La SSP pone en riesgo a los periodistas de Proceso
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
El semanario Proceso interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna, lo vinculó con la organización delictiva conocida como La Familia.
El recurso fue promovido el pasado martes 4 ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.
De proceder la queja, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá explicar a la visitaduría por qué decidió incluir cuatro ediciones de la revista como parte de los recursos asegurados a una célula del mencionado grupo armado, que de acuerdo con la dependencia los utilizaba para cometer actos de delincuencia organizada.
Además, tendrá que explicar su decisión de difundir un video con el fragmento de un interrogatorio en el que uno de los detenidos supuestamente pone énfasis en la utilización de la revista por el grupo que encabeza Servando Gómez Martínez, La Tuta, enemigo declarado de García Luna (Proceso 1709).
Esos hechos, “que considero violatorios a los derechos humanos de los integrantes y directivos de la revista… pueden poner en riesgo la integridad física de los que laboramos en Proceso”, dice en el texto de la queja el director de esta publicación, Rafael Rodríguez Castañeda.
Enseguida explica que, al exhibir ediciones de la revista dentro del contexto de los delitos que se atribuyen a los detenidos, la autoridad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, el honor de los periodistas y la imagen de Proceso. Además, enfatiza, puede considerarse como una presión o censura indirecta contra la línea editorial de la revista.
En las ediciones de Proceso mostradas por la SSP como parte de los recursos utilizados por el grupo para cometer delitos, y mencionadas en el interrogatorio, se publicaron reportajes sobre los problemas de la Policía Federal, que depende de García Luna, para enfrentar a La Familia.
La queja también advierte de otros efectos negativos que pueden tener las acciones de la SSP respecto a Proceso:
“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectadas por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista.”
De acuerdo con esta queja, la SSP pudo haber contravenido el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, protegidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política.
El artículo sexto señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, salvo que ataque a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
El séptimo dice que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”, sin más límite que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.
Esas garantías están previstas también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, instrumentos suscritos por México ante la comunidad internacional.
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
El semanario Proceso interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna, lo vinculó con la organización delictiva conocida como La Familia.
El recurso fue promovido el pasado martes 4 ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.
De proceder la queja, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá explicar a la visitaduría por qué decidió incluir cuatro ediciones de la revista como parte de los recursos asegurados a una célula del mencionado grupo armado, que de acuerdo con la dependencia los utilizaba para cometer actos de delincuencia organizada.
Además, tendrá que explicar su decisión de difundir un video con el fragmento de un interrogatorio en el que uno de los detenidos supuestamente pone énfasis en la utilización de la revista por el grupo que encabeza Servando Gómez Martínez, La Tuta, enemigo declarado de García Luna (Proceso 1709).
Esos hechos, “que considero violatorios a los derechos humanos de los integrantes y directivos de la revista… pueden poner en riesgo la integridad física de los que laboramos en Proceso”, dice en el texto de la queja el director de esta publicación, Rafael Rodríguez Castañeda.
Enseguida explica que, al exhibir ediciones de la revista dentro del contexto de los delitos que se atribuyen a los detenidos, la autoridad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, el honor de los periodistas y la imagen de Proceso. Además, enfatiza, puede considerarse como una presión o censura indirecta contra la línea editorial de la revista.
En las ediciones de Proceso mostradas por la SSP como parte de los recursos utilizados por el grupo para cometer delitos, y mencionadas en el interrogatorio, se publicaron reportajes sobre los problemas de la Policía Federal, que depende de García Luna, para enfrentar a La Familia.
La queja también advierte de otros efectos negativos que pueden tener las acciones de la SSP respecto a Proceso:
“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectadas por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista.”
De acuerdo con esta queja, la SSP pudo haber contravenido el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, protegidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política.
El artículo sexto señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, salvo que ataque a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
El séptimo dice que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”, sin más límite que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.
Esas garantías están previstas también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, instrumentos suscritos por México ante la comunidad internacional.
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Advertencias/MARIANO ALBOR
El mensaje es un agravio a las voces y signos de la libertad.
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
El hecho de exhibir algunos ejemplares de la revista Proceso ordenados cuidadosamente e incluidos en un conjunto abigarrado de objetos que le fue decomisado a varias personas privadas de su libertad y señaladas como probables responsables de hechos previstos como delitos por las leyes que castigan el crimen organizado, es un comportamiento rudimentario y bravucón de la autoridad policiaca federal.
Los interrogatorios indicativos, articulados dolosamente para poner la publicación en las manos de los detenidos, han sido consecuencia de una decisión procaz que ataca la libertad de palabra; la que es y debe ser libre para decir y escribir lo que se piensa.
La imputación discriminatoria, vertida sobre el medio periodístico en las circunstancias que se llevó a cabo, se escapa fácilmente de las mazmorras y del anonimato legal de las capuchas de la gendarmería. Y es en realidad, con su tufo de amenaza, un ultraje inferido por el poder político a las libertades de pensamiento, expresión e información que histórica, política y jurídicamente son propias de la sociedad mexicana como categorías esenciales de su vida democrática. Por ello, el hecho debe situarse en el ámbito de las responsabilidades públicas para ponderarlo e intentar un deslinde de lo que corresponde al quehacer político ante las libertades ciudadanas.
Si el señalamiento se hizo para identificar a un enemigo, los funcionarios policiacos se han equivocado. Por antipático o irritante que les resulte el medio, deben entender que el poder no tiene contrincantes en la prensa, sino críticos. Si los atienden o no, es su derecho, pero no deben estigmatizarlos ni descalificarlos porque, si lo hacen, el poder político pierde los argumentos de la razón y puede extraviarse en las rutas –siempre posibles– de la arbitrariedad y el despotismo. Si, de otro modo, se trató de una incitación a la mansedumbre, también yerran. En la democracia, la docilidad es un vicio que el periodismo no se puede permitir; la prensa sumisa beneficia a unos cuantos y sirve a pocos.
Las acciones y manifestaciones políticas no son atribuciones propias de los mandos de las fuerzas públicas. Si los órganos políticos de un régimen gubernamental inducen, permiten o encubren sus comportamientos decididamente politizados, el sistema legítimo de poder pierde el equilibrio y propicia, incluso para sí, riesgos innecesarios y evitables.
En su reciente libro sobre el golpe español del 23F, Javier Cercas recuerda con insistencia una máxima de práctica política: si se saca al Ejército de sus cuarteles es muy difícil regresarlo. Los policías son, en cierto sentido, más amenazantes porque tienen generalmente un umbral más corto de reflexión y pueden llegar a la convicción de que son realmente ideólogos y practicantes de políticas contrarias a las libertades públicas y a la estabilidad para gobernar.
El gobierno de la República militarizó la persecución del crimen organizado. Considera ésta una de sus medidas más relevantes y, justo es reconocerlo, se ha responsabilizado de las consecuencias que provoque. Pero en el camino de la toma de decisiones se hicieron de lado varios problemas. Por ejemplo, el orden legal considera el narcotráfico como un delito contra la salud pública; sin embargo, se enfrenta como si se tratara de hechos que afectan la seguridad del Estado. Sin una correcta consideración de los bienes jurídicos y una adaptación moderna del ordenamiento jurídico, las acciones persecutorias se distorsionan y desmesuran.
El discurso oficial también se ha militarizado. De esta suerte se emplea un lenguaje castrense, y de manera cotidiana los acontecimientos que tienen lugar en muchas regiones del territorio nacional se definen y describen como situaciones que caracterizan el estado o situación de guerra.
Si todo se ha entendido como un conflicto bélico, entonces las decisiones estaban precedidas de una discusión pública –tan relevante, tal vez, como la de los recursos petroleros– sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en esa conflagración que afecta a la seguridad del Estado. Los precedentes son importantes y están a la mano. Por ejemplo, es citable el discurso sobre Las cuatro libertades que Franklin D. Roosevelt pronunció ante el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 1941:
“La humanidad esperaba conseguir algún día un mundo basado en cuatro libertades esenciales: libertad de expresión, libertad de culto, libertad económica y libertad social.”
En la Conferencia de Ginebra de 1948, la comunidad internacional optó por definir las responsabilidades de la prensa y el derecho a la libertad de expresión cuando la información se origina en un conflicto interior que ponga en peligro la seguridad del Estado. Y se decidió por la libertad. Recientemente la sociedad y el gobierno español han reconocido que la apertura periodística ha sido propicia para combatir al crimen organizado. Nada de límites ni cortapisas; mucho menos estigmas y advertencias obscenas.
Robert Fisk y Amira Hass han planteado críticamente uno de los dilemas centrales de la prensa contemporánea, y lo han resuelto. El reportero y escritor inglés tiene la convicción de que “los periodistas intentamos –o deberíamos intentar– ser los primeros testigos imparciales de la historia”. De esta manera, se entiende, no habrá silencios cómplices, cínicos o culpables. Por su parte, la reconocida periodista israelí piensa que la tarea histórica de la prensa es “la de controlar los centros de poder”. El pensamiento de Amira Hass ha guiado a Robert Fisk para encontrar la mejor definición de periodismo:
“Desafiar la autoridad –toda autoridad– sobre todo cuando los gobiernos y los políticos nos llevan a la guerra, cuando han decidido que ellos matarán y otros morirán” (La gran guerra por la civilización. La conquista del Oriente próximo, 2005).
No se trata de escandalizar ni de atemorizarse. Son hechos ante los cuales el poder político y la prensa deben responsabilizarse. Si la retórica oficial ha empleado metafóricamente la imagen de la guerra, y no jurídicamente, no existe ninguna condición objetiva para limitar la libertad de expresión.
Por otra parte, la destinataria de las funciones responsables de los medios de comunicación es la sociedad. En virtud de ello, la libertad de prensa consiste en la realización legítima de sus fines.
Sin importar la caracterización jurídica o formal de las acciones del Estado, lo cierto es que en medio de los bandos está la población civil como víctima de la contienda. Este solo hecho justifica la advertencia: no son los mandos de las fuerzas públicas quienes pueden dictar cánones de facto contra las libertades de pensamiento, conciencia e información. El riesgo político es muy alto. l
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Advertencias/MARIANO ALBOR
El mensaje es un agravio a las voces y signos de la libertad.
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
El hecho de exhibir algunos ejemplares de la revista Proceso ordenados cuidadosamente e incluidos en un conjunto abigarrado de objetos que le fue decomisado a varias personas privadas de su libertad y señaladas como probables responsables de hechos previstos como delitos por las leyes que castigan el crimen organizado, es un comportamiento rudimentario y bravucón de la autoridad policiaca federal.
Los interrogatorios indicativos, articulados dolosamente para poner la publicación en las manos de los detenidos, han sido consecuencia de una decisión procaz que ataca la libertad de palabra; la que es y debe ser libre para decir y escribir lo que se piensa.
La imputación discriminatoria, vertida sobre el medio periodístico en las circunstancias que se llevó a cabo, se escapa fácilmente de las mazmorras y del anonimato legal de las capuchas de la gendarmería. Y es en realidad, con su tufo de amenaza, un ultraje inferido por el poder político a las libertades de pensamiento, expresión e información que histórica, política y jurídicamente son propias de la sociedad mexicana como categorías esenciales de su vida democrática. Por ello, el hecho debe situarse en el ámbito de las responsabilidades públicas para ponderarlo e intentar un deslinde de lo que corresponde al quehacer político ante las libertades ciudadanas.
Si el señalamiento se hizo para identificar a un enemigo, los funcionarios policiacos se han equivocado. Por antipático o irritante que les resulte el medio, deben entender que el poder no tiene contrincantes en la prensa, sino críticos. Si los atienden o no, es su derecho, pero no deben estigmatizarlos ni descalificarlos porque, si lo hacen, el poder político pierde los argumentos de la razón y puede extraviarse en las rutas –siempre posibles– de la arbitrariedad y el despotismo. Si, de otro modo, se trató de una incitación a la mansedumbre, también yerran. En la democracia, la docilidad es un vicio que el periodismo no se puede permitir; la prensa sumisa beneficia a unos cuantos y sirve a pocos.
Las acciones y manifestaciones políticas no son atribuciones propias de los mandos de las fuerzas públicas. Si los órganos políticos de un régimen gubernamental inducen, permiten o encubren sus comportamientos decididamente politizados, el sistema legítimo de poder pierde el equilibrio y propicia, incluso para sí, riesgos innecesarios y evitables.
En su reciente libro sobre el golpe español del 23F, Javier Cercas recuerda con insistencia una máxima de práctica política: si se saca al Ejército de sus cuarteles es muy difícil regresarlo. Los policías son, en cierto sentido, más amenazantes porque tienen generalmente un umbral más corto de reflexión y pueden llegar a la convicción de que son realmente ideólogos y practicantes de políticas contrarias a las libertades públicas y a la estabilidad para gobernar.
El gobierno de la República militarizó la persecución del crimen organizado. Considera ésta una de sus medidas más relevantes y, justo es reconocerlo, se ha responsabilizado de las consecuencias que provoque. Pero en el camino de la toma de decisiones se hicieron de lado varios problemas. Por ejemplo, el orden legal considera el narcotráfico como un delito contra la salud pública; sin embargo, se enfrenta como si se tratara de hechos que afectan la seguridad del Estado. Sin una correcta consideración de los bienes jurídicos y una adaptación moderna del ordenamiento jurídico, las acciones persecutorias se distorsionan y desmesuran.
El discurso oficial también se ha militarizado. De esta suerte se emplea un lenguaje castrense, y de manera cotidiana los acontecimientos que tienen lugar en muchas regiones del territorio nacional se definen y describen como situaciones que caracterizan el estado o situación de guerra.
Si todo se ha entendido como un conflicto bélico, entonces las decisiones estaban precedidas de una discusión pública –tan relevante, tal vez, como la de los recursos petroleros– sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en esa conflagración que afecta a la seguridad del Estado. Los precedentes son importantes y están a la mano. Por ejemplo, es citable el discurso sobre Las cuatro libertades que Franklin D. Roosevelt pronunció ante el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 1941:
“La humanidad esperaba conseguir algún día un mundo basado en cuatro libertades esenciales: libertad de expresión, libertad de culto, libertad económica y libertad social.”
En la Conferencia de Ginebra de 1948, la comunidad internacional optó por definir las responsabilidades de la prensa y el derecho a la libertad de expresión cuando la información se origina en un conflicto interior que ponga en peligro la seguridad del Estado. Y se decidió por la libertad. Recientemente la sociedad y el gobierno español han reconocido que la apertura periodística ha sido propicia para combatir al crimen organizado. Nada de límites ni cortapisas; mucho menos estigmas y advertencias obscenas.
Robert Fisk y Amira Hass han planteado críticamente uno de los dilemas centrales de la prensa contemporánea, y lo han resuelto. El reportero y escritor inglés tiene la convicción de que “los periodistas intentamos –o deberíamos intentar– ser los primeros testigos imparciales de la historia”. De esta manera, se entiende, no habrá silencios cómplices, cínicos o culpables. Por su parte, la reconocida periodista israelí piensa que la tarea histórica de la prensa es “la de controlar los centros de poder”. El pensamiento de Amira Hass ha guiado a Robert Fisk para encontrar la mejor definición de periodismo:
“Desafiar la autoridad –toda autoridad– sobre todo cuando los gobiernos y los políticos nos llevan a la guerra, cuando han decidido que ellos matarán y otros morirán” (La gran guerra por la civilización. La conquista del Oriente próximo, 2005).
No se trata de escandalizar ni de atemorizarse. Son hechos ante los cuales el poder político y la prensa deben responsabilizarse. Si la retórica oficial ha empleado metafóricamente la imagen de la guerra, y no jurídicamente, no existe ninguna condición objetiva para limitar la libertad de expresión.
Por otra parte, la destinataria de las funciones responsables de los medios de comunicación es la sociedad. En virtud de ello, la libertad de prensa consiste en la realización legítima de sus fines.
Sin importar la caracterización jurídica o formal de las acciones del Estado, lo cierto es que en medio de los bandos está la población civil como víctima de la contienda. Este solo hecho justifica la advertencia: no son los mandos de las fuerzas públicas quienes pueden dictar cánones de facto contra las libertades de pensamiento, conciencia e información. El riesgo político es muy alto. l
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En defensa de la libertad
“Dinámicas dictatoriales”
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
Señor director:
Reciba un cordial saludo y toda nuestra solidaridad ante la arremetida de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de Proceso. Al parecer no basta criminalizar a los movimientos sociales, sino que –en la lógica y quehacer del gobierno federal– hay que criminalizar también a la prensa independiente.
Este tipo de exhibición, de montajes y persecución en contra de la prensa, era habitual en las dictaduras de Argentina y Chile. Las pocas veces que presentaban a un presunto delincuente “izquierdista” lo fotografiaban con ejemplares de Clarín de Chile, Punto Final (semanario que publicó el Diario de Ernesto Che Guevara en 1968) o El Siglo (periódico del Partido Comunista), como pruebas contundentes para aplicar la Ley Antiterrorista. De ahí que la población chilena se vio obligada a incendiar o enterrar en sus traspatios las colecciones de Clarín, El Siglo y Punto Final, los libros publicados por la Unidad Popular (mediante la editorial Quimantú) y otra literatura “subversiva”.
En la actual democracia todavía quedan resquicios y vicios de la persecución a la prensa escrita. Por ejemplo, el periódico Azkintuwe, que edita mensualmente la comunidad indígena mapuche, tiene prohibido circular físicamente en Argentina porque, según el Instituto Geográfico Militar de ese país, comete una infracción administrativa al reivindicar en el mapa de su portada el territorio original de la comunidad, que comprende el sur argentino y chileno.
Esta vez no se trata de acosar ideologías políticas ni al indigenismo; Proceso es víctima de la nueva guerra sucia del gobierno federal.
Resulta inaceptable la reedición de dinámicas dictatoriales; es una falta de respeto a ustedes y a nosotros, los lectores de Proceso. La Secretaría de Seguridad Pública actúa igual que los servicios secretos de la Operación Cóndor, ya que la sesión de fotografías con presuntos miembros de La Familia no es una ocurrencia, sino una estrategia muy bien aprendida del legado de Pinochet.
¿Tendremos que incendiar o enterrar nuestras colecciones de Proceso? ¿O conservarlas y debatir sus reportajes so pena de ser prejuzgados como presuntos narcos?
Atentamente,
Mario Casasús
Periodista de Clarín de Chile y corresponsal
en México de Azkintuwe
(Agencia Mapuche de Prensa)
“Dinámicas dictatoriales”
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
Señor director:
Reciba un cordial saludo y toda nuestra solidaridad ante la arremetida de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de Proceso. Al parecer no basta criminalizar a los movimientos sociales, sino que –en la lógica y quehacer del gobierno federal– hay que criminalizar también a la prensa independiente.
Este tipo de exhibición, de montajes y persecución en contra de la prensa, era habitual en las dictaduras de Argentina y Chile. Las pocas veces que presentaban a un presunto delincuente “izquierdista” lo fotografiaban con ejemplares de Clarín de Chile, Punto Final (semanario que publicó el Diario de Ernesto Che Guevara en 1968) o El Siglo (periódico del Partido Comunista), como pruebas contundentes para aplicar la Ley Antiterrorista. De ahí que la población chilena se vio obligada a incendiar o enterrar en sus traspatios las colecciones de Clarín, El Siglo y Punto Final, los libros publicados por la Unidad Popular (mediante la editorial Quimantú) y otra literatura “subversiva”.
En la actual democracia todavía quedan resquicios y vicios de la persecución a la prensa escrita. Por ejemplo, el periódico Azkintuwe, que edita mensualmente la comunidad indígena mapuche, tiene prohibido circular físicamente en Argentina porque, según el Instituto Geográfico Militar de ese país, comete una infracción administrativa al reivindicar en el mapa de su portada el territorio original de la comunidad, que comprende el sur argentino y chileno.
Esta vez no se trata de acosar ideologías políticas ni al indigenismo; Proceso es víctima de la nueva guerra sucia del gobierno federal.
Resulta inaceptable la reedición de dinámicas dictatoriales; es una falta de respeto a ustedes y a nosotros, los lectores de Proceso. La Secretaría de Seguridad Pública actúa igual que los servicios secretos de la Operación Cóndor, ya que la sesión de fotografías con presuntos miembros de La Familia no es una ocurrencia, sino una estrategia muy bien aprendida del legado de Pinochet.
¿Tendremos que incendiar o enterrar nuestras colecciones de Proceso? ¿O conservarlas y debatir sus reportajes so pena de ser prejuzgados como presuntos narcos?
Atentamente,
Mario Casasús
Periodista de Clarín de Chile y corresponsal
en México de Azkintuwe
(Agencia Mapuche de Prensa)
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Carta abierta de Article 19
Ing. Genaro García Luna,
secretario de Seguridad Pública:
El derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Política Mexicana y en la Convención Americana de Derechos Humanos, es un elemento fundamental para conseguir un régimen democrático y apegado al estado de derecho, sustentado en la transparencia, en la rendición de cuentas y, sobre todo, en el intercambio libre e independiente de ideas y opiniones.
Por lo anterior, me dirijo atentamente a usted, con el fin de externarle la preocupación de Article 19 por el tratamiento público que la secretaría a su cargo le está dando a la revista Proceso. Consideramos que mezclar ejemplares de una revista pública junto con elementos decomisados como armas, dinero y demás (como se publicó en Proceso 1709, del 2 de agosto) es un mensaje contrario al libre ejercicio de la libertad de prensa y que afecta de manera grave la credibilidad de una publicación independiente y de gran valor para la sociedad mexicana.
La revista Proceso se ha caracterizado, a lo largo de 32 años, por hacer un periodismo de investigación crítico, objetivo e independiente. Su trabajo es un claro ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión. La sociedad mexicana se fortalece en la medida en que los medios de comunicación aportan puntos de vista plurales e independientes.
Atentamente,
Mtro. Darío Ramírez Salazar
Director para México y Centroamérica de
Article 19, organización internacional defensora de las libertades de expresión y de información
Carta abierta de Article 19
Ing. Genaro García Luna,
secretario de Seguridad Pública:
El derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Política Mexicana y en la Convención Americana de Derechos Humanos, es un elemento fundamental para conseguir un régimen democrático y apegado al estado de derecho, sustentado en la transparencia, en la rendición de cuentas y, sobre todo, en el intercambio libre e independiente de ideas y opiniones.
Por lo anterior, me dirijo atentamente a usted, con el fin de externarle la preocupación de Article 19 por el tratamiento público que la secretaría a su cargo le está dando a la revista Proceso. Consideramos que mezclar ejemplares de una revista pública junto con elementos decomisados como armas, dinero y demás (como se publicó en Proceso 1709, del 2 de agosto) es un mensaje contrario al libre ejercicio de la libertad de prensa y que afecta de manera grave la credibilidad de una publicación independiente y de gran valor para la sociedad mexicana.
La revista Proceso se ha caracterizado, a lo largo de 32 años, por hacer un periodismo de investigación crítico, objetivo e independiente. Su trabajo es un claro ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión. La sociedad mexicana se fortalece en la medida en que los medios de comunicación aportan puntos de vista plurales e independientes.
Atentamente,
Mtro. Darío Ramírez Salazar
Director para México y Centroamérica de
Article 19, organización internacional defensora de las libertades de expresión y de información
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Información, garantía democrática
Señor director:
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) expresa públicamente su apoyo a todas y todos los integrantes del semanario que usted dirige y condena la pretensión de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) de vincular al semanario de investigación periodística con actividades del crimen organizado, al exhibir ejemplares del semanario junto a supuestas evidencias con las que presentaron a presuntos integrantes de una célula del cártel La Familia ante los medios de comunicación.
Durante julio, Proceso se dio a la tarea de informar sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública federal en Michoacán, en el contexto del combate a la organización criminal conocida como La Familia, en sus números 1705, 1707, 1708 y en la edición especial número 25 (El México narco, segunda parte), tal como lo hace con los diversos temas de la agenda pública nacional desde la línea del periodismo de investigación que desarrollan, labor que reconocemos como una contribución al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información, derechos de la ciudadanía.
Como es de conocimiento público, dichos ejemplares fueron exhibidos, fotografiados y grabados en video durante la detención de presuntos integrantes de dicha organización delictiva, junto con armamento, billetes, teléfonos celulares y otros instrumentos, lo cual deja a la imaginación la idea de que el semanario Proceso tiene relación con las actividades de dicha organización.
Ante ello, Cencos externa su profunda preocupación y condena lo que constituye una agresión a la libertad de expresión y un acto de intimidación o presión al sugerir que el semanario forma parte de la logística de la organización delictiva La Familia, toda vez que:
–La sugerencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal cae gravemente en el terreno de la especulación, pues no se muestran pruebas contundentes y sí se pone en riesgo a todos y todas quienes participan en la elaboración del semanario, al colocarlos en medio del fuego cruzado.
–El semanario Proceso no es una revista exclusiva de un sector, sino que contribuye a una gama plural en sus contenidos, posturas y análisis, llegando a un extenso número de lectores y lectoras, bajo la garantía del derecho a la libertad de expresión.
–Es claro que el análisis e investigación de la célula del cártel La Familia no ha sido el tema principal del semanario durante estos 33 años.
Proceso ha analizado, investigado e informado sobre diversos grupos del crimen organizado a lo largo su historia. De manera contundente, una de las tareas que ha desarrollado es el análisis e investigación de la problemática estructural de los llamados poderes fácticos, lo cual, en el contexto que estamos viviendo, es necesario para informar a la sociedad.
Por lo anterior, el Cencos se solidariza con el semanario Proceso y manifiesta su preocupación al Estado mexicano, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo el derecho de ese individuo o medio de comunicación es violentado, sino también se afecta el derecho de la sociedad de recibir información e ideas.
Además, dado el contexto de la alta vulnerabilidad que padece el ejercicio de la libertad de expresión y en especial el ejercicio periodístico, señalamos que en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión, las cuales subrayan que el Estado tiene la responsabilidad de “poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación... en particular los que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y corrupción”.
Dichas recomendaciones han sido aceptadas por el Estado mexicano, por lo que criminalizar la labor periodística y de investigación significa omitir y no cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Atentamente,
Mtra. Rita Balderas Zavala,
Coordinadora de Educación e Investigación
del Centro Nacional de Comunicación Social
Información, garantía democrática
Señor director:
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) expresa públicamente su apoyo a todas y todos los integrantes del semanario que usted dirige y condena la pretensión de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) de vincular al semanario de investigación periodística con actividades del crimen organizado, al exhibir ejemplares del semanario junto a supuestas evidencias con las que presentaron a presuntos integrantes de una célula del cártel La Familia ante los medios de comunicación.
Durante julio, Proceso se dio a la tarea de informar sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública federal en Michoacán, en el contexto del combate a la organización criminal conocida como La Familia, en sus números 1705, 1707, 1708 y en la edición especial número 25 (El México narco, segunda parte), tal como lo hace con los diversos temas de la agenda pública nacional desde la línea del periodismo de investigación que desarrollan, labor que reconocemos como una contribución al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información, derechos de la ciudadanía.
Como es de conocimiento público, dichos ejemplares fueron exhibidos, fotografiados y grabados en video durante la detención de presuntos integrantes de dicha organización delictiva, junto con armamento, billetes, teléfonos celulares y otros instrumentos, lo cual deja a la imaginación la idea de que el semanario Proceso tiene relación con las actividades de dicha organización.
Ante ello, Cencos externa su profunda preocupación y condena lo que constituye una agresión a la libertad de expresión y un acto de intimidación o presión al sugerir que el semanario forma parte de la logística de la organización delictiva La Familia, toda vez que:
–La sugerencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal cae gravemente en el terreno de la especulación, pues no se muestran pruebas contundentes y sí se pone en riesgo a todos y todas quienes participan en la elaboración del semanario, al colocarlos en medio del fuego cruzado.
–El semanario Proceso no es una revista exclusiva de un sector, sino que contribuye a una gama plural en sus contenidos, posturas y análisis, llegando a un extenso número de lectores y lectoras, bajo la garantía del derecho a la libertad de expresión.
–Es claro que el análisis e investigación de la célula del cártel La Familia no ha sido el tema principal del semanario durante estos 33 años.
Proceso ha analizado, investigado e informado sobre diversos grupos del crimen organizado a lo largo su historia. De manera contundente, una de las tareas que ha desarrollado es el análisis e investigación de la problemática estructural de los llamados poderes fácticos, lo cual, en el contexto que estamos viviendo, es necesario para informar a la sociedad.
Por lo anterior, el Cencos se solidariza con el semanario Proceso y manifiesta su preocupación al Estado mexicano, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo el derecho de ese individuo o medio de comunicación es violentado, sino también se afecta el derecho de la sociedad de recibir información e ideas.
Además, dado el contexto de la alta vulnerabilidad que padece el ejercicio de la libertad de expresión y en especial el ejercicio periodístico, señalamos que en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión, las cuales subrayan que el Estado tiene la responsabilidad de “poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación... en particular los que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y corrupción”.
Dichas recomendaciones han sido aceptadas por el Estado mexicano, por lo que criminalizar la labor periodística y de investigación significa omitir y no cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Atentamente,
Mtra. Rita Balderas Zavala,
Coordinadora de Educación e Investigación
del Centro Nacional de Comunicación Social
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Solidaridad
Señor director:
Por este conducto hago patente mi completa solidaridad con la revista Proceso, sus reporteros, editorialistas y equipo de producción, frente a la embestida del gobierno federal, que pretende vincularla veladamente con el crimen organizado. Estoy plenamente convencido de que, en una sociedad democrática como la que pretendemos construir, la libertad de expresión, y específicamente la libertad de prensa, resultan factor imprescindible en la construcción de una ciudadanía crítica, pluralista, tolerante, participativa, libre, solidaria y protagónica.
Por ese motivo rechazo contundentemente cualquier actitud que pretenda coartar a la prensa abierta y valiente, como la que ustedes dignamente representan.
Reciban un fraternal saludo.
Atentamente,
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Diputado federal
Solidaridad
Señor director:
Por este conducto hago patente mi completa solidaridad con la revista Proceso, sus reporteros, editorialistas y equipo de producción, frente a la embestida del gobierno federal, que pretende vincularla veladamente con el crimen organizado. Estoy plenamente convencido de que, en una sociedad democrática como la que pretendemos construir, la libertad de expresión, y específicamente la libertad de prensa, resultan factor imprescindible en la construcción de una ciudadanía crítica, pluralista, tolerante, participativa, libre, solidaria y protagónica.
Por ese motivo rechazo contundentemente cualquier actitud que pretenda coartar a la prensa abierta y valiente, como la que ustedes dignamente representan.
Reciban un fraternal saludo.
Atentamente,
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Diputado federal
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