Un asunto de cortesía: CNDH

Comunicado de la CNDH: CGCP/069/09, 28 de mayo de 2009
Familiares de funcionarios detenidos el martes en diversos lugares de Michoacán presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a sus garantías fundamentales, informó hoy el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández. Como principales motivos los quejosos aducen el no conocer las causas específicas de su detención y el no haber contado con derecho de audiencia previa.
Entrevistado en el marco del Seminario Internacional “Perspectiva de los Derechos Humanos en el Siglo XXI”, organizado conjuntamente por la CNDH y el Senado de la República, Soberanes Fernández consideró que –de acuerdo con el orden jurídico-- las autoridades federales no tienen obligación legal para notificar a la autoridad estatal la realización de un operativo del Ejército, sin embargo consideró que pudieron hacerlo por un deber de cortesía política. “En cualquier circunstancia hay modos y formas”, aseguró.
Subrayó que en materia de inseguridad pública está visto que no se preparó suficientemente para esa tarea a la Policía Federal Preventiva y ahora el Ejército debe realizar esas funciones con las consecuencias que estamos viviendo, como son el aumento en las violaciones a derechos humanos. Reiteró, no obstante, que debe planearse el reforzamiento de la PFP así como el retiro gradual de las fuerzas armadas para su regreso a los cuarteles.
Respecto de la iniciativa presidencial para dotar al Ejército de mayores funciones, especialmente en materia de seguridad pública, Soberanes Fernández puntualizó que eso resulta imposible con el actual marco constitucional, por lo que se requiere de una reforma a la Carga Magna con el fin de que las nuevas funciones que se otorguen a las fuerzas armadas no rebasen el modelo que tenemos de un Estado liberal y democrático. “Esto es algo serio, no es “enchílame una gorda”.
Durante su participación en la inauguración del seminario, Soberanes Fernández demandó que el Estado mexicano asuma el compromiso de consagrar prerrogativas indispensables para el desarrollo integral de las personas, tales como los derechos económicos, sociales y culturales, al desarrollo de los pueblos y de los individuos, así como a un ambiente sano, que aún no son atendidos en el plano normativo y deben tender a garantizar un futuro sustentable.
Subrayó que la dependencia innegable que estos derechos tienen respecto del grado de desarrollo económico de cada país y el avance de la cooperación internacional, no exime al Estado de la obligación de garantizarlos.
Sobre el Informe 2009 que en materia de derechos humanos dio a conocer Amnistía Internacional, consideró que no aporta nada nuevo y repite informes y situaciones bien conocidas en cada uno de los temas que aborda.
Ante legisladores, estudiosos de las garantías fundamentales, académicos y representantes de organizaciones sociales, puntualizó que “sólo en la medida en que logremos consagrar y reconocer explícitamente estos derechos estaremos reforzando el campo de la igualdad social y económica y creando condiciones más favorables para la vigencia integral de los derechos humanos en conjunto”.
“En este sentido, dijo, los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; los derechos de solidaridad y al desarrollo deben conformar un objetivo único en cuya satisfacción debemos participar gobiernos, instituciones públicas y privadas, las organizaciones de la sociedad civil, los Ombudsman y la sociedad en general”.
Acompañado en el presidium por los senadores Gustavo Madero Muñoz, presidente del Senado, y Rubén Fernando Velázquez López, Soberanes Fernández puso en relieve que en una época en que los países buscan fortalecer sus cimientos nacionales en principios y derechos universales emanados del a democracia y que la defensa de la igualdad y la libertad debe ser una constante, es inaceptable que los migrantes sean uno de los grupos poblacionales más discriminados.
Tras ejemplificar con el recrudecimiento de las políticas migratorias en todo el mundo y recordar que con motivo de la reciente alerta epidemiológica la CNDH propuso al gobierno mexicano facilitar el acceso de los migrantes a los servicios de salud, para evitar la propagación de ese riesgo, destacó que los flujos migratorios informales han recrudecido delitos como la trata de personas, que se ha convertido en una vertiente más del crimen organizado y una industria criminal de extensión mundial.
Hizo un llamado para que, ante la migración, no perdamos el sentido de responsabilidad social y nuestra capacidad de asombro frente al sufrimiento ajeno, y para reforzar el sentido humano en favor de un trato digno a las personas.
CNDH, ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO
www.cndh.org.mx