XXVII sesión del CNSP

El Presidente Calderón en la XXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Jueves, 26 de Noviembre de 2009 | Primera participación

Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Señoras y señores Gobernadores de los Estados.

Señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Señoras y señores Secretarios de Estado integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.

Señor Procurador General de la República.

Señor licenciado José Antonio Hernández Fraguas, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal.

Doctor Luis de la Barreda, Director General del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Distinguidos invitados, representantes de la sociedad civil.

Señor Senador Carlos Navarrete, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Señoras y señores:

En mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta XXVII Sesión del Consejo Nacional.

Hoy estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con la seguridad de todos los mexicanos.

Como miembros de esta máxima instancia de coordinación en materia de seguridad, estamos llamados a trabajar y a trabajar unidos para garantizar la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos. Estamos también aquí para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo que realizamos en la tarea de poner freno al flagelo de la delincuencia.

Por parte del Gobierno Federal, el principal objetivo es hacer de México un país de leyes e instituciones, es proteger a la sociedad de la acción violenta de los criminales. Lo hemos hecho a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, que comprende acciones para combatir la inseguridad desde varios frentes y en colaboración con los distintos Poderes y órdenes de Gobierno.

Quisiera referirme a algunos de los temas más preocupantes y más relevantes, algunos de los cuales serán detallados más adelante en esta Sesión del Consejo.

Primero, y muy preocupante. El tema del secuestro en el país. Éste es, quizá, el delito que más agravia, que más ofende y que, desde luego, más daña a nuestra sociedad y a los mexicanos.

Hace poco más de un año México entero lamentaba con profunda consternación y tristeza, y con el país este Consejo, los trágicos sucesos en que se privó de la libertad y a la postre también de la vida a dos jóvenes mexicanos: a Fernando Martí y a Silvia Vargas.

El dolor que causaron estos acontecimientos es imborrable. Desde entonces, sacudidos por la sociedad y por convicción, hemos reforzado la ofensiva en contra de este delito en colaboración estrecha con las autoridades locales. Sigue siendo un tema medular de preocupación ciudadana, un problema real y un objetivo prioritario de todos.

Hoy, también, podemos decir, sin embargo, que los responsables de esos cobardes crímenes que he mencionado hoy están tras las rejas, frente a la justicia, para que ya no lucren con el dolor de las familias mexicanas.

Desde entonces, desde la Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y a través de un esfuerzo nacional de las autoridades locales y federales, hemos detenido a más de mil 800 presuntos secuestradores.

Se han desarticulado 270 peligrosas bandas y se ha auxiliado en la liberación de más de mil 300 víctimas de secuestro. Además, hoy, según el registro del Sistema de Seguridad, 27 entidades de la República cuentan ya, finalmente, con Unidades Antisecuestro y otras cinco están, precisamente, en proceso de integración y de fortalecimiento.

Insisto, todavía es un problema muy grave y preocupante, pero también debo comentar a ustedes que comienza a observarse una tendencia a la baja en los casos de secuestro que son registrados por la autoridad, sea a través de denuncia directa de los ciudadanos o bien conocidos por medios indirectos.

Mientras que en julio de este año aún se registraban 138 casos de secuestro en ese mes, en el país, en octubre fueron 88; y en lo que va de noviembre el número es de 56. Tenemos que mantener esta tendencia, hasta erradicar este flagelo de la sociedad.

Segundo. Avanzamos en la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Cabe destacar el inicio de operaciones del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que establece un modelo nacional a seguir para el ingreso, la permanencia y el ascenso de los servidores públicos encargados de la seguridad de los mexicanos.

Asimismo, hoy, 25 entidades federativas cuentan ya con Centros de Control de Confianza que empiezan a operar en la mayoría de los casos. Esto significa que el esfuerzo de limpieza y depuración de las policías a nivel nacional se extiende cada día más.

Aún falta mucho por hacer. Son aún mayoría los mandos policiacos a los cuales no se les ha aplicado un estricto control de confianza; sin embargo, esta tarea indispensable y en la que hay que acelerar el paso lo más posible, ha comenzado en todo el país.

Por parte del Gobierno Federal, en lo que va de la Administración, se han aplicado exámenes de control de confianza a más de 105 mil elementos a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a 35 mil personas a través de la Procuraduría General de la República.

Esto significa que hemos rebasado las metas que nos fijamos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Aunado a ese esfuerzo, estamos dotando de más y mejores herramientas tecnológicas a las fuerzas del orden. Muestra de ello es el inicio de funcionamiento, la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal.

Se trata de un verdadero cerebro informático que permitirá realizar labores de recopilación de información y de análisis de Inteligencia para combatir la criminalidad.

Además, se han incorporado al servicio de la Policía Federal la primera generación de policías investigadores de inteligencia, que son semilla de una verdadera policía científica que necesitamos.

Trabajamos así para legar a los mexicanos fuerzas de seguridad confiables y con capacidades superiores a las de la delincuencia.

Tercero. El Congreso ha aprobado y se ha publicado una nueva arquitectura legal. Hoy, gracias a la acción responsable del Legislativo, contamos con un paquete de reformas en materia de narcomenudeo. Establece como graves los delitos de comercialización y suministro de drogas y aumenta las penas para quienes las distribuyen a menores de edad.

Este marco legal dota a las autoridades, no sólo Federal, sino también a las locales, de más y mejores herramientas jurídicas para terminar con la impunidad con la que pretende actuar el crimen en nuestro país.

Cuarto. Seguimos mejorando los esquemas de cooperación con las entidades federativas. Se destinaron, este año, casi siete mil millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que se incrementó en 35 por ciento gracias a las asignaciones de los estados.

Asimismo, para impulsar el ejercicio responsable y transparente del gasto, creamos un nuevo instrumento de trabajo con las instituciones beneficiarias.

También destinamos más de cuatro mil millones de pesos en apoyo a los municipios a través del subsidio para la seguridad pública municipal. Estos fondos, además de apoyar a las autoridades locales para escalar sus herramientas de combate al crimen, también han servido para interconectar a más de 150 municipios a la base de datos de Plataforma México.

Ahora están en mejores condiciones de proteger a sus comunidades, y también permite ir construyendo el Sistema Único de Información Criminal en todo el país.

Para seguir avanzando, contamos para el próximo año con un presupuesto de más de 95 mil millones de pesos; es decir, un cinco por ciento mayor al asignado para funciones de seguridad este año. Se mantienen recursos para seguir apoyando a estados y municipios.

Y hay la plena certeza, de parte de las autoridades locales y federales, que habiendo mucho por hacer, también el avance en términos de coordinación ha sido relevante para el seguimiento de las tareas que se han comprometido en este Consejo.

Reitero la plena disposición del Gobierno Federal de seguir trabajando codo con codo con las autoridades locales, para lograr que las familias mexicanas puedan recuperar la seguridad que es indispensable para una convivencia con dignidad.

Señoras y señores:

A pesar de los avances, los grandes desafíos que vive el país exigen que redoblemos nuestro esfuerzo en el combate a la delincuencia. Debemos sumar absolutamente todas las capacidades del Estado, incluyendo, desde luego, las de los ámbitos locales para cerrar espacios a la criminalidad.

Y como en toda lucha de largo aliento, el camino está lleno de obstáculos y de desafíos, pero esto no debe hacernos dudar ni optar por salidas falsas. Digo esto, porque en el debate público sobre el tema de la inseguridad se han presentado, y en ocasiones con insistencia, diversas salidas falsas al problema.

En un extremo, están quienes han sugerido que la autoridad tendría que recurrir a métodos al filo de la ley e incluso abiertamente ilegales para combatir a la delincuencia; por otra parte, están quienes abogan porque la autoridad se haga de la vista gorda ante ella o, incluso, en el otro extremo quienes de plano proponen establecer un pacto explícito con la delincuencia y convivir con ella.

Ninguna de estas falsas alternativas es éticamente aceptable, ninguna de ellas es legal y ninguna es viable, tampoco, en términos prácticos. Tanto pactar con la delincuencia, como evadirla o combatirla por medios ilegales significaría erosionar los cimientos que nos dan sustento como sociedad, como Estado fundado en el Derecho.

Cualquier intento de arreglo con la delincuencia termina, invariablemente, en una situación de enorme daño, vulnerabilidad y fragilidad, no sólo para la sociedad, sino también para las instituciones públicas y, en especial, para la autoridad que realiza ese pacto.

Cualquier intento por combatir a la delincuencia violando la ley, termina irremediablemente en mayor violencia y en degradación social e institucional.

Por último, pretender ignorar a la delincuencia provocó que cada día ésta se fuese apoderando de más y más comunidades y autoridades hasta someterlas a su dominio. Por eso, rescatar a esas comunidades y autoridades no sólo es un deber, sino también, en cierta manera, un acto de liberación, de recuperación de libertad y una estrategia fundamental para vencer al crimen organizado en todo el país.

La única salida ética, práctica y legal es combatir a la delincuencia en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. La única salida viable al problema de inseguridad que vive el país, es fortalecer las instituciones y fortalecer la legalidad.

Sólo en el Estado de Derecho puede prosperar la sociedad. Sólo en el Estado de Derecho puede florecer la economía y la vida comunitaria ordenada. Sólo en el Estado de Derecho puede volver la tranquilidad a las familias y a las comunidades.

Sólo en la legalidad plena puede favorecerse la inversión y el crecimiento económico de largo plazo. Sólo en el Estado de Derecho podremos prosperar como Nación fuerte, como está México llamado a ser.

Por eso, hoy la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades, en especial contra la delincuencia organizada, es fundamental. La única salida para México es combatir a la delincuencia en el marco de la ley. Y la única forma en la que habremos de ganar esta lucha, es combatiendo con fuerza, sin claudicación y combatiendo unidos los tres órdenes de Gobierno, sin simulación, ni regateos. Así lo manda la Constitución, así lo exigen los mexicanos, y así lo seguirá haciendo el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, estoy seguro, hasta el último día de nuestros mandatos.

Distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Distinguidos invitados.

Quiero expresar que la Administración Federal está en la mejor disposición de colaborar con las señoras y los señores Gobernadores y con las señoras y los señores Presidentes Municipales, en la defensa de las libertades y en la vigilancia de los derechos de los mexicanos.

Estoy convencido de que el principal reto que enfrenta México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de Derecho eficaz; que los mayores atentados a la vida, al patrimonio y a la libertad provienen ahora, claramente, de la criminalidad en México. Y por eso, el Gobierno Federal seguirá trabajando a fin de fortalecer a las instituciones del país, especialmente las encargadas de brindar seguridad y justicia a los mexicanos.

El pasado 2 de septiembre planteé la importancia de fortalecer la autoridad de las instancias locales para combatir con firmeza los delitos que más agravian a la ciudadanía, independientemente de quién sea legalmente competente para combatirlos.

Es una tarea que nos reclama a todos. Insistí en la urgente necesidad de acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de Gobierno para contar con un sistema eficaz de cuerpos policiales. Señalé que éstos, en el ámbito municipal, especialmente, enfrentan serias limitaciones ante el poder de cooptación e intimidación de los criminales, y que necesitamos fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana.

Organizaciones civiles, y muy especialmente, señoras y señores Gobernadores de la República, han planteado la propuesta de revisar el modelo policiaco actual, y concretamente han sugerido la posibilidad de organizar cuerpos policiacos más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que las del nivel municipal, reduciendo así la vulnerabilidad y fragilidad de la organización policiaca a nivel de los ayuntamientos, que se presenta en algunos lugares de la República Mexicana.

Yo estoy convencido de que este tema requiere por lo menos discutirse con seriedad y con profesionalismo. Seguramente habrá convenientes e inconvenientes de una medida cercana a la que se ha planteado como la necesidad de organizar, por ejemplo, sólidas policías a nivel estatal que suplan, precisamente, las debilidades y vulnerabilidades de las municipales.

Pero, por lo mismo, hago mía la propuesta y la pongo a disposición, y deliberación del Consejo, de integrar una comisión de este órgano colegiado a fin de que discuta a fondo este asunto y examine con detenimiento y con profesionalismo los pros y los contras de un modelo policiaco como el que se ha planteado, que pueda tomar la experiencia de los estados, de los municipios del país y de la propia Federación en la materia.

Que examine los casos de éxito y de fracaso que se hayan planteado en otras naciones, y que, finalmente, concurra a la consideración de este Consejo Nacional con una propuesta que nos permita avanzar en el objetivo que nos hemos planteado.

Por eso, yo quiero convocarles a ustedes, distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a toda la sociedad a que revisemos qué modelo de organización policial requiere México para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados.

Debemos, juntos, impulsar los cambios de fondo que sean necesarios para lograr la transformación y el fortalecimiento integral de las instituciones de seguridad ciudadana en todos los órdenes de Gobierno.

Ante la actitud desafiante de una criminalidad que pretende coartar las libertades ciudadanas; ante la prepotencia de la impunidad delictiva, que lastima a las familias y debilita a la autoridad; ante la irracionalidad de la violencia criminal, las mexicanas y los mexicanos tenemos que cerrar filas y unirnos bajo una sola bandera; la bandera de la ley, la bandera de la justicia, la bandera del orden, la bandera de México.

Somos muchos más quienes estamos dispuestos y decididos a luchar por la seguridad de nuestras familias y por el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a vivir en una Nación de libertades, de orden y de legalidad.

Sigamos adelante en esta lucha por el bien de los mexicanos, de hoy y de mañana. Y que sea, precisamente, para la prosperidad de México y los mexicanos lo que aquí se delibere, en esta Sesión del Consejo de Seguridad Publica, que formalmente doy por inaugurada.

Muchísimas gracias.

***

Segunda participación del Presidente Calderón

Señoras y señores Gobernadores.

Señores integrantes del Consejo:

En primer lugar, quiero celebrar que este conjunto de reflexiones puedan darse, precisamente, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, porque es evidente el interés para todos acerca de este contenido.

Yo participo de la idea, creo que la compartimos todos, de que el trabajo que estamos realizando en el Consejo y, particularmente, en cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, requiere de una evaluación constante.

También veo de manera muy comprensible la necesidad de que tal evaluación y la metodología pertinente sea también revisada continuamente; de hecho, se ha revisado en diversas ocasiones esta metodología. Pongo un ejemplo.

En el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se ha construido una serie de indicadores por parte de la Secretaría Técnica, incluso desde el momento en que fue suscrito el Acuerdo, en agosto del año pasado.

Esos indicadores, sigo con el ejemplo, fueron contrastados con el seguimiento que venía dando la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y, de hecho, ustedes observarán en la presentación que hizo hoy el Secretario Técnico, se presentan los resultados de ambos indicadores en los puntos de seguimiento del Acuerdo Nacional.

Por otra parte, como bien se ha señalado aquí, uno de los instrumentos de referencia, pienso, y de consideración, además, útil para el Consejo es, precisamente, el seguimiento que instituciones académicas o sociales, el ICESI, pero no sólo el ICESI, también la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras, proporcionan en auxilio de la labor que aquí realizamos.

De hecho, el Observatorio Ciudadano y las asociaciones civiles, algunas de ellas aquí presentes, participantes en este ejercicio de seguimiento cívico, han estado construyendo, precisamente, un sistema que se interrelaciona con estas instancias.

También coincido en que cualquier duda que haya, incluso de la metodología presentada por el ICESI en su encuesta o de cualquier método de evaluación y seguimiento, tiene que ser puntualmente explicado y seguido.

Yo creo que la única manera en que podemos ver si vamos avanzando o no, es teniendo métodos de seguimiento y verificación confiables, confiables para todos, confiables para la sociedad.

Y me parece que esos métodos de seguimiento pueden ser o deben ser, a la vez, tanto internos, como externos. Y me parece que mientras más externos y más objetivos a nosotros mismos, mejor, independientemente que no siempre los resultados de estos ejercicios puedan ser los que hubiésemos deseado o querido en el caso de todos.

Creo que hay buenos resultados y hay otros que son insuficientes. Pongo ejemplos. Evidentemente que un fenómeno que explica el 2008 es el surgimiento de una guerra sin cuartel entre dos o más cárteles en el país por la disputa de plazas y territorios, que llevaron a un recrudecimiento de los homicidios violentos. Eso se refleja en un indicador nacional, concretamente en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Y también se reflejan cosas buenas que quizá haya que desentrañar con más cuidado de los propios datos de la encuesta. Cito un ejemplo. En el también muy polémico y también creo que se debe revisar, el Termómetro de Inseguridad que se señala, una de las pocas entidades, por ejemplo, que avanza y avanza de manera importante, no recuerdo las cifras en este momento, y no tiene caso quizá revisarlas, pero es, precisamente, el Distrito Federal, que ocupaba el primer lugar en ese Termómetro, y ahora se ha recorrido, digamos, hacia una zona más baja, digamos, de ese indicador.

Yo pienso que hay cifras interesantes para todos. Algunos delitos que han aumentado, otros que se han reducido. Problemas que no hemos resuelto, como el que señala la Gobernadora de Zacatecas; que México tienen una disociación que entre todos debemos corregir, entre lo que realmente está pasando en el terreno de la criminalidad y la percepción ciudadana.

Es decir, el hecho que haya estados que tienen una tasa de incidencia de criminalidad, o de victimización no sé, del cuatro, del cinco por ciento, pero que a la vez tengan una tasa de percepción de inseguridad del 50 o el 60 por ciento, refleja uno de los problemas que tenemos que resolver y que a todos nos conviene resolver.

Creo que lo vamos a resolver. Además, en la medida en que indicadores objetivos y creíbles, no sólo para nosotros, sino principalmente para la sociedad, vayan introduciendo en la percepción ciudadana la realidad.

Es decir, en la medida en que la gente sepa realmente cuáles son los indicadores objetivos, también en esa medida vamos a lograr que la percepción se ajuste a la realidad, y eso nos va a convenir absolutamente a todos.

Pongo otro ejemplo en el caso de México como Nación: dada la enorme cobertura, primero nacional y luego internacional que se da al tema de la violencia, y de manera muy explicable y entendible, lógica e irreprochable, si se quiere, México tiene una percepción muy elevada de violencia y de inseguridad.

Sin embargo, en el indicador que presenta el propio ICESI que, por cierto, no es un dato encuestable, es un dato objetivo y se toma del registro de los homicidios registrados en el país, la tasa de homicidios por cada cien mil es de 11.6 o algo así, redondeado a 12, digamos, en el caso de México.

Hay países que tienen una percepción mucho mejor que la nuestra, países que parece están en una condición mucho mejor que México, como el caso, por ejemplo, en América Latina, para no ir más lejos, de Brasil o de Colombia, en el Continente latinoamericano.

Y, sin embargo, viendo estos datos, Brasil tiene más del doble de homicidios por cada cien mil habitantes, que México. Y Colombia, el triple. Y así sucesivamente y puedo citar otros casos de países; de Rusia, o incluso ciudades de la Unión Americana, los Estados Unidos, que tienen varias veces la tasa de homicidios de varias ciudades de nuestro país.

Hago esta puntualización porque, coincido en que, primero, la importancia de tener conocimiento pleno de la metodología. Eso creo que lo debemos hacer. Nos conviene a todos.

Segundo. Para manifestar también mi conformidad y sugerir que adoptemos la propuesta que se ha presentado, tanto por el Jefe de Gobierno, quizá con la modalidad, me permito sugerir, que señala el Gobernador de Morelos que, precisamente, en uso de la competencia de la Comisión de Información, de este Consejo, se revise, precisamente, la metodología, no sólo de la encuesta, sino de la evaluación en general.

Y que a esa Comisión se incorporen las señoras y señores Gobernadores, que quieran hacerlo para revisar este punto. Que además lo presente en la próxima Sesión de Consejo que, desde luego, citaremos en términos de ley, en el plazo que marca la ley o antes si es posible, agregando, coincido también, plenamente, en que se establezca una evaluación que considere los esfuerzos y los logros que también, se están teniendo a nivel Federal y a nivel de cada entidad que, efectivamente, no están considerados.

Es muy importante, es muy importante porque, coincido también, en la medida en que, sin falsas pretensiones de modestia, no pongamos en claro, al lado de la dimensión de los desafíos, lo mucho que se está haciendo, el mucho esfuerzo que se realiza, estamos contribuyendo a una percepción equivocada y distorsionante de esa realidad, que sí daña al tema de la seguridad pública.

Finalmente, sugeriría, no sé si estén de acuerdo los proponentes, en que lo podamos hacer de esta manera, que sea la Comisión de Información, agregada con la participación de cualquier integrante del Consejo que tenga estas inquietudes, que revisen la metodología, que revisen, obviamente, el tema de la encuesta de ICESI y otras; que se agregue una metodología de evaluación mucho más completo, que incluya también los logros y que se presente a la consideración de este Consejo en su próxima sesión.

Y, finalmente, y ofrezco al señor Gobernador de Tamaulipas, ahondar en la investigación, puntual, acerca de lo ocurrido y de las condiciones en las que tanto el INEGI, como el ICESI señalan, del levantamiento de entrevistas en el Estado de Tamaulipas y, desde luego, en el Estado de Tabasco; aunque, entiendo, obedeció a una razón muy distinta en un caso y en otro, entiendo más a condiciones geográficas o climatológicas, entiendo. No es así, licenciado De la Barreda.

Ofrezco presentar una explicación al Gobernador y al Consejo en próxima ocasión.

(CLAUSURA)

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Simplemente, voy a hacer la Declaratoria de Clausura.

Siendo las 13 horas con 52 minutos del día 26 de noviembre de 2009, declaro formalmente clausurados los trabajos de la XXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Muchas gracias a todos.