Dinero ilícito en las campañas

"Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"  San Juan 87.

Al unísono todos los partidos le tomaron la palabra y piden blindaje ante narco para 2012.

Los líderes de bancadas en San Lázaro pidieron vigilar y transparentar los recursos de partidos políticos y sus campañas, para evitar la entrada de dinero del crimen organizado

Empero, el presidente nacional del PAN César Nava, descartó que en su partido político se pueda infiltrar el narcotráfico, pues cuentan con los mecanismos suficientes para que eso no suceda, "pero en otros partidos se puede dar el caso". "El narco es una realidad del país y una amenaza existente, en lo que refiere al PAN, tenemos los mecanismos suficientes para evitar que se infiltre, pero no dejamos de señalar que en otros partidos quizás y en algunos estados del país exista el riesgo latente, pero preferiría dejar correr el tiempo y tener algunos elementos en el curso de los procesos electorales para hacer un señalamiento concreto".

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El Presidente Calderón en la Mesa redonda la democracia en una encrucijada: El reto del financiamiento ilícito de la política
Hubo varias reacciones.

Miércoles, 2 de Diciembre de 2009 | Discurso

Doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral. Bienvenido.

Magistrado José Alejandro Luna Ramos, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido.

Bienvenidos, Magistradas, Magistrados del Tribunal Electoral, aquí presentes.

Señor Vidar Helgesen, Secretario General del Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional.

Distinguidos integrantes del presídium, distinguidos participantes. Señoras y señores.

Saludo también con aprecio, desde luego, a Embajadores acreditados en México aquí presentes, a quienes agradecemos mucho su presencia.

Democracia, democracia y partidos, forman un binomio inseparable. Y equidad democrática y equidad en el financiamiento, son otro binomio también medular.

De la misma manera, la democracia sólo puede ser una expresión lícita y legal de la voluntad de los ciudadanos y, por lo mismo, el financiamiento para que sea democrático requiere ser, precisamente, sólo financiamiento lícito.

No hay democracia si no existen partidos políticos fuertes y competitivos. Y no hay democracia tampoco, si no hay financiamiento transparente, lícito y equitativo en la contienda electoral, exclusivamente.

Y me da mucho gusto recibirlos aquí, en Los Pinos, para acompañarles y participar en esta clausura de este muy importante foro de análisis y de discusión sobre el financiamiento ilícito en la política.

Un fenómeno global que debe entenderse y debe analizarse a fondo, a fin de diseñar mecanismos efectivos para prevenirlo, para detectarlo y, desde luego, para sancionarlo.

Saludo con aprecio a todos los académicos, servidores públicos, magistrados, integrantes de partidos políticos de México y de otros países, así como organizaciones internacionales que han participado en este foro de análisis y de discusión.

Su presencia aquí hace patente su compromiso por promover la transparencia en las instituciones democráticas.

Una democracia sostenible demanda atención muy especial, fundamental, en el papel que juega el financiamiento de la política y de las campañas electorales.

El financiamiento de los partidos es la base sobre la cual se sostiene su estructura y es una de las garantías de imparcialidad y de libertad.

Si el financiamiento que reciben los partidos o los candidatos no es legítimo, no es legal, se pervierten los fines naturales de estas instituciones de interés público.

En la transición democrática vivida por el país, la preocupación medular al principio fue la emisión transparente del voto y el conteo escrupuloso de los votos. Eso llevó a México a un proceso muy prolongado de mejoras sucesivas en el procedimiento de la jornada electoral misma.

La creación de una credencial para votar con fotografía, la supervisión y verificación de padrones electorales confiables, la revisión de los métodos de integración en las casillas electorales, la insaculación, la capacitación de los funcionarios de casilla, eminentemente, ciudadanos; el conteo de los votos, el registro y las constancias en las actas electorales, las reglas muy precisas sobre las cuales deberían cerrarse y no abrirse o abrirse por excepción, precisamente, los paquetes; en fin, un cúmulo de reglas que han permitido que el país avance de manera notable, precisamente, en la transparencia, en la emisión y el recuento de los votos.

Sin embargo, tiempo después se avanzó en otro tema medular que era, precisamente, el financiamiento de los partidos; la evolución hacia un sistema de financiamiento predominantemente público, la obligación establecida para los partidos de registro de cuentas, de contabilidad única en las campañas, de cuenta única del manejo de campañas, etcétera, etcétera; permitió, también, evolucionar en este sentido.

Más recientemente con la Reforma Electoral de 2007, la prohibición, o más bien el principio de que la participación de los partidos en los medios de comunicación, particularmente electrónicos, fuese exclusivamente una tarea organizada y distribuida proporcionalmente por la autoridad electoral, señaladamente, el IFE, permitió avanzar hacia un sistema, también, en la parte de financiamiento más transparente.

El reto, sin embargo, sigue siendo encontrar un sistema de financiamiento que contribuya a brindar una mayor autonomía a los partidos y candidatos respecto de intereses particulares. Y particularmente, alejar la presencia del dinero indebido en las campañas políticas en cualquier nivel.

Por eso, es fundamental aminorar riesgos de corrupción y propiciar la transparencia en los partidos y campañas, salvaguardando con ello tres valores básicos de la democracia: la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los electores y la autonomía de quienes son electos respecto de los poderes fácticos.

Consciente de estos desafíos, en México, como he relatado, se ha contado con leyes e instituciones que se han venido perfeccionando a lo largo de ya varios años; que tienen entre sus objetivos reducir el riesgo de dinero ilícito en procesos electorales.

Actualmente los partidos políticos deben rendir cuentas acerca del origen y destino de sus recursos a través del riguroso Sistema de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que ha sido clave para la democracia mexicana.

Y para complementar esa labor, se cuenta con una Fiscalía de Delitos Electorales que mantiene colaboración, precisamente, con las autoridades electorales del país, señaladamente con el Instituto Federal Electoral.

La acción decidida de las autoridades electorales es crucial para recuperar espacios ciudadanos, para fortalecer la confianza en las instituciones y para abatir la impunidad.

Sin embargo, la preocupación persiste por varias razones, algunas de ellas, quizá, no tan presentes en el inicio de este proceso de transición hacia mecanismos de financiamiento transparentes.

En primer lugar, uno de estos factores es la existencia misma del crimen organizado y la nueva, entre comillas, la nueva mecánica que el crimen organizado ha seguido en sus operaciones, en el caso de México, en las últimas dos décadas, aproximadamente. Tres lustros.

Esta mecánica de operaciones es substancialmente distinta a la mecánica tradicional del mero tráfico o trasiego de drogas hacia otro destino, concretamente hacia los Estados Unidos.

La mecánica del crimen organizado se orienta hacia una nueva vertiente del negocio criminal que es la distribución de droga y el narcomenudeo, lo cual lleva a modificar substancialmente su comportamiento.

De un comportamiento centrado en el control de rutas a un comportamiento centrado en el control de territorios. De un comportamiento de bajo perfil, generalmente orientado a evadir la percepción de su existencia en las autoridades y en los ciudadanos, a un comportamiento hostil y agresivo hacia autoridades y ciudadanos, con el objeto de marcar el dominio sobre un territorio determinado.

La nueva estrategia, que es de control territorial, de los criminales lleva, necesariamente, a una búsqueda de cooptar y controlar a las autoridades en esos territorios, señaladamente a las autoridades municipales que son las más afectadas, a través de dos vías:

La intimidación, a través del uso de las armas y la amenaza. O la cooptación a través, precisamente, de la corrupción.

Y la primera vía más ensayada por los criminales es un primer contacto con la autoridad antes de que esta sea electa a través del financiamiento de sus campañas políticas. Una vez que se establece un vínculo económico entre el crimen y el candidato es prácticamente imposible o muy difícil disolver esta relación una vez que la elección ocurre porque se vuelve un vínculo permanente y de muy difícil reversión para la autoridad, aun deseándolo, entre crimen y autoridad.

Dos. Otro factor es que, a pesar de los avances en la legislación y la encomiable labor de las autoridades electorales, particularmente el IFE, vale la pena resaltar que el esfuerzo de supervisión que se realiza se hace, fundamentalmente, sobre los registros y sobre las cuentas de los partidos y de los candidatos.

Sin embargo, la estructura de financiamiento ilegal o ilícito se realiza a través de operaciones en efectivo, fuera, precisamente, de los registros contables y se realiza así, precisamente, para evitar los registros contables. Eso implica hacer un esfuerzo adicional que pueda incorporar lo que ya se realiza y que hay que reforzar, no sólo a nivel Federal, sino a niveles locales de la actividad de monitoreo del gasto de partidos y candidatos; no sólo en aquello que es registrado contablemente, sino el gasto aparente de campañas y de partidos que es donde se expresa, precisamente, la inequidad.

Tercero. La dificultad de monitorear las estructuras de movilización regional de partidos y candidatos, lo que suele llamarse el movimiento territorial o los movimientos territoriales, generalmente sobre aparatos construidos sobre manejo de efectivo, que generan, precisamente, la posibilidad de vulnerar el principio de transparencia en el financiamiento y, en consecuencia, abren la puerta al riesgo de financiamiento ilícito.

Y, quizá, como un cuarto punto, la exploración de temas que no han sido aún suficientemente resueltos, como es la vinculación, precisamente, entre partidos, candidatos y difusión de las campañas, formas de propaganda y medios; porque, nuevamente, la regulación existente que marca un avance muy importante establece la forma y prescribe exactamente cómo debe ser la divulgación de mensajes de los partidos, a través de la intervención de la autoridad electoral, que determina los tiempos, la duración de los anuncios, la regularidad con que éstos deben emitirse.

Pero, otra vez, la existencia de mecanismos informales, no contables de difusión de campañas y candidatos en propaganda o medios, precisamente, marca un nuevo y muy interesante desafío para la búsqueda de la tan ansiada equidad en los procesos electorales.

La importancia que tienen los partidos es clave para fortalecer nuestros esfuerzos, a fin de proteger a las instituciones democráticas del riesgo que genera el dinero ilícito en las campañas.

La posibilidad de que primero partidos y luego autoridades sean cooptados por intereses ilícitos, a través de mecanismos ilícitos, se da, precisamente, en este vínculo de financiamiento.

A la necesaria revisión de la legislación existente y a la búsqueda, precisamente, de mecanismos que logren evitar los fenómenos a los que he aludido, habría que agregar dos ingredientes que son fundamentales para lograrlo: primero, mayor transparencia y, segundo, mayor participación ciudadana.

Por lo que hace a la transparencia, es indispensable que en México se reflexione sobre la pertinencia de que los partidos no sólo sean objeto de procesos de fiscalización por parte de la autoridad electoral, sino que también coloquen proactivamente toda su información en la vitrina pública, a fin de que la transparencia y el acceso a la información se extienda, precisamente, a los ciudadanos.

Y también, que particularmente en el ámbito local de la vida de México, a nivel estatal y a nivel municipal, se extiendan las mismas reglas de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia meticulosa y abierta del uso de recursos públicos en la actividad, no sólo electoral, sino del uso de recursos públicos en cualquier actividad.

A fin de qué.

Por un lado, la vigilancia de autoridades y ciudadanos en la vida de los partidos y candidatos; pero, por la otra, la vigilancia también de autoridades y ciudadanos en el comportamiento de los gobiernos, se tenga un doble control que evite que, también por esta vía, se pueda generar financiamiento indebido o traspasos de dinero público gubernamental no autorizado al manejo de campañas políticas.

Por lo que toca a la participación ciudadana, hoy los ciudadanos exigen mejores representantes, mejores candidatos, y desde luego, mejores partidos políticos.

Por eso se requiere más ciudadanía en la política, más ciudadanía participando, exigiendo y actuando para construir también partidos políticos más abiertos, y más transparentes, más responsables.

Sólo así podremos reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales; recordando una y otra vez que el elemento esencial de la política es la ciudadanía, y que la política es tan importante que no se le puede dejar sólo a los políticos.

Por esa razón, como anuncié en días pasados, propondré al Congreso de la Unión reformas de carácter político que fortalezcan la rendición de cuentas a los ciudadanos, con medidas concretas y vigentes en otros países, como la elección consecutiva de legisladores o de alcaldes, por ejemplo.

Con ello se abriría la posibilidad de que los propios ciudadanos puedan juzgar directamente el desempeño de sus gobernantes y representantes, no sólo en lo que hace el ejercicio de los recursos públicos, sino, y sobre todo, al rendimiento de sus acciones como servidores públicos.

De esta manera, quien quiera continuar en su encargo tendrá que justificar su labor y pasar por el juicio de quien lo eligió a través de su voto.

Hoy, tenemos que reflexionar sobre las amenazas que pueden socavar la democracia, precisamente para prevenirlas y para atajarlas.

Y entre estas amenazas está, sin duda, la profundidad y el alcance del poder corruptor y de intimidación de la delincuencia organizada que puede y ha intentado, en muchas naciones, influir en las decisiones de los actores políticos.

Es por eso que en esta Administración estamos luchando de manera frontal, de manera decidida para proteger a las instituciones del poder corruptor de la delincuencia organizada.

No sólo las combatimos con todo el poder del Estado, sus actividades operativas y financieras, sino que también estamos rompiendo de manera decidida la cobertura y la protección que el crimen había tejido dentro de las propias instancias del Gobierno.

Al librar México esta lucha, está cumpliendo con la parte que le corresponde para construir un mundo más libre y más seguro.

De ahí la importancia de completar este circuito de restablecimiento y fortalecimiento institucional, a través de una innovación constante y una vigilancia permanente de aquellos mecanismos que nos permitan atajar cualquier riesgo de penetración a través del financiamiento ilícito del crimen organizado en la vida del Estado y, en consecuencia, en la vida de los ciudadanos.

La amenaza del crimen organizado está muy lejos, por cierto, de ser exclusivo de un país o de una región. Estamos hablando de redes transnacionales que representan una seria amenaza para la seguridad y para las libertades de los ciudadanos a escala global.

Ante una delincuencia organizada transnacionalmente, todas las naciones tenemos que cerrarle el paso de manera unificada a través de la cooperación internacional.

Amigas y amigos, señoras y señores:

Para el Gobierno de México ha sido un gran honor el poder presidir el Consejo Directivo de IDEA Internacional a lo largo de estos últimos meses.

Celebro que con esta mesa de discusión sobre Financiamiento Ilícito en Política, estemos culminando un esfuerzo conjunto en el que el trabajo comprometido de IDEA y del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Universidad Nacional Autónoma de México ha resultado clave para explorar soluciones y propuestas a los grandes retos que enfrenta la democracia a escala internacional.

Agradezco una vez más a todos los académicos, a los servidores públicos, a los integrantes de partidos políticos, a los legisladores, así como a las organizaciones internacionales presentes e interesadas en la democracia que participaron en este evento.

Yo los invito a seguir aportando experiencias, ideas, propuestas para fortalecer, permanentemente, las instituciones democráticas en México y en el mundo.

Y si me lo permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer la declaratoria solemne de clausura de este evento.

Siendo las 14 horas con diez minutos del miércoles 2 de diciembre de 2009, declaro formalmente clausurados los trabajos de la Mesa Redonda, La Democracia en una Encrucijada, el Reto del Financiamiento Ilícito de la Política.

Enhorabuena. Muchísimas felicidades.

***

-MODERADOR: Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

-DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA: Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Licenciado Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación; doctor Vidar Helgesen, Secretario General de IDEA Internacional; licenciado Alejandro Luna Ramos, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Embajador Juan Ramón Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con esta reunión concluye el periodo de México en la Presidencia del Consejo Directivo de IDEA Internacional, institución con la que el Instituto Federal Electoral mantiene una estrecha y fructífera relación de colaboración desde hace más de una década.

Desde un inicio se vislumbró pertinente que el tema central de esta reunión fuera examinar los retos que plantea el financiamiento ilícito a la democracia.

A la vista de las experiencias planteadas, no tengo la menor duda que este encuentro cumplió con creces sus cometidos y expectativas. Las múltiples aportaciones y el intercambio de opiniones formuladas durante los dos días de trabajo son alentadores para avanzar en la construcción de mecanismos de transparencia y legalidad sobre el financiamiento de la democracia.

Estoy seguro, todos en el IFE lo estamos, de que todo lo que podamos hacer a partir de las participaciones en este foro, nos permitirá ampliar las fortalezas institucionales para enfrentar la compleja problemática que nos pone delante, a las instituciones democráticas, el financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Hay un aspecto relacionado con este tema sobre el que deseo llamar la atención: la importancia que tiene la regulación y el control del financiamiento de los partidos y de las campañas en regímenes políticos, electorales, definidos por los principios de libertad, imparcialidad, transparencia y equidad, como es el caso mexicano.

Es claro que cada una de nuestras sociedades tienen sus particularidades y exigencias, pero también, es evidente que debemos trabajar en concierto.

En cuanto al financiamiento público de la democracia, tengo la impresión de que las perspectivas de América Latina y de México son promisorias. Especialmente, nuestro país fue, a principios de la década de los 90, pionero en la adopción de medidas que transparentan el origen y manejo y aplicación de los recursos que tienen a su disposición los partidos políticos.

A partir de esas reformas se ha configurado un dispositivo legal, institucional y operativo, que tiene como objetivo fundamental regular de manera cada vez más rigurosa el régimen financiero de los partidos políticos.

La expresión más acabada de este proceso se dio con la Reforma Constitucional de 2007. Se incorporó a la estructura del IFE la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como órgano especializado, dotado de autonomía de gestión.

En el desempeño de sus atribuciones, ese órgano no está limitado por los secretos bancarios, fiscal o fiduciario establecido en las leyes mexicanas.

Además, la unidad está facultada para requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, en relación con las operaciones realizadas por los partidos políticos.

Quiero concluir esta intervención, reiterando el beneplácito del IFE por la realización y los resultados de este foro. Y reconociendo, una vez más, el valioso aporte que ha significado para el IFE y para México su relación de cooperación con IDEA Internacional.

IDEA Internacional ha sido ha sido, para nosotros, un socio privilegiado y siempre solidario en nuestro empeño por difundir los atributos del régimen electoral mexicano ante la comunidad internacional.

También nos ha apoyado en nuestros esfuerzos por lograr una inserción más efectiva en los circuitos de cooperación y asistencia técnica electoral en el mundo.

Espero, finalmente, que los resultados de la Mesa Redonda sean también el preludio del éxito de la reunión del Consejo Directivo de IDEA que, según entiendo, inicia esta tarde.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Toma la palabra el señor Vidar Helgesen, Secretario General del Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral.

-SR. VIDAR HELGESEN (Interpretación al español): Señor Presidente, señor Secretario, Excelencias, damas y caballeros:

Estamos a punto de concluir el panel de discusión internacional IDEA Internacional.

Estamos muy complacidos con la participación personal del Presidente Calderón. Y es el momento indicado para decir que la idea de este panel fue la propuesta personal del Presidente, cuando México adoptaba su papel como Presidente de IDEA Internacional.

Quiero llegar a algunas conclusiones claves, provenientes de la Mesa Redonda sobre el problema del Financiamiento Ilícito en la Política. Este problema, antes que nada, es una importante amenaza y desafío para la democracia.

En estos últimos dos días hemos visto ejemplos notables de cómo se están utilizando fondos para ejercer influencia sobre los procesos electorales, cómo influyen en corromper a las autoridades locales e incluso capturan estructuras estatales.

El fenómeno ha sido exacerbado y se ha hecho más peligroso por el origen frecuentemente criminal de estos fondos y su vínculo con el tráfico de armas, drogas y seres humanos, también.

En tercer lugar. La penetración de la política por el crimen organizado se está convirtiendo en un fenómeno global, en países en donde se producen las drogas, como Colombia; pero también en lugares que sirven como puntos de reembarque, como África Occidental.

Los países están presentando mercados de exportación muy importantes para estas sustancias, como son los Estados Unidos y los mercados europeos, que también están siendo muy afectados cada vez más.

Las redes criminales, en todos los casos, se aprovechan de las debilidades institucionales que pueden ocurrir en periodos de transición democrática, como hemos visto en Europa Oriental, así como en otras regiones.

Cómo puede abordarse, entonces, el problema.

Primero que nada, a medida que ha venido creciendo el crimen organizado y la delincuencia se ha vuelto global, y ha amenazado a las instituciones democráticas en el mundo, surge el problema de cooperación internacional para la defensa de la democracia.

En segundo lugar. Hasta ahora, los esfuerzos internacionales para combatir al crimen organizado se han centrado, esencialmente, en el uso de la seguridad y sus fuerzas.

Lo que hemos aprendido en la Mesa Redonda nos dice que hay creciente necesidad de ampliar la cooperación internacional contra el crimen organizado para defender y proteger instituciones y procesos democráticos, y fortalecer su resistencia ante la presión del financiamiento ilícito y el crimen organizado. La tarea es abrumadora y difícil.

La penetración del crimen en la política es un fenómeno que, frecuentemente, sus causas básicas son los problemas estructurales y socioeconómicos. Se necesita una estrategia múltiple para, efectivamente, luchar contra el crimen y sus efectos.

Viendo esto más de cerca, nos damos cuenta que los procesos e instituciones democráticas están al corazón de todos los componentes de dicha estrategia.

La seguridad es el punto esencial de partida. Pero la pregunta de quién controla el hacer cumplir la ley es importante. Y depende de la legitimidad y efectividad de los procesos e instituciones democráticas.

El desarrollo social y económico permite que la sociedad pueda ser más resistente. Y depende esto, nuevamente, de la habilidad de los actores democráticos a responder ante las necesidades de la ciudadanía; y responder y dar más capacidad. Esto requiere que se mejore la calidad de la política.

La democracia como un sistema proporciona estabilidad, pero el proceso de democratización puede, en ocasiones, desestabilizar e, incluso, ser violento.

Por qué es esto.

Porque tiene que ver con cambiar las estructuras de poder y las redes en la sociedad.

El administrar la transición democrática es por ende difícil, y paradójicamente no siempre es facilitado por la competencia política, que es tan crucial para que opere la democracia.

Los desafíos para asegurar que la competencia política se lleve a cabo dentro de un conjunto acordado de reglas que sean respetadas por todos, es imperativo.

La democracia, a la vez, tiene que ver con la competencia y la respuesta ante las necesidades de los ciudadanos; estos dos, si no van mano en mano hay necesidad de un nivel de cooperación en la competencia política.

Unas estrategias de respuesta efectiva tienen que ir más allá del marco legal para abordar también actitudes y conductas de los ejecutivos electos.

Y como hemos oído varias veces en estos dos días, la movilización de la sociedad civil para hacer rendir cuentas a sus líderes es algo crítico en este respecto.

Todo ello es de particular importancia cuando los países confrontan desafíos que no sólo importan a una parte u otra de la sociedad, sino que también representan una amenaza para todas las instituciones democráticas y el régimen de la ley.

El financiamiento ilícito en la política es de hecho una amenaza para los cimientos de la democracia en muchas partes del mundo; y en sí, esto requiere de una cooperación para promover reformas que mejoren a la vez la seguridad, el Estado de Derecho, el desarrollo económico y social, y la efectividad de las instituciones y procesos económicos.

Este tipo de cooperaciones requerida dentro de los países, pero también entre países. Nuestra Mesa Redonda ha confirmado que la dinámica internacional del desafío requerirá un nivel totalmente diferente de respuesta internacional coordinada. Algunas normas e instrumentos existen; sin embargo, son débiles y se requieren de más.

El punto evidente de partida para un proceso de mejor respuesta internacional serían las Naciones Unidas. Tanto el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas deben abordar este desafío que amenaza a los tres pilares de las Naciones Unidas: derechos humanos, desarrollo y seguridad.

Como sabemos, el sistema político que proporciona las bases para esos pilares es la democracia.

Otras plataformas importantes para llevar adelante este programa han sido mencionadas en el curso de estos dos días: organizaciones regionales, el Grupo de los 20 y otros.

La iniciativa del Presidente, de tener esta Mesa Redonda del 2009, sobre el tema de Financiamiento Ilícito en la Política, no pudo llevarse a cabo en un momento más apropiado, y México como país con sus propios desafíos y también como un país actualmente miembro del Consejo de Seguridad y miembro del Grupo de los 20, está bien ubicado para tomar un papel de liderazgo a nivel internacional en este respecto.

Esta Mesa Redonda será seguida por la reunión anual del Consejo de los Estados Miembros de IDEA Internacional. Y en estos próximos dos días, bajo la Presidencia de México, el trabajo actual y futuro de IDEA Internacional dedicará también una parte de la reunión para hablar del seguimiento que se dará a nuestras recomendaciones y hallazgos.

Hemos llegado a la conclusión que la defensa apta contra el financiamiento ilícito y el crimen o delincuencia organizada es un problema internacional. Y esperamos que los estados miembros serán imaginativos para llevar el problema más adelante, para configurar compromisos internacionales y acciones.

Esperamos escuchar el mensaje del Presidente Calderón y le agradecemos por su iniciativa tan visionaria.