La guarderia ABC

Revista Proceso # 1703, 21 de junio de 2009;
La vergüenza: dinero para comprar resignación
JOSé GIL OLMOS, reportero.
De nada han servido las campañas del clero de Sonora, del gobernador Eduardo Bours y de representantes del Seguro Social para acallar a las familias de los niños que murieron o resultaron heridos a raíz del incendio de una bodega adjunta a la guardería ABC de Hermosillo. El repudio popular crece en esa entidad ante la extensa cadena de irregularidades y malos manejos asociados a la tragedia, pero en especial ante el hecho de que dos semanas después no había consignaciones.
En la tierra seca del panteón municipal de Hermosillo, desde el miércoles 10 están preparadas cinco fosas en espera de más cuerpos de los menores que pudieran morir a causa de las quemaduras sufridas durante el incendio del viernes 5 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Dos semanas después de la tragedia, tres de los 20 niños que aún están hospitalizados se encuentran en estado crítico; los demás, si bien se recuperan, sufrirán secuelas por las quemaduras que los dejarán marcados de por vida.
El viernes 19, versiones extraoficiales indicaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Abel Murrieta, se aprestaba a consignar a 14 funcionarios municipales y estatales, y a los socios de la guardería ABC Antonio Salido Suárez, director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), y Alfonso Escalante Hoeffer, subsecretario de Ganadería del gobierno estatal.
Salido Suárez es esposo de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo; y Escalante Hoeffer está casado con Sandra Lucía Téllez Nieves, quienes aparecen como propietarias de la guardería ABC.
Y mientras el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dispuso de 50 millones de pesos para repartirlos entre los deudos, en tanto que la Iglesia católica desplegó una campaña de perdón para los culpables, algunos padres de las víctimas preparan ya demandas y exigen castigo para los responsables.
Aunque el gobierno de Eduardo Bours intenta aprovechar la coyuntura electoral para lanzarse contra el gobierno federal, lo cierto es que hasta el viernes 19 no había consignado a ninguna persona.
“¡Esto es una vergüenza!”, exclama el abogado sonorense Lorenzo Ramos, quien asegura que representará a varias de las familias afectadas que en los próximos días interpondrán las primeras demandas penales y administrativas contra el IMSS, el gobierno de Bours y la presidencia municipal de Hermosillo, a cargo de Ernesto Gándara.
“Con espejitos los quieren cooptar, embaucar, engañar. Los visitan la esposa del presidente Felipe Calderón, el gobernador Bours y hasta gente del arzobispado; les llevan cosas como medicina y bisutería; les prometen dinero, y les piden que firmen unos documentos. Eso es un chantaje”, sostiene el litigante.
Desde la tragedia del viernes 5, los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– han tratado de convencer a los padres de los niños fallecidos y heridos para que acepten el dinero que les están ofreciendo –cerca de 1 millón de pesos por familia– y otorguen el perdón a los dueños de la guardería ABC.
Según el defensor, lo que las autoridades pretenden es que las familias acepten la ayuda económica para quitar la responsabilidad a los demás. Así, arguye Ramos, “el IMSS va a decir: ‘Ya pagué 50 millones y eso abarca gastos funerarios, etcétera’, pero eso de alguna manera es para disminuir responsabilidades. Eso es lo que no se vale”.
Y continúa: “La atención médica de un niño que va a tener lesiones severas de por vida, según los cálculos que se han hecho en Estados Unidos, se estima en 1 millón de dólares, no 50 millones de pesos para todos. Es una ayuda envenenada la que están queriendo dar a los padres”.
–¿La intención es apaciguar cualquier intento de denuncia? –se le pregunta.
–Sí. Se trata de gente de clase trabajadora, no son pequeños empresarios sino trabajadores asalariados, a los cuales tratan de embaucar en una componenda económica mezquina. De esa manera (las autoridades) pretenden que se diluya todo el espectro de responsabilidades jurídicas y administrativas.
Lorenzo Ramos, con 30 años de experiencia como abogado laboralista, sostiene que, en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, donde hasta el viernes 19 habían fallecido 46 menores, hay indicios de que se cometieron delitos graves “inculposos” causados por negligencia con dolo, que se persigue por oficio.
Para el abogado, lo anterior contradice los señalamientos del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien el miércoles 10 afirmó que los responsables podrían salir bajo fianza porque no cometieron delitos graves, sino “de homicidio culposo, lesiones culposas, daño en propiedad ajena, uso indebido del servicio público, uso indebido de facultades y otros que resulten”.
Patrañas
Egresado de la Universidad de Sonora y con maestría en derecho de trabajo y derecho constitucional por la UNAM, Ramos insiste en que las autoridades estatales y federales intentan manipular las pruebas del caso y hacer que la tragedia sea sólo producto de “descuido, negligencia, falta de cuidado y de previsión”.
E insiste en que en este caso se trata de delitos “inculposos”, que son graves y, por ende, se persiguen por oficio.
Dice que en materia penal hay una figura que se llama dolo, intención delictuosa eventual. Y la explica: “Es aquella donde la irresponsabilidad es grave. Aquí no se puede hablar de una negligencia, descuido o falta de previsión; es una cosa muy grave tener a 200 niños hacinados en un galerón cuyo techo no estaba aislado ni era antiinflamable. Además de que estaba pegado a una bodega donde no tiene división, sino que compartía toda la estructura y el mismo techo”.
–¿Que delitos se tipificarían?
–Hay homicidio por la muerte de 46 niños por dolo eventual, lesiones graves que ponen en peligro la vida en varios niños, negligencia grave. Si una persona tiene entre sus funciones vigilar la seguridad de establecimientos como las guarderías y descubre que las visitas de verificación se hicieron de manera deplorable y descuidada, es obvio que el funcionario que la practicó cae en una responsabilidad grave que lo inhabilita para ocupar un puesto público.
Por lo que atañe a la reparación del daño, Ramos sostiene que no se trata de reducir esto a una cuestión de pesos y centavos. El problema de fondo es que hay varios niveles de afectación: el primero es la muerte de los 46 niños; el segundo es de los niños que aún siguen vivos pero con lesiones extremas; el tercero es de los niños que probablemente no mueran pero quedaran extremadamente limitados de por vida; el cuarto es de los niños que quedaran marcados por las lesiones que producen las quemaduras; y finalmente, la afectación psicológica tanto de los padres como de los mismos niños.
Cita el acuerdo tomado por el Consejo Técnico del IMSS el miércoles 10, cuando se aprobó el otorgamiento de 50 millones de pesos para la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica, de rehabilitación, así como los gastos funerarios y traslados de los enfermos a otros hospitales.
Insiste: “Lo que pasa es que las autoridades están llamando a los padres para que firmen, no un desistimiento, sino la recepción de esta ayuda que va a significar quitarle responsabilidad a los demás”.
–¿Como los han cooptado?
–Pues a través de visitas como las que han hecho a las casas de las familias afectadas la esposa de Felipe Calderón, el gobernador Bours, gente del arzobispado. Les dicen que no se trata de gente mala... Es una desvergüenza increíble del IMSS, del gobernador y de los demás aprovecharse de la gente que está sufriendo.
El abogado desconoce cuántos familiares presentarán su demanda; también dice que ninguna autoridad estatal ni federal ha llamado a los deudos para que declaren ante el Ministerio Público, a pesar de que son víctimas.
Y expone: “Yo ya les dije a algunos familiares que la justicia no va a venir hacia ellos, son ellos quienes tienen que corretearla. Lo más grave es que cuando alguno se atreve a preguntar sobre las indagatorias, los agentes les muestran unas cajas con miles de hojas y expedientes de peritajes y les dicen: ‘Mejor déjanos trabajar en paz’. En otras palabras, les dicen que no estorben”.
–¿A quiénes se deben dirigir las demandas?
–Hay una responsabilidad solidaria del gobierno de Sonora, del municipio, del gobierno federal, de los propietarios de la guardería y de la bodega en la que se inició el incendio; nadie puede evadir responsabilidades.
Perdón y olvido
El viernes 12, más de 20 organizaciones empresariales, agroindustriales y campesinas, encabezadas por el arzobispo emérito de la arquidiócesis, Carlos Quintero Arce, publicaron un desplegado con el título No permitamos que el dolor se convierta en odio, en el que respondían a la manifestación realizada un día antes, cuando cientos de personas exigieron la renuncia del gobernador Eduardo Bours y lo llamaron asesino.
En su mensaje, el clero señaló: “El sufrimiento debe ser fuente de unidad e inspiración de todos los sonorenses y de todos los mexicanos, para corregir nuestras fallas como sociedad y gobierno. Esto nos permitirá convertir el dolor en esperanza y aislar a los que quieren traducirlo en odio”.
El gobernador Bours también ha dicho que la tragedia no se debe politizar y descalifica a quienes lo cuestionan por no actuar con rapidez porque, dice, sólo quieren “jalar agua a su molino”.
Y mientras en Sonora se quieren calmar las protestas sociales y las demandas de los deudos, en la Ciudad de México las familias de los menores afectados y organizaciones sociales comienzan a exigir castigo para los responsables.
La comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) María Marván, por ejemplo, solicitó al director general del IMSS, Daniel Karam, que presente los mil 553 contratos que tiene suscritos con las guarderías en el país. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió la comparecencia de Karam, quien ha retenido por más de una semana la lista de los contratos de las guarderías.
Así mismo, el senador panista de Sonora, Javier Castello, propuso la creación de una fiscalía especial que se encargue de las investigaciones, pues asegura que los sonorenses no confían ni en Bours ni en el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
“Cuando señalo la responsabilidad del gobierno estatal pudiera pensarse que tengo una posición partidaria, pero quiero aclarar que eso no existe, sino que queremos apegarnos a la justicia”, aclara el legislador de Ciudad Obregón.
Y expone: “Lo que me llama la atención es que desde un principio vecinos que viven a un lado de la bodega que arrendó el gobierno del estado contaron que se escuchó una explosión y que había tanques de combustible. ¿Para qué los usaban? Hay quienes dicen que llenaban los tanques de los carros de la campaña del PRI y que también había papelería de la Secretaría de Finanzas en la bodega.
“Es probable que estuvieran quemando documentación oficial, pues como ya se acerca el final del sexenio de Eduardo Bours querían desaparecer papeles que quizá los comprometen.”
–Usted desconfía del procurador Medina Mora, ¿por qué?
–Mire, desconfiamos del procurador estatal porque sólo busca proteger al gobernador Bours acusando al gobierno federal, pero lo cierto es que sus investigaciones han dejado mucho que desear porque no ha señalado ningún presunto responsable.
“Pero tampoco merece la confianza de los sonorenses el procurador Medina Mora, quien tiene muchos compromisos y una larga amistad con el gobernador de Sonora, y está poniendo esa amistad por delante de la justicia y del compromiso que tiene con todos los mexicanos.”
–¿Es una vieja amistad?
–Sí, hay que recordar que Medina Mora fue abogado empresarial y coincidieron en los tiempos del TLCAN, cuando Bours era presidente del Consejo Nacional Agropecuario y participó en las negociaciones, mientras que Medina Mora era el abogado de los empresarios. De ahí viene esa amistad; quizá venga desde antes.
De acuerdo con lo que ha visto de las investigaciones, el senador Javier Castello cree que están siendo amañadas:
“Están queriendo desviar la atención a la situación física de la guardería. Quiero dejar asentado lo siguiente: ¿Qué lástima que por una tragedia tengamos que revisar las medidas de seguridad de estos establecimientos o cómo les fueron dados los contratos a pesar de que no contaban con las condiciones físicas adecuadas.
“Lo primero es investigar dónde se originó el fuego; está claro que se originó en la bodega del gobierno que el gobierno de Sonora tenía arrendada.”
Y es precisamente en este punto donde el gobierno de Bours le dio la vuelta al asunto y prefiere concentrarse en atacar al gobierno de Calderón y, de paso, al PAN, para minar las posibilidades de ese partido en los comicios del próximo 5 de julio a través de su candidato, el priista Guillermo Padrés.
“Bours está utilizando electoralmente el caso y quiere responsabilizar únicamente al IMSS. Su propósito es que sea el PAN el que acuse los efectos negativos; quiere pasarle la factura y eso no me parece justo”, precisa el legislador.