ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS POR ESCRITO QUE LA CÁMARA DE SENADORES FORMULA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A EFECTO DE QUE AMPLÍE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL INFORME QUE PRESENTÓ AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EL 1o DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Seguridad Pública Del informe rendido por el C. Presidente de la República, el cual adquiere pleno valor probatorio para el H. Congreso de la Unión, se advierte del capítulo correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad Pública que el gobierno a su cargo vulnera en perjuicio de la sociedad mexicana el artículo 17 constitucional que en lo conducente dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
De lo anteriormente transcrito se llega a la conclusión de que la Administración Pública Federal a su cargo ha incurrido en omisiones que conculcan en perjuicio de los ciudadanos los principios de inmediatez, expedites y prontitud en la procuración y administración de justicia, transgrediendo con ello el artículo constitucional invocado, puesto que como el propio resumen ejecutivo de fecha 1 de septiembre de 2009 correspondiente al tercer informe de gobierno lo indica, desde el inicio de su gestión: “ el Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la garantía individual de justicia pronta y expedita”, sin que a la fecha se haya alcanzado.
Y es precisamente del propio informe de gobierno y de los datos estadísticos incorporados, que se desprenden elementos para sustentar nuestro argumento: tanto en el cuadro denominado Principales Resultados de la Actuación del Ministerio Público de la Federación y de sus Órganos Auxiliares 1995-2009 como el de Resultados de los Principales Indicadores del Sistema de Justicia Penal 2007-2009, se reconoce que el número de averiguaciones previas despachadas con relación al año inmediato anterior se ha reducido en un 3.2%; que el promedio diario de localizaciones y presentaciones también ha disminuido al pasar de 48 en el período del 1º de enero de 1995 al 30 de junio de 2003 a 32, del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, lo que se explica al observar en los mismos indicadores que el número de días dedicados a la investigación se ha incrementado de 178 a 360, cifras de las que se deduce el fracaso de la Agencia Federal de Investigación, pues ahora son las tareas de investigación las que retardan la función del ministerio público para integrar una averiguación previa y determinar el ejercicio o inejercicio de la acción penal.
Asimismo, el propio texto del informe reconoce que de un total de 3,764 averiguaciones previas vinculadas al delito de delincuencia organizada únicamente se han despachado el 18.4%, es decir 693, lo que refleja una violación más a las garantías constitucionales de los mexicanos, ya que de esta cifra se interpreta que la representación social está integrando las averiguaciones previas en un plazo excesivo de más de 151 días, siendo que el órgano persecutor de los delitos no está facultado para integrar las indagatorias en forma discrecional y cuando lo estime pertinentes, ya que el ministerio público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de las averiguaciones previas tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, lo que explica, más no justifica, la baja productividad del ministerio público federal.
Para Convergencia, resulta notorio que ha transcurrido un tiempo lo suficientemente razonable para que su administración diera resultados para frenar el avance de la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción y atender los rezagos del sistema penitenciario, compromisos de campaña que usted reiteró al protestar el cargo de Presidente de la República y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Por hechos notorios, dice la jurisprudencia, debe entenderse cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. Son todos aquellos hechos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo y un hecho notorio lo han sido las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en las que voces representativas de ciudadanos organizados han contrastado las cifras oficiales con la realidad que vivimos al extremos de exhortar a los servidores públicos de su administración a renunciar por incapaces.
La sociedad ya no tiene claridad respecto a las estrategias que el Gobierno Federal sigue para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país, pues por una parte tenemos las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por otra las que emanan de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada vez que se le convoca y a la confusión contribuye también el discurso oficial.
La Constitución General de la República, en la parte final del segundo párrafo del artículo 26 indica que “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, lo que implica para el Ejecutivo Federal que el desarrollo de su gobierno se constriña a ese plan y lo que debería de representar para los ciudadanos una garantía de seguridad jurídica.
En el Plan Nacional de Desarrollo se precisan objetivos nacionales, estrategias y prioridades en materia de seguridad pública para salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, como primer deber del Estado; precisa que las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y consigna el deber del Gobierno Federal de actuar eficazmente para brindar la seguridad demandada por los mexicanos.Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado de la República formula a usted la siguiente:
Pregunta: ¿Qué medidas habrá de instrumentar su gobierno para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos, ya que como se desprende de su tercer informe de gobierno y de la realidad social éstos no han sido alcanzados?
De lo anteriormente transcrito se llega a la conclusión de que la Administración Pública Federal a su cargo ha incurrido en omisiones que conculcan en perjuicio de los ciudadanos los principios de inmediatez, expedites y prontitud en la procuración y administración de justicia, transgrediendo con ello el artículo constitucional invocado, puesto que como el propio resumen ejecutivo de fecha 1 de septiembre de 2009 correspondiente al tercer informe de gobierno lo indica, desde el inicio de su gestión: “ el Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la garantía individual de justicia pronta y expedita”, sin que a la fecha se haya alcanzado.
Y es precisamente del propio informe de gobierno y de los datos estadísticos incorporados, que se desprenden elementos para sustentar nuestro argumento: tanto en el cuadro denominado Principales Resultados de la Actuación del Ministerio Público de la Federación y de sus Órganos Auxiliares 1995-2009 como el de Resultados de los Principales Indicadores del Sistema de Justicia Penal 2007-2009, se reconoce que el número de averiguaciones previas despachadas con relación al año inmediato anterior se ha reducido en un 3.2%; que el promedio diario de localizaciones y presentaciones también ha disminuido al pasar de 48 en el período del 1º de enero de 1995 al 30 de junio de 2003 a 32, del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, lo que se explica al observar en los mismos indicadores que el número de días dedicados a la investigación se ha incrementado de 178 a 360, cifras de las que se deduce el fracaso de la Agencia Federal de Investigación, pues ahora son las tareas de investigación las que retardan la función del ministerio público para integrar una averiguación previa y determinar el ejercicio o inejercicio de la acción penal.
Asimismo, el propio texto del informe reconoce que de un total de 3,764 averiguaciones previas vinculadas al delito de delincuencia organizada únicamente se han despachado el 18.4%, es decir 693, lo que refleja una violación más a las garantías constitucionales de los mexicanos, ya que de esta cifra se interpreta que la representación social está integrando las averiguaciones previas en un plazo excesivo de más de 151 días, siendo que el órgano persecutor de los delitos no está facultado para integrar las indagatorias en forma discrecional y cuando lo estime pertinentes, ya que el ministerio público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de las averiguaciones previas tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, lo que explica, más no justifica, la baja productividad del ministerio público federal.
Para Convergencia, resulta notorio que ha transcurrido un tiempo lo suficientemente razonable para que su administración diera resultados para frenar el avance de la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción y atender los rezagos del sistema penitenciario, compromisos de campaña que usted reiteró al protestar el cargo de Presidente de la República y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Por hechos notorios, dice la jurisprudencia, debe entenderse cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. Son todos aquellos hechos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo y un hecho notorio lo han sido las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en las que voces representativas de ciudadanos organizados han contrastado las cifras oficiales con la realidad que vivimos al extremos de exhortar a los servidores públicos de su administración a renunciar por incapaces.
La sociedad ya no tiene claridad respecto a las estrategias que el Gobierno Federal sigue para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país, pues por una parte tenemos las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por otra las que emanan de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada vez que se le convoca y a la confusión contribuye también el discurso oficial.
La Constitución General de la República, en la parte final del segundo párrafo del artículo 26 indica que “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, lo que implica para el Ejecutivo Federal que el desarrollo de su gobierno se constriña a ese plan y lo que debería de representar para los ciudadanos una garantía de seguridad jurídica.
En el Plan Nacional de Desarrollo se precisan objetivos nacionales, estrategias y prioridades en materia de seguridad pública para salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, como primer deber del Estado; precisa que las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y consigna el deber del Gobierno Federal de actuar eficazmente para brindar la seguridad demandada por los mexicanos.Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado de la República formula a usted la siguiente:
Pregunta: ¿Qué medidas habrá de instrumentar su gobierno para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos, ya que como se desprende de su tercer informe de gobierno y de la realidad social éstos no han sido alcanzados?
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