en este año, de capos detenidos y de drogas incautadas”.
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Por otro lado, los tres diputados coincidieron en que la posible incursión a México de tropas de EE UU representaría un acto ilegal y violatorio de la soberanía, por lo que el gobierno federal debe mantener una colaboración permanente de trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico sin violentar la Constitución.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI) aseguró que va en contra de la Constitución aceptar la ayuda del Ejército estadounidense para combatir el crimen en nuestro país, por lo que confió que el gobierno federal no permita la incursión de cuerpos armados del país vecino del norte. “Cualquier cosa que se aporte, además de lo económico debe ser de intercambio y no de operación, eso no debe ser metido y no creo que el gobierno esté dispuesto a meter a policías o cuerpos armados de otros países, eso iría en contra de la Constitución”, expresó.
Rivera Bedoya refirió que la estrategia del gobierno federal para combatir el crimen organizado debe seguir en la misma línea y “no bajar la guardia para seguir apretando cada día más y apoyar a las policías locales que son las fuerzas que pueden completar los trabajos que se hacen en materia de seguridad a nivel nacional”.
Al respecto, el secretario de la Comisión de Gobernación, Cristián Castaño Contreras (PAN), afirmó que una posible participación del Ejército norteamericano a nuestro país para apoyar al gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico es ilegal, además de que no le compete a Estados Unidos el resolver o involucrarse directamente en tareas que le corresponden al Estado mexicano. En entrevista, precisó que existen ambigüedades en la postura mencionada, aunque aclaró que no es directamente del gobierno de los EE UU. “Por distintos informes se expresa la gran preocupación de lo que pasa en México pero más que preocupación hay que instrumentar estas acciones, que se dan en el cumplimiento de acuerdos previos como el Mérida, y la consolidación en la comunicación de las instancias de inteligencia en ambos países”, aseveró.
Castaño Contreras exigió que el gobierno y el Ejército de EE UU, primero, “ponga en orden su casa”, porque uno de los problemas torales del aumento de la criminalidad en México se da por el abastecimiento de armas legales o ilegales desde Norteamérica.
En su momento, el presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas (PRD), aseveró que la mejor ayuda que puede ofrecer Estados Unidos a México en el combate contra le delincuencia organizada es consignar la distribución de droga y el lavado de dinero en su país. Afirmó que “nuestra Constitución no establece ese tipo de ayuda, como el que pretende Estados Unidos. Ellos pueden ayudar al combate del crimen, consignando el consumo de drogas y la introducción de todas las diversidades de substancias que existen en el mercado dentro de su territorio; algo que poco hace”. Explicó que hace falta definir estrategias, actuar con inteligencia e identificar más focos rojos en el país, para evitar más pérdida de vidas.