Reves acuerdo en el "michoacanazo"

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Excélsior, 1 de febrero de 2010;

¿Revés jurídico o acuerdo político?

En la madrugada del sábado quedaron en libertad 12 de los 32 detenidos en los operativos realizados el año pasado en Michoacán, que incluían a funcionarios del gobierno estatal, presidentes y empleados municipales y hasta un juez. El operativo fue conocido como el michoacanazo y derivado de él se encuentra prófugo un hermano del gobernador Leonel Godoy, Julio César, que había sido elegido en julio diputado federal. Fue, además, un punto de ruptura entre el gobierno federal, el local y el perredismo, que marcó la relación entre ambos en prácticamente todo 2009.

Era previsible que algo así sucediera desde que los detenidos fueron pasados del penal de alta seguridad en Nayarit a un centro de readaptación en Morelia donde comenzaron a gozar de todas las comodidades y la PGR no impugnó ese traslado. Ahora que han sido liberados los 12 detenidos (los otros continúan en prisión, todos ya en Morelia), la PGR tampoco impugnó esas decisiones de un tribunal unitario de Acapulco que les otorgó la libertad. Oficialmente, las autoridades federales han dicho que es una forma de respetar los fallos de los jueces y una demostración de que la Procuraduría actúa de buena fe. No deja de ser significativo, por ejemplo, que sea ésta, que se recuerde, una de las primeras veces que la PGR no impugna ni el traslado de presos relacionados con el crimen organizado ni su liberación. Resulta obvio que existía la decisión de no confrontar el fallo y dejar que los inculpados recuperaran la libertad.

Entre los liberados se encuentran, por ejemplo, varios presidentes municipales, la mayoría que no son del PRD: Antonio González Rodríguez, ex edil de Uruapan, que fue acusado de relaciones con operadores y sicarios del cártel de La Familia, entre ellos Damile Coria Mendoza, acusado a su vez de “lavar” dinero del narcotráfico. Fue liberado también José Luis Ávila Franco, ex presidente municipal de Ciudad Hidalgo, acusado de recibir dos millones de pesos para financiar su campaña política, y Adán Tafolla, ex alcalde de Tumbiscatío, acusado de aceptar dinero enviados por JesúsEl ChangoMéndez, uno de los jefes de La Familia Michoacana. Otro liberado es el ex edil priista de Tepalcatepec, Uriel Farías, hermano de Juan José Farías, considerado uno de los principales operadores del narcotráfico en Tierra Caliente.

Pero entre los liberados se encuentran también los personajes más cercanos al gobernador Leonel Godoy: la ex secretaria de Seguridad Pública y ex asesora de seguridad del gobierno estatal, Citlali Fernández, e Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Justicia del estado. Un hecho más que significativo tanto por las supuestas acusaciones que existían contra ésos y otros funcionarios como por la forma privada con que, aparentemente, se resolvieron los fuertes y públicos desacuerdos entre el presidente Calderón y el gobernador Godoy, en la reciente gira presidencial allá.

La PGR no impugnó esas liberaciones porque aseguran extraoficialmente que no hay elementos suficientes como para hacerlo. Que estas personas fueran detenidas basadas en los testimonios de testigos protegidos y que no se pudo sustentar esa acusación con pruebas documentales, mismas que fueran consideradas suficientes por la anterior administración de la PGR, y también por los jueces federales como para decretar primero el arraigo de los funcionarios y luego iniciar sus procesos. En realidad, en la PGR estarían cambiando los criterios para investigar casos relacionados con el crimen organizado y todo indica que ya no le darán peso a los testimonios de los testigos protegidos: no es un tema menor, cerca de 70% de los casos de narcotráfico incluyen testimonios así.

Pero también hay quienes piensan que esas liberaciones son el reflejo de los acuerdos políticos y electorales que están tejiendo el PAN y el PRD para competir en varios estados e impulsar algunas reformas en el Congreso. Si se trata de revisar la actuación de la Procuraduría, el tema de los testigos protegidos puede ser debatible, aunque sería aceptable, pero si la detención o la liberación de personas termina dependiendo de acuerdos electorales, la justicia estaría mostrando su peor rostro.

Cerca de 70% de los casos de narcotráfico incluyen testimonios de testigos protegidos. Todo indica que ya no le darán peso a los mismos.