La ley del General en Chihuahua

Chihuahua La ley de “El General”
PATRICIA DáVILA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
El asesinato de los líderes mormones de Galeana, Chihuahua, Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, ponen en evidencia que la ley que priva en la región es la de los narcos, en particular del capo del cártel de Sinaloa a quien los lugareños y el presidente de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos del estado en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, denominan El General; incluso sospechan que ese mote es genérico y se aplica a quien ocupa la máxima jerarquía de la organización criminal.
GALEANA, CHIH.- Un nuevo capo al mando del cártel de Sinaloa siembra pánico entre los habitantes de 10 municipios del norte y noroeste de Chihuahua; se apodera de las comunidades e intimida, secuestra, tortura y ejecuta…
Se trata de José García García, El General. Sus víctimas recientes son Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, líderes mormones que defendían a su comunidad del crimen organizado.
A principios de este año, El General fue noticia debido a los secuestros realizados por su gente en los poblados de Nicolás Bravo y Benito Juárez en su disputa por la plaza con el cártel de Juárez, afirman el diputado perredista Víctor Quintana y Gustavo de la Rosa, presidente de la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.
Desde entonces, los municipios Ascensión, Janos, Ignacio Zaragoza, Palomas, Buenaventura, Gómez Farías, Madera, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana son rehenes de El General y de La Línea, la organización del cártel de Juárez. En los tres últimos poblados los lugareños tuvieron que formar cuerpos de policías auxiliares para defenderse de los embates.
Entrevistados por Proceso, habitantes de la colonia Juárez, perteneciente a Nuevo Casas Grandes, aseguran que aun cuando la zona es tranquila, han sufrido varios ataques, por lo que decidieron armar a cuatro ciudadanos para que custodien la comunidad. Hoy, su demanda es que las autoridades municipales les permitan portar armas a todos para defenderse.
Dicen que siempre están en alerta, y vigilan a todo el que entra o pasa por el pueblo; incluso evitan viajar solos para que los sicarios no los levanten o ejecuten.
Esta colonia mormona se fundó en 1887, cuando sus miembros llegaron de Estados Unidos. Venían huyendo de ese país, cuyas autoridades prohibieron la poligamia entre los adeptos a ese culto religioso. Se asentaron en esta región ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal –en donde se encuentra el centro arqueológico Paquimé– y se dedicaron al cultivo de huertos de durazno y a la agricultura.
La arquitectura de sus casas es de estilo virginiano de principios de siglo XX. Todas poseen jardines verdes y amplios.
De manera simultánea a los secuestros sufridos por los mormones de las colonias Juárez y Dublín, en el municipio de Galeana, varios habitantes de poblado de Le Baron empezaron a recibir llamadas de extorsión. Y el 2 de mayo último se consumó el primer secuestro en el poblado Parapetos, municipio de Ignacio Zaragoza. El de Erick Le Baron, hijo menor de la familia.
Los plagiarios se comunicaron por teléfono con Joel, padre de Erick, y le pidieron 1 millón de dólares por su liberación. La comunidad mormona se indignó: al día siguiente, junto con habitantes de Ignacio Zaragoza y Casas Grandes, le pidió a don Joel que “no tomara el secuestro como algo personal”, que debían unirse y exigir la liberación de Erick.
El 4 de mayo los colonos de los tres municipios organizaron una caravana hacia la capital del estado. Ahí, Benjamín Le Baron, hermano del secuestrado, exigió a la procuradora de Justicia, Patricia Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, la liberación de su hermano Erick.
El 5 de mayo, Benjamín recibió la primera amenaza telefónica de los secuestradores, quienes le advirtieron: “Si sigues mandando a la policía tras nosotros, la vamos a agarrar en tu contra”. Benjamín habló con la procuradora y le pidió apoyo; pero sólo llegaron 10 ministeriales y no pudieron hacer nada, comenta uno de los hijos de don Joel. Erick fue liberado el 9 de mayo. Apareció en un cerro en el Valle de Zaragoza.
El 11 de junio, a las tres de la madrugada, elementos del 35 Batallón de Infantería detuvieron a 25 personas que vestían uniforme militar en el poblado de Nicolás Bravo, municipio de Madera. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dos días después, entre los arrestados se encontraba José García García, El General.
El 15 de junio fue secuestrado Meredith Romney, empresario y ganadero de esta región. Los pobladores de estos municipios volvieron a realizar una caravana y el miércoles 1 se trasladaron a la capital en más de 300 vehículos para protestar por la inseguridad.
Ese día se graduó el primer grupo antisecuestros instruido por asesores colombianos en las instalaciones de C4. Reyes Baeza se comprometió a apoyar la formación de una policía auxiliar en Galeana. Con apoyo de los instructores colombianos, comenzó la formación de 60 adolescentes mayores de 16 años.
La ejecución de Benjamín
El martes 7, a la 1:30 de la madrugada, llegó a la casa de Benjamín Le Baron un comando armado a bordo de cuatro camionetas: una Dodge Durango blanca; una pick up Mega Cab Dodge azul; una pick up Chevrolet y una Suburban beige. Bajaron de los vehículos alrededor de 20 hombres vestidos de militar.
La familia de Benjamín –su esposa Miriam Widmar y sus cinco hijos– dormía. Los golpes en la puerta los despertó y al ver los uniformes Benjamín pensó que los supuestos militares habían ido a custodiarlo. “Gracias a Dios que ya llegaron”, dijo a su esposa.
Sin embargo, los hombres comenzaron a romper vidrios, derribaron la puerta a golpes y entraron a las habitaciones. Comenzaron a golpear a Benjamín.
“Me fui corriendo al cuarto de mis hijos; les dije que se tiraran al piso, pero no quisieron. Entonces nos pusimos a orar. Al terminar me asomé por la ventana y vi que llegaba mi hermano Luis Carlos. Lo agarraron y lo empezaron a golpear. Lo pusieron boca abajo y le ataron las manos a la espalda; luego llegó Lorenzo, un primo de Benjamín, pero alcanzó a correr, relata Miriam.
Dice que los sicarios les preguntaban por las armas y el dinero. “Yo les dije que no teníamos. Subieron a una camioneta a Luis Carlos y a Benjamín. Ya no los volví a ver, hasta que me dijeron que los habían encontrado muertos. Les dieron el tiro de gracia”. Al lado de los cuerpos dejaron una manta con un mensaje:
“A los líderes de Le Baron, para los que no creen y siguen sin creer. Sigue Clary Jones. Esto es por los 25 muchachos (detenidos) en Nicolás Bravo. Atentamente El General”. Se refería a Jones, quien fue presidente municipal de Galeana.
En Chihuahua se registra un plagio cada 48 horas, lo que convierte a la entidad en la segunda con mayor índice de secuestros en el país, sólo detrás del Estado de México, con 109, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero el mayor índice de secuestros se registra en Nuevo Casas Grandes, asegura el alcalde por el PAN, Jesús Manuel Pendones. En lo que va del año, dice el edil, “llevamos 80 levantones. De éstos, 45 están desaparecidos”.
Según Pendones, “el operativo contra los narcotraficantes pegó a su economía”. Antes, dice, “pagaban en efectivo por el paso de la droga, ahora saldan sus cuentas en especie y esta droga se queda en la región. Ahora, la cocaína se vende en las escuelas de primaria, los consumidores son niños de nueve años en adelante.
“Los 10 municipios que conformamos este corredor de paso de la droga estamos olvidados de las autoridades. No nos visitan ni los candidatos. No puedo creer que el gobierno federal no tenga ni seis elementos realizando labor de inteligencia. Las labores contra el crimen organizado son acciones de la casualidad.”
El día de la entrevista, el jueves 9, el alcalde recibió una solicitud de la comunidad de mormones de la colonia Dublín en la que le solicitan permiso para instalar barricadas de 1.20 metros por 1.20 para acorralar sus calles.
“La población civil se está armando. Si el gobierno federal no pone atención, no sé qué pueda pasar. Hay psicosis”, afirma.
Las amenazas
Jesús Manuel Pendones y otros 31 alcaldes de la entidad denunciaron durante una reunión del Consejo de Seguridad realizada el 17 de septiembre del año pasado que han sido amenazados de muerte por el crimen organizado. Desde entonces establecieron “filtros”, como cambiar sus números telefónicos cada mes.
A su vez, Gustavo de la Rosa ha recibido quejas sobre secuestros realizados por gente de El General.
En el expediente GR3509, abierto en marzo pasado, por ejemplo, se menciona que el día 17 de ese mes cuatro defensas rurales y un teniente salieron de Ciudad Juárez en una camioneta Chevrolet blanca rumbo al destacamento del municipio de Madera. Nunca llegaron.
En otro expediente, identificado como Alfa Omega (se omiten los nombres reales por cuestiones de seguridad), se indica que el 4 de junio reciente fue secuestrada una persona en el poblado Benito Juárez durante un jaripeo. Los autores iban vestidos de militar y viajaban en dos camionetas similares a las que usa el Ejército.
Nueve días después, en el mismo poblado, fue plagiada una persona identificada en el expediente como Alfa Fi. En esa ocasión, un comando armado con hombres vestidos de verde olivo llegó a Benito Juárez, donde levantó a Alfa Fi, quien se encontraba en la Plaza de Armas.
Después, el jueves 2, otro comando se introdujo en varias casas, de las cuales sacó a tres hombres y se los llevó. Este expediente es conocido con el nombre Beta Alfa 1, Beta Alfa 2 y Beta Alfa 3.
Los detenidos “eran mayores de 60 años, señores trabajadores que constituían la columna vertebral de la economía del pueblo y no se les conocía ningún vínculo con la delincuencia organizada”, afirma De la Rosa. Y añade: “Los habitantes del pueblo dicen que pueden identificar a los responsables, pero ninguna autoridad ha querido ir a tomarles su declaración, ni soldados, ni policías ministeriales”.
Familiares de los desaparecidos dijeron a De la Rosa que en un poblado cercano a Benito Juárez está acantonado un grupo de sicarios que visten uniforme de militar. Según esta versión, comenzó a operar bajo el mando de El General en la zona después del 11 de junio, cuando el Ejército detuvo a la banda de 25 sicarios.
Según De la Rosa, “gente de El General ha acorralado a gente de La Línea y llega a los pueblos diciendo ¡Sálganse, porque les vamos a quemar sus casas! Las familias de estas zonas viven en absoluto abandono y total peligro”.
–¿Quién es El General?
–En el municipio de Madera, Juan José Ramírez Sánchez, general comandante de las Fuerzas Rurales en el estado, estaba al mando de los nueve defensas rurales y el teniente desaparecidos. Para nosotros él incurrió en conductas extrañas, ya que tardó cinco días para iniciar la investigación sobre la desaparición de los defensas rurales y el teniente; y en lo que se refiere a los tres secuestros del jueves 2, abrió la investigación hasta que aparecieron los cadáveres.
Por eso, explica, “cuando recibimos las versiones de los familiares y de otros habitantes de los poblados, que responsabilizaban de los levantones a una persona llamada El General, sospechamos que podría tratarse del general Ramírez Sánchez, pero no tenemos datos que lo comprueben”.
Los lugareños aseguran que el mote de El General no es exclusivo de una persona. Es por eso que tras la captura de José García García, el pasado 11 de junio, es otro el personaje que se halla al frente de la organización; sus seguidores lo llaman El General, afirma De la Rosa.
El diputado perredista Víctor Quintana dice que escuchó hablar de El General el 22 de marzo pasado. Ese día fueron levantados dos profesores. “Le hablé a la procuradora Patricia Rodríguez para exponerle el caso y ella me dijo que era la forma de operar de El General. Hasta hoy, los maestros no han aparecido”.
Y mientras los pobladores sufren secuestros, levantones, extorsiones y ejecuciones, la PGR insiste en que estos actos los realiza la organización comandada por El General, pero la procuradora Patricia Rodríguez asegura que detrás de todo está La Línea, del cártel de Juárez.

México ante la CIDH

México en la Corte Interamericana: Vano “mea culpa”
GLORIA LETICIA DíAZ
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acepta la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la violación de sus derechos humanos y de su familia, y la incapacidad de la administración de Felipe Calderón para resolver el caso... pero rechaza la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar al Estado mexicano. La presidenta de ese organismo, Cecilia Medina Quiroga, le espeta: ¿Para qué reconoce los hechos ante esta Corte si no quiere que conozca de ellos?
SAN JOSÉ.- La defensa irrestricta del gobierno de Felipe Calderón al Ejército Mexicano y al fuero militar se topó con los duros cuestionamientos de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia que juzga a México por la desaparición forzada del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974 en un retén militar.
De poco valió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del Estado mexicano, pretendiera limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas en la sesión del pasado martes 7, al ensalzar las labores que realizan en el combate al narcotráfico y al justificar la extensión de la jurisdicción militar ante graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió con el caso de Radilla Pacheco, uno de los 473 registrados en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia, de un total de 639 en ese estado y mil 200 en el país.
No sirvió de nada que Gómez Mont hablara del supuesto compromiso del Ejército mexicano de respetar los derechos humanos, ni de la capacitación de 300 mil elementos en la materia, ni de la aceptación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuladas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), más de 2 mil desde que el Ejército tomó el control de la lucha contra el narcotráfico (Proceso 1694), una cifra que por cierto el secretario omitió.
Tampoco que presentara una larga lista de avances en materia electoral, judicial y en derechos humanos, y presumiera la firma de convenciones internacionales al respecto.
Menos aún que, en nombre del Estado mexicano, aceptara “sin reservas (…) la privación de la libertad y muerte de don Rosendo Radilla”, hace 35 años, como “un agravio a sus derechos humanos y a los de su familia”, y admitiera que la administración de Felipe Calderón “no ha sido capaz de esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos”, que calificó como aislados.
Inútil resultó que Gómez Mont reiterara que la Corte carece de competencia para conocer del caso contra México, alegando el principio de no retroactividad de los tratados internacionales reconocido en la Convención de Viena. (México admitió la competencia contenciosa de ese tribunal en 1998 y se adhirió a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas apenas en 2002.)
Gómez Mont simplemente no convenció a nadie.
Con la ausencia del juez mexicano, expresidente de dicha Corte y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, el pleno del máximo tribunal interamericano se sumó a los cuestionamientos que organismos internacionales le han hecho a México sobre la extensión del fuero militar en graves violaciones a derechos humanos.
Serena, voz pausada, la presidenta de la Corte Interamericana, Cecilia Medina Quiroga, condensó las inquietudes surgidas entre los integrantes del tribunal en el caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos.
La juez de nacionalidad chilena, catedrática e investigadora, fue contundente después de escuchar los alegatos de los representantes de los familiares de la víctima; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); de la parte demandante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del Estado mexicano, representado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
“Me gustaría una reflexión en el alegato final de por qué el fuero militar no es especial: si la justicia especializada (categoría que le dio Gómez Mont) es de alguna manera una excepción, ¿qué razones habría para que hubiera justicia militar?”
Fue el primero de los cuestionamientos que formuló Medina Quiroga antes de concluir la audiencia, en la que se hizo hincapié en el desconocimiento de Gómez Mont en torno del caso, tanto así que en diferentes momentos confundió el apellido Radilla por el de Padilla.
El secretario de Gobernación se notó descompuesto ante el interrogatorio.
La presidenta de la Corte retomó uno de los cuestionamientos a Gómez Mont que hizo la juez dominicana Rhadys Abreu Bodet acerca de la extensión de la jurisdicción militar en casos en los que las víctimas son civiles. En particular se refería al fallo de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la Procuraduría de Justicia Militar para que conociera de la averiguación previa abierta por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) respecto del caso Radilla, a la que se le adjuntaron 121 casos más de desaparición forzada de personas.
–Usted le contestó a la jueza Abreu que la Suprema Corte decidió a favor del tribunal militar, supongo que porque el autor es un militar o porque la víctima era un civil. ¿La calidad de la víctima incide en la competencia del tribunal militar o no incide? –insistió Medina Quiroga.
“Es la calidad del sujeto”, respondió Gómez Mont en un tono muy disminuido, comparado con el que había utilizado antes para defender la jurisdicción militar como “garantía” del Ejército Mexicano para ejercer tareas de seguridad justificadas ante la “amenaza” que representa para el país el crimen organizado, lo que además, aseguró, tiene el respaldo de la población según “encuestadoras independientes”.
En su primera intervención, el secretario de Gobernación había descalificado incluso a quienes han denunciado el fuero militar por su falta de imparcialidad: “El considerar que la naturaleza militar de los tribunales contraviene per se su virtud e imparcialidad, creemos responde a una valoración que ignora el sentido del honor y el deber que nutre a la doctrina militar”.
Gómez Mont había intentado marcar las diferencias entre lo que es “un delito permanente” y lo que llamó “la continuidad de los efectos del delito”, pero no fue claro; de ahí que la juez Medina Quiroga no sólo resaltara la continuidad de efectos en un caso de desaparición, sino que le espetara: “Le quiero preguntar: ¿esto quiere decir que no admite que sea un delito permanente, que sucede todos los días?”
Salió peor. En su exposición previa, Gómez Mont había alegado que el delito de desaparición forzada no existía en la normatividad mexicana en 1974, cuando ocurrió el caso de Rosendo Radilla, y la Corte Interamericana “aún no comenzaba a sesionar”. Aun así, respondió vacilante a la presidenta del tribunal:
“En cuanto al principio de continuidad de sus efectos o delito permanente, la Corte ha sostenido que en estos casos sólo deben analizarse bajo la norma aquellos efectos que se hayan dado con posterioridad a la entrada en vigor.
“Nosotros suponemos que, en este supuesto, ya existe una razón fundamentada de la muerte de don Rosendo Radilla y consideramos que a partir de entonces se debe entender la complejidad para explicar los hechos, pero entendemos el dolor que significa para las víctimas no poder esclarecer los hechos.”
La juez chilena no se dio por satisfecha con la retórica del funcionario mexicano.
–¿Ustedes tienen en México delitos que son permanentes? O sea, la noción del delito permanente, ¿la conocen? –fustigó.
–Sí, claro, está prevista en el Código Penal Federal –replicó un Gómez Mont acorralado.
La presidenta del tribunal interamericano remató sin miramientos: “¿Por qué entonces la desaparición forzada no es considerada en México como un delito permanente? ¿O nos está diciendo que no es que no sea delito, sino que en esta Corte sólo podemos conocer los efectos que continúan?”.
Los titubeos de Gómez Mont, al ser controvertido durante la audiencia pública del pasado martes 7 en la capital de Costa Rica, resaltaron aún más por la vehemencia con la que había leído su larga respuesta a la demanda:
“Hoy no venimos a justificar acciones ilegales, venimos a demostrar que nos hemos reformado. No perdamos de vista que las Fuerzas Armadas no están bajo escrutinio hoy, lo están las personas que no supieron encauzar su deber (…) Juzgar el pasado con ojos del presente requiere por lo menos singular cautela; exige conocimiento, reconocimiento, tolerancia y la capacidad de dimensionar los efectos que tendrá la resolución el día de hoy”, puntualizó aún enérgico en la primera parte de sus alegatos.
Y fue más allá: “Como representante del Estado mexicano, lamento profundamente los hechos que llevaron a la desaparición de Rosendo Radilla. También como representante del Estado mexicano, ofrezco mi solidaridad al Ejército Mexicano, con plena conciencia de que sin su subordinación al mando civil y sacrificio, hoy no enfrentaría los cuestionamientos que injustamente se hacen a la institución militar.”
Gómez Mont dijo que el gobierno de Felipe Calderón “reconoce sin reservas y lamenta la privación de la libertad y muerte de don Rosendo Radilla” como “un agravio a sus derechos humanos y a los de su familia”, y admitió también que la actual administración “no ha sido capaz de esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos”.
Tras proponer una “solución amistosa” que incluye la reparación de daños, “un acto público de reconocimiento de responsabilidad”, continuar las investigaciones y, en la medida de lo posible, encontrar los restos de Rosendo Radilla, así como dar acceso a los expedientes y hacer cambios legislativos, el secretario de Gobernación insistió en considerar inadmisible la competencia de la Corte Interamericana para juzgar a México.
Durante la audiencia, los jueces de ese tribunal impugnaron en varias ocasiones a la delegación encabezada por Gómez Mont, quien durante la audiencia no dejó de recibir tarjetas y comentarios al oído de parte de altos funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional que le acompañaron.
Al finalizar la sesión de preguntas, la presidenta Cecilia Medina Quiroga nuevamente lo metió en aprietos cuando se mostró sorprendida porque el gobierno de Felipe Calderón sólo reconoce a Rosendo Radilla Pacheco como desaparecido, de entre los cientos de casos durante la guerra sucia en México reportados en la recomendación 26/2001 de la CNDH.
Es decir, resumió la juez, “reconocen el informe (de la CNDH) pero no su contenido”.
Medina Quiroga resaltó las contradicciones de la participación de la delegación mexicana en la audiencia: “¿Qué consecuencias jurídicas le podría atribuir el Estado de México a un reconocimiento de hechos ante esta Corte, si está diciendo que no tiene competencia? ¿Para qué reconoce los hechos ante esta Corte si no quiere que conozca de ellos? ¿Qué consecuencias le asignaría usted?”.
–Estrictamente la competencia de la Corte para definirse sobre su competencia y, ad cautelam, presentar alguna argumentación en caso de que no fuera escuchada la argumentación en cuanto a la incompetencia de la Corte –dijo Gómez Mont.
–Eso lo entendí –reviró Medina Quiroga–. Esto quiere decir que el reconocimiento de hechos es válido en la medida en que la Corte decida que sí tiene competencia, ¿sí?
Gómez Mont ya no respondió.
A la audiencia acudieron Rosendo y Tita, dos de los 11 hijos que procreó Rosendo Radilla con Victoria Martínez, para rendir su declaración ante la Corte. Él como testigo presencial de la desaparición forzada de su padre, cuando tenía 11 años; ella en su calidad de vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem), para dar cuenta de la estrategia sistemática del Estado mexicano de desaparición forzada de personas durante la llamada guerra sucia, así como de la falta de voluntad de los distintos gobiernos para esclarecer las desapariciones, localizar a las víctimas y sancionar a los responsables.
En el debate, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, refutó el rechazo de Gómez Mont a “juzgar el pasado con ojos del presente”.
No se trata de eso, dijo el activista. “Estamos juzgando al México de ayer sobre la base de la persistencia de una impunidad estructural que se mantiene al día de hoy”.
Puntualizó: “No queremos poner en cuestionamiento la importante labor que realiza el Ejército Mexicano en el combate a la delincuencia organizada (…) Estamos planteando que no es posible mantener la existencia de una jurisdicción penal militar que no amplía sus competencias investigando a militares que cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos”, puntualizó Gutiérrez Contreras.
La juez Medina Quiroga pidió a las tres partes involucradas en el juicio que en los alegatos finales, los cuales deberán entregar por escrito a más tardar el 14 de agosto, proporcionen detalles sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, el número de casos en que éstos han sido sometidos a tribunales militares, las condenas y el promedio de los procesos en el ámbito castrense.
El secretario de Gobernación ofreció el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde México fue cuestionado, entre otras cosas, por la extensión del fuero militar en el tratamiento a casos en los que involucra a civiles como víctimas. De acuerdo con los datos que entregó la Secretaría de Relaciones Exteriores al EPU, hasta junio de este año estaban abiertas seis averiguaciones previas, tres consignaciones que involucran a 32 miembros del instituto armado, y nueve sentencias contra 14 elementos, según consignó Reforma un par de días después.
En el mediano plazo, México todavía tendrá que responder por otras dos causas ya admitidas en la Corte: la de Inés Fernández Ortega, indígena guerrerense violada por militares en 2002, y la detención arbitraria y tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero, en 1999. Ambos casos fueron procesados en tribunales castrenses en México, sin que se castigara a los responsables.

El Ejército, a jucio, portada de Proceso

Condena internacional
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.
Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como “actos de servicio”.
Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.
Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a escala internacional.
El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.
Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.
Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria, como Bangladesh y la Federación Rusa.
Los cuestionamientos también llegan de países sudamericanos que al pasar de dictaduras militares a regímenes democráticos modificaron su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los propios uniformados, como ocurre en México.
Ese es uno de los argumentos que se discuten en la SCJN con miras a la resolución que tomará tras revisar un amparo tramitado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro civiles acribillados por el Ejército en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno del máximo tribunal la revisión del amparo 989/2009 promovido por Morales Rodríguez con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de investigación y análisis Fundar.
El acuerdo de los cinco ministros que integran la Primera Sala, encargada de los asuntos penales, fue que, debido a su trascendencia, el caso pasara al pleno de la SCJN y se resolviera en sus primeras sesiones al regreso de las vacaciones del Poder Judicial, el 3 de agosto próximo.
El recurso legal pretende sacar de la jurisdicción militar la investigación sobre el asesinato de los cuatro civiles en la sierra de Badiraguato, que iban desarmados en el momento de ser atacados por los tripulantes de un camión militar, sin que existiera un retén de por medio (Proceso 1641).
Ese fue el segundo ataque de soldados contra civiles en Sinaloa en menos de un año, luego de la agresión sufrida por una familia en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. En esa acción murieron tres menores de edad y dos mujeres.
Ambos casos quedaron en manos de la justicia militar. En el primero nunca se supo cómo se desarrolló en los tribunales castrenses el juicio contra los responsables, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el apoyo del gobierno del estado, promovió un arreglo económico con la familia.
En el caso de la matanza de Badiraguato, la Sedena informó en abril del año pasado que un tribunal militar dictó la orden de formal prisión, por homicidio y lesiones, en contra de un teniente de infantería, dos soldados y dos cabos. No obstante, familiares de las víctimas han sostenido que en el asesinato participaron entre 15 y 20 efectivos del Ejército.
Reynalda Morales fue la única familiar de las víctimas que llegó a la SCJN por vía del amparo, con el propósito de que el juez militar adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, decline el caso a favor de un juez común. A través de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM), la Sedena rechaza esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por sus elementos en actos de servicio.
El proyecto de resolución del amparo ya está elaborado y su autor, el ministro José Ramón Cossío, propone que el pleno –integrado por 11 ministros– discuta el fondo del amparo: la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, eventualmente, el traslado del caso a la justicia ordinaria por tratarse de un homicidio.
Los límites necesarios
El artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, pero el Código de Justicia Militar considera como “delitos contra la disciplina militar” aquellos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo servicio.
Bajo esa disposición, todos los casos de agresiones de militares contra civiles, incluidas las violaciones a los derechos humanos, quedan en la jurisdicción militar.
De acuerdo con los abogados del centro Pro, Santiago Aguirre, y de Fundar, Luis Miguel Cano, la decisión de la SCJN “confirma que el caso tiene que ver con la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas” en México.
Los abogados consideran que la SCJN tiene la oportunidad de establecer “de una vez por todas” el alcance del fuero militar en México y revertir una práctica que ha sido criticada internacionalmente, sobre todo en momentos en que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco desplegados por el presidente Calderón.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio se han registrado más de mil 600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego (Proceso 1688).
Los abogados advierten que si la Corte pospone su resolución indefinidamente, se prolongaría la falta de acceso a una justicia imparcial que padecen los familiares de las víctimas.
El amparo llegó a la SCJN a principios de año. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo decidió hacer suyo el caso y estudiar la atracción. El asunto quedó en manos del ministro Cossío, quien ahora propone que, al revisar el amparo, la Corte se pronuncie sobre la extensión del fuero militar.
“Lo que está en juego no es la subsistencia del fuero militar, sino la limitación de éste a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. El Ejército debe rendir cuentas ante las autoridades civiles por los delitos que, como la tortura, la violación, el homicidio o la desaparición forzada de personas, agravian a la población y no primordialmente a las Fuerzas Armadas”, señalaron los litigantes del Centro Pro y Fundar.
Para la resolución del amparo, la Suprema Corte ha recibido argumentos de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, así como de especialistas de América Latina y Estados Unidos sobre los avances mundiales en materia de límites a la jurisdicción militar cuando personal de las Fuerzas Armadas viola derechos humanos.
En total, 26 organizaciones de derechos humanos de 13 países latinoamericanos –incluidos algunos con historia de dictaduras militares, como Argentina–, la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas se constituyeron bajo la figura jurídica amicus curiae (amigos de la corte) para argumentar ante los ministros de la SCJN que el derecho internacional prohíbe aplicar el fuero militar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
Además, explican la evolución del tema en América Latina y cómo prácticamente todos los países de la región –que en la mitad del siglo pasado padecieron regímenes militares– han modificado sus constituciones políticas para limitar el fuero militar.
En sus respectivos escritos, esas organizaciones coinciden en que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, establece de manera expresa esa prohibición; en tanto que en diferentes resoluciones la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa jurisdicción no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido sobre varios casos en los que están involucrados militares, entre ellos el de Pacheco Radilla. Después de la comparencia del martes pasado, la comisión podría emitir su fallo hacia finales de este año o principios del próximo.
De manera precisa, esta Comisión Interamericana ha señalado que la investigación de la PJM sobre presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación de la Convención Americana.
Presión internacional
En este continente, uno de los principales críticos al privilegio que se la da al fuero castrense en México es Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, aunque inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Calderón.
En abril pasado, HRW dio a conocer el informe Impunidad uniformada, en el que demuestra cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.
El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, asegura que en los últimos 10 años los militares mexicanos no han sido capaces de condenar a nadie, sea soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos. “No hay ningún caso igual en América Latina”, dice.
Añade que para cualquier autoridad democrática en el mundo lo razonable es que en México exista un régimen jurídico que impida “la corrupción de las Fuerzas Armadas a través de la impunidad”, por lo que si cometen abusos deben ser sancionados ejemplarmente.
“Una tortura, una violación sexual o un homicidio no son faltas a la disciplina militar, sino crímenes que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y no sometidos a los tribunales militares para impedir que se investiguen”, enfatiza Vivanco.
Califica de “lamentable” la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de defender, no sólo en México, sino ante la comunidad internacional, el fuero militar: “Ha hecho una defensa cerrada de un sistema que está quebrado y no tiene mayor credibilidad”.
Gómez Mont ha sido el encargado del gobierno de Calderón para responder a las críticas internacionales que ha recibido México por el predominio del Ejército, a la vez que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dejó en claro el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, que el fuero militar debe quedar intocado.
Ese mismo mes Gómez Mont viajó a Ginebra para defender esa jurisdicción ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo hizo en la sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, en el que se revisó la situación de los derechos humanos en México.
Seis de las ocho recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense. Los países que las formularon fueron Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú, Uruguay y, en forma conjunta, la Federación Rusa y la República de Corea, que además pidió medidas de protección a los derechos humanos en los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.
La contundente respuesta del gobierno de Calderón se entregó formalmente en Ginebra, en la sesión del 11 de junio: “El Estado mexicano no apoya la recomendación debido a que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”.
Añadió: “Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales civiles… mediante el juicio de amparo”.
Esa fue la misma posición que defendió Gómez Mont ante la Corte Interamericana el pasado martes.
Los hechos demuestran lo contrario. De acuerdo con el Centro Pro, el fuero militar carece de las garantías básicas del debido proceso en casos de derechos humanos, pues al carecer de independencia respecto de las Fuerzas Armadas “incorpora las viciadas figuras de amnistía y obediencia debida como excluyentes de responsabilidad penal, lo que dificulta significativamente a las víctimas del procedimiento”.
Ante las presiones internacionales, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre el tipo de acusaciones de que se trata ni de qué rango son los militares procesados.

***

Socios y cómplices
J. JESúS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
WASHINGTON.- El Departamento de Estado avalará ante el Congreso estadunidense la estrategia militarizada de la administración de Felipe Calderón contra las drogas, pese a que el propio gobierno de Barack Obama está “preocupado” por las reiteradas quejas por violaciones a los derechos humanos y las torturas de las que es acusado el Ejército Mexicano.
El interés principal de la Casa Blanca es evitar la cancelación de una parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida en el Congreso, donde en cuestión de semanas la secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentará un reporte sobre la situación de los derechos humanos en México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, en el que según informes hará a un lado las acusaciones contra las Fuerzas Armadas mexicanas.
La decisión estadunidense obedece a culpas propias: la pérdida de autoridad moral en materia de derechos humanos, tras los escándalos en Afganistán, Irak y Guantánamo, así como su responsabilidad en el problema de las drogas como principal país consumidor en el mundo. Pero sobre todo pesa el hecho de que la Casa Blanca ha alentado y hasta financiado a Calderón para militarizar el combate a las drogas y, con ello, propiciar los abusos castrenses.
El tema se convirtió en el eje de las discusiones luego de que el diario The Washington Post publicó un reportaje en primera plana, el jueves 9 de julio, en el que acusa al Ejército Mexicano de cometer desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en su búsqueda de traficantes de drogas, lo cual es algo que “tomamos con mucha seriedad”, dice a Proceso Mike Hammer, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Hemos expresado nuestras preocupaciones a nuestras contrapartes mexicanas en todos los niveles gubernamentales por la gravedad que implican estas acusaciones”, señaló Hammer vía correo electrónico desde Italia, donde acompañaba al presidente Obama en la reunión del G-8.
“Nuestros esfuerzos de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, que incluyen la Iniciativa Mérida, proveerán un respaldo importante para las instituciones mexicanas, incluyendo el sistema judicial, la policía, los grupos de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, para poder abordar las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos”, según el portavoz.
Bajo el título México acusado de tortura en la guerra contra las drogas, el reportaje de The Washington Post sostiene que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido abrumada con más de 2 mil quejas contra el Ejército por diversas violaciones a derechos humanos cometidas bajo la justificación del combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La mayoría de estos casos “ha ocurrido en regiones donde es común la presencia de cuerpos desmembrados de policías y soldados”, dice el diario, y señala que el gobierno estadunidense “ha alentado, y en parte financiado, la riesgosa estrategia de Calderón de utilizar al Ejército para combatir a los cárteles que manejan 90% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos”.
De acuerdo con el mismo periódico, esta realidad podría llevar a que el Congreso decidiera retener más de 100 millones de dólares, de los mil 400 solicitados por la Casa Blanca para la Iniciativa Mérida.
“Exigimos al gobierno del presidente Calderón que realice una investigación muy detallada sobre las acusaciones publicadas en The Washington Post, porque si son ciertas, el gobierno de México estaría incumpliendo con los compromisos que aceptó en materia de derechos humanos para recibir el dinero de la Iniciativa Mérida”, indicó a Proceso por medio de una declaración escrita el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leia, precisamente uno de los autores de las condiciones impuestas por el Capitolio a la administración de Calderón.
Un funcionario del gobierno de Obama, que pidió reservar su nombre, explicó a este semanario que, aunque la situación “es delicada y preocupante”, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que llevan a cabo en forma conjunta México y Estados Unidos no debe frenarse. “Se cometen errores y se dan incidentes como éstos (los publicados en el Post). Nuestras Fuerzas Armadas también han cometido violaciones a los derechos humanos en las operaciones militares en Afganistán e Irak y, aunque son deplorables, se deben corregir, pero sin dar marcha atrás a los objetivos planteados”, acotó el funcionario estadunidense.
Estados Unidos financia la Iniciativa Mérida en México con equipo bélico, entrenamiento y tecnología, pero el Congreso de ese país se negó a expedir un cheque en blanco y exigió al presidente Felipe Calderón un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Las crecientes denuncias contra el Ejército técnicamente deberían ser motivo para que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, “desertifique” a México en la materia, con lo cual el Congreso retendría inmediatamente los fondos condicionados del mecanismo bilateral antinarcóticos.
Pero esto no va a ocurrir. De hecho, en el reporte que el Departamento de Estado presentará al Congreso “no se pedirá la retención de los fondos de la Iniciativa Mérida. Al contrario, tanto nosotros como los legisladores estamos conscientes de la necesidad de continuar apoyando al gobierno de Calderón en algo que también nos concierne a nosotros, por ser el país de la demanda y consumo de narcóticos”, añade el funcionario estadunidense entrevistado bajo condición de anonimato.
Así, Estados Unidos decidió guardar un silencio cómplice en torno a las cada vez más frecuentes denuncias sobre “desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales durante la persecución de narcotraficantes” atribuidas al Ejército Mexicano, según recoge The Washington Post, un periódico que leen todos los legisladores y funcionarios del gobierno federal estadunidense.
En descargo de la administración de Calderón, el diario cita al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Yo sé que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque se han dado algunos casos. Honestamente, así lo cree el gobierno. No hay incentivos para los abusos”.
Otro funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que no viajó con Obama en su gira por Europa y África atribuyó a los cárteles de las drogas en México “las peores y más deplorables violaciones de derechos humanos”, incluida la tortura como “práctica común de operación”, al menos en los últimos tres o cuatro años.
En entrevista telefónica, el funcionario aseguró que “los cárteles están desesperados, la estrategia del presidente Calderón está dando buenos resultados y este sería el momento menos apropiado para retroceder. El presidente Obama se comprometió a trabajar de manera muy cercana con el gobierno y con el pueblo de México, por la corresponsabilidad que tenemos en el problema de las drogas, y es por ello que la Iniciativa Mérida es una herramienta fundamental para alcanzar el propósito que se busca en la lucha contra los narcotraficantes y el crimen organizado”.
En el Congreso estadunidense, varios legisladores consultados por este semanario se dijeron preocupados y coincidieron en que se debe exigir que el gobierno mexicano aclare los hechos. Sin embargo, todos señalaron que antes de condenar deben presentarse las pruebas que sustenten las acusaciones contra el Ejército Mexicano.
Algo de ello aporta el Post: la CNDH “ha documentado 26 casos de abuso, 17 de los cuales involucran tortura, incluyendo la asfixia y la aplicación de toques eléctricos en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico”. Según el diario estadunidense, “la Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a varios pedidos de entrevista sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.

La boda de los Fox

Una boda dudosa
VERóNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
SAN CRISTÓBAL, GTO.- Cuatro días después del desplome panista en las urnas, y luego de marcar su distancia y hasta criticar la gestión de Felipe Calderón en una carta pública que causó furia en Los Pinos, Vicente Fox hizo lo que mejor le sale en estas circunstancias: armó la faramalla de su boda religiosa con su mujer Marta Sahagún.
Supuestamente en secreto, con la presencia de sólo “algunos miembros de la familia”, el enlace se efectuó a las nueve de la noche del jueves 9 en los jardines del Centro Fox, el inmueble construido en la exhacienda de San Cristóbal, justo un día después de que Fox recibió una prolongada visita del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
Pero la boda podría ser invalidada por haberse efectuado en los jardines del rancho de Fox, es decir, fuera de un recinto de la Iglesia Católica, tal y como ocurrió con el enlace de la actriz Angélica Rivera (actual pareja del gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto) con el productor televisivo Alberto Castro, celebrado en un fraccionamiento privado en Acapulco.
El vocero del Arzobispado de León, Jorge Raúl Villegas, no pudo confirmar la validez de la boda religiosa Fox-Sahagún:
“Sé que no debieron haberlo hecho así; la verdad no sé qué permisos obtuvo o si es que los obtuvo. No sé con qué autorización el padre Latapí hizo esa ceremonia”, declaró a Proceso.
–¿Existe una prohibición para celebrar bodas fuera de los templos o recintos sagrados?
–Está prohibido. Nuestros obispos han expresado pública y oficialmente que los sacerdotes no podemos hacer bodas privadas, en lugares privados, y mucho menos poner restricciones a la gente; tiene que ser en un lugar público y a donde cualquier católico puede entrar o salir.
–¿Entonces este acto no cumpliría con los requisitos de una boda?
–Así es.
El vocero se dijo sorprendido por la noticia, y aseguró que por sus manos no pasó un solo trámite de la pareja para este enlace.
“Yo no puedo todavía decirle a usted nada porque todo fue de imprevisto, todo fue de repente”, dijo Villegas, y reiteró: “No sé qué haya hecho el padre Latapí; realmente no sé ni siquiera si fue boda o nada más una bendición o una oración. No sé qué haya sido y no me consta que haya sido boda”.
Las encargadas de la parroquia de la comunidad Los Ramírez –adscripción a la cual pertenece la exhacienda de San Cristóbal– tampoco registran las amonestaciones que debieron haber sido colocadas tres semanas antes de la ceremonia en las puertas de la notaría de la parroquia, lo cual es otro requisito indispensable.
“No vimos nada”, señaló una de las mujeres que cuida el templo en Los Ramírez.
Las dudas
Tras meses de cultivar las especulaciones, de mostrar un “anillo de compromiso” y de anunciar a varias revistas del corazón que “pronto darían la sorpresa”, Marta Sahagún filtró el mismo jueves 9 que estaba a punto de contraer matrimonio por la iglesia con Fox.
“Me caso dentro de quince minutos”, le anunció la exprimera dama a quien fuera su vocero en Los Pinos, David Monjaraz, editor en el diario local A.M., que así lo consignó en la nota principal del diario que circuló el viernes 10. En ella asegura que el sacerdote Alejandro Latapí ofició la ceremonia; que asistieron unos cuantos familiares y “un grupo de amigos del hijo mayor del exmandatario, Vicente Fox de la Concha”; que hubo mariachi, y que Marta “lanzó el ramo” al son de las notas de La vida en rosa, en la interpretación clásica de Edith Piaf.
Latapí, sacerdote de los Legionarios de Cristo, fue párroco de San Cristóbal durante mucho tiempo, y hace unos cuatro años fue trasladado a otra iglesia en la ciudad de León. Actualmente vive en la Ciudad de México.
La supuesta boda religiosa se habría realizado un año después de que la Rota del Vaticano declaró nulo el matrimonio religioso de Vicente Fox con Lilián de la Concha (Proceso 1599), luego de que el expresidente solicitara la revisión del caso. Las investigaciones y estudios efectuados por los peritos del Vaticano pusieron en entredicho la salud mental del expresidente (se habla de mitomanía, entre otros padecimientos), según divulgó Reporte Índigo (Proceso 1674).
Hace ocho años que Marta Sahagún contrajo matrimonio civil con Fox por lo civil, el 2 de julio de 2001 en Los Pinos, también en una ceremonia privada de la que sólo se enteraron los hermanos de Fox, José y Cristóbal. (Proceso 1291).
Esa mañana, por cierto, el acto sancionado por el Juez Gustavo Lugo Monroy también tuvo sus irregularidades, puesto que el mismo Lugo reconoció posteriormente que había cometido una falta administrativa con la notificación de una prórroga de jurisdicción ante el Registro Civil (Proceso 1289 y 1290).
Como sea, el jueves 9 Marta Sahagún habría conseguido finalmente la bendición nupcial con Fox, según la versión que el propio Arzobispado leonés pone en entredicho.
Atrás quedaron los suspiros de la exprimera dama y las muchas historias alrededor de su obsesión por una boda que se tejieron en los círculos sociales y entre algunas de sus amistades, desde que la pareja se mudó de Los Pinos a su casa de San Cristóbal… como el vestido de novia que Sahagún solía mostrar en su lujoso estuche.
Desde el año pasado, Marta Sahagún había dicho a la revista Hola! que su vestido “estaba listo”. Aparentemente lo había adquirido en San Sebastián, España, entre junio y julio del 2007, durante un viaje para firmar convenios y conseguir apoyos para el Centro Fox.
En una foto publicada por el diario A.M. el viernes 10, apenas se alcanza a ver a Marta con un vestido color marfil, sin mangas, dentro una camioneta conducida por Fox, al salir de la exhacienda alrededor de la medianoche del jueves.
Los colaboradores de la pareja alegan que fueron los últimos en enterarse. La propia vocera del Centro Fox, Cristina Romo, se disculpó el viernes con los numerosos reporteros que se presentaron en el inmueble tras leer la noticia en el A.M.
“Ya me lo confirmó la señora… hablé con ellos y les dije que por qué me hacen esto”, explicaba. Ofreció enviar un comunicado y fotos del evento, pero al cierre de esta edición no lo había hecho. Prefirió subir un par de fotos al sitio del Centro Fox en internet.
Otros directivos del Centro Fox consultados por Proceso sostuvieron que no tuvieron la menor sospecha sobre la realización de una ceremonia religiosa, y que la pareja nada comentó entre los miembros de su equipo.
“Me da la impresión que dentro de la misma familia no todos estaban enterados. A todos nos tomó por sorpresa”, dijo un muy cercano colaborador de Fox.
Cristina Romo mencionó que la pareja tenía previsto cenar el jueves con la familia en la exhacienda, pero por otro motivo: el inmueble herencia de José Fox Pont pasaría formalmente a ser patrimonio del Centro Fox.
La hasta ahora intacta casa familiar, en la que residió hasta su muerte Mercedes Quesada, la madre de los Fox, será remodelada para convertirla en un “hotel boutique”, según pudo averiguar este semanario.
Unas horas antes de la supuesta boda religiosa, Fox se presentó en una exposición plástica de jóvenes de la Universidad Iberoamericana, en León. Ahí se quejó ante la prensa local porque “se está politizando la justicia”, aludiendo a la participación de su hermano José Fox como consejero en una guardería subrogada del IMSS en la Casa de la Mujer.
El evento terminó alrededor de las siete de la noche y reporteros, público y personal del Centro Fox se retiraron. “No teníamos idea” de lo que pasaría dos horas después, señaló posteriormente Cristina Romo.
Lo cierto es que el jueves en la noche, cuando los rumores acerca del enlace comenzaron a circular, hubo un intercambio de llamadas telefónicas entre algunos panistas y funcionarios del gobierno del estado para tratar de confirmar o desmentir la noticia, pero sobre todo para saber quién había sido invitado. Pero en la lista no figuraron ni el dirigente estatal del PAN, Fernando Torres Graciano, ni el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, según constató Proceso.
“Le estuvieron hablando al gobernador para preguntarle, pero no lo invitaron”, confirmó una fuente del equipo de Oliva.
Fox tenía programadas actividades en el Centro Fox el viernes 10, pero ya no apareció.

Panistas, contra un dirigente impuesto

Panistas, contra un dirigente impuesto
ÁLVARO DELGADO, reportero
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
Pese al derrumbe electoral del domingo 5, cuya responsabilidad principal se le atribuye, Felipe Calderón se empecina en controlar al PAN: se reunió en Los Pinos con Germán Martínez horas antes de que éste renunciara a la presidencia del partido, y un día después, también en la residencia oficial, pidió a los gobernadores panistas hacerle propuestas de posibles sustitutos.
Antes de partir a Italia, el martes 7, deslizó a los gobernadores el nombre del embajador en España, Jorge Zermeño, y autorizó que se promoviera a Josefina Vázquez Mota, coordinadora de las campañas de diputados federales –y corresponsable de la debacle– y al diputado Héctor Larios Córdova.
–¿Puede Calderón imponer otra vez al presidente del PAN? –se le pregunta al diputado federal electo Javier Corral.
–El golpazazo del 5 de julio aconsejaría al presidente no intervenir en este proceso –responde– y yo esperaría que no haya un candidato oficial.
Advierte: “Sería suicida y autodestructivo empeñarse en colocar, de nueva cuenta, a una figura que sea incondicional o que atienda fundamentalmente a los intereses del gobierno y no a los intereses del partido. Lo vería yo como el último clavo al ataúd”.
Corral Jurado, quien renunció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) cuando Calderón y Martínez depusieron sus compromisos democratizadores –y contra ellos, pese a un fraude documentado en Chihuahua, ganó la candidatura a diputado–, valora lanzar su candidatura a la presidencia del PAN, al que le urge un “estrujamiento interno”:
“Necesitamos que en el PAN haya, internamente, un tsunami en términos de reglas, procesos, programas, y que redefinamos muy bien la relación partido-gobierno, es decir, los deberes de la cooperación, pero también los límites de la intervención del presidente en la vida del partido”.
Sin reñir con el jefe del Ejecutivo, el PAN debe mantener su campo de acción: “No podemos aceptar un partido subordinado ni un jefe del partido que esté al tronido de los dedos del presidente de la República. Esto no le sirve ni a él”.
En entrevista, el jueves 9, Corral elabora una propuesta programática para la recuperación del PAN, que incluye la modernización de su oferta para cambiar la política económica –“¡basta de seguir con la que enriquece a los más ricos! ¡Hay que revisar el modelo hasta por sentido práctico!”– y retomar los grandes temas de su agenda histórica.
“Por nuestra culpa hoy vive la República un momento aciago al ver el regreso del PRI a la Cámara de Diputados. Eso, en gran medida, nosotros lo hemos provocado. El PRI que nos ganó el 5 de julio es una maquinaria intacta que los gobiernos del PAN hemos aceitado con concesiones absurdas, con negociaciones indebidas, carísimas para el ideal democrático, con alianzas inadmisibles, con omisiones cuestionables. Este PRI fue reempoderado, aunque no me guste la palabra, por nosotros.”
Al no desmantelarse el régimen corporativo, clientelar, monopólico y patrimonialista se benefició a quienes prohijaron ese sistema. “¿Qué sucedió? Terminamos asemejándonos a ellos, pero fortaleciéndolos”.
–Carlos Castillo Peraza defendió la supuesta victoria cultural del PAN, pero ¿no le parece que se impuso la victoria incultural del PRI?
–Hay un acumulado de cosas. Es muy fuerte decir esto, pero fuimos más poder durante nuestra última década como oposición que en esta década de poder. Fue más reformador Carlos Salinas con nuestras ideas que Vicente Fox y Calderón. Salinas, de hecho, cumplió en parte la plataforma de 1988. Tuvo más reformas constitucionales de las llamadas estructurales, de acuerdo a nuestro ideario y programa, que en estos nueve años.
“Porque las negociaciones que hemos hecho nos han desfigurado como partido y nos han dado reformas chatas que sólo han favorecido a la lógica del PRI. ¿Qué reforma constitucional que haya tomado las grandes banderas de cambio del PAN en el país tenemos en estos nueve años? ¡Cuál!”
Resume: “Tenemos que reconocer que ha faltado el talante de cambio en estos años, que las promesas están incumplidas y que la oferta de transición democrática está incumplida”.
Que renuncie el CEN
Internamente, también, Corral urge a una reforma que sobre todo termine con la lógica de grupos: “Si no nos salimos de la dinámica de los grupos, que se han agrupado en dos grandes facciones, no vamos a poder entrarle a una renovación integral del PAN”.
El exsenador subraya: “Está ganando, en lo local, el acarreo de los dirigentes estatales, y en lo nacional está ganando el dominio de los grupos de poder: el gobierno de la República y los gobernadores de los estados. Nosotros también tenemos nuestro sindicato de gobernadores”.
Y es que el martes 7, un día después de que Germán Martínez renunció a la presidencia del PAN, siete de los ocho gobernadores de ese partido y los coordinadores de los grupos parlamentarios, Gustavo Madero y Héctor Larios, emitieron un pronunciamiento de respaldo a Martínez.
“Como que no se han dado cuenta de que son corresponsables, como si no afectaran los desfiguros de varios de ellos en sus estados, como si no han colaborado con creces en este deterioro. El mensaje de ayer no se hace cargo de nada”.
También le resulta extraño a Corral Jurado el silencio del CEN, cuyos integrantes deben renunciar porque son corresponsables de las decisiones de Martínez Cázares, como la imposición por dedazo de más de 350 candidatos, 80% de los cuales perdieron: “Es una responsabilidad mayúscula. ¿Cómo que se va Germán y se queda el grupo que tomó las decisiones?”
–¿Por decoro deben renunciar?
–¡No por decoro, sino por responsabilidad política! Porque es el órgano que aprobó la estrategia de hacer de él nuevo ideólogo y vocero de la campaña del PAN. Esa campaña publicitaria, estoy seguro ideada por un genio de la contrapropaganda…
–Antonio Solá.
–No sé, pero fue contrapropaganda para nosotros, muestra el deterioro del partido. Antes presentábamos a las figuras comprometidas con el cambio democrático y ahora eran, e incluso se le traían, varios luchadores en actos de campaña. ¿Quién fue el que diseñó la campaña televisiva que comparaba la lucha del presidente Calderón contra el narcotráfico con la lucha libre? ¡No hay nada más falso y arreglado en el espectáculo que la lucha libre!
El eje Corral-Creel-Espino
Otro aspirante a suceder a Germán Martínez es el senador Humberto Aguilar Coronado, quien también propone la renuncia del CEN para que el Consejo Nacional –el órgano electivo– quede en libertad para elegir a un presidente por tres años, no sólo el año y medio que resta de la gestión actual.
“Si bien Germán asume toda la responsabilidad, no es menos cierto que tenía un equipo que es corresponsable de lo que nos pasó. Entonces, una buena decisión de los miembros del CEN es dejarle la oportunidad al Consejo Nacional de que elija presidente por tres años para que trascendiera el periodo de la elección constitucional, cuya principal función fuera precisamente la unificación del partido, el rescate de la identidad, del orgullo del militante panista y, por supuesto, el triunfo electoral en 2012”.
Aguilar, quien es promovido por su compañero Santiago Creel, rechaza también un nuevo presidente del PAN que se someta a Calderón:
“Ahí está la expresión que el PAN tuvo que atender con la candidatura de Germán, hace año y medio, y no son los momentos de una situación así. No debe ser un candidato contra el presidente, pero sí un candidato que rescate el orgullo del panista, de trabajar por el bien de México y de conquistar voluntades. Respetando al gobierno, pero con una clara inclinación al fortalecimiento del PAN”.
–¿No se debe subordinar el partido al gobierno?
–Definitivamente no. Creo en un panismo fortalecido, que tiene como responsabilidad primaria apoyar a su gobierno, pero también fortalecer a los militantes para poder seguir siendo opción de gobierno y esperanza ciudadana.
Expone: “Creo en un PAN en el que quepamos todos y que todos los talentos puedan sumar. Un perfil como el mío, dicen mis compañeros, puede ayudar”, dice el senador por Puebla, quien fue compañero de Calderón y Martínez en el comité encabezado por Castillo Peraza.
Más que Aguilar, Corral ha concitado, por su proyección nacional y prestigio en batallas contra Televisa, mayor expectativa inclusive que Manuel Espino, expresidente del PAN, y Creel.
–Quién lo diría: después de 20 años de choques, converge con Espino.
–Yo no voy a hacer compromiso con grupo alguno –responde Corral–. Yo voy a plantear un programa, un concepto del partido, y todos los que a ese proyecto se quieran sumar serán bienvenidos, si tomo la decisión.
“Y no está tomada porque también quiero conocer si el proceso al que vamos es incierto en sus resultados y cierto en sus reglas o es un proceso que ya está cierto en sus resultados e incierto en sus reglas. Yo creo que debemos tener claro si el gobierno va o no a actuar. Yo no tengo grupo político en el Consejo Nacional ni en el PAN, pero podemos ser un movimiento transversal a grupos”.
Y lo fundamental: que primero se tenga claro el diagnóstico de las elecciones y luego las medidas para relanzar al PAN y que susciten el aval del Consejo Nacional.
“De nada va a servir relevar a Martínez por quien fuera si el Consejo Nacional no aprueba un plan de recuperación del PAN para los ciudadanos. De nada serviría que el sucesor fuera Aguilar, Creel, Espino, Vázquez Mota, Zermeño o Corral, si el Consejo Nacional no respalda las ideas que presenten, porque lo que necesitamos es una mayor, y el que elija el Consejo debe saber a qué va, y sobre todo debe quedar claramente debatida la idea de la relación partido-gobierno”, explica Corral Jurado.
Por eso, reta a que Calderón no imponga al presidente del PAN: “Está en una encrucijada: O se decide alzar la mira con una perspectiva de largo plazo, por la historia, o vive en el día a día de la acción de gobierno y espera pacientemente a que regrese el PRI a Los Pinos”.
Martínez, mientras tanto, se esfumó. El lunes 6, tras hacer pública su renuncia, se negó a responder si Calderón fue el que lo obligó a renunciar y si, como se prevé, será enviado como embajador…

Testimonios de la ignominia

Testimonios de la ignominia
MARCELA TURATI
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
Los testimonios recogidos por Proceso en torno del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, son elocuentes. Al reconstruir los hechos, esas voces revelan cómo la negligencia de las autoridades y la falta de cuidados de los socios de ese inmueble provocaron una de las peores tragedias de las que se tenga memoria en el país. Son relatos dramáticos, gritos desesperados que no tienen eco, pero también son preguntas sin respuestas ante la infamia.
Escuchamos el grito. ‘¡Saquen a los niños!’… El techo se desprendía en pedazos y caía sobre los menores que dormían sobre colchonetas en el piso… Unos tenían quemaduras en brazos, cabeza, frente; otros se asfixiaban con el humo”. Educadora RC de la guardería ABC.
“Movía sus cuerpos pero batallaba para despertarlos; lo hice varias veces, pero no dio resultado. En cuestión de segundos se llenó la sala de humo negro… me llevé a los niños despiertos hacia el baño, mojé las sábanas y se las puse en su nariz para que no aspiraran el humo. Era imposible sacar a todos porque ya había salido parte del personal y sólo quedábamos unas 27 personas”. AM, educadora.
“Araceli gritó que allá había muchos niños. Cuando llegué a la puerta se me juntaron muchos de ellos que venían saliendo de las áreas de Maternal, de dos a cuatro años, que son los que ya caminan; sentí cuando se me abrazaban de las piernas. No puedo decir cuántos ni quiénes, para ese momento ya estaban cayendo del techo los trozos ardiendo de una lona de colores que estaba colgada sobre el comedor. Como pude me iba quitando a los niños, por eso tengo los brazos quemados”. EC, jefa de pedagogía.
“No podíamos abrir la puerta porque abre para adentro, no para afuera... se batallaba, ya que la jaladora de la chapa se quebró, y en eso andaban que la iban a arreglar pero no lo hicieron”. GT, cocinera de la guardería.
“Miré a siete niños tirados en el pavimento enfrente de la puerta de la guardería… La Cruz Roja no se daba abasto… Procedimos a acordonar el área, ya que empezaron a llegar familiares de los niños que querían ingresar a la guardería. Tuvimos que negarles el paso para no interrumpir las labores de los bomberos”. Reporte policiaco.
“Había mucho humo espeso, empecé a tentar, tenté carnita, la agarré, cuando pude vi que era una niña, estaba toda quemada, no hacía nada; no lloraba, tenía los ojos grises. Nomás se me quedó viendo, nada más abría la boca y la cerraba, como los peces”. Empleado de llantera ubicada en las inmediaciones del edificio siniestrado.
“Hiram se sentía muy mal. Él quería agarrar parejo y llevarse a todos los niños; veía a varios de ellos en el piso, pero tomaba a los que veía llorando y no a los que veía silenciosos. Y estuvo bien porque salvó a los que tenían posibilidad de vivir”. AA, bombero.
“El cuarto niño que saqué me partió el alma: iba todo descarapelado, como cuando a un tomate le quitas el cuerito, en la bata del uniforme se me quedó la carne cocida del niño. Lloraba, respiraba forzado, yo le iba diciendo que aguantara, que ya íbamos a llegar al hospital”. CC, despachador de gasolina.
“Sacamos como a 30, pero no vi uno vivo; todos iban negritos, sus brazos sin fuerza. LL, vecino.
“No estaban muy quemados, sino intoxicados. El humo del poliuretano es muy tóxico, es muy pesado, si acaso te da cinco minutos para seguir respirando”. AA, bombero.
lll
“Nos llevaron al hospital Cima para identificar a los niños que habían fallecido y a los que se encontraban vivos pero muy quemados; ni los mismos padres podían reconocerlos”. Educadora MF.
“Talla: 90 centímetros. El cadáver presenta quemaduras de primero y segundo grados en 40% de la superficie corporal, predominante en cara, cuello, extremidades, región dorsolumbar derecha. También presenta impregnación de humo y presencia de hollín en la ropa, en superficie corporal expuesta y en orificios naturales, vías aéreas y digestivas superiores, coloración rosa cereza de la piel y la mucosa. Concentración de carboxihemoblobina de 73%”. Reporte forense.
“Mi niño traía contaminados los pulmones, inflamados, negros, tres días estuvo haciendo sangre, tenía dificultad para respirar. Hace unos días le retiraron las nebulizaciones. Ese día, cuando supimos que estaba en el hospital, yo seguí buscando a la niña y vi como a ocho niñas muy malitas, en estado lamentable, pero como mamá quería que todas fueran ella. No había manera de identificarlas, me parecía que alguna tenía el pelo o las orejitas o los dientes como la mía. Era casi imposible reconocerlas, algunas estaban inflamadas. Decía que sí, que todas eran mi hija y todos los papás decían lo mismo. Afortunadamente la mía estaba completa, nada más tenía dos lesiones en el brazo izquierdo, se veía muy oscura su nariz. Su cabello estaba completo, su ropa completa. Qué bueno que fue así porque ella era vanidosa, coqueta, decía que era la más hermosa y me hubiera dolido verla en otra situación. Pero murió hermosa”. Entrevista con Isaura Lozoya, mamá de Dafne Yesenia y Kevin Isaac.
“Kevin llegó consciente, asustado, con los ojitos desorbitados por el susto. Le preguntaron qué quería y dijo, señalando a una enfermera: ‘Que ella me abrace’. A veces comenta las cosas a su modo fantasioso sobre lo que le pasó. Me dice: ‘Mamá, anoche vi una estrella, me subí en ella, volé como Supermán y cuando me caí me hice estos cocos’, y me enseña sus quemadas”. Testimonio de IL, mamá.
“Mi esposo se metió a buscarla. Dice que cuando entró no la reconocía porque había varios tiznados. Él gritaba: ‘Vania, Vania, dónde estás’, obvio que una niña de siete meses no te contestaba, pero sí le extendió los bracitos y él la agarró. Adentro del carro dudé si era ella, hasta que le vi el vestidito. No la reconocía por lo tiznada. Estaba hirviendo, gritando, deshidratada, y hasta que le pusieron suero en el hospital le salieron las lágrimas. Tiene heridas de lo que goteó el techo. En las noches a veces se estremece y empieza a llorar inconsolable”. Carolina Córdova, mamá de Vania Vanesa.
“(La guardería) contaba con todas las medidas de seguridad… Aparte de mi esposa hay dos socios más: Gildardo Urquidez y Marcia Matilde Gómez del Campo, ignoro cuántos fueron los niños o personas que han fallecido; tampoco sé cuantos lesionados hay hasta el momento. Ignoro dónde estén los otros socios”. Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, esposo de la representante legal de ABC, Sandra Téllez.
lll
“Muchas cosas no embonan.¿Por qué no detuvieron a los dueños y a los funcionarios de gobierno, por qué les dieron tiempo de huir? ¿Por qué tardaron para dar la lista de las guarderías subrogadas?... Ni la muerte de 48 niños y los 16 hospitalizados los mueve, siguen viendo sus bolsillos”. Abraham Fraijo, papá de Emilia, de tres años, muerta en el incendio.
“Cuando fui por primera vez a la guardería chequé que tuviera salida de emergencia, no sabía que estaba cancelada con candado, y tengo la manía de checar la carga de los extintores. Me dio confianza porque estaba el techo muy alto... Pensé que la guardería era del IMSS, no sabía que era de particulares que se encargaban de pagarles a las muchachas. Me siento defraudado, México es todo una basura, siempre se ve por los intereses de pocos por encima de todos”. Roberto Zavala, papá de Santiago, uno de los menores fallecidos.
“No está y no lo van a encontrar”. Mamá de Marcelo Meouchi, exrepresentante de la guardería.
“(En 2001) Marcelo Meouchi y Antonio Salido me dijeron que necesitaban los servicios de construcción de divisiones internas y acabados en una bodega... era un garrón vacío… hasta hice el comentario a los dueños en relación con la impermeabilización y el estado del techo por humedad… El plano estaba aprobado por el ayuntamiento”. Subcontratista de Muros y Plafones.
“Se lleva a cabo la inspección del sistema de seguridad contra incendios basado en un formato ya establecido el cual sólo llenamos… desconozco a quién le toca checar que la construcción sea adecuada”. FA. Bombero.
“Primero fue mueblería, luego maquila, después guardería”. Vecino.
“(En 2001, los dueños solicitaron al licenciado Ernesto Rivera, entonces delegado del IMSS, permiso para poner la guardería.) Recuerdo que vimos el inmueble y que se observaba en buen estado y que en su entorno no había situaciones peligrosas, como gasolineras, cantinas o vías rápidas… Era una nave industrial, al parecer en buenas condiciones”. Noemí López Sánchez, jefa de inspectoras del IMSS desde 2001.
“De la ultima revisión que tuvimos el 27 de mayo de este año (2009), recuerdo que la supervisora nos extendió una felicitación”. ML, administradora de ABC.
“Nunca se revisan los materiales de construcción, los techos o cualquier cosa relacionada con el inmueble… Me di cuenta de la carpa que está puesta en el área de usos múltiples, que es de plástico o hule y era de colores. La verdad, no advertí que fuera un riesgo para los niños, sólo la tomé como parte de la decoración… El IMSS no me ha dado capacitación sobre incendios, además de que mi formato de revisión no lo contempla”. Delia Botello, coordinadora regional de guarderías.
“Los simulacros nunca se realizaron con los niños comiendo o dormidos, ni por sorpresa”. MF, educadora.
“Al bombero que nos estaba mostrando qué hacer en caso de incendio le preguntamos qué sucedería con las lonas del techo y nos dijo que estábamos trabajando con una bomba de tiempo”. MF, educadora.
“Vecinos del lugar decían que, por el olor, en esa bodega vecina se trabajaba con químicos”. CV, educadora.
“(En la bodega de Hacienda teníamos dos coolers) conectados a un contacto múltiple, de esos que se llaman flautas y que tienen un switch en un extremo… estaba conectado a un alambre rojo que estaba suelto. Antes de irme apagamos los coolers”. IA, empleado de Hacienda.
“Siempre tuvimos problemas con los focos que estaban en esa bodega, siempre se apagaban”. DA, empleado de Hacienda.
“El 5 de junio, a las 17:47 horas se recibió una llamada anónima de amenaza de bomba en las instalaciones de la guardería ABC… En la noche una persona reportó, en otra llamada, que cuando ocurrió la tragedia vio a unos jóvenes salir de las bodegas contiguas a la guardería, los cuales vestían uniformes de una secundaria e iban corriendo de forma sospechosa, como huyendo”. Reporte del sistema de emergencias.
lll
“El secretario de Turismo y el expresidente municipal (Guatimoc) Iberry intentaron convencerme de que el gobierno estatal no tiene la culpa; me dijeron que Santiago está en el cielo, muy triste, porque estamos enojados; que cualquier cosa que necesitara, cualquier gasto, el gobernador me lo podía dar. Yo les dije que sí necesitaba algo: que metieran en la cárcel a los culpables, los propietarios de la bodega que tenía medidas nulas de seguridad”. Papá de Santiago Zavala, muerto en el siniestro del 5 de junio.
“En los restos de la guardería se encontraron documentos de renuncias voluntarias del personal que había dejado de trabajar, recibos de pagos de seguros Monterrey a nombre de Antonio Salido, pagos oficiales a nombre de Sandra Téllez Nieves y Alfonso Escalante, un CD con la leyenda de propuesta de ampliación, una invitación del presidente de la República, Felipe Calderón…”. Ministerio Público.
“Por decisión de la Asamblea asumí el cargo de presidenta del Consejo, concretándome únicamente a constatar y verificar que se cumpliera con los requisitos señalados por el personal de la Coordinación de Guarderías. (Di) instrucciones de no escatimar esfuerzo alguno ni recursos económicos para proporcionar y brindar un servicio adecuado a los niños”. Sandra Téllez, representante legal de la guardería.
“Ofendido: Sociedad ABC. Solicitamos que esta H. Representación Social se sirva a iniciar una investigación para determinar las causas que originaron el siniestro como las consecuencias que se determinen contra quien o quienes resulten responsables de la comisión de delitos de daño por incendio”. Denuncia interpuesta el 6 de junio por Antonio Salido, representante legal de la Guardería ABC.
“Mi única participación desde que se constituyó legalmente ha sido la de socia capitalista”. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, fundadora de la sociedad ABC.
“Sólo me circunscribí a aportar el capital”. Gildardo Urquides, socio de ABC.
“Me compensaría que empezaran a dar las guarderías a quien tiene conciencia de hacerlo, y que se les revise. Tienen que evitar que los niños mueran, para que las mamás que trabajan puedan quedarse tranquilas. Me compensaría el dolor que la muerte de mi bebé sirva para que los niños estén mejor cuidados”. Mamá de Yesenia.

***

Operación tapadera
DANIEL LIZáRRAGA, reportero.
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
La difusión de las listas que contienen nombres y datos de propietarios de las guarderías subrogadas por el Seguro Social puso al descubierto una historia de engaños, contradicciones y ocultamiento de información mediante la cual el director del IMSS, Daniel Karam, deslindó al gabinete presidencial de cualquier responsabilidad sobre la muerte de 48 niños en la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, como lo demuestra una investigación realizada por Proceso.
En esa misma dinámica, el funcionario endosó a la administración de Vicente Fox, al gobierno de Sonora encabezado por Eduardo Bours y a los dos últimos alcaldes de Hermosillo la responsabilidad de explicar cómo y por qué se optó por un sistema de estancias infantiles subrogadas, y por qué no se contó con información oportuna acerca de las condiciones mínimas de seguridad en cada una de ellas.
El exdirector del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, es uno de los funcionarios beneficiados con estas maniobras, pues se le ha mantenido al margen de las pesquisas anunciadas por la Procuraduría General de la República, pese a que en 2007 él firmó la mayoría de las renovaciones de contratos con los propietarios de las mil 500 guarderías subrogadas, entre ellas la ABC de Hermosillo.
El miércoles 8, Karam dijo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el retraso de 33 días en hacer públicos los nombres de los dueños de las estancias obedeció al tiempo que demoró la digitalización de 70 mil hojas.
“Ahora se puede saber quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, cuándo empezaron a operar y cuál es el tipo de contratación que tienen”, expuso.
Sin embargo, al IFAI le dieron una explicación diferente. Entrevistada por Proceso un día antes de la comparecencia de Karam, la comisionada María Marván aseguró que el IMSS les notificó que la demora en la entrega de la lista se debió a que no tenía todos los contratos en su poder.
“No había orden. Algunos de estos contratos estaban en las oficinas centrales, pero otros permanecían en las delegaciones y otros más se quedaron en las guarderías”, comentó Marván vía telefónica.
Ante el creciente interés público sobre el funcionamiento de las guarderías, los comisionados del IFAI, encabezados por Jacqueline Peschard, han realizado su propia investigación. Desde el pasado 22 de junio se inició el intercambio de oficios y datos entre ambas instituciones.
De acuerdo con Marván, el IMSS nunca le notificó al IFAI que el retraso para abrir los archivos sobre las guarderías obedeciera a un problema técnico. Por otra parte, desde hace seis años, el Seguro Social –como el resto de las 240 dependencias gubernamentales sujetas a la Ley de Transparencia– debió tener en su portal de internet registros sobre las guarderías.
En el artículo séptimo de esa ley se especifica que los contratos firmados por el gobierno con cualquier particular son públicos por definición. En torno de este punto, la comisionada explicó que los contratos debieron estar registrados, sin excepción.
–¿Qué importancia reviste la transparencia en el manejo de los archivos? –le preguntó el reportero.
–En este caso podemos comprobar que el desorden administrativo lleva a la impunidad. Sin un archivo ordenado sobre quiénes son los dueños y cuándo se hizo la última revisión de Protección Civil, los expedientes sirven para muy poco. La información desordenada en la administración pública no tiene ninguna utilidad.
–¿Se deben fincar responsabilidades por ello?
–No me quiero lavar las manos, pero eso lo debe determinar la Secretaría de la Función Pública. El IFAI le ha exigido al IMSS que tenga los contratos actualizados y los expedientes completos de cada una de las guarderías. Supongo que después de este accidente tan espantoso, uno de los documentos infaltables serán las revisiones de Protección Civil.
Sin embargo, entre los 70 mil archivos puestos a disposición por el IMSS no existe un solo documento que contenga dictámenes en esa materia.
Aunado a lo anterior, en el sistema Infomex –el portal oficial de acceso a la información del Gobierno Federal– este semanario encontró indicios de que desde diciembre de 2008, seis meses antes del accidente, el IMSS contaba con información sistematizada y ordenada acerca de las guarderías.
Prueba de ello es que en esa fecha un ciudadano –del cual se omite su nombre por mandato de ley– pidió al Seguro Social información detallada acerca de las guarderías (solicitud de acceso 0064100316409). El desglose debía incluir ubicación –estado, municipio y colonia–, además de números telefónicos, capacidad instalada, número de niños inscritos y, sobre todo, los nombres de los propietarios. El instituto le entregó una base de datos más o menos completa.
Tras la tragedia del pasado 5 de junio, los medios de comunicación, los padres de los niños fallecidos, así como los legisladores de oposición y las organizaciones civiles, exigieron que se dieran a conocer los nombres de los dueños no sólo de la guardería ABC, sino también de todas las estancias infantiles subrogadas en todo el país.
El IMSS tardó más de un mes en entregar esa información, pues según Karam fue muy laboriosa la digitalización de más de 70 mil documentos. Sin embargo, este argumento no se sostiene ante la evidencia de que desde diciembre de 2008 el instituto contaba con información de las estancias infantiles sistematizada en una base de datos.
Corrupción
En su comparencia ante los legisladores, Karam precisó: “Hoy queda claro que hay cuatro instancias de responsabilidad: la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora, los dueños y operadores de la guardería subrogada, funcionarios estatales del Seguro Social y las autoridades de Protección Civil de Hermosillo”.
Al responder las preguntas de un diputado, el funcionario refirió que la guardería ABC abrió sus puertas en 2001 con permiso del entonces delegado del IMSS en la entidad. Karam no proporcionó el nombre de ese funcionario, aunque para entonces el director general del instituto era Santiago Levy.
El 29 de marzo de 2006, precisó Karam, el Consejo Técnico del IMSS adoptó el acuerdo 127-2006, mediante el cual se autorizó al director general suscribir contratos multianuales para la prestación de servicios de guardería, cuya vigencia sería hasta por tres años.
Y agregó: “Con base en todo este procedimiento, el 29 de diciembre de 2006 el IMSS celebró con guardería ABC un contrato de prestación del servicio firmado entre otros funcionarios por el entonces director general, con vigencia, insisto, al 31 de diciembre de 2009”.
Karam les dijo a los legisladores que en la parte final de los documentos digitalizados se destacaba que tanto la responsabilidad de la contratación como de la administración del contrato quedarían a cargo de la delegación estatal.
Para el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, este caso ilustra, con todo su dramatismo y crudeza, que el acceso a la información y la transparencia no han bastado para impedir la corrupción y la impunidad prevalecientes en el gobierno.
“Si hay una lección en términos de acceso a la información y transparencia en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, es que, en contextos político-burocráticos como el mexicano, la transparencia puede hacer muy poco para combatir la impunidad. Cuando ya han muerto 48 niños, la transparencia puede generarle al IMSS alguna presión para que cumpla con las normas mínimas de seguridad.”

Lucía Morett

El Tiempo on line, agencia EFE, Julio 12 de 2009 - 3:20 p.m.
Mexicana herida en campamento de 'Raúl Reyes' no alcanzó los votos para llegar a Congreso de su país
El Partido del Trabajo (PT) había incluido a Lucía Morett en sus listas para protegerla de una posible extradición demandado solicitada por Colombia.
Sin embargo, los escasos resultados del PT en las elecciones del pasado 5 de julio, solo permitieron a esta organización alcanzar 13 escaños parlamentarios que corresponden a los principales líderes de la organización y sus aliados.
Por su parte, el abogado de Morett, Hugo Rosas, explicó a Efe que la posibilidad de este resultado estaba contemplada, por lo que habían trabajado en la defensa por medios legales contra lo que ellos consideran, "una persecución política".
Desde el pasado 3 de julio la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una "circular roja" a pedido de Colombia después de que un juzgado penal de Bogotá presentara cargos contra la mexicana por varios delitos.
Rosas explicó que aunque Colombia haya solicitado a la Interpol el arresto de Morett, no significa que la puedan detener de manera directa, pues una orden de arresto solo puede emitirla un juez mexicano.
"Se requiere que tanto la Interpol como las autoridades judiciales puedan conocer las pruebas aportadas por Colombia en su solicitud", dijo Rosas.
El jurista explicó que hasta ahora no han sido notificados por las autoridades sobre las supuestas peticiones de arresto por parte de Colombia, y una solicitud de extradición del Gobierno de Ecuador.
"En ninguno de los casos se ha notificado oficialmente a México", afirmó el abogado, quien aseguró que son procesos carentes de pruebas y "ambas peticiones son absolutamente repugnantes".
Además, añadió, ni la Interpol ni el Tratado de Extradición entre México y Ecuador permiten la detención de una persona por motivos políticos.
"Las autoridades mexicanas deben proteger a Lucía y si actúan en estricto apego a derecho deben negar la extradición por ser un asunto meramente político", indicó Rosas.
Por este motivo la defensa jurídica consiste en demostrar que es una persecución política por parte del Gobierno de Colombia, debido a que Lucía Morett es sobreviviente y testigo de un ataque de las fuerzas armadas de ese país en territorio de Ecuador en contra de un campamento de las Farc.
"Lucía es una testigo relevante para presentar denuncias en una corte internacional contra el propio Uribe y su Gobierno. Él sabe que invadió Ecuador y asesinó a los miembros de las FARC y a estudiantes mexicanos", reiteró Rosas.
Asimismo, el abogado dijo que el pasado jueves solicitaron a la Interpol revocar la "circular roja" debido a que esta institución no se involucra en asuntos políticos, aunque aclaró que aún no hay una respuesta.
EFE.

"La Minsa"

La detención de Arnoldo Rueda Medina, alias La Minsa uno de los jefes del cartel de La Familia, ha desatado ataques contra varios centros de la policicía en MIcoacán; al menos cinco agentes murieron en los distintos asaltos registrados con armas de asalto y granadas, en un intento, según el Gobierno mexicano, de rescatar a La Minsa.
La Secretaría de Seguridad Pública (SPP) federal ha indicado en un comunicado que Rueda es considerado junto con Enrique Plancarte, alias La Chiva, el segundo al mando en la organización delictiva que dirigen José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, y Nazario Moreno González, alias El Chayo. La Minsa era hasta su detención el encargado del acopio, trasiego y venta de droga, informaron fuentes oficiales.
El ataque contra la sede de la Policía Federal en Morelia se produjo minutos después de la detención de La Minsa, según señaló en rueda de prensa Rodolfo Cruz, coordinador territorial de dicha policía.

Comunicado de prensa de la SSP

Boletín de Prensa/299
México, D.F., 11 de julio de 2009
CAPTURA LA POLICÍA FEDERAL EN MORELIA A COORDINADOR OPERATIVO DE "LA FAMILIA MICHOACANA" E IMPIDE SU RESCATE
Un grupo de sicarios intentó liberar al detenido atacando las instalaciones de la Policía Federal en la ciudad de Morelia donde estaba resguardado
La Secretaría de Seguridad Pública federal informa que el día de hoy elementos de la Policía Federal, en Morelia, Michoacán, capturaron a Arnoldo Rueda Medina, alias "La Minsa", coordinador operativo de la organización criminal conocida como "La Familia Michoacana", y responsable de las operaciones de acopio, trasiego y venta de droga.
Arnoldo Rueda es considerado, junto con Enrique Plancarte, alias "La Chiva", el segundo al mando dentro de la estructura delictiva que encabezan José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango Méndez" y Nazario Moreno González, alias "El Chayo".
Información de inteligencia señala que Arnoldo Rueda Medina, alias "La Minsa", inició sus actividades delictivas con la compra venta de vehículos robados.
Posteriormente se vincula con José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango" Méndez, Nazario Moreno González, alias "El Chayo", y Carlos Rosales Mendoza alias "El Tísico", quienes formaron una organización delictiva a la que llamaron "La Empresa".
Junto con Rueda Medina fue detenido Francisco "N", menor de 17 años de edad, originario de Irapuato, Guanajuato, quien se encargaba del resguardo de las casas de seguridad de "La Minsa".
En el año 2000, "La Empresa" se unió al Cártel del Golfo para expulsar a la organización delictiva de "Los Valencia" del estado de Michoacán. Arnoldo Rueda fungía entonces como jefe de sicarios y era el responsable de la ubicación y ejecución de los integrantes de “Los Valencia”, acciones que lo posicionaron en la cúpula de la estructura criminal.
Durante su relación con "Los Zetas", Rueda Medina trabajó bajo las órdenes directas de Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El 40", y Alfredo Rangel Buendía, alias "El Chicles", detenido por la Policía Federal en la Ciudad de México el 14 de agosto de 2008.
La relación de la organización delictiva "La Empresa" con "Los Zetas" duró hasta el 2006, año en el que la organización de los michoacanos manifiesta su desacuerdo con las acciones de "Los Zetas" por el reparto de las jefaturas de plazas que esa organización tenía en su poder.
Los conflictos entre la autodenominada "Empresa" y "Los Zetas" dieron origen a la creación de la organización de "La Familia Michoacana", en el año 2006, siendo sus fundadores Carlos Rosales Mendoza, alias "El Tísico", José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango" Méndez y Nazario Moreno González, alias "El Chayo", así como Enrique Plancarte, alias "La Chiva", Arnoldo Rueda Medina, alias "La Minsa" y Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta".
Desde la creación de esta organización criminal Arnoldo Rueda Medina es considerado como el brazo derecho de Nazario Moreno González, alias "El Chayo".
A la fecha "La Minsa" coordinaba la logística para la fabricación de drogas sintéticas, trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos.
Era el responsable de designar a los jefes de las diferentes plazas controladas por la estructura de la organización criminal en, Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, parte de Guerrero y del Estado de México.
"La Minsa" infiltró a algunos mandos de las corporaciones policíacas en las zonas en donde tiene presencia "La Familia Michoacana". Dentro de su estructura contaba con grupos responsables de la asesoría jurídica y financiera de la organización. De igual forma, desarrollaba junto con Nazario Moreno González, estrategias de expansión a nivel nacional e internacional.
Labores de inteligencia de la Policía Federal también permitieron detectar que Arnoldo Rueda Medina mantenía los contactos a nivel internacional para la importación de cargamentos de efedrina y pseudoefedrina para la elaboración de drogas sintéticas, mismas que introducía vía marítima por los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima.
Además mantenía el control de los laboratorios clandestinos en Michoacán y Guanajuato para la elaboración de drogas sintéticas, y junto con Enrique Plancarte y Servando Gómez Martínez "La Tuta", determinaba las zonas de acopio y rutas para el trasiego de marihuana, así como el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos por la ruta de la costa michoacana, por lo que es considerado el mayor introductor de droga sintética de "La Familia Michoacana" a Estados Unidos, para ello utilizaba los pasos fronterizos de Tijuana y Mexicali, Baja California, así como las fronteras de Sonora y Chihuahua.
También coordinaba las acciones para ubicar y ejecutar a los integrantes de "Los Zetas" y de los Beltrán Leyva, que intentaban retomar el control del territorio michoacano; y organizaba la lucha por los mercados de la droga.
Rueda Medina además supervisaba las operaciones de narcomenudeo en los municipios del Estado de México y mantenía una estrecha relación de amistad y trabajo con Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta".
Dentro de la organización existen grupos dedicados al secuestro, principalmente en el Estado de México, prueba de ello es la detención de Javier Ortiz Chávez, alias "El Arqui", detenido por la Policía Federal el 25 de mayo de 2009. Tras la detención de "El Arqui", su lugar fue ocupado por un sujeto de alias "Terry" que opera principalmente en la ciudad de Toluca, Estado de México.
Esta acción es el resultado de las labores de inteligencia realizadas por la Policía Federal, mismas que permitieron identificar la estructura delictiva, la zona de operación, el modo de operar, así como la ubicación de los inmuebles utilizados como casas de seguridad de este operador de "La Familia Michoacana".
Tras su detención, Arnoldo Rueda, quien se considera "coordinador de coordinadores" fue trasladado a las instalaciones de la Policía Federal en la ciudad de Morelia. Minutos más tarde, un grupo de sicarios de su organización atacó con granadas de fragmentación y disparos de armas de alto poder. Los agentes federales respondieron a la agresión del grupo armado, resultando tres policías heridos con esquirlas de granada de fragmentación.
Cuando los presuntos sicarios vieron frustrado el intento de rescatar a "La Minsa", atacaron otras instalaciones de la Policía Federal en represalia por la detención de este presunto líder de la organización de "La Familia Michoacana".
Con acciones como ésta, la Secretaría de Seguridad Pública federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad.

Boletín de Prensa/300
México, D.F., 12 de julio de 2009
LA POLICÍA FEDERAL CAPTURA EN MICHOACÁN A PROBABLES RESPONSABLES DE LOS ATAQUES REGISTRADOS A INSTALACIONES DE ESTA DEPENDENCIA
En la acción perdió la vida un presunto delincuente.
Resultado de los operativos de búsqueda y localización de los presuntos agresores que atacaron el día de ayer con armas de alto poder y granadas las instalaciones de la Policía Federal en el estado de Michoacán, se informa que hoy se logró la captura de dos presuntos responsables de los ataques, tras un enfrentamiento en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La acción se registró cuando elementos de la Policía Federal a través de trabajo de inteligencia ubicaron en el poblado de Huacamayas, del citado municipio, a varios sujetos armados, quienes al ver la presencia de la autoridad comenzaron a disparar, lo que originó un enfrentamiento por varios minutos, en el que perdió la vida un presunto agresor identificado como "El Cuervo" y fueron detenidos:
Antonio Farfán Sánchez de 20 años de edad y originario de Huacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.
Rafael Antonio Gómez Pérez de 25 años de edad y originario de Zihuatanejo, Guerrero.
En el lugar se aseguraron:
Tres armas largas AK-47, conocidas como "cuerno de chivo",
Una pistola calibre 38 Súper,
14 cargadores para AK-47 para "cuerno de chivo",
Siete cargadores para pistola 38 Súper,
500 cartuchos calibre 7.62 para AK-47,
100 cartuchos para arma corta de diferentes calibres,
Tres chalecos tácticos,
Un chaleco antibalas,
Cuatro radios y
Una camioneta Suzuki, modelo 2009, sin placas de circulación.
Es de señalar que las agresiones que grupos armados realizaron contra instalaciones de la Policía Federal en Michoacán, Guanajuato y Guerrero se dieron en respuesta a la detención del día de ayer de Arnoldo Rueda Medina, alias "La Minsa", coordinador operativo del grupo delictivo conocido como "La Familia Michoacana", a quien intentaron rescatar con un ataque a las instalaciones de Comisaría de Sector en Morelia.
Entre las instalaciones atacadas en Michoacán se encuentran las de Morelia, Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, Huetamo y Uruapan; así como al hotel en el que se hospedaban elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo en Apatzingán. También fueron atacadas las oficinas de la corporación en Celaya y León, Guanajuato; así como la de Ciudad Altamirano en Guerrero.
Los detenidos y todo lo asegurado serán trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con acciones como ésta, la Secretaría de Seguridad Pública federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad.