Ilegal Policía Federal
Según las autoridades, La Troca cayó en flagrancia: oía misa en Apatzingán armado con un fusil AMP-5 y una granada de fragmentación, y tenía consigo tres envoltorios con pastillas y 13 mil dólares
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 6 agosto 2009
La Policía Federal engañó al Ministerio Público o ambas instituciones juntas pretenden engañar a la sociedad para ocultar su violación a la ley al haber asaltado el templo del Perpetuo Socorro de Apatzingán, Michoacán, el sábado anterior. De creer las versiones oficiales, Miguel Ángel Beraza Villa hacía honor a su apodo de La Troca, pues traía consigo un notorio cargamento mientras participaba en la misa con que una chica celebraba los 15 años de su edad.
Según la PGR, Beraza "se encontraba en flagrante posesión ilícita de un fusil AMP-5, una granada de fragmentación, tres envoltorios con pastillas y 13 mil dólares". Aunque ofende al sentido común la afirmación de que La Troca escuchaba la homilía armado de ese modo, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública se ven en la necesidad de asegurar que así era para justificar que lo hallaron en flagrancia, es decir mientras estaba cometiendo delitos, único modo en que la Policía Federal puede detener a una persona sin contar con una orden de aprehensión. De lo contrario, queda claro que la autoridad policiaca ingresó sin derecho a un recinto cuya administración es privada, lo que supone allanar el domicilio, algo penado por la ley quienquiera que lo haga, incluida la policía.
Pero la Policía Federal Preventiva, que a partir de la emisión de su ley hace dos meses (el 1o. de junio) perdió su segundo apellido, tiene entre sus rutinas violar los domicilios, irrumpir sin orden judicial en lugares donde sabe o cree que puede detener a personas presuntamente perpetradoras de delitos. En la redada michoacana del 26 de mayo, sin mandamiento de juez alguno y con indicios tan tenues que apenas sirvieron para que el Ministerio Público solicitara el arraigo de los detenidos, la Policía Federal entró a las casas particulares de los funcionarios capturados, o a sus oficinas, sitas en palacios municipales o en el propio palacio de gobierno estatal, en Morelia.
Es tan ilegal y tan peligroso que miembros de un cuerpo policiaco armado ingresen en un domicilio particular o en un templo, donde no está restringido el acceso (pues por su propia naturaleza se halla abierto al público, a los feligreses), porque además de violentar la propiedad o la posesión se pone en riesgo a muchas personas. En la misa en cuyo curso fue detenido La Troca, había 250 invitados (o feligreses que, sin relación con la fiesta, acudían al cumplimiento de un precepto eclesiástico). Si a ellos se suma la súbita presencia de más de un centenar de agentes policiales, la sola aglomeración de personas entraña un peligro, sobre todo cuando los miembros de la PF van armados y es previsible que algunos de los asistentes también lo estén.
En su disculpa al Episcopado Mexicano (que no estuvo en peligro, como sí lo estuvieron los feligreses, a quienes la Secretaría de Seguridad Pública debería dirigirse, y no a los obispos) se intenta explicar que la irrupción en el templo "se concretó en ese momento y lugar debido a una evaluación de inteligencia que garantizaba la detención" de La Troca, "evitando así su fuga o un posible enfrentamiento". Agrega la SSP que "el operativo... se realizó con la mayor precisión para garantizar la seguridad de más de 250 personas". Precisión, lo que se dice precisión, no hubo en las acciones de la Policía Federal. A pesar de que según su ufano autoelogio buscaba directamente Beraza Villa, practicaron una redada de 33 personas más. Lo hicieron los agentes a ojo de buen cubero, sin indicación alguna de que los capturados fueran delincuentes. Al detenerlos, los agentes policiacos iniciaron una cadena de ilegalidades que sólo concluyó tres días después sin siquiera pedir disculpas: salvo tres personas a las que se imputan delitos, los 30 arrestados restantes fueron detenidos por el solo hecho de estar en el templo, ni siquiera vinculados con la fiesta, fueron trasladados a la Ciudad de México, retenidos la noche misma del sábado, el domingo y lunes entero y parte del martes, sometidos a incomunicación.
Ésa es la conducta reprochable en esta operación, agravada por el virtual secuestro de los feligreses durante horas y, según denuncia que no se ha formalizado por razones fácilmente comprensibles, el robo de cámaras fotográficas, teléfonos celulares y aun el dinero de los cepos, o el que se había colectado durante la misa. Para disimular sus yerros, la Secretaría de Seguridad Pública se concentra en el presunto agravio sufrido por las autoridades eclesiásticas y "ratifica su respeto irrestricto a toda manifestación de culto o celebración religiosa", y en vez de pedirla, como es correcto decir "ofrece una disculpa" al obispo de Apatzingán y la conferencia episcopal. Se pide una disculpa, es decir, se solicita que se retire la culpa, que se alivie la carga del infractor. Ofrecer una disculpa significa que el ofensor da oportunidad al ofendido de atenuar su falta.
Son las personas en general, no los obispos solamente, quienes están en riesgo de sufrir agravio de la policía, creyente de que su presunto fin, abatir la inseguridad y combatir la delincuencia, justifica los medios. Quizá el secretario de Seguridad Pública quiso aprovechar la ocasión para mejorar su relación con la cúpula eclesiástica, pues el presidente del Episcopado, don Carlos Aguiar Retes no tiene buena opinión de García Luna, sino todo lo contrario. Denunció "sus corruptelas y tuvo que pagar un costo político por su denuncia" (Anabel Hernández, Los cómplices del Presidente).
Según la PGR, Beraza "se encontraba en flagrante posesión ilícita de un fusil AMP-5, una granada de fragmentación, tres envoltorios con pastillas y 13 mil dólares". Aunque ofende al sentido común la afirmación de que La Troca escuchaba la homilía armado de ese modo, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública se ven en la necesidad de asegurar que así era para justificar que lo hallaron en flagrancia, es decir mientras estaba cometiendo delitos, único modo en que la Policía Federal puede detener a una persona sin contar con una orden de aprehensión. De lo contrario, queda claro que la autoridad policiaca ingresó sin derecho a un recinto cuya administración es privada, lo que supone allanar el domicilio, algo penado por la ley quienquiera que lo haga, incluida la policía.
Pero la Policía Federal Preventiva, que a partir de la emisión de su ley hace dos meses (el 1o. de junio) perdió su segundo apellido, tiene entre sus rutinas violar los domicilios, irrumpir sin orden judicial en lugares donde sabe o cree que puede detener a personas presuntamente perpetradoras de delitos. En la redada michoacana del 26 de mayo, sin mandamiento de juez alguno y con indicios tan tenues que apenas sirvieron para que el Ministerio Público solicitara el arraigo de los detenidos, la Policía Federal entró a las casas particulares de los funcionarios capturados, o a sus oficinas, sitas en palacios municipales o en el propio palacio de gobierno estatal, en Morelia.
Es tan ilegal y tan peligroso que miembros de un cuerpo policiaco armado ingresen en un domicilio particular o en un templo, donde no está restringido el acceso (pues por su propia naturaleza se halla abierto al público, a los feligreses), porque además de violentar la propiedad o la posesión se pone en riesgo a muchas personas. En la misa en cuyo curso fue detenido La Troca, había 250 invitados (o feligreses que, sin relación con la fiesta, acudían al cumplimiento de un precepto eclesiástico). Si a ellos se suma la súbita presencia de más de un centenar de agentes policiales, la sola aglomeración de personas entraña un peligro, sobre todo cuando los miembros de la PF van armados y es previsible que algunos de los asistentes también lo estén.
En su disculpa al Episcopado Mexicano (que no estuvo en peligro, como sí lo estuvieron los feligreses, a quienes la Secretaría de Seguridad Pública debería dirigirse, y no a los obispos) se intenta explicar que la irrupción en el templo "se concretó en ese momento y lugar debido a una evaluación de inteligencia que garantizaba la detención" de La Troca, "evitando así su fuga o un posible enfrentamiento". Agrega la SSP que "el operativo... se realizó con la mayor precisión para garantizar la seguridad de más de 250 personas". Precisión, lo que se dice precisión, no hubo en las acciones de la Policía Federal. A pesar de que según su ufano autoelogio buscaba directamente Beraza Villa, practicaron una redada de 33 personas más. Lo hicieron los agentes a ojo de buen cubero, sin indicación alguna de que los capturados fueran delincuentes. Al detenerlos, los agentes policiacos iniciaron una cadena de ilegalidades que sólo concluyó tres días después sin siquiera pedir disculpas: salvo tres personas a las que se imputan delitos, los 30 arrestados restantes fueron detenidos por el solo hecho de estar en el templo, ni siquiera vinculados con la fiesta, fueron trasladados a la Ciudad de México, retenidos la noche misma del sábado, el domingo y lunes entero y parte del martes, sometidos a incomunicación.
Ésa es la conducta reprochable en esta operación, agravada por el virtual secuestro de los feligreses durante horas y, según denuncia que no se ha formalizado por razones fácilmente comprensibles, el robo de cámaras fotográficas, teléfonos celulares y aun el dinero de los cepos, o el que se había colectado durante la misa. Para disimular sus yerros, la Secretaría de Seguridad Pública se concentra en el presunto agravio sufrido por las autoridades eclesiásticas y "ratifica su respeto irrestricto a toda manifestación de culto o celebración religiosa", y en vez de pedirla, como es correcto decir "ofrece una disculpa" al obispo de Apatzingán y la conferencia episcopal. Se pide una disculpa, es decir, se solicita que se retire la culpa, que se alivie la carga del infractor. Ofrecer una disculpa significa que el ofensor da oportunidad al ofendido de atenuar su falta.
Son las personas en general, no los obispos solamente, quienes están en riesgo de sufrir agravio de la policía, creyente de que su presunto fin, abatir la inseguridad y combatir la delincuencia, justifica los medios. Quizá el secretario de Seguridad Pública quiso aprovechar la ocasión para mejorar su relación con la cúpula eclesiástica, pues el presidente del Episcopado, don Carlos Aguiar Retes no tiene buena opinión de García Luna, sino todo lo contrario. Denunció "sus corruptelas y tuvo que pagar un costo político por su denuncia" (Anabel Hernández, Los cómplices del Presidente).
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