El golpe de las burlas

El golpe de las burlas/Mario Vargas Llosa

Publiado en EL PAÍS, 12/07/09;

Despertar a un presidente constitucionalmente elegido a punta de bayonetas y enviarlo al exilio sin darle tiempo siquiera a cambiarse el pijama, como hicieron los militares hondureños con Manuel Zelaya hace dos semanas, es un acto de barbarie política y resulta justa la enérgica condena que este atropello ha merecido de las Naciones Unidas, la OEA y de la mayoría de naciones del mundo entero.
Ahora bien, sentado este principio, que la interrupción de la democracia por una acción militar no es justificable en ningún caso, es preciso analizar lo ocurrido más de cerca y con prudencia porque en este golpe de Estado, como en la famosa “cena de las burlas”, nada es lo que parece ser y la frontera entre la verdad y la mentira resulta más escurridiza que una anguila.
Tal vez más que la acción misma del asalto a la residencia del jefe de Estado hondureño haya que reprochar a los militares, y a los jueces que les dieron la orden de hacerlo, que, con semejante atropello, hayan convertido en víctima de la democracia y poco menos que en héroe de la libertad, a un demagogo irresponsable como Mel Zelaya, quien, en violación flagrante de la Constitución que había jurado respetar, se disponía a llevar a cabo un referéndum para hacerse reelegir, una pretensión que fue condenada por la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación, y por la que el Congreso hondureño había iniciado un proceso para destituirlo como jefe del Estado. Éste era un procedimiento legítimo en defensa de la democracia que la acción militar frenó y desnaturalizó, sembrando una confusión de manicomio.
A tal extremo que nada menos que el comandante Hugo Chávez, el comandante Daniel Ortega, Evo Morales y hasta el mismísimo Raúl Castro aparecieron de pronto liderando la protesta continental en defensa de la ley y de la democracia, exigiendo sanciones contra Honduras y convocando en Nicaragua una reunión de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) a la que el despistado José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dio, con su presencia, un aura de legitimidad.
Si el comandante Hugo Chávez, gran desestabilizador de la democracia latinoamericana, ex golpista y megalómano caudillo que ha convertido a Venezuela en una pequeña satrapía personal y aspira a hacer otro tanto con el resto de América Latina, se arroga el rol de defensor del Estado de derecho hondureño, además de un eclipse del sentido común y de la racionalidad, comprobamos una evidencia: que algo debía de andar podrido antes de este golpe en ese pequeño país latinoamericano convertido hoy en el centro de la atención mundial. Y, en efecto, Honduras estaba a punto de caer, tras de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, en la órbita de Hugo Chávez cuando sobrevino la intervención militar. Manuel Zelaya era la última conquista del caudillo venezolano.
Lo había sobornado, al igual que a sus otros vasallos latinoamericanos, vendiéndole el petróleo de su país a precio de ganga y con créditos generosos, y, sobre todo, apoyando sus apetitos reeleccionistas. Ni corto ni perezoso, Zelaya, antiguo destacado figurín de la oligarquía rural hondureña, vinculado en el pasado a matanzas de campesinos, y elegido presidente como candidato del Partido Liberal, de centro derecha, con un programa de apoyo a la inversión extranjera y a la empresa privada y de severa persecución a la delincuencia, de pronto, a media gestión, experimentó una conversión populista y revolucionaria (es decir, chavista), afilió su país a ALBA y comenzó a preparar su eternización en el poder mediante una reforma constitucional, tal como lo han hecho Chávez y sus discípulos, es decir, la hez política de América Latina.
Pero, a diferencia de lo ocurrido en países como Ecuador, Bolivia o Nicaragua (o, en el otro extremo del espectro político, la Colombia de Uribe, un mandatario democrático que por desgracia incurrió también en el siniestro deporte de la reelección), donde los mandatarios reeleccionistas contaban con una base popular que apoyaba sus planes, en Honduras la pretensión de Zelaya fue desde el principio masivamente impopular y lo desprestigió en todos los ámbitos del espectro político. Todas las instituciones rechazaron su intento, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, todos los partidos políticos democráticos (empezando por el suyo, el Liberal), la Fiscalía de la Nación y la opinión pública en general. El rechazo no fue sólo al volteretazo ideológico del voluble mandatario. Fue, también, una clarísima toma de posición del grueso de la población hondureña en contra de la perspectiva de convertirse en un país dependiente de Hugo Chávez, es decir, en una pequeña dictadura populista enfeudada al caudillo venezolano.
Éste es el contexto en el que hay que juzgar la situación hondureña. No para justificar una acción militar de una gran torpeza, que sólo ha servido para sembrar el descrédito en unas instituciones y un pueblo que habían emprendido una valerosa resistencia contra un intento claramente antidemocrático de un mandatario sin principios, sino, para no incurrir, creyendo actuar en defensa de la democracia, en una operación que termine legitimando los planes inconstitucionales, reeleccionistas y de entrega de Honduras al poder chavista de Manuel Zelaya.
¿Qué se puede hacer para reconstituir la demediada democracia hondureña? Lo ideal, que sería reponer a Zelaya en la presidencia a condición de que renuncie a sus planes reeleccionistas y garantice que las elecciones de noviembre se lleven a cabo de manera impecable bajo vigilancia de las Naciones Unidas, parece ahora difícil, por lo envenenada que está la situación, como se vio el 5 de julio, cuando el fracasado intento de retorno a Tegucigalpa del depuesto presidente, que provocó violentos incidentes y varios heridos. Honduras se ha retirado de la Organización de Estados Americanos, lo que no debe sorprender a nadie dada la pertinaz inutilidad de esta institución que tiene, además, la nefasta propiedad de volver también inútiles a sus secretarios generales, incluso a los que, como José Miguel Insulza, parecían más despiertos que los otros, de modo que la OEA mientras menos intervenga ahora tanto mejor. La mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, premio Nobel de la Paz, es una buena idea: se trata de un estadista respetado y respetable, buen negociador y auténtico demócrata.
De otro lado, hay que evitar por todos los medios que la tensión existente evolucione hacia el derramamiento de sangre. Chávez ha amenazado con una intervención militar, en la que probablemente haría de peón de brega la Nicaragua del comandante Ortega, a la que el Gobierno de facto ha acusado de movilizar tropas hacia la frontera con Honduras. Es cierto que no hay manera de verificar si las noticias según las cuales esa frontera viene siendo cruzada ya desde antes del golpe por comandos venezolanos y cubanos que denuncia la prensa de Honduras son ciertas o meras operaciones publicitarias en defensa del Gobierno de Roberto Micheletti, pero, dados los antecedentes y el contexto político de América Central, tampoco pueden ser descartadas. La situación inestable y precaria de Honduras, ahora en la picota de la opinión internacional, es propicia para una acción insurreccional teledirigida desde Caracas.
Tal vez estos riesgos puedan conjurarse con el adelanto de las elecciones presidenciales ya convocadas para el mes de noviembre. Este proceso debería tener lugar a la brevedad posible, dentro de un par de meses a lo más, algo realizable si la comunidad internacional colabora con la infraestructura electoral, y llevarse a cabo bajo la responsabilidad y vigilancia de las Naciones Unidas y con observadores internacionales de la Unión Europea y de organizaciones políticas y de derechos humanos como la Fundación Carter, Amnistía Internacional y Americas Watch. No veo otra manera más rápida de reconstruir el Estado de derecho y poner fin a la anómala situación que vive Honduras por culpa tanto de los militares que asaltaron la Presidencia con nocturnidad como de las arteras maniobras de Mel Zelaya y su gurú ideológico, Hugo Chávez.