Javier Lozano , secretario del Trabajo

Un hombre leal a sí mismo... y al poder

JENARO VILLAMIL,

Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009

Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley y enfrentarse a poderosos en beneficio de otros poderosos. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.

Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aun a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.

A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, quien no toleró el hecho de que se sentaran las bases para favorecer a los competidores de Telmex, y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho Javier Lozano y Asociados.

Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.

Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.

Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.

Los conflictos

El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.

A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.

Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.

“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.

La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.

Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de 1998 a mayo de 1999– sino durante la gestión de Vicente Fox.

Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.

El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).

El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.

En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.

En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.

El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.

Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.

Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.

Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.

Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.

Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.

Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.

Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro.

Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.

El bandazo con Televisa

Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.

En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).

Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.

La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.

En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:

“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”

El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.

De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.

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Arbitrario... y golpeador

ROSALíA VERGARA,

Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009

Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.

Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.

No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.

En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.

La “libreta roja”

Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.

En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.

Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.

El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la rea¬cción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.

De cuño priista

Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.

Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.

Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.

Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.

Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.

Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del gobierno de Puebla, encabezado por el priista Melquiades Morales Flores, en el Distrito Federal.

En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.

En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)

Los mineros

Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista.

En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.

En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.

El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.

Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.

Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.

Las viudas

Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.

El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.

Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.

Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.

¡Coopelas o cuello!

En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.

El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.

Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.

Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)

Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”

Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.

Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación.

Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados.

Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía. (Proceso 1719)

Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).